De cómo Bruselas y Marruecos intentan disfrazar un acuerdo ilegal de pesca que incluye aguas territoriales y derechos saharauis

Apenas firmado, el nuevo acuerdo de pesca entre Marruecos y la Comisión Europea ya está siendo desafiado en los tribunales y en el plano político.

El Frente Polisario está decidido a iniciar una acción ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para el próximo septiembre para impugnar la legalidad de la nueva versión del acuerdo de pesca y reclamar una indemnización sustancial para compensar daños importantes derivados de licencias de pesca concedidas ilegalmente.

En el frente político, un debate crucial tendrá lugar en el Parlamento Europeo en octubre.

Para anticipar estas acciones, Marruecos y la Comisión han llevado a cabo una serie de acciones destinadas a fortalecer un argumentario común para dar una apariencia de legalidad al burdo incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de 2016 y 2018, así como la reciente orden del Tribunal de la UE que materializa la base legal que acredita la ausencia de soberanía del Reino de Marruecos en el territorio del Sahara Occidental y sus aguas adyacentes.

En este contexto, y tras la fallida iniciativa de “consulta” a las asociaciones saharauis en Bruselas – boicoteada por 89 asociaciones representativas del pueblo saharaui – la UE enviará la próxima semana a su representante de exteriores encargado del Magreb, Vincent Piquet, para reunirse en Marruecos con los representantes de las asociaciones preseleccionadas por el Ejecutivo marroquí. Una consulta que no cumple en absoluto con el requisito del consentimiento previo del representante legítimo del pueblo saharaui según lo definido por el TJUE y establecido por la doctrina de las Naciones Unidas (opinión legal del asesor jurídico de la ONU, Hans Correl del 12 de febrero 2002).

El segundo acto de este acuerdo es enviar, a principios de septiembre, una misión de información al Parlamento Europeo dirigida por la francesa Patricia Lalonde (Comisión de Comercio Internacional) para “determinar” que los beneficios del acuerdo pesquero recaen en la “población” – y no en el pueblo – del territorio del Sáhara Occidental. Especialmente desde que Marruecos y la UE han prometido, supuestamente, “optimizar” los beneficios “positivos” del nuevo acuerdo que, de hecho, enriquecerá a los colonos marroquíes introducidos por el Majzen.

El formato de las reuniones programadas en El Aaiún y Dajla (un día y medio con funcionarios marroquíes y otras asociaciones “títeres” frente a sólo dos horas dedicadas a la reunión con las asociaciones saharauis) es indicativo de un enfoque desequilibrado y premeditado, que responde de hecho a una única preocupación: poder sostener ante el Tribunal de Justicia de que los saharauis han sido consultados y conocen los beneficios de este acuerdo, en definitiva allanar el camino para el saqueo de los recursos del Sáhara Occidental en una flagrante violación de la legislación europea y derecho internacional.

Pero el Ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, que acoge con satisfacción la inclusión explícita de las aguas del Sahara Occidental (desde Cabo Blanco hasta Cabo Spartel), parece olvidar que en el intercambio, una parte integral del acuerdo y el protocolo, la Unión Europea ha tenido cuidado de declarar que este acuerdo se concluye sin perjuicio de la posición de la UE sobre el estatuto final del territorio no autónomo del Sáhara Occidental, que incluye una cláusula sobre las consecuencias de las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental, que podrían llevar a la suspensión del acuerdo.

Y, por último, se establecerán mecanismos para permitir que la comisión esté informada e involucrada en la distribución geográfica y social de los beneficios socioeconómicos resultantes de este acuerdo. En resumen, estas tres condiciones planteadas por la UE y aceptadas por Marruecos socavan la ficción de la soberanía de Marruecos sobre el territorio del Sáhara Occidental.

Diputados de cinco grupos piden a Borrell que evite la pesca en aguas del Sáhara

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europea del pasado 28 de febrero habla claro y dice que “según la legislación internacional, Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados por lo que Marruecos no puede autorizar ninguna actividad económica de extracción de recursos, ni ningún otro país la puede gestionar si no es con el representante legítimo del pueblo, el Frente Polisario”. Así lo recogen un grupo de diputados de cinco grupos distintos en una carta al ministro de Exteriores, Josep Borrell. Esta sentencia se refiere a los acuerdos pesqueros que Marruecos y la Unión Europea firman periódicamente y que incluyen los bancos pesqueros que se encuentran frente a las costas de la excolonia española.

El tribunal internacional no reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, algo que tampoco reconoce explícitamente ningún país, mientras que varias decenas sí que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como un estado independiente. Los diputados Sergio Pascual, Sònia Farré, Carmen Valido, Jorge Luis Bail, Meri Pita y Juan Antonio Delgado, del Grupo Confederal Unidos Podemos; Ana Surra, de ERC, Iñigo Barandiaran, del PNV, Enric Bataller, de Compromís y Oskar Matute, de EH Bildu, forman parte del Intergrupo de Amistad con el Sáhara Occidental del Congreso. Además, advierten en la misiva al ministro de Exteriores que el incumplimiento de esa sentencia “daña la credibilidad del conjunto de las instituciones europeas y pueden dañar las relaciones con otros países, los sectores económicos afectados y sus plantillas trabajadoras”.

Según esta sentencia y la legislación internacional, los acuerdos comerciales que implican a territorios no autónomos, como es el caso del Sáhara Occidental, tienen que beneficiar a las poblaciones autóctonas de los mismos, por lo tanto, en el contencioso del Sáhara, tienen que ser negociados con su representante, el Frente Polisario, y nunca con la potencia ocupante marroquí. Así se lo transmiten también a Borrell en la carta: “Le demandamos que ponga en marcha negociaciones, como Estado soberano y dentro de las instituciones de la UE, con el Frente Polisario como legítimo representante del pueblo saharaui, tal y como reconoce la doctrina de Naciones Unidas que sigue España y que usted mismo afirmó seguir en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores el pasado 4 de julio”.

“Le exigimos que en el ejercicio de sus funciones traslade al Gobierno de España que no ratifique ninguno acuerdo comercial que no esté basado en la compatibilidad del cumplimiento de las sentencias del TJUE por responsabilidad con el cumplimiento de los tribunales europeos, por los legítimos derechos del pueblo saharaui y la seguridad jurídica y futuro de nuestra flota pesquera”, reclaman.

Además, reclaman a Borrell que cumpla con la “responsabilidad histórica de España con el Sáhara Occidental y las responsabilidades jurídicas que de ella se derivan, como dictaminó el hoy ministro de Interior Fernando Grande Marlaska en un auto en la Audiencia Nacional, para trabajar en una solución que asegure el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, reconocido por Naciones Unidas y asumido por España, mediante un referéndum, exija que la MINURSO tenga un mandato de vigilancia de violaciones de derechos humanos”.

Grande Marlaska Tal y como informaba cuartopoder.es, el actual ministro de Interior declaraba en una sentencia como juez de la Audiencia Nacional que “España, de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas”.

El diputado de Compromís, Enric Bataller, declara a este periódico al respecto: “La solidaridad europea está nuevamente en marcha mediante la Conferencia Interparlamentaria que acogió el Parlamento Europeo en Bruselas el pasado 7 de junio, y donde fijamos unos objetivos de coordinación que van a tener continuidad”. Por ello, advierte de que en su labor parlamentaria, “la causa saharaui va a estar muy presente y, por supuesto, protestaremos ante el Europarlamento, y donde haga falta, para exigir que la Comisión Europea se ajuste a los términos claros de las sentencias del TJUE“.

En la misma línea se expresa la diputada de En Comú Podem, Sònia Farré, integrada en el confederal de Unidos Podemos. “Es imprescindible cumplir con la responsabilidad histórica con el Sáhara y asumir el papel de potencia administradora, pero es urgente ahora dar cumplimiento a la sentencia del TJUE. No se entiende que la solidaridad que existe des de los pueblos no se refleje en la política y la acción del Gobierno, antes del PP y ahora del PSOE”. Por ello, asegura que “desde En Comú Podem y el grupo confederal seguiremos trabajando para que se reconozca al Sáhara tejiendo alianzas con las demás fuerzas políticas y con la sociedad civil que lleva años luchando por los derechos del pueblo saharaui”.

Por su parte, Josu Oskoz, integrante de la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, CEAS-Sáhara, advierte: “La Comisión Europea, con su propuesta de acuerdo pesquero que incluye las aguas del Sáhara Occidental, está violando flagrantemente la posición del Tribunal en relación a la consideración del Sáhara Occidental como un territorio completamente independiente de Marruecos”. Por ello, reclama: “Cumplir las Sentencias, denunciar la violación sistemática y a gran escala de los derechos económicos, sociales y culturales del Pueblo Saharaui, y habilitar vías de reparación y restitución son actos de justicia que la UE debe poner en marcha de forma inmediata. No queremos formar parte de una Unión Europea que no respete fielmente los derechos humanos en sus relaciones económicas y políticas con terceros países“.

En los próximos meses el Parlamento Europeo deberá ratificar la propuesta de acuerdo para su aplicación, “trasladaremos a todas y todos los europarlamentarios la necesidad de actuar conforme a la propia legalidad europea y reclamar su compromiso activo con la paz, la justicia y el respeto de los derechos humanos votando en contra de la propuesta ilegal de acuerdo”, añade Oskoz, que también mira al Gobierno español. “España, atendiendo a su responsabilidad y deber como Potencia Administradora, debe trasladar en el seno de la UE la necesidad imperiosa de defender la propia legalidad europea y no legitimar una ocupación, negando a un pueblo hermano sus derechos fundamentales”, dice este activista prosaharaui.

“Por nuestra parte, realizaremos todos los esfuerzos, movilizaciones incluidas, y habilitaremos todas las medidas legales posibles para denunciar e impedir todo acto u omisión que contribuya al expolio, explotación, destrucción y/o agotamiento de las riquezas y recursos naturales saharauis, incluidas sus tierras y sus aguas adyacentes, o pongan en peligro su supervivencia”, alerta el de CEAS-Sáhara.

(Fuente: Poemario por un Sahara Libre)

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