La operación represiva contra las alcaldías del Kurdistán bajo control turco se traduce en 89 detenciones y 67 encarcelamientos

El Centro Internacional Escarré para las Minorías Étnicas y las Naciones (Ciemen) ha elaborado un informe sobre las violaciones de los derechos humanos a raíz de la destitución de electas al territorio curdo de Turquía, que la mayoría de personas entrevistadas considera una violación del derecho a la participación política.

Sirri Sakik, Mukaddes Kubilay, Azal Aras… el listado de coalcaldes en el territorio curdo de Turquía se ensarta hasta 89, 67 continúan encarceladas y 11 ya han sido condenadas. El septiembre del 2016, el Estado turco puso en marcha una operación de destitución de los gobiernos municipales electos del Partido de las Regiones Demócratas. Unos meses antes, el 21 de julio del 2016, el Consejo de Ministros turco decretó el estado de emergencia, una medida que posibilita la restricción estricta de derechos como la libertad de reunión, de expresión y movimiento, así como la publicación de mediados de comunicación o despidos al margen de convenios.

Un informe elaborado por la entidad Ciemen, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, compilación, a través de 41 entrevistas, cómo ha afectado la operación del Estado turco sobre el ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía y se presenta hoy a las seis y media a la Oficina con proyección internacional del Consistorio.

A pesar de que hay municipios donde los cargos destituidos habían conseguido más del 80% de los votos, el gobierno central asignó unas tutelas judiciales, la mayoría, encabezadas por gobernadores de las diferentes provincias y distritos del territorio curdo. “De hecho, el Estado puso esta persona aquí en el gobierno. Nadie lo ha elegido, nadie lo quería. No estoy satisfecho”, “Que quieren decir con este hecho? Quieren demostrarnos que no vale nuestro voto?”, “Esta decisión es totalmente política”. En estos términos se expresa la mayoría de las personas entrevistadas por la autora del informe, Özgür Günes Öztürk. Consideran que la destitución de los cargos electos es una violación del derecho a la participación política.

Pero además, la operación, denuncian los “informantes”, ha tenido un efecto directo sobre las condiciones de vida, especialmente de los colectivos más desfavorecidos, como las mujeres, jóvenes parados y personas empobrecidas. Por otro lado, hay testimonias que ponen el énfasis en el hecho que los nuevos gobiernos tutelados priorizan un tipo de servicios “de alta visibilidad” de gobiernos anteriores, como la construcción de nuevas carreteras o cambiar y arreglar las aceras.

A la vez, las experiencias recogidas, evidencian la desaparición de la lengua kurda de los servicios públicos y de la práctica diaria de los ayuntamientos de la región. Un testigo de Dyarbakir lamenta que el gobernador ordenó el cierre de la escuela cuna en Kurdo, el mismo que sucedió a Van con la escuela cuna Teybet.

El ataque a la lengua Kurda no acaba aquí. Los nuevos dirigentes han eliminado los topónimos de diferentes lugares de las ciudades en memoria a personajes de la literatura kurda o hechos históricos. Los testigos lo entienden como una vulneración de derechos, un esfuerzo para la asimilación colectiva de la identidad curda y como la construcción de una nueva ideología centralizada.

Desde Turquía también se ha puesto fin al sistema de co-presencia de mujeres en espacios de decisión y representación, una de las características y disparos distintivos de la apuesta municipal curda, sin respeta las cuotas de género y despidiendo las mujeres de varios departamentos. Las personas entrevistadas denuncian que los nuevos gobiernos han despedido grupos de trabajadores y trabajadoras.

Uno de los colectivos que ha sufrido la represión y de retruque se ha visto afectada toda la población curda, son los periodistas. En un año, desde julio del 2016 hasta julio del 2017, el Estado turco ordenó el cierre de 16 canales de televisión, 34 canales de radio, 67 diarios, 29 editoriales, 18 revistas y 5 agencias de noticías. En total, 234 periodistas fueron detenidos por su presunta relación con el clérigo y empresario Fetulà Gülen, acusado de ser organizador del golpe de estado, o con el PKK curdo, ambas organizaciones consideradas “terroristas” por Turquía.

Entre los medios clausurados, hay un canal de dibujos animados para niños, Zarok TV, canales de noticias en curdo o algunas agencias de noticias o el diario opositor anarquista Meydan. Como consecuencia, cerca de 3.000 periodistas se han quedado sin trabajo y 234 han sido detenidos.

(Fuente: Directa.cat / Autora: Gemma Garcia / Infografías: Pau Fabregat)

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