600.000 “criadas” trabajan en el Estado Español, en condiciones de semiesclavitud, con un salario de sólo 350 € al mes de media

600.000 personas en España, casi todas mujeres, trabajan en tareas de planchado, de cuidado de niños y ancianos, de cocineras familiares, de limpiadoras, fregando escaleras o acompañando a grandes dependientes. O de todo junto. El 35% de ellas, casi 220.000, lo hacen sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y, por tanto, sin ningún tipo de derecho ni cotización para pensiones futuras. Precisamente, las pensiones de las empleadas de hogar son las más bajas. Un gran número de estas trabajadoras son además inmigrantes, mucho más frágiles y vulnerables para que los empleadores se aprovechen de ellas con el objetivo de conseguir el permiso de residencia.

Mujeres como Matilde, que llegó a Sevilla hace 6 años procedente de Nicaragua. De los seis años que lleva aquí, la mayoría ha permanecido sin papeles y trabajando en negro. Esta mujer de 50 años gana 700 euros al mes, por jornadas diarias de 12 horas, de lunes a viernes, cuidando a una anciana de 90 años. Aunque en su cuenta bancaria le ingresan 700 euros, lo que percibe son 600 euros porque, a cambio de poder regular su documentación en Extranjería, aceptó pagar ella misma el seguro social del régimen del servicio doméstico a cambio de que sus empleadores le regularan su situación administrativa. Es el alto precio que paga Matilde por ser una mujer inmigrante.

Con los 700 euros que percibe, paga 150 euros por una habitación en un piso compartido y envía a su país 350 euros para que puedan vivir su marido y sus tres hijas, de 24, 20 y 18 años, a quienes hace seis años que no ve, los mismos que lleva residiendo en España en una condiciones laborales de semiesclavitud: “Me he perdido toda la adolescencia de mis hijas porque antes de venir a España estuve trabajando de empleada de hogar en Costa Rica”, apunta.

Antes de conseguir que la contrataran legalmente, fue engañada por varios empleadores. Matilde, a pesar de que está dada de alta, no cobrará paro cuando sea despedida ni una indemnización cuando se muera la señora a la que cuida. Tampoco cobra pagas extraordinarias ni tiene vacaciones pagadas. Y si se pone mala: “Sé que me votarían rapidito”. Dori, que cobra 400 euros al mes por 6 horas de trabajo diario, asiente con la cabeza: “A mí me pasa igual, como me queje me largan”.

Agencias que se lucran con el trabajo doméstico

Vanesa, por su parte, trabaja para una agencia, pero su situación es aún peor que la de Matilde. Esta vecina natural de Córdoba, de 35 años, madre de tres hijos a los que está criando en soledad, limpia casas, escaleras y oficinas a seis euros la hora, mientras la empresa cobra por cada hora de trabajo de Vanesa más de 13 euros a los clientes que contratan los servicios de la agencia. Gana más la empresa por su trabajo que ella misma.

Esta mujer, que reconoce que acude con regularidad a los supermercados sociales y a órdenes religiosas a por alimentos para dar de comer a sus tres hijos, trabaja diariamente entre 7 y 10 horas, pero raramente supera los 500 euros de salario y sólo está dada de alta tres horas al día. “Un infierno, yo no puedo más, pero adónde voy si tengo que criar a mis hijos”, se lamenta.

Yolanda también trabaja limpiando casas y escaleras, pero sin dar de alta, en negro: “Unas veces me pagan a 8 euros la hora y otras a 10, pero ningún mes gano más de 500”, cuenta esta empleada de hogar que oficialmente no trabaja pero sin su trabajo su casa se vendría abajo porque muchos meses es el único ingreso que entra en un hogar con dos niñas y su marido.

Lidia, nombre ficticio, acudió el pasado domingo a una manifestación de la Plataforma de Empleo del Hogar en Sevilla, pero lo hizo con peluca y gafas oscuras para que no la reconozca la familia para la que trabaja: “Es una familia muy seria y si ven esto me podrían despedir”, comenta esta señora nacida en Perú hace 50 años y que lleva 9 de interna, trabajando 24 horas de lunes a sábado, por 800 euros al mes. Aunque está dada de alta en la Seguridad Social en el régimen especial de empleadas de hogar, afirma que “no tengo derecho a nada”.

Son las políticas públicas, no las familias

Al lado de Lidia está Clotilde, originaria de Burkina Faso, que cuida a dos gemelos, limpia la casa de la familia y cocina para todos ellos por 600 euros al mes. El caso de Clotilde es, según la Plataforma de Empleo del Hogar, un caso de buenas prácticas por parte del empleador, ya que su jornada es de 20 horas a la semana. A pesar de que su situación no es precaria, Clotilde se ha organizado con otras compañeras del sector para que “mejore nuestra situación y tengamos mayor salario para poder vivir mejor”, relata.

Silvia Villalba, portavoz de la Plataforma Empleo del Hogar, se queja de que no exista la protección por desempleo: “A muchas las echan del trabajo cuando quedan embarazadas e incluso se dan episodios de abusos sexuales en el interior de las viviendas que denunciamos con mucha discreción para proteger a las mujeres”, cuenta la activista a este periódico. “Es una cuestión de políticas públicas, no se trata de ir a por las familias. Queremos que los cuidados queden en el centro y se derogue la enmienda 6777 de los Presupuestos Generales del Estado”, arenga Silvia, líder de una plataforma en la que participan Cáritas, CCOO y Cruz Roja, entre otras muchas organizaciones.

Sin derechos hasta 2024

Entre 2011 y 2012 se aprobaron sendas leyes para regular las relaciones laborales del servicio doméstico, en las que se recogían una serie de mejoras para establecer derechos a las trabajadoras del hogar, lo que supuso un avance en materia de cotizaciones a la Seguridad Social. La legislación recogía que en 2019 estas trabajadoras pasarían a cotizar en el Régimen General de la Seguridad Social y no se ha hecho efectivo.

Ha llegado 2019 y las empleadas del hogar siguen en la misma situación. O peor, porque a medida que el Estado del Bienestar ha ido recortándose han sido las mujeres las que han amortiguado el golpe social con empleos poco reconocidos socialmente cuyo salario medio ronda los 350 euros, según la Plataforma Empleo del Hogar.

Toda la esperanza de este colectivo estaba en 2019, pero PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canarias, Nueva Canarias, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro aprobaron una enmienda a los presupuestos generales del Estado en mayo que abortó la entrada de las trabajadoras del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social en la fecha prevista; quedándose postergado hasta 2024, cinco años después, y violando la esencia de las leyes aprobadas en 2011 y 2012, así como la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente en empleo de hogar y cuidados que España aún no ha ratificado y, por tanto, no ha sido introducido en el ordenamiento jurídico español.

Lógica patriarcal de los cuidados

Mientras tanto, las empleadas de hogar están organizándose por todo el territorio estatal para conseguir la derogación de la enmienda que retrasa su derecho a vacaciones, a cotizaciones justas, a un salario decente, a una pensión digna y a ser tratadas como lo que son, una parte fundamental para el bienestar de nuestra sociedad y economía sin cuyo trabajo el funcionamiento del país sería inviable.

“Necesitamos que los cuidados estén en el centro y sacarlos de la lógica patriarcal que los minusvalora e invisibiliza”, sentencia Silvia Villalba, una de las activistas del incipiente movimiento de empleadas de hogar. Su primera victoria ha sido en el Ayuntamiento de Sevilla, que ha aprobado una moción en el sentido de sus demandas, aunque sin efectividad porque los consistorios no tienen competencia sobre legislación laboral.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), 637.000 personas, en un 96% mujeres, trabajan en el servicio doméstico en España, siendo el 70% mujeres migrantes, aunque las entidades estiman que pueden ser muchas más porque las personas migrantes con nacionalidad española no aparecen como extranjeras en los datos de la Seguridad Social. En Andalucía, registradas en la Seguridad Social están 46.000 personas, aunque la cifra de trabajadoras reales podría ascender a 60.000 personas por el alto índice de contratación en negro.

(Fuente: La Voz del Sur / Autor: Raúl Solís)

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