El “cambio progresista”: El Gobierno recurrirá a la nulidad de pleno derecho para poner fin al sindicato de trabajadoras del sexo

La portavoz del Consejo de Gobierno, Isabel Celáa (foto adjunta), reiteró este viernes que el Ejecutivo “no acepta” bajo ninguna circunstancia que haya un sindicato de trabajadoras del sexo, y que está trabajando en varias vías para anular la resolución  publicado en el BOE que daba constitución legala la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

“No parece difícil, la ministra de Trabajo ha informado de que la Abogacía del Estado trabaja en varias vías, aunque una de ellas parece la más rápida”, afirmó la ministra portavoz.

Fuentes del Ejecutivo explicaron que la para enmendar el error con la máxima celeridad se está barajando declarar la nulidad de pleno derecho del citado anuncio, pero no quisieron precisar más en cuál será la fórmula.

No obstante, desde asociaciones de mujeres se teme que el entuerto no sea tan fácil de arreglar y que pueda conllevar un largo camino jurídico en el que, además, el sindicato pueda empezar a actuar, ya que legalmente está constituido.

Este jueves, la la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, reconoció la incongruencia de dirigir el departamento que ha dado el visto bueno al sindicato con el feminismo que milita: “Me han colado un gol por la escuadra”, aseguró tras anunciar que ya había pedido a la Abogacía del Estado que estudiara cómo anularlo.

Este viernes, la portavoz del Gobierno indicó que desconoce si Valerio ha pedido explicaciones a la directora general de Empleo que firmó la resolución o si está en sus planes destituirla. “Eso es competencia exclusivamente suya”, dijo, tras asegurar que en la reunión del Consejo de Ministros no se había hablado de este asunto.

Fuentes de Trabajo han señalado que la ministra está analizando lo que ha sucedido y recabando información. De momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre la continuidad de la directora general.

Preguntada por la intención del Ejecutivo de promover la abolición de la prostitución, Celaá ha recordado que “efectivamente se trata de una actividad no regulada en España”, pero ha matizado que el Gobierno no ha tratado este asunto en su reunión en su reunión de este viernes, por lo que ha considerado que sería “una ligereza” pronunciarse al respecto.

(Fuente: Público)

Las trabajadoras sexuales responden: “Merecemos los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad”

“Crear un sindicato de trabajadoras y trabajadores sexuales no es ni algo cómodo ni algo sencillo”. Así comienza el comunicado que ha elaborado la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), un sindicato formalizado a principios de agosto que se ha convertido ahora en diana de duras críticas. Después de que la noticia de su creación saltara a los medios de comunicación a última hora del miércoles, la reacción del Gobierno fue inmediata, siendo la ministra al frente de la Cartera de Trabajo, Magdalena Valerio, la primera en expresar su sorpresa y en asegurar que la Abogacía del Estado había iniciado ya los trámites para su impugnación.

Este viernes, portavoces del sindicato convocaron a los medios de comunicación para leer un comunicado en el que dan respuesta a las críticas (foto adjunta). “La situación de las trabajadoras sexuales en este país nos ha hecho tomar la determinación mediante vía legal de organizarnos sindicalmente”, ha dicho una de las portavoces y promotoras de la organización, Concha Borrell. El sindicato, ha señalado la activista, está compuesto por “mujeres y hombres trabajadores como los demás”, pero con la “abismal diferencia” de que para ellos “los derechos laborales son pura utopía”. Reivindican, entre otras cuestiones, tener la posibilidad de que “un empresario les contrate, acceder a bajas por enfermedad o maternidad, tener un sueldo a final de mes, vacaciones o jubilación”, algo hasta ahora “absolutamente impensable”.

Como respuesta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la portavoz ha señalado que “es posible que algunas personas con una posición acomodada en el Gobierno enmascaren, tras la intocable tela del feminismo blanco, heterosexual y burgués, que demandar derechos para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad”. Para ellas, sin embargo, “es de plena justicia”. Borrell ha denunciado además que tras el abolicionismo se esconde “una moralina y odio visceral hacia las trabajadoras sexuales”.

La portavoz ha reiterado que las trabajadoras agrupadas en torno a la organización merecen los “mismos derechos laborales que el resto de la sociedad española” y se ha preguntado “por qué se acusa a un sindicato que reclama derechos laborales para los trabajadores, de apoyar al empresariado”. También ha interpelado a los “feminismos hegemónicos europeos”, a quienes les ha dirigido un interrogante: “Por qué levanta ampollas en un Gobierno socialista y obrero, fundado por sindicalistas, que las mujeres más castigadas socialmente” quieran tener “los mismos derechos”.

Finalmente, Borrell ha ratificado la intención de organizarse “como personas adultas, librepensadoras y luchadoras” y ha subrayado que el trabajo sexual está reconocido por organizaciones internacionales como “la Organización Internacional del Trabajo, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo o la ONU”.

Respuesta de los sindicatos: CCOO y UGT en contra, CGT a favor

Por el momento, sindicatos como UGT, CGT o CCOO se han posicionado ante la polémica generada en torno a la creación del sindicato. Los primeros han señalado mediante un comunicado emitido este viernes que la trata para la explotación sexual se encuentra “innegablemente relacionada con la prostitución” y por tanto “sólo con la abolición de esta última, y con la penalización de la demanda, puede acabarse con el comercio de seres humanos y con la vulneración de derechos fundamentales que representa la explotación sexual en cualquiera de sus formas”.

En este sentido, subraya, “cualquier marchamo de legalidad que se pretenda dar a una actividad ilícita o que aprovecha vacíos legales, beneficia exclusivamente a los explotadores, legitima el comercio con seres humanos y deja a las víctimas aún más desprotegidas de lo que están ahora”.

La CGT de Cataluña hace, sin embargo, un diagnóstico bien distinto. El sindicato ha expresado mediante un comunicado que las trabajadoras sexuales sufren “persecución institucional y policial”, mediante el uso de la Ley Mordaza, las ordenanzas municipales o la Ley de Extranjería. Ha denunciado, además que se persiga a las trabajadoras y no a los empresarios, “que son los que hacen negocio con su trabajo”. Se trata, a su juicio, de un “problema patriarcal y de clase”.

La rama catalana de la CGT considera que para “romper con la vulnerabilidad y gran precariedad” del sector, es necesario el reconocimiento de sus derechos laborales. “Por todo esto es necesaria la creación del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales”, ha zanjado.

CCOO, por su parte, llama a una reflexión colectiva sobre “la situación legal y personal en la que se encuentran las miles de mujeres y hombres involucrados, teniendo presente que debemos ser especialmente conscientes de que lo realmente importante es la vida y la salud de estas personas”. El sindicato sostiene que es imprescindible “acabar con la explotación, la inseguridad, la vejación, el acoso y el maltrato que se esconde en la actualidad tras esa denominación de trabajadores sexuales”.

En todo caso, CCOO dice respetar “el derecho a sindicarse como un derecho fundamental” y reafirma su “compromiso contra la trata”.

(Fuente: InfoLibre)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

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