Un estudio de la Universidad de Huelva ya advertía de la discriminación de las jornaleras migrantes en los campos en 2008

Las denuncias sobre abusos a temporeras han empañado este año el buen momento económico que atraviesa la agricultura onubense al impactar de lleno en la opinión pública española y europea. Una delicada situación que ha provocado también que el Movimiento Feminista se una a la defensa de la dignidad de las mujeres jornaleras y se pongan sobre la mesa las duras condiciones de trabajo que soportan las trabajadoras inmigrantes en el campo.

No todo es negativo en un sector que ha facturado más de mil millones de euros y empleado a decenas de miles de trabajadores pero la polémica ha obligado al Gobierno,  a la Junta y al sector agrícola a reaccionar y organizarse para prevenir problemas en la próxima campaña. La primera medida anunciada por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y el sector fresero de la provincia de Huelva es la puesta en marcha, de cara a la próxima campaña, de un protocolo de actuación para evitar que se produzcan abusos a las mujeres temporeras.

Y desde la otra orilla del Estrecho, el país de origen de las temporeras, el ministro de Empleo, Mohamed Yatim, quita hierro al asunto. Yatim considera que el envío de temporeras de su país para trabajar en la campaña de la fresa en Huelva “ha sido un éxito”, pese a los “casos aislados” de agresiones sexuales y los numerosos casos de evasiones (2.000 de estas trabajadoras) una vez llegadas a territorio español.

Sin embargo, el campo onubense, las organizaciones agrarias, los sindicatos y los gobiernos local, autonómico y central deben afrontar una verdad muy incómoda que hasta ahora ha estado oculta. Y no precisamente por falta de datos o desconocimiento sino porque no había estallado la noticia.

Desde hace una década se conoce. Un estudio de la profesora Mercedes Gordo Márquez para el Instituto de Desarrollo Local del Grupo de Investigación de la Universidad de Huelva puso el dedo en la llaga: Los contratos en origen de temporada a las marroquinas: estrategia empresarial para sustituir a las trabajadoras del Este de Europa tras la incorporación de estos países a la UE.

El análisis de la situación señala que “los avances técnicos y genéticos han elevado la rentabilidad de las explotaciones agrarias, lo que ha convertido los campos en focos de atracción de mano de obra”. Lo que a priori es una buena noticia no lo es tanto. Porque, resume el informe de la UHU, “los empleos generados son inestables, con bajos salarios y precarios”. Así que esos empleos son rechazados por la mano de obra española, lo que ha dado pie a noticias como que “solo 800 personas se postulan para una oferta de 11.000 empleos en el campo de Huelva”.

Una situación que obliga a mirar qué está pasando en nuestra casa, en Huelva. Es precisamente esta situación de “precariedad” e “inestabilidad laboral” la que obliga al sector a recurrir a los contratos en origen de temporada para cubrir las necesidades de mano de obra que presentan los empresarios agrícolas de Huelva.

El informe de la UHU firmado por Gordo explica que “al principio, los empresarios preferían seleccionar jornaleros de Polonia o Rumanía pero la adhesión de estos países a la UE hizo que estas nacionalidades ya no vinieran a recoger la fruta”. Así que, apunta, ante esta situación se volvió la vista hacia Marruecos, “obviando los rechazos basados en una visión estereotipada del trabajador marroquí”. Se produce entonces el relevo de las temporeras europeas por las “popularmente conocidas como marroquinas”.

Lo primero que subraya el trabajo de Gordo es que los trabajadores del Este de Europa han dejado de ser los preferidos de los empresarios para su contratación. Por qué. La respuesta es que “ya no se rigen por la Legislación de Extranjería al ser ciudadanos europeos de pleno derecho. Al pasar al régimen comunitario, su contratación debe hacerse en igualdad de condiciones, como si de un trabajador español se tratara”.

Fue el proyecto Aeneas-Cartaya el encargado de impulsar las contrataciones en Marruecos. Y fue un éxito. Un movimiento al que también se unió Asaja Huelva ante la escasez de mano de obra.

Hace una década ya venían a Huelva 18.515 trabajadores marroquíes de una demanda de 31.699. Hoy ya son más las marroquinas que llegan a los campos de fresas y frutos rojos de la provincia.

El informe apunta que no solo la nacionalidad es el elemento diferenciador de la oferta de empleo agrícola. Los agricultores onubenses buscan un perfil muy concreto, tal y como se hace desde Asaja-Huelva.

Así, se apunta, que “el 90% de las ofertas presentadas van destinadas a mujeres, las marroquinas, lo que ha feminizado el contingente”. Según el estudio de Mercedes Gordo, “los agricultores justifican su elección diciendo que al ser la fresa un producto delicado resultaban mejor las manos femeninas”.

La realidad es otra, más sutil, más polémica, con más aristas: se prefiere a las mujeres por ser menos conflictivas, practican una mejor convivencia en las casas donde se alojan, tienen mayor compromiso de retorno a su país de origen. Precisamente este compromiso de retorno se impone al fomentar la selección de mujeres con cargas familiares. Así que, según el informe, “a los hombres se recurre para puestos de mayor esfuerzo físico”.

Otro elemento distintivo es la edad. “Antes las preferían más jóvenes y ahora a partir de 25 y con 35 años. Esto se explica apuntando que “las más jóvenes se iban de discotecas, trasnochaban y faltaban más al trabajo, en definitiva, por su informalidad laboral”. Además, se exige otro requisito: regresar a su país de origen una vez finalizada la faena agrícola, “y lo tienen que confirmar a la vez que firman el contrato laboral, penalizando el incumplimiento en posteriores procesos selectivos”. Otro de los criterios selectivos es que las trabajadoras no tengan vínculos en España, según reconocen desde Anapec (el centro marroquí reclutador) y también que “procedan de pueblos lo más alejados posible de núcleos urbanos para que no estén contaminadas por la ciudad”.

El criterio apunta más exigencias: hay que procurar que tengan cargas familiares en Marruecos, maridos, hijos, ancianos a su cargo. Una fórmula que resulta un tanto discriminatoria pues las divorciadas sin hijos o las más jóvenes, a pesar de su situación de pobreza no las reclaman desde Anapec. Un problema añadido a los contratos es que las trabajadoras, la mayoría procedentes de zonas rurales aisladas, deben pagarse el viaje a la explotación agrícola, lo que incrementa la dependencia al carecer de medios y dinero para esa movilidad exigida.

Los empresarios agrícolas prefieren a mujeres casadas “porque se garantizan la vuelta a su país, salen de fiesta menos y rinden más en su puesto de trabajo”, dice el estudio. Los datos lo aclaran: solteras solo se contrata a un 3% y casadas un 45%.

Otro de los factores que ha generado más problemas a la larga ha sido la preferencia de la condición física: “se descarta a las candidatas gruesas porque se supone que rendirán menos al trabajar agachadas. Esto ha provocado situaciones incómodas al pedir los empresarios seleccionadores que se ajusten la ropa”. Un extremo que llevó a CC OO a exigir que las empresas usen la balanza en vez de la visión, ante la vergüenza que pasaban las aspirantes a temporeras.

Finalmente, el estudio de la UHU desveló que desde la organización Asaja se quejaron de que algunas mujeres contratadas “venían embarazadas y casi dan a luz en la misma mata, poniendo en grave riesgo su vida y la de su hijo”. Por eso la organización ha exigido a las administraciones que pongan los medios para evitar estos problemas.

Sin embargo, los acontecimientos vividos este año y la polémica por los abusos además de las condiciones de trabajo han hecho saltar las alarmas. Y lo que antes se veía como una iniciativa solvente se ha convertido en una rémora para el Movimiento Feminista, algunos sindicatos como el SAT y un problema de responsabilidad social y de imagen para las organizaciones agrarias y gobiernos regional y central.

De momento ha calado el mensaje: “las mujeres son elegidas por ser mujer, con el peor convenio laboral del campo de Andalucía”. Y entienden que “los diversos estudios consultados concluyen que el modelo de producción agrario onubense fundamenta su rentabilidad y competitividad en los menores costes salariales y en la rebaja de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras”.

(Fuente: Diario de Huelva / Autor: Rafael Moreno)

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