El Ejército español: Un poder fáctico intocable. Reducto autoritario y ultranacionalista con impunidad política, económica y penal

El ejército español volvió a ser noticia el mes pasado cuando apareció un manifiesto de centenares de oficiales en defensa de la figura del dictador Francisco Franco, coincidiendo con el debate sobre su exhumación.

A pesar de que se ha situado en un segundo término en la política estatal, el ejército ha mantenido una posición acercada a la extrema derecha, de opacidad máxima y sin haberse renovado a pesar del paso de las décadas. Las fuerzas armadas españolas se han mantenido como un reducto autoritario y ultranacionalista a la sombra del estado

Las fuerzas armadas fueron uno de los principales actores de la dictadura del general Franco. A la transición perdieron los lugares de poder dentro de la política, pero los altos mandos militares continuaron teniendo protagonismo en el nuevo marco, como legisladores a la sombra y de oposición al cambio democrático.

Varios padres de la constitución española han explicado que las principales decisiones eran consultadas en el estado mayor del ejército, y que artículos esenciales fueron impuestos por los militares, como por ejemplo el segundo (lo de la indisoluble unidad de España) o el 8.1, que establece que las fuerzas armadas garantizarán la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.

Por lo tanto, tiene un origen antidemocrático. El ‘rumor de sables’ constante tuvo también efecto político. Uno de los argumentos más recurrentes para mantener la monarquía fue que el ejército sería fiel al rey pero que no se podía garantizar en otras circunstancias.

Incluso el Partido Comunista de España ha dicho que tuvo que aceptar la monarquía por presiones de militares. El ex-dirigente del partido, Santiago Carrillo, declaró: ‘Suárez me reconoció que un sector del ejército había continuado apuntando con la escopeta hacia todo el periodo constituyente y particularmente cuando se trataba sobre la cuestión vasca y catalana.’ Un dirigente llegó a decir que la transición se había ‘negociado con la pistola sobre la mesa’.

Una reforma para controlar el ejército

La transición española también implicó cambios en la estructura del ejército, principalmente para modernizar la institución y subordinar los militares al poder civil. La columna vertebral del régimen dictatorial tenía que pasar a un segundo plano, sin capacidad de controlar la dirección del estado.

Cómo que dentro de las instituciones políticas no los era posible de conseguir un cambio ideológico y democratitzador, centraron las acciones a obtener la obediencia al poder civil. El 1977 se creó el Ministerio de Defensa para aumentar la coordinación y el control de los ejércitos, y posteriormente la figura de la cabeza del estado mayor de la Defensa, adjunto al ministro y nombrado a propuesta del presidente del gobierno español.

Para controlar los oficiales más reaccionarios se reforzaron los servicios de inteligencia para prevenir golpes de estado. A la vez, la entrada a la OTAN obligó a abrir las fuerzas armadas al exterior, con la integración en una estructura suprastatal, más moderna y subordinada al poder civil, y haciendo cursos y misiones de manera coordinada al extranjero.

Las conspiraciones de los militares

Los cambios fueron dirigidos a sacar su poder de la vida política y a hacer efectivo un control jerárquico del ministerio. Ahora, de ninguna forma no significó una renovación de la ideología de la institución. Los militares mantuvieron una gran autonomía.

La imposibilidad de hacer la renovación obligó a trasladar los elementos más contrarios a la democracia, para quitarlos poder y dificultar la conspiración, pareciendo al que hicieron los gobiernos de la Segunda República española con los principales militares golpistas. El general Jaime Milans de Bosch fue trasladado de la división acorazada Brunete, en Madrid, a la III región militar, en Valencia. Después, el general Luis Torres Rojas fue apartado de la misma división y enviado a la Coruña como gobernador militar, mientras que el general Alfonso Armada, secretario de la casa real, fue destinado en Lleida.

La primera conspiración seria estuvo en Xàtiva, del 13 al 16 de septiembre de 1977, cuando altos mandos se reunieron en vista de la situación del momento, encaminada a crear una constitución con autonomías. Los militares tenían la intención de colocar un teniente general al frente de un ‘gobierno fuerte’. El segundo acontecimiento, más serio, fue la llamada operación Galaxia, que tenía que ejecutar un golpe de estado el 17 de noviembre de 1978, un mes antes del referéndum de la constitución española. Se quería tomar la Moncloa mientras se hacía un consejo de ministros e imponer un gobierno de ‘salvación nacional’, aprovechando que Juan Carlos Y estaría en México.

La depuración fue mínima, de las cabezas visibles. El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y el capitán de la policía armada Ricardo Sáenz de Ynestrillas no perdieron el rango militar, sino que sólo fueron condenados a siete y seis meses, respectivamente. Ynestrillas, incluso, fue ascendido cuando le correspondía por reglamento. A pesar de haber una depuración mínima, las agencias de información calculaban que habían sido doscientas cabezas y oficiales invitados a añadirse o que tenían conocimiento de la conspiración.

El enero del 1980 el general Torres Rojas fue trasladado. Había planeado de tomar Madrid con la división acorazada Brunete. Finalmente, el 23 de febrero de 1981 se cometió el conocido intento de golpe de estado, en medio de la sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Milans de Bosch hizo salir los tanques en Valencia.

Un año más tarde se desarticuló la conspiración del 27 de octubre de 1982, que quería perpetrar acciones contra personalidades de izquierda y autonomistas. A la vez pretendían cometer un gran atentado en un bloque de pisos militares de Madrid, del cual querían culpar ETA para justificar un golpe de estado de los militares que trajera a una junta al estilo de Pinochet en Chile.

Las dos últimas conspiraciones conocidas fueron el mayo de 1983, el golpe de Lerma (Burgos), planeado por un general. No fue relevado, más bien al contrario, fue ascendido a capitán general porque estuviera contento. Y el último intento conocido es lo del 2 de junio de 1985: algunos oficiales pretendían eliminar autoridades políticas y militares, incluido el rey, con un atentado en la tribuna de autoridades durante el desfile de las Fuerzas Armadas en la Coruña. El objetivo era crear un vacío de poder que trajera a la intervención del ejército en la política española.

Un estado dentro del estado

A grandes rasgos, la solución del gobierno español ha estado de no hacer ninguna intervención en el ejército, con tal que los militares se mantuvieran al margen de la política. Podían hacer el que quisieran a los cuarteles, mientras se quedaran allá sin molestar. Un estado dentro del estado.

La ley de amnistía del 1977, que incluía gran parte de los presos políticos e impedía de juzgar los crímenes cometidos durante la guerra del 1936-39 y el franquismo, no cubría los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD), creada por los militares favorables a la democracia el 1974. Esto implicó una dura represión y expulsiones de los cuerpos. Más tarde, quienes habían sido expulsados no pudieron ser readmitidos por las presiones militares. Un sector demócrata era vetado por una parte del ejército.

Además, fueron a lo suyo en más cuestiones, como por ejemplo el consejo de guerra que se hizo contra los miembros de los Juglares, autorizada oficialmente por el estado, pero que las fuerzas armadas consideraron injurioses. Todo esto tan sólo un mes después de aprobarse la amnistía que anulaba las condenas políticas.

El caso es que la jurisdicción militar se ha mantenido hasta nuestros días. Es una jurisdicción especial, con grandes déficits de independencia e imparcialidad. Los miembros de los tribunales son oficiales militares, integrados en la estructura de las fuerzas armadas. Por lo tanto, dependen del ministerio en ascensos, traslados o destituciones.

En los tribunales militares territoriales hay todavía vocales militares, sin formación jurídica, con una evidente parcialidad. Encontramos, por ejemplo, que un inferior jerárquicamente no se puede personar en una denuncia contra un superior, sino que resta exclusivamente en manso del fiscal y el juez militar. La mayoría de denuncias, además, se hacen ante los superiores jerárquicos, que deciden la vía (penal o disciplinaría) e incluso pueden considerarlas intrascendentes. Por lo tanto, el ejército tiene una gran capacidad de maniobra para tapar denuncias.

Letizia Armadas, comandando auditora de las fuerzas armadas, en excedencia, dice que el reglamento hace casi imposible de denunciar la corrupción. AY añade que ninguno de los dos grandes partidos, ni el PP ni el PSOE, no ha tenido voluntad real de cambiarlo.

Si hablamos de la memoria histórica en el ejército, también veremos que es bien lejos de la normalidad democrática. tenemos un ejemplo en el acceso a la información y a los documentos secretos, especialmente los militares. Hay documentos vetados desde hace cinco siglos y se calcula que hay unos diez mil documentos de Defensa entre el 1936 y el 1968 que encara no son accesibles.

La impunidad económica del ejército

Uno de los casos más conocidos dentro del ejército estos últimos tiempos ha sido lo del teniente Luis Gonzalo Segura de Oro-Pulido, que denunció la corrupción generalizada de las fuerzas armadas.

En la novela Un paso al frente señalaba la corrupción y abusos de poder de los altos mandos. Apuntaba que a los cuarteles hay una contabilidad en B que no figura en ninguna parte, además de las puertas giratorias entre la cúpula de Defensa y las empresas de armamento. Y lo ejemplificaba con el ex-ninguno del estado mayor del ejército de tierra, el general Carlos Villar Tarrau, que fichó por la empresa Santa Bárbara, cuando poco antes firmaba contratos con esta compañía.

A todo ello, se añade que hay una deuda de cerca de 40.000 millones de euros en armamento inservible, como por ejemplo los aviones A400M, el submarino S-80, que no flotaba, y los tanques Leopard que no cabían en los aviones de transporte y sólo actuaban a la península Ibérica, material que el teniente Segura señala que sirvió para engordar unos cuántos bolsillos.

Las decisiones son prisas por la cúpula de Defensa de una manera opaca. La ley de contratos del sector público marca que las adjudicaciones se hacen ordinariamente con el procedimiento abierto o restringido, pero al Ministerio de Defensa encontramos que la mayoría se adjudicaron por la vía de negociado y sin publicidad. Concretamente un 71% de los 2.389 contratos adjudicados a Defensa el 2014 fueron sin concurso.

Hay que hablar también de la opacidad del presupuesto del ejército español. El Centro Delàs indica partidas camufladas en otros departamentos, como la seguridad social de los militares, la I+D para la adquisición de armas o misiones al exterior, que aumentan de un 250% el coste y que llegan a 18.776 millones de euros (404 por persona) en el presupuesto del 2017. Unos datos más en consonancia con las de la OTAN, que situó el gasto de España en casi 14.000 millones.

Según el ex-teniente Segura, además, el 40% del material informático del ejército no corresponde al inventariado. Es una incógnita de donde sale el que hay y donde fueron a parar el dinero con que se tenían que comprar.

El caso más destacado en la corrupción en contrataciones fue lo del Yak-42. Bajo responsabilidad del ministro Frederico Trillo (PP), hubo un accidente que causó 75 muertos. El accidente fue seguido de amenazas y vejaciones a las familias e identificaciones erróneas de los cadáveres, hasta el punto que el próximo pasado 28 de mayo Turquía informó el gobierno español que había encontrado una pierna de un difunto. A pesar del asunto, el ministro no dimitió, sino que acabó recompensado como embajador en Londres.

La impunidad política y penal

El teniente Segura también ha denunciado que los oficiales se protegen en todo el resto de aspectos más allá de la corrupción, en un clima de impunidad total. Hay, por ejemplo, un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, que continúa al cargo, o un teniente coronel que asedió sexualmente una comandante. En total hay más de cien oficiales condenados por algún delito, y continúan ejerciendo el cargo, porque tienen el privilegio de mantenerse siempre que sean condenados a menos de tres años.

En cambio, en el caso del teniente Segura y de los contrarios a la línea oficial, se actúa con contundencia. Justamente el teniente general, ahora retirado, Juan Enrique Aparicio, que ha firmado el manifiesto pro-Franco, firmó también el arresto de dos meses contra Segura (que más tarde fue expulsado). Encontramos más casos, como el de en Jonathan, un soldado transsexual, despedido por ‘cuestiones psicofísicas’, que ya se da por hecho que será excluido por el carácter conservador del ejército.

Tampoco ha habido ningún cambio en la ideología. Las fuerzas armadas mantienen centenares de símbolos franquistas y se han convertido en el reducto más visible, con exaltaciones al golpe de estado en el patio de armas o en las efemérides. El teniente Gonzalo Segura manifiesta que un 80% o un 90% de la cúpula militar española todavía es de ultradreta.

El caporal del ejército Marco Antonio Santos es investigado como militar en activo por haber firmado un manifiesto antifranquista. Por él, ‘el franquismo a las fuerzas armadas es generalizado’. Asegura que hace dos décadas que siendo ‘Llega España’ cuando rompen las filas y que la ideología franquista es generalizada todavía entre los altos cargos.

Cerca de setecientos ex-altos comandantes militares del ejército, que incluyen sesenta y dos generales en la reserva, firmaron el documento ‘Declaración de respeto y desagravio al general Don Francisco Franco Bahamonde, soldado de España’, que apareció el julio, cuando se anunció la voluntad de exhumar los restos de Franco y sacarlo de Valle de los Caídos. Entre los firmantes de alto rango hay Luis Alejandre Sintes, ex-ninguno del estado mayor del ejército hasta el 2004; Eduardo González-Gallarza, ex-ninguno del ejército del aire; y Antonio González-Aller, ex-ninguno del quarter militar del rey español. También hay el ex-ninguno de la misión de las Naciones Unidas en el Líbano, el ex-ninguno del mando militar de las Canarias y el ex-ninguno del mando de personal del ejército.

De estos, por ahora hay cinco reservistes que mantienen la vinculación profesional con el Ministerio de Defensa, y que son investigados, porque las expresiones contrarias en el estado son una falta grave o muy grave, como también infringir la neutralidad política. También es investigado el caporal que firmó el manifiesto antifranquista. En ambos casos, la mayor parte son jubilados, ya sin responsabilidades militares, pero que cobran la pensión militar.

Si en Alemania hubo un proceso de desnazificació y en Italia un proceso parcial, en el estado español no se actuó de ninguna forma en el ámbito de renovación, más allá de facilitar la jubilación anticipada.

Una ideología que no cambia

El paso de los años ha mantenido en el ejército español una imagen conservadora y ultranacionalista, que se arrecia con algunas declaraciones contra el proceso catalán en que se ha llegado a apelar al espíritu del 23-F, y con una cierta nostalgia del franquismo, acompañadas de impunidad.

No sorprende que al casino militar de Madrid (Centro Cultural de los Ejércitos), una institución militar dirigida y gestionada por altos mandos en la reserva, que hasta el 2005 dependía del presupuesto del Ministerio de Defensa, se hiciera un acto de exaltación a un neonazi condenado por el ataque a Blanquerna, Pedro Chaparro Velacoracho, que fue galardonado por su ‘sacrificio patriótico’ con el premio Víctor Pradera del 2017.

Otro ejemplo es lo del hijo de Tejero, que el 2014 invitó numerosos golpistas del 23-F, incluido su padre, en una comida de conmemoración. A pesar de ser destituido en un primer momento, la sanción fue revocada y, incluso, más tarde lo ascendieron. Los ministros de Defensa, decenios más tarde, continuaron ascendiendo militares golpistas del 23-F o que se habían pronunciado a favor.

También encontramos presentes grupos de ultradreta y plataformas de legionarios españoles, que coinciden en gran parte de las manifestaciones de la extrema derecha, cosa que muestra el vínculo liguero las instituciones actuales con el comienzo de la transición.

El ejército ha mantenido una estructura, sin control, en cambio de no involucrarse en política. Sólo se ha manifestado cuando ha tenido necesidad, es decir, cuando las decisiones no los gustaban, como en el proceso catalán y ahora con la exhumación de Franco. Mientras se ha seguido la línea deseada, se han mantenido a la sombra. La proporción todavía es de un oficial por cada dos soldados y, como en la mayoría de estructuras del estado español, la renovación, cuarenta años después, todavía no ha llegado.

(Fuente: VilaWeb / Autores: Seda Hakobyan y Alexandre Solano)

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