El Sindicato de Inquilinos de Málaga denuncia que Andalucía registra 1.100 “desahucios silenciosos” más que hace cinco años

Los desahucios, diez años después del inicio de la crisis, se siguen produciendo con la misma intensidad, aunque ya no tengan tanto eco en los medios de comunicación. De hecho, se vislumbra un aumento en el número de lanzamientos en Andalucía, que en 2013 fue de 9.271 y en el pasado 2017, último año completo, llegó hasta los 10.437, según datos del informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su última actualización, referente al primer trimestre de 2018, recoge un total de 2.829 desalojos en ese periodo en la comunidad andaluza, de los que 1.353 se corresponden a impagos de alquileres, a los que muchos llaman los “desahucios silenciosos”.

Las más de 10.400 ejecuciones realizadas por los juzgados de primera instancia de Andalucía durante 2017 suponen el 17,2% del total del país —60.754 en ese ejercicio—, de las que 5.150 fueron por impagos de hipoteca y 4.713 por alquileres, experimentando esta última cifra un ligero incremento desde 2013, cuando hubo 4.480 lanzamientos por esta causa. Una provincia destaca en el ranking andaluz del total de desahucios, Málaga, que aglutina 2.981 de los lanzamientos del año 2017, seguida de lejos por Almería (1.448), Sevilla (1.419) y Cádiz (1.397), con Jaén a la cola, con 512.

Las causas de estos desalojos hay que buscarlas, por ejemplo, en el aumento del precio del alquiler, que se está volviendo a disparar cuando se cumple una década de crisis. El precio medio en España, con datos del primer trimestre de 2018, está en 1.025 euros, según el informe trimestral sobre el precio de la vivienda que realiza Mitula Group, que refleja un aumento de 300 euros en relación al trimestre anterior, cuando estaba en 723 euros. Con estos datos sobre la mesa, y ante la problemática de encontrar un alquiler asequible en la ciudad de Málaga, nace la primera delegación andaluza del Sindicato de Inquilinos, que tiene presencia en ciudades como Barcelona y Madrid.

“Queremos aunar a las personas que vivimos o queremos vivir de alquiler, tanto en viviendas del mercado privado como público, para reivindicar conjuntamente nuestros derechos e incidir en el ámbito ejecutivo y legislativo”, apuntan desde la organización en un documento elaborado para analizar la situación de la vivienda en Málaga. “Denunciamos que la precarización general de las condiciones de trabajo multiplica el riesgo de exclusión residencial”, añaden.

Hay un dato significativo: la provincia malagueña es la cuarta del país en cuanto al precio del alquiler, con 1.393 euros de media —solo por detrás de Barcelona (1.603 euros), Madrid (1.549 euros) y Baleares (1.522 euros)—, aunque la renta media anual es de 24.287 euros, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que la sitúa en el puesto 98 de 126 de ciudades españolas en este ranking.

Por eso, desde el Sindicato de Inquilinos entienden que “es vital garantizar la función social de las viviendas a través de la firme protección del uso residencial por encima del uso económico o especulativo de cualquier tipo”, ya que consideran que otro de los motivos de este incremento del alquiler es el aumento de viviendas turísticas, “que nos expulsan de nuestros barrios, y generan efecto cascada en las zonas colindantes”.

Las viviendas con fines turísticos (VFT) no paran de crecer, aunque no hay cifras exactas de las existentes en Andalucía, porque la Junta obliga desde 2012 a registrar los alojamientos destinados a este fin, aunque todavía hay muchos propietarios que lo hacen de manera irregular. Por eso el Sindicato de Inquilinos quiere limitar el número de licencias otorgadas a viviendas turísticas, que están provocando que el número de desahucios por impagos de alquiler supere ya al de las hipotecas, ya que suponen el 58% del total de los ejecutados en el país durante 2017.

“Además de diagnosticar el problema, ayudamos a gente que tiene dificultades para encontrar una vivienda en alquiler”, explica Antonio Yuste, miembro del sindicato, a lavozdelsur.es, quien cuenta que intentan “empoderar” a las personas que les piden ayuda para cada vez ser más y tener más fuerza. La organización, participante en la escuela de verano municipalista La Común, organizada por Ganemos Jerez, Málaga Ahora y Ganemos Córdoba, debate durante estas jornadas sobre el derecho a la vivienda, un problema que va en aumento.

“Esta semana, me han escrito tres personas, que ni saben que estoy en el sindicato, para preguntarme si sabía de algún piso que se alquile, están desesperados porque les piden una barbaridad de dinero”, añade Yuste, quien estima que el alquiler en Málaga está a unos precios parecidos a los de Madrid hace dos años, cuando residió en la capital. El miembro del sindicato considera que, tras su participación en La Común, puede asegurar que el problema “no es únicamente de Málaga, sino que es transversal a toda Andalucía”, ya que compartió experiencias con participantes de movimientos sociales de Sevilla o Granada.

El Sindicato de Inquilinos, además, abandera una serie de propuestas que han trasladado a los partidos políticos, como la derogación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que se aumente la duración de los contratos; que se cree un índice de precios para que sean accesibles; que se regulen los honorarios que reciben los intermediarios; que se ponga fin a los privilegios fiscales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimi), que no pagan impuesto de sociedades; que se paralicen los desahucios sin alternativa habitacional; que se cree un parque de VPO para los colectivos vulnerables; y que se regule el mercado de viviendas.

(Fuente: La Voz del Sur / Autor: Francisco Romero)

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