Las mujeres se arriesgan a ser condenadas hasta con la cadena perpetua por abortar en la colonia británica de Gibraltar

Rosalina Oliva abortó sin saber siquiera que era ilegal. Fue en 2008, tras quedarse embarazada por tercera vez en cinco años, fruto de una violación por parte de su marido. “Él abusaba de mí, me maltrataba. Yo ya había tenido dos hijos, un niño y una niña. No podía tener un tercero con ese hombre porque quería dejarle”, cuenta diez años después, sentada en una terraza de Casemates Square, la plaza principal de Gibraltar. Reconoce que fue hace tan solo unos meses cuando supo que, de haber abortado en Gibraltar, habría cometido un grave delito: el aborto está criminalizado y la pena de cárcel para las mujeres que lo practiquen dentro del territorio es la cadena perpetua (life imprisonment). Una medida que jamás se ha llevado a cabo, pero que explica en gran parte el tabú que existe en torno a este tema. “Yo sabía que estaba mal, pero ni siquiera sabía por qué”, añade.

Rosalina nació en Londres y llegó a Gibraltar con cinco años. Poco después de haber cumplido la mayoría de edad, se casó. “El maltrato era cada vez peor y cuando me quedé embarazada por tercera vez, pensé: ‘No puedo tenerlo’. Él era una persona a la que yo no quería nada. Me tocaba y yo sentía que quería vomitar… pero él me forzaba”.

En cuanto supo que estaba embarazada, Rosalina se lo contó a una amiga enfermera. Ella le facilitó una lista con nombres de clínicas privadas en Cádiz en las que podía abortar, tan solo con cruzar la frontera entre Gibraltar y España. Pidió cita por teléfono y fue en coche hasta el centro médico el día acordado. “Había muchas mujeres. Me llevaron a un cuarto chiquitito y me hicieron un scan [ecografía]. Estaba de siete semanas. No quise mirar. Yo sé lo que es mirar un scan y saber que hay un bebé allí, me sentía culpable. Me metieron en un cuarto, me pusieron una inyección y me hicieron… eso. No me dieron una pastilla ni nada [en referencia a que fue un procedimiento quirúrgico, no farmacológico]”.

La intervención le costó 400 euros: “Yo tenía una cuenta donde había empezado a guardar dinero poco a poco desde el momento en que planeé dejar a mi marido. Así que lo cogí de ahí. No todas las mujeres aquí tienen ese dinero para ir a una clínica privada y abortar. Y si no tienen dinero para eso, tampoco para mantener a un bebé”.

Una de las leyes más restrictivas de toda Europa

El mapa de la regulación legislativa en Europa se podría dividir en cuatro categorías: completamente legal, legal pero con ciertas restricciones, ilegal salvo en ciertos supuestos y completamente ilegal. Malta y Ciudad del Vaticano estarían en esta última categoría. En ambos estados, la interrupción voluntaria del embarazo está ilegalizada y criminalizada en cualquier circunstancia (también cuando una mujer esté en peligro de vida o muerte), según se puede leer en un exhaustivo informe realizado por Naciones Unidas sobre cómo se legisla el aborto en cada país del mundo.

Gibraltar tiene una legislación equiparable a la de Irlanda del Norte, San Marino, Mónaco y Andorra, donde solo se realizaría un aborto en el supuesto de que haya que salvar la vida de una mujer embarazada. El del Reino Unido es un caso peculiar, ya que en Inglaterra, Escocia y Gales el aborto es legal aunque la mujer debe alegar razones de salud para ella o para el feto o motivos socioeconómicos. Allí, hasta dos médicos deben autorizar a una mujer su petición de abortar tras justificar su decisión con alguna de estas razones.

Gibraltar dispone de plena autonomía respecto al Reino Unido -excepto en cuestiones de defensa y asuntos exteriores-. Sin embargo, el 12 de julio, Fabián Picardo, el ministro principal, anunció un proceso de consulta para el cambio de la ley del aborto. ¿El motivo? Una reciente sentencia del Tribunal Supremo del Reino Unido declaraba que la ley del aborto de Irlanda del Norte, idéntica a la de Gibraltar, era contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos. Picardo resta importancia al desfase legislativo en torno al aborto y cree que el debate que se inició en la sociedad gibraltareña fue “resultado inesperado del Brexit”.

El ministro principal apunta que las mujeres cruzan la frontera porque en España “hay más facilidades”: “No es porque aquí se prohíba, sino porque es más privado acceder a ese servicio, si lo puedo llamar de esa manera, en España. En una comunidad tan pequeña y reducida como la gibraltareña todos nos conocemos. Y aunque en el servicio médico tenemos a grandes profesionales, es casi imposible que algo sea secreto. Las circunstancias del aborto en muchas situaciones son muy emotivas, muy sensibles y privadas, y la gente ha querido ir a España porque es más privado”.

Marlene Hassan fue la primera política en posicionarse abiertamente a favor del aborto. Comenzó su carrera en 2013 en el Partido Socialdemócrata de Gibraltar, aunque actualmente es miembro independiente del Parlamento y líder de ‘Together Gibraltar’, una de las plataformas civiles que se ha involucrado en el debate público sobre el aborto. La diputada es el ejemplo de que un asunto a priori personal tiene relevancia política: “He tenido amigas que se han visto perdidas, y claro… Las he llevado porque me han pedido que las ayude. Y hemos ido a España”.

“Conozco a mujeres que se han quedado embarazadas usando anticonceptivos, eso pasa. Hay quienes no pueden permitirse el lujo de tener un hijo más porque ya tienen varios, o porque tienen una pareja que las maltrata. O porque no están en ese punto de su vida. Quiero que tomen sus propias decisiones, darles una opción que ya existe en la mayoría de países europeos”, apunta Marlene Hassan.

(Fuente: El Confidencial / Autores: Noemí López Trujillo y Enrique Benítez)

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