La Fiscalía investiga si el Ayuntamiento de Almería actuó como una “oficina de empleo” para cuñados y yernos de políticos del PP

El Ayuntamiento de Almería está gobernado desde hace casi veinte años por el Partido Popular. Tras los comicios de 2015 perdió la mayoría y quedó a merced del voto de Ciudadanos.

Durante el periodo de pactos poselectorales y de constitución del nuevo Consistorio la formación naranja parecía que iba a pactar con la actual un gobierno de regeneración con un alcalde socialista al frente. Las presiones fueron tan tremendas e intensas que a última hora el grupo municipal de Ciudadanos decidió perpetuar el mandato del PP y apoyó su investidura.

Cabe recordar que, aunque poco a poco se desmorona, Almería y la provincia es un feudo del Partido Popular y del todopoderoso e investigado por la justicia, Gabriel Amat, amigo de Javier Arenas y ahora, cambiando de posición, afín de Pablo Casado.

Denuncia grave de Fiscalía por contratación de familiares del PP y C’s

Pues en este feudo del PP la Fiscalía de Almería ha denunciado al Juzgado Decano posibles delitos de prevaricación y de actividades prohibidas a funcionarios tras la denuncia presentada por la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) por contratación de familiares de representantes políticos del Ayuntamiento de la capital.

El Ministerio Público recuerda en un decreto que el pasado 14 de mayo la Fiscalía Superior de Andalucía incoó diligencias de investigación penal tras la denuncia de AMAyT por una posible serie de irregularidades en la tramitación y aprobación de la cesión del contrato de concesión del servicio municipal de limpieza de Almería para 2014 y siguientes años.

El 18 de mayo se presentó una ampliación de la denuncia y que ese mismo da la junta directiva de la Asociación de Trabajadores de Limpieza despedidos ratificaron parte de la misma. “Los hechos denunciados, si se acreditan pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación y un delito actividades prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio de una ulterior y más depurada calificación jurídica”, apunta la Fiscalía.

Contrato a la cuñada del alcalde

La denuncia de AMAyT señala que en 2013, cuando aún era concejal, el alcalde almeriense, Ramón Fernández-Pacheco (PP), votó a favor de adjudicar el contrato del servicio de limpieza urbana y playas por 110 millones de euros a la UTE Acciona-La Generala, que había contratado un mes antes de la confección de los pliegos de condiciones a la cuñada del regidor.

AMAyT cree que la cuñada del alcalde fue contratada, “previamente y ex profeso (…) para obtener este concurso” y señala la existencia de un “ambiente propicio para los intereses personales” de otros cargos sindicales, técnicos municipales y políticos como, según los denunciantes, los del portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla.

Una suerte de “oficina de empleo”

Considera que esta UTE se ha convertido en una suerte de “oficina de empleo” y asegura que hubo una serie de familiares contratados tras el despido de 70 trabajadores que figuraban como eventuales en la bolsa de trabajo, entre ellos supuestamente el cuñado de Cazorla o el yerno del diputado provincial de C’s Roberto Baca.

Se incrementó el presupuesto por encima de la ley a instancias de Ciudadanos

También se denuncia que siendo ya alcalde, Fernández Pacheco amplió el contrato de la UTE en dos ocasiones en menos de tres años, con una repercusión en los siete años que restan de concesión por importe de más 11 millones de euros y que a petición de C’s incrementó estas subidas con la inclusión de una partida de 800.000 euros para 2018. Según esta asociación, este incremento supera el 20 % del coste anual adjudicado y permitido por ley.

Grabaciones con acuerdos para los contratos

AMAyT incluye en los anexos de su denuncia una serie de transcripciones de grabaciones, también aportadas a la Fiscalía, que pretenden demostrar que hubo una negociación en la que participaron miembros del comité de empresa, de las secciones sindicales, técnicos municipales e incluso el concejal de Servicios, para negociar de forma previa a la concesión el pliego de condiciones.

(Fuente: El Plural)

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