Andalucía: Tras diez años de “crisis” somos más pobres que hace una década. Cambios en el mercado laboral. Más paro y bajos sueldos

Con cuatro años ya de crecimiento del PIB, la mayoría de los parámetros que miden la economía de las familias españolas sigue estando peor que hace una década. De manera global, para volver a los valores anteriores a la crisis es necesario reducir en España en casi dos millones el número de personas en riesgo de pobreza y en Andalucía, en más de medio millón.

“La crisis no sólo ha incidido en un aumento de la exclusión social, sino que ha aumentado las diferencias territoriales en España”, subraya el último informe de la plataforma  Observatorio de la Desigualdad en Andalucía. Esto pone de manifiesto que no es coyuntural, “sino un estado en el que Andalucía continúa instalada de manera secular”. La estructura de su economía y su elevada tasa de paro hacen que lidere los parámetros que miden la pobreza, habiendo incluso empeorado su posición en el ránking si se compara con hace 10 años, lo que provoca una mella considerable en el bienestar de sus habitantes. Vemos a continuación 10 variables que lo demuestran.

Tasa de riesgo de pobreza

Con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la  tasa de riesgo de pobreza en Andaluc ía  era en 2008 del 27,3%, siete puntos y medio por encima de la media de España (19,8%)  y sólo superada por Canarias, Ceuta y Extremadura.  El pasado año se cerró con una tasa de riesgo de pobreza del 31,0% en Andalucía, casi cuatro puntos peor que en 2007 y lo que la aleja todavía más de la media nacional (21,6% actualmente). O lo que es igual: si hace 10 años las personas en riesgo de pobreza -las que viven con menos de 8.209 euros por año- en la comunidad autónoma no llegaban a los dos millones, hoy superan los dos millones y medio,  según datos del Instituto de Estadística de Andalucía (IECA).

Tasa Arope

Peor es la radiografía si se usa la tasa Arope (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) , que emplea el indicador también de pobreza relativa, es decir, personas que cumplen por lo menos cuatro de nueve parámetros de carencia (no pueden permitirse ir de vacaciones una semana; una comida de carne, pollo o pescado cada dos días; mantener la vivienda con una temperatura adecuada; gastos imprevistos; disponer de un automóvil; ni teléfono; ni televisor; ni lavadora; y sufren retrasos en el pago de la vivienda). La tasa Arope en el conjunto del país se ha situado en 2017 en un 26,6. Casi tres puntos peor que hace 10 años. En Andalucía, la tasa Arope se situó el último año en 37,3, 10 puntos más que la media nacional. En 2008, con el inicio de la crisis, era del 31,6. O lo que es igual, tres millones y medio de pobres con este índice como referencia.

Población en situación de carencia material severa

Sí se ha conseguido volver a las cifras previas a la crisis en el parámetro población en situación de carencia material severa, también según el INE,   dado que entonces era un 5,4% y la última cifra es de 5,2%, después de haber rozado los 10 puntos en los peores momentos de la crisis.

Hogares sin empleo

En paralelo, se ha duplicado, según  las mismas fuentes, la población de  de 0 a 59 años que vive en hogares sin empleo o con baja intensidad del mismo  (sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial durante el año de referencia). En 2008 en Andalucía suponían un 10,1% y en 2017, 21,9%, el doble. En el conjunto de España las cifra son más bajas pero también se han duplicado: 6,6% en 2008 pasando a 12,8 en 2017.

Renta media por persona

La renta media por persona en Andalucía, igualmente según el INE, era con el cierre de 2017 de 9.116 euros, por lo que apenas ha mejorado, dado que cuando se inició la crisis se calculaba en 9.007. En el conjunto de España, el parámetro ha crecido tres veces más: de 10.737 euros a 11.074. Pero la renta media por unidad de consumo es incluso peor que hace 10 años en Andalucía, 13.709 frente a 13.859, mientras que en España ha mejorado: de 16.190 a 16.390.

Renta media por hogar

No sale mejor parada si se miran los datos del INE relativos a la renta media por hogar en las comunidades autónomas. En 2008 era de 25.248 euros por año en Andalucía, cerrándose 2017 con 23.699. Más de 1.500 euros por hogar perdidos en el poder adquisitivo. En el conjunto de España, la caída de la renta media por hogar ha sido menor: de 28.787 euros en 2008, se ha pasado a 27.558 el último año.

Gasto medio por persona

Mirando el gasto medio por persona, que también calcula el INE,   el panorama es de muy lenta recuperación. En 2017 en España fue de 11.726 euros, ligeramente por encima de la cifra de 2007: 11.673. En Andalucía, el gasto medio por persona en 2017 fue de 10.555 euros, sólo por delante de Canarias, Castilla La-Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla. Supone también un ligero incremento con respecto a 2007: 10.384 euros, y por delante de los mismos territorios.

Gasto medio por hogar

No obstante, el gasto medio por hogar al año  continúa por debajo. En 2017 en España fue de 29.188,19, frente a los 31.701,36 de 2007. En Andalucía ha pasado de 29.595,55 a 27.455,86 en el periodo. O sea, cuentan con una media de 2.000 euros menos por ejercicio, también según el INE.

Municipios con menos renta por habitante

Otro indicador para fijarse: el   Urban Audit recientemente publicados por el INE,  que evalúa los municipios de más de 20.000 habitantes . Nueve de las 10 ciudades con menor renta por habitante del país están en Andalucía, encabezando el ranking negativo Níjar, Los Palacios y Villafranca, Alhaurín el Grande, Vícar y Barbate. Como también lo son, según el mismo estudio, ocho de las 10 ciudades con mayor tasa de paro en 2017: Linares, Córdoba, Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Concepción y Jerez de la frontera, a la cabeza. También en el estudio que hace el INE de núcleos urbanos, Andalucía sale la peor parada: tiene 11 de los 15 barrios más pobres de España, siete de ellos, en Sevilla.

Desahucios

En todo este tiempo, un drama, los desahucios, la imagen de la crisis. Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos a ejecuciones hipotecarias cifran las de 2017 en un total de 51.999 en España de las que 13.644 fueron en Andalucía, seguida de Comunidad Valenciana, con 10.212. Fueron 4.595 las ejecuciones hipotecarias en Andalucía en 2007, también según el CGPJ, lo que da idea del empuje de este problema. Entre 2007 y 2013 se produjeron un total de 121.279 en la comunidad autónoma, y no fue hasta 2014 cuando comenzó a bajar el número, si bien todavía está muy por encima de la situación previa a la crisis. Para ver la evolución por años, hay que recurrir a las antiguas estadísticas del CGPJ donde recoge sólo ejecuciones hipotecarias iniciadas y que se cifran de la siguiente manera en España: 25.943 en 2007, 58.686 en 2008, 93,319 en 2009, 93,622 en 2010, 77.854 en 2011, 91.622 en 2012,  82.680 en 2013, 80.749 en 2014, 68.165 en 2015, 48.410 en 2016 y 60.754 en 2017.

La capacidad de respuesta

En este contexto, la respuesta de las principales organizaciones que trabajan para hacer frente ha tenido que multiplicar sus esfuerzos. Basta con fijarse en las cifras de tres de las principales.

En el caso de  Cruz Roja Española en Andalucía (CREA), atendió en 2017 a 371.584 personas necesitadas de intervención social, una cifra que supone el triple que 10 años antes (108.079). Igualmente, atendió a  144.275 de ellas en situación de extrema vulnerabilidad, cuando en 2008 fueron  21.968, según la memoria presentada por la presidenta de CREA, María del Mar Pageo.

Mientras, la evolución de las personas atendidas por Cáritas en Andalucía, así como la inversión de esta organización para ello, también muestra una tendencia claramente ascendente en la última década, con casi un 50% más de beneficiarios, pasándose de 228.825 personas en 2008 a 342.893 en el último balance. La inversión en la comunidad autónoma, a su vez, ha pasado de 22,5 millones de euros a 39,4, según datos facilitados por la organización, mientras que han crecido casi un 50% sus voluntarios en el mismo periodo: de 8.875 a 13.252.

“Estamos ante una pobreza que además cada vez se hace más estructural en Andalucía. Hay tres millones y medio de andaluces que viven en situación de exclusión social”, lamenta Mariano Pérez de Ayala, director  de Cáritas en Sevilla. Incide, pues, en que “l a incipiente recuperación económica no corre en paralelo con la superación de la crisis social ya que los colectivos más necesitados siguen sin poder beneficiarse”, a la vez que el empleo “ya no sirve de garantía para dejar de ser pobre”.

De su lado, la Federación de Alimentos de Bancos de Andalucía, Ceuta y Melilla, atend ió en 2017 a 409.320 personas. En el conjunto de España, el número de personas que dependen de los bancos de alimentos se sitúa por encima del millón y medio, el doble que hace una década.  Y hay menos para tantos. En 2007:  105 kilos de media repartidos por persona. En 2017: 85.

El presidente de la federación, Pedro Mariscal, explica que ya se tocó fondo con la crisis, pero el recuperación ha llegado de momento “sólo a las clases más altas o medias altas, por lo que el nuevo perfil de pobre que se generó con la recesión continúa siendo una realidad”. Por eso insisten en que queda mucho para volver a las cifras de antes de la crisis: “La necesidad no ha desaparecido y la mejora económica está llegando más tarde a la población que nosotros atendemos”.

Mientras, desde la Junta de Andalucía destaca el incremento en las partidas destinadas a la renta mínima de inserción en sus diferentes denominaciones. En 2008, el número de solicitudes presentadas fue de 29.134, según datos de la Junta de Andalucía, mientras que en 2017 se elevó a 45.889. En cuanto a las concedidas, fueron 18.392 en 2008, mientras que una década después han sido 10.000 más, 29.337, de acuerdo con el último balance presentador por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Esto ha obligado a multiplicar el presupuestos para programas de solidaridad de la Junta de Andalucía: de 38,9 millones de euros en 2008 a 90 en 2017, último ejercicio cerrado.

Claves para entender cómo ha cambiado el mercado laboral tras 10 años de crisis

Somos menos trabajando y ganamos menos, por lo que cotizamos menos. Es la herencia de la crisis en materia de empleo, y el riesgo para la cobertura cuando termina la etapa laboral. En Andalucía, la comunidad autónoma con más parados, todo ello se nota más. Después de cuatro años de crecimiento del PIB, los sindicatos se reactivan con la exigencia de que la recuperación se note también en los derechos laborales, con unas cifras de partida muy poco esperanzadoras como vemos en estas cinco claves para entender cómo ha cambiado el mercado laboral, si lo comparamos con lo que había hace 10 años, cuando se declaró la crisis.

¿Cuánto empleo hay y cuánto había?

Según el informe Contabilidad Regional Anual de Andalucía, en la comunidad autónoma había  3.111.275 trabajadores a cierre de 2017. En 2007, precisamente cuando se registró la cifra más elevada de cotizantes en la comunidad autónoma, eran 3.392.220. De este modo, desde que empezó la crisis y hasta 2013 se perdieron 664.258 puestos de trabajo en Andalucía, el 20% de la población ocupada, de los que se han recuperado dos tercios  tras los incrementos en el empleo que comenzaron a registrarse en 2014.

La tasa de paro se ha disparado la última década, tanto en Andalucía como en el resto de España. De este modo,  si en el segundo trimestre de 2008, recién declarada la crisis, la tasa de paro en Andalucía era del 13,87%, frente a una media nacional del 9,07%, en el mismo periodo de 2018 se han situado en el 23,09% (sólo superada por Ceuta, Melilla y Extremadura) y el 15,28%, respectivamente. Esto supone que se ha roto también la tendencia que había permitido incrementar el ritmo de convergencia, dado que si hace 10 años Andalucía se había logrado colocar a menos de cinco puntos de la media nacional en la tasa de paro, hoy, en fase de recuperación, vuelve a los ocho.

En el mismo periodo de este año, continúa desplomada la tasa de empleo, situada en un 49,81%, cuando hace una década estaba en el 56,02%. O lo que es igual, hoy se cuentan en Andalucía más de  910.300 parados según la EPA (encuesta de población activa), cuando la crisis empezó con poco más de 550.000. Más demoledor es el dato de los hogares con todos los activos en paro, 308.600 en el segundo trimestre de 2018. En el mismo periodo de 2008, poco más de 168.900.

Si se miran los datos del antiguo Instituto Nacional de Empleo (INEM), la última cifra es de junio y contabiliza  789.82 7 parados en Andalucía, dado que sólo se tienen en cuenta los inscritos en las oficinas de búsqueda de empleo. En junio de 2007, cuando todavía no se hablaba de crisis, eran 482.914. Hay pues, todavía 300.000 inscritos más en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que hace una década. Eso sí, en el conjunto de España, el volumen total de parados en junio de 2018 se situó en 3.162.162, su nivel más bajo desde diciembre de 2008.

Por edades, el paro se ha cebado más con los jóvenes. Hoy los ocupados de 16 a 29 años en Andalucía son poco más de 200.000, menos de la mitad que hace 10 años, cuando superaban los 450.000. Es más, en 2007, el colectivo de personas entre 16 y 24 años consideradas ninis (ni estudiando ni trabajando) rondaba el 15%, cifra que un informe de la Dirección General de Economía de la Junta de Andalucía eleva a 21,7% en 2017. De hecho, el objetivo de la Agenda por el Empleo 2020 es volver a bajar el porcentaje a ese 15% porque “se trata de una capacidad productiva inutilizada, lo que afecta al crecimiento de la economía en el largo plazo”.

La pérdida de empleo va paralela a la destrucción de empresas. En 2017, había en Andalucía 501.745,  según Directorio Central de Empresas (Dirce) del INE, que las cifraba en 522.815 hace 10 años. Es decir, la comunidad autónoma ha perdido más de 20.000 empresas en una década.

La Junta de Andalucía se ha dado de margen hasta 2020 para recuperar los puestos de trabajo perdidos, con la Agenda por el Empleo 2020. Desde la Consejería de Economía y Empleo destacan que “se va a mejor ritmo que el conjunto del país”. Pero es clave no romper la tendencia, si el objetivo es volver a los 3,3 millones de ocupados de aquí a dos años.

Juega a su favor también con la propia evolución de la demografía. Entre 2015 y 2035, la población potencialmente activa se va a reducir en casi medio millón de personas (-476.881), frente al aumento de casi un millón en las últimas dos décadas. Por tanto, “se espera una menor presión demográfica en el mercado de trabajo, que va a suponer menores requerimientos de creación de empleo para que se reduzca la tasa de paro”, según apuntan desde la Dirección General de Economía.

¿Cómo ha impactado la crisis por sectores?

Mirando por sectores, como es bien sabido, la destrucción de empleo se cebó con la construcción, que ha sido la última en sumarse a la recuperación de empleo, cerrando 2017 con 169.709. El primer incremento desde 2007. Entonces, el sector rozaba el medio millón de trabajadores (489.240). Sin salir del sector secundario, igual de tímida está siendo la recuperación de la industria, que también ha tenido que esperar a 2017 para su primer crecimiento en empleo desde la crisis. Cerró el pasado año con 219.661 trabajadores, todavía 50.000 menos que hace 10 años (269.948).

En cambio, el sector que mejor está corrigiendo los datos de los peores años de la crisis es la agricultura. Ya tiene más ocupados que hace 10 años: de los 242.995 de 2007, cerró el pasado año con 272.622 según la primera estimación que también arroja la Contabilidad Regional Anual de Andalucía.

Más lentamente, pero también con saldo positivo, el sector con más peso en Andalucía, el de servicios, que ha encadenado en 2017 un quinto año consecutivo de incremento de la cifra y ya son más que hace una década. De este modo, en 2007 eran 2.353.212 los ocupados en el sector servicios en Andalucía, y a cierre de 2017, 2.411.938.

¿Y en el empleo público?

También conviene ver cómo se ha comportado el empleo público. Basta con comparar el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 2007 con el de 2017. Hace 10 años había 487.456 empleados públicos en Andalucía y hoy son 474.035. Por tanto, en la última década Andalucía ha perdido un total de 13.421. El grueso de ellos, de la Junta de Andalucía (con 10.105 menos), pero también de la Administración General del Estado (AGE), con una reducción de 5.259, y de las administraciones locales (-4.451). Este descenso se ha compensado por el incremento del personal en las universidades, que ha pasado de 18.984 a 25.378.

Mirando sólo los que dependen de la Junta de Andalucía, vemos que la recuperación no está llegando a todos los servicios públicos. De este modo, en 2007 (según los mismos boletines) había en Andalucía 250.076 empleados públicos de la comunidad autónoma: 105.103 en docencia no universitaria, 96.422 en sanidad, 40.364 en consejerías y entes instrumentales y 8.187 en justicia.  En 2017 han pasado a ser 239.971 reduciéndose especialmente en las consejerías y entes instrumentales dentro del proceso de racionalización, con casi 10.000 menos (30.975 en el último informe). Pero también se han reducido en sanidad, donde se cuentan 93.176, con lo que se han perdido más de 3.000 en este pilar del estado de bienestar. Por el contrario, se han recuperado en docencia no universitaria, pasando a ser 108.366, mientras que la dotación en justicia, que en este caso depende de la AGE, sigue mermada con un plantilla de 7.554.

En esta comparación hay que tener en cuenta que en 2012, y dentro de las políticas de austeridad impuestas por el Gobierno de España, se estableció la tasa de reposición cero para todas las administraciones, salvo para los servicios públicos esenciales, donde se permitió hasta un 10% a la hora de cubrir las vacantes.

¿Cuánto se gana y cuánto se ganaba?

Volver a los niveles de rentas salariales previos a la crisis se configura como uno de los retos de la recuperación, para devolver a los trabajadores la capacidad de gasto perdida en los últimos años. En 2007, la remuneración de los asalariados suponía en España 559.777 millones de euros, mientras que en 2017 ha sido de 550.272. Es decir, hay 9.505 millones de euros menos en salarios que hace 10 años, como resume el estudio  Crecimiento económico: salarios y empleo elaborado por Unión Sindical Obrera (USO) con datos del INE.

Es más, en 2008, el peso de la remuneración de asalariados en el PIB (producto interior bruto) de Andalucía era de 74.860 millones de euros, un valor que no se ha recuperado tras finalizar 2017: 72.271 millones de euros.

El coste salarial total  según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ha crecido en Andalucía no ya muy por debajo del PIB, como ha ocurrido de manera generalizada, sino a un ritmo mucho más lento que en el conjunto del país, lo que ha agravado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en el sur.

En 2007, el coste salarial total en Andalucía era de 1.571,02 euros mensuales, frente a 1.713.16 de media en España, situándose por delante de Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia y Murcia. En 2017, ha pasado a ser de 1.686,72 euros, o sea, 115,7 más, pero en el conjunto del país ha crecido 186,94, hasta situarse en los 1.900,10. Esto ha incrementado la distancia de Andalucía con la media nacional haciéndole también perder posiciones porque ya sólo está peor la situación en Canarias y Extremadura.

Otra estadística igualmente preocupante: el  último informe de l Mercado de Trabajo y Pensiones en Fuentes Tributarias,  que d emuestra que los trabajadores ganan hoy de media menos que hace 10 años. En 2007, en Andalucía, el salario medio anual era de  15.01 0 euros, el más bajo después de Extremadura y 3.000 euros menos que la media nacional ( 18.087 ). Hoy, se cifra en Andalucía en 14.868 euros, de nuevo sólo por delante de Extremadura, y  todavía a más distancia de la media nacional ( 18.835 ).

E incluso, mirando desde otro punto de vista: los convenios colectivos firmados en 2017 en Andalucía fueron 368, para un total de 596.471 trabajadores -la cuarta parte del total- que han conseguido apenas un 1,46% de incremento del sueldo, frente a una subida del IPC del 2,2%, lo que supone pérdida del poder adquisitivo. En España, la subida de sueldos pactada en convenios colectivos ha supuesto una media algo superior: 1,60% frente a un incremento de los precios en el periodo del 2,3%.

¿Cuánto ha crecido la precariedad?

En estos 10 años se ha reducido la cifra de trabajadores a jornada completa (de 2.849.500 a 2.499.800) y s e ha incrementado en la parcial (de 388.200 a 468.000). Esto ha repercutido en la tasa de trabajo a tiempo parcial del 11,99% a un 15,77%.

Con la generación de empleo en los últimos cuatro años se ha ido incrementando la tasa de temporalidad (porcentaje de trabajadores sobre el total con contrato temporal), situándose a cierre de 2017 en Andalucía por encima del 35%, casi 10 puntos más que la media nacional. De este modo, se aproxima a los máximos del boom de la construcción que llevó a la crisis, cuando rondaba el 40% y después de haberse ido reduciendo los años posteriores .

Desde la Confederación de Empresarios del Sur (Cesur) muestran su preocupación por el incremento de la contratación temporal en los trabajadores de más edad y también desde lo público, lo que conlleva más precariedad. En su reciente informe Mercado de trabajo en Andalucía 2008-2018 remarcan que “el 53,2% de la población activa está en una situación de desempleo, subempleo o precariedad” en Andalucía, una “infrautilización” de la mano de obra que en el conjunto de España es bastante menor (40,2%).

Las consecuencias de estos cambios

En general, en la capacidad de gasto de los ciudadanos han perdido peso los ingresos por nóminas, mientras que lo han ganado los provenientes de pensiones y las prestaciones por desempleo, y en todos estos parámetros Andalucía está peor que la media. “Pese a haber crecido más el PIB, la participación de los salarios en el mismo decrece, lo cual sería una muestra más de cómo se ha depreciado su valor y el incremento de la productividad no está repercutiendo en un crecimiento de las nóminas”, apunta  Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO. Y avisa: “La pérdida de las rentas del trabajo tiene una relación directa con el déficit de la Seguridad Social. Las rentas del capital no cotizan”.

En paralelo, la devaluación de los salarios los acerca cada vez más a las pensiones. Los de entrada al mercado laboral son inferiores a las pensiones. O lo que es igual, la media de los jóvenes recién contratados cobra menos que sus padres recién jubilados. Se ha recrudecido desde 2012 con la segunda reforma laboral de Mariano Rajoy.  El salario bruto de las personas que llevan menos de un año trabajando es un 8% inferior a las pensiones medias de las altas por jubilación, cuando hace 10 años este porcentaje era el triple, pero a favor de los nuevos contratados. Esta brecha se produce en un contexto en que el número de jubilados sigue creciendo y no lo hace el empleo al mismo ritmo. Los salarios de entrada al mercado laboral más bajos y las nuevas pensiones de jubilación generan la insuficiencia del sistema.

La situación de desigualdad se ve acentuada en comunidades autónomas que ya en 2008 partían de realidades más precarias que el resto, como es el caso de Andalucía. “Se trata de la única comunidad autónoma donde la masa salarial es más baja en 2017 que lo que era en 2008. Es decir, que el coste de la vida sube para todos pero, por desgracia, en Andalucía no sólo no ha llegado la recuperación sino que estamos en niveles inferiores a 2008, en concreto 7,07 euros mensuales menos”, subraya Sara García. En su opinión, esto “no puede desligarse del modelo productivo de Andalucía, de bajo valor añadido muy centrado en la agricultura y el sector servicios que son dos actividades de fuerte carácter estacional y que conllevan creación de empleo precario, temporal y mal remunerado”.

Por su parte,  Rafael Gómez Gordillo sostiene que “el efecto de ambos elementos aumentará de manera considerable el desequilibrio financiero del sistema, que necesitará de notables aportaciones vía impuestos, vigentes o de nueva creación”. Dicho lo anterior, “la premisa es que se mantenga la presión a la baja sobre los salarios durante un periodo prolongado de tiempo”. Por ello alerta de que “la suma de altas tasas de desempleo, de contratación temporal y a tiempo parcial y de salarios bajos amenaza el mantenimiento de nuestro modo de vida”. Si las normas no garantizan una adecuada distribución de la riqueza fruto del trabajo, “la estructura de la sociedad que nace de la Constitución Española no se sustenta”.

Se pregunta si el “limitado” estado de bienestar “posee recursos y vocación para compensar esta situación, mediante el ofrecimiento de servicios públicos que cubran las necesidades básicas que no pueden ser atendidas con el fruto del trabajo”. Y la respuesta que le sale es que “parece que no”.

En tercer lugar, en este contexto, en el medio plazo, recuerda que “muchas personas quedarían excluidas de la protección del sistema de seguridad social, porque sus carreras laborales no les permiten cumplir con los requisitos de carencia vigentes, y menos con otros más exigentes que pudieran imponerse”.

En cuarto lugar, inciden en que estas personas, y las que tradicionalmente quedan al margen, “se hallan en situaciones de necesidad similares a quienes se encuentran cubiertos por pensiones contributivas, sin embargo no parece que exista inquietud por dedicar cuantías similares a su protección”. Por eso, lanza la siguiente pregunta: “¿No resulta contradictorio dedicar más recursos para quien se encuentra en mejor situación relativa?”.

(Fuente: el diario.es / Autora: Consuelo Durán)

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