Cádiz: “Kichi” aplica la reforma laboral para echar a una trabajadora

Luisa Pérez (foto adjunta) era una de las Agentes Locales de Empleo (Alpe) que trabajaba en el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz (IFEF). En 2012 fue despedida, como otros agentes locales de empleo en las ocho provincias andaluzas cuyos contratos dependían de la Junta y en determinadas ocasiones con la coparticipación de los ayuntamientos.

Luisa, dentro de este último grupo, inició ese año una batalla legal contra el Instituto de Fomento gaditano, interponiendo un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que falló a su favor, declaró su despido improcedente y ordenó su readmisión o indemnización.

Contra la sentencia del TSJA, que se emitió en 2014, cabía únicamente ya una vía judicial, la del Tribunal Supremo. “Fue ya con José María González como alcalde cuando el Ayuntamiento de Cádiz decidió ir al Supremo”, subraya Luisa, que destaca que el Supremo no admitió a trámite el recurso, por lo que refrendó la sentencia del TSJA, que pasó a ser firme.

El Ayuntamiento “se agarró a la reforma laboral del PP”

Tras requerir judicialmente hasta en tres ocasiones la ejecución de la sentencia “incluida la amenaza de multa por incumplirla”, el 9 de diciembre de 2015 acudió al Juzgado “para ver qué día me tenía que reincorporar”. Allí, se encontró la sorpresa de que el abogado designado por el Ayuntamiento esgrimió los presupuestos del IFEF para alegar que se habían reducido un diez por ciento en 2015 con respecto al año anterior.

La reforma laboral del PP contempla las causas económicas del contratante para no poder sostener el puesto de trabajo, así que el Ayuntamiento “se agarró a la reforma laboral del PP, que tanto critica Podemos y que dicen que quieren derogar, para no readmitirme”. Así, ese día la juez dictaminó como extinta la relación laboral entre Luisa y el Ayuntamiento de Cádiz, y dio un plazo de 15 días para que se le abonara la correspondiente indemnización económica.

En febrero de este año, los 76.055 euros estipulados en la sentencia en concepto de salarios de tramitación e indemnización no se le abonaban. “No ejecutaban la sentencia. Tuve que ir cuatro veces al juzgado”, abunda Luisa, que recuerda que la edil Laura Jiménez, delegada de Fomento y responsable del IFEF dijo el 13 de febrero que le habían “restituido los derechos que me fueron arrebatados por el anterior gobierno, y además, que me habían pagado”.

Hipocresía de Podemos

A su juicio, lo que ha hecho el actual equipo de gobierno con ella “es la mayor hipocresía de un partido político como Podemos”. Finalmente, la cantidad se le abonó, aunque con retraso, hasta el punto de que ha cobrado 4.552 euros en concepto de intereses de demora «por los meses que han tardado en ejecutar la sentencia».

Luisa subraya que resulta curioso que la portavoz parlamentaria de Podemos, Teresa Rodríguez, pareja sentimental del alcalde de Cádiz, “exija a Susana Díaz que readmita a los Alpe, y haya ido hasta a mítines con camisetas de apoyo, pero luego en Cádiz no sólo no readmiten a quien tiene una sentencia favorable, sino que para no readmitirme se escudan en una reforma laboral que dicen que, si gobiernan, es lo primero que piensa derogar Podemos”.

El Ayuntamiento de Cádiz se encuentra actualmente realizando una reforma laboral en el IFEF, para lo cual anunció que va a declarar como personal laboral indefinido a 35 de los 36 trabajadores de este órgano municipal cuyos contratos se encuentran en fraude de ley, al haber mantenido el régimen de obra y servicio durante largo tiempo.

Inicialmente se dejó fuera de este proceso a cuatro trabajadores, uno de ellos Luisa, “que ya no puedo hacer nada más por ninguna vía judicial”, lamenta, y otras tres técnicos, que tras anunciar que recurrirán a la justicia para que se les reconozca como indefinidos y se les estimen los años trabajados, han sido admitidos por el Ayuntamiento en el proceso de regularización.

Otros despidos conforme a la reforma laboral

El caso de la Alpe despedida no es el único que se ha saldado con una indemnización con cargo a las arcas municipales del Ayuntamiento de Cádiz, y en el que se han esgrimido criterios conformes a la reforma laboral del Gobierno del PP que Podemos dice que derogará.

En marzo, un trabajador de la empresa de radio y televisión municipal Onda Cádiz fue indemnizado con 35.000 euros por despido improcedente, tras el acuerdo extrajudicial alcanzado por las partes demandante y demandada, para evitar que el despido fuese considerado nulo ya en sala judicial. Al llegar al juicio, la empresa entraría en el juego de que el trabajador tuviera la posibilidad de ganarlo, por lo que Onda Cádiz se habría visto obligada a reincorporar al trabajador a su puesto.

Los hechos se remontan al 31 de octubre de 2015, cuando el trabajador, Guillermo Riol Hernández, presentador y locutor de radio con casi 9 años en la plantilla de Onda Cádiz, fue despedido de la empresa y se le ofreció una indemnización de 15.000 euros, una cifra que reconocía menos de 21 días por año trabajado. Para ejecutar el despido, nuevamente se acogieron a lo estipulado en la reforma laboral del PP, que rebajó los días reconocidos por año trabajado. En el acuerdo extrajudicial se le reconocieron finalmente 45 días por año y no los 21 que propusieron inicialmente.

La reforma laboral municipal

Así, hasta el momento el proceso de reforma laboral municipal de José María González se ha limitado a estos dos despidos, a la admisión de los trabajadores del IFEF en situación irregular, y al anuncio de ampliar plantilla en la empresa Municipal Aguas de Cádiz mediante un proceso de selección público de nuevo personal “por primera vez en 15 años”, según subrayó el propio Ayuntamiento en un comunicado.

Paralelamente, una de las propuestas estrella del programa electoral de Por Cádiz sí se Puede (Podemos), era la remunicipalización de determinados servicios municipales, como el de la limpieza o el transporte público, iniciativas que a día de hoy no se han llevado a cabo, aunque están en estudio. De llevarse a efecto, supondría que el Ayuntamiento de Cádiz asumiría las plantillas de ambas empresas concesionarias.

(Fuente: El Mundo – Andalucía / Autora: Laura Garófano)

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *