Pastora Filigrana (abogada): “Las temporeras de la fresa no tienen ni una copia de su contrato. Huelva es un agujero de oscuridad”
La abogada especialista en derechos humanos, Pastora Filigrana, critica la falta de inspecciones laborales en los asentamientos de las trabajadoras. “Si quieres trabajar, te tienes que acostar conmigo. Puedo comprarte un piso en Rabat y ropa para tu hijo”. Esta es la realidad que viven las temporeras de la fresa de Huelva, miles de mujeres marroquíes llegadas a España con un acuerdo de tres meses de empleo y alojamiento, un periodo que podía otorgar a sus familias medios para vivir el resto del año.
Una vez en las fincas, las promesas con las que han viajado desaparecen. Viven recluidas, apenas se las deja salir de unos recintos en pésimas condiciones, trabajan más horas de las acordadas, no están ingresando el dinero que se estableció y son víctimas de abusos, agresiones sexuales y amenazas.
Su situación se ha conocido gracias a la denuncia de 9 mujeres, que relataron el acoso sufrido por parte de sus superiores, y que ahora se encuentran escondidas en un pueblo andaluz a la espera de ser llamadas por el juzgado. Pero no han sido las únicas. Ya en 2014 una sentencia condenó a tres hombres por acoso sexual y delitos contra la integridad moral. Uno de ellos “encañonó con ánimo jocoso a una trabajadora con una escopeta, mientras ella trataba de huir y ocultarse”, según indica el texto.
Pastora Filigrana es una abogada sevillana especializada en derechos sociales. Ha trabajado en el movimiento asociativo gitano, en la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla y en el Sindicato Andaluz de Trabajadores. También ha formado parte de la asociación de juristas 17 de marzo, en defensa de los derechos humanos y colectivos, y actualmente forma parte de la cooperativa Jarsia contra los abusos políticos, hipotecarios y patronales.
Pastora conoce desde hace años la situación que viven las trabajadoras del campo. Las organizaciones en las que colabora llevan mucho tiempo luchando por mejorar las inspecciones de trabajo en estas zonas. Habla con AmecoPress para explicarnos cómo los propietarios y manijeros impiden que los sindicatos realicen su trabajo e informen a las trabajadoras de sus derechos. “Huelva es un agujero negro de oscuridad”.
¿Desde hace cuánto tiempo trabajas en los casos de mujeres temporeras de la fresa?
Desde 2005. El SAT, la asociación pro-derechos humanos de Andalucía y la Oficina de Derechos Sociales de Sevilla participábamos en la mesa del temporero de Huelva. La función era mediar, hablar con las trabajadoras que venían y denunciar las situaciones de abuso. Tanto de las temporeras que trabajan en las fincas como de los asentamientos de inmigrantes que hay alrededor. Y es que, como siempre falta mano de obra, alrededor de las fincas hay asentamientos de personas subsaharianas que son contratadas puntualmente cuando se necesitan en la campaña.
¿Cómo se accede a la información de este tema? Porque los sindicatos hacen mucho hincapié en el aislamiento de estas mujeres. Tienen difícil el acceso y el poder hablar con ellas.
Las fincas son muy inaccesibles porque son territorios privados. Las trabajadoras no hablan el idioma y prácticamente no salen del recinto, solo puntualmente. Ha habido denuncias de todo tipo: nos han dicho que se les retiraba el pasaporte para que no se pudieran marchar, que no se les permitía salir si no eran acompañadas… Esto provoca que, cuando los sindicatos quieren informarlas de un convenio o de sus derechos -para que ellas mismas sepan si se están cumpliendo o no- lo tengan muy difícil. Si salen al exterior lo hacen acompañadas, y al acercarnos para hablar con ellas o informarlas rápidamente aparecen los manijeros o los encargados y no nos lo permiten.
Estos son los enfrentamientos que hemos vivido durante todos estos años. Todo ello junto a las escasas inspecciones de trabajo que se realizan, insuficientes para una campaña como esta, donde hay unos 125.000 trabajadores. Una magnitud enorme. Además, el convenio del campo – que ya de por sí es pobre- ni siquiera se cumple. Son 40 euros al día por casi 40 horas de trabajo a la semana y no obtienen ni eso.
¿Solo recibís información cuando alguna de ellas se pone en contacto con el sindicato?
Sí, las trabajadoras marroquíes y, anteriormente, también las de Europa del este son las que nos han narrado todo este tipo de cosas. Contactan con los sindicatos y dicen que no les pagan, que no les dan horas extraordinarias, que no las dejan salir…
¿Tradicionalmente estos trabajos de recogida de la fresa los han ejecutado siempre mujeres?
No, los trabajos los realizaban hombres y mujeres de Andalucía, Portugal y Marruecos, principalmente. Pero hay un momento de inflexión, después de los años 90, en el que se empieza a decir que se prefieren mujeres. Ellos lo justifican diciendo que crean menos conflictividad. En mi opinión, lo que se esconde detrás de eso es que ellos creen que hay más sumisión, se creen más capaces de manejar a una cuadrilla de mujeres que de hombres.
La versión oficial que dan es que son más delicadas para el trabajo de la recogida de la fresa, lo cual para mí es un estereotipo machista, igual que decir que crean menos conflictividad.
¿Se solicita expresamente que sean marroquíes?
Inmigrantes son siempre porque se trata de contratos en origen. Es decir, cuando la población autóctona no puede cubrir todos los puestos de trabajo se contratan en el extranjero a otras personas que van a venir expresamente por un tiempo determinado a hacer esa campaña y después vuelven a su país. En este caso el acuerdo es con el Gobierno marroquí.
¿Qué más requisitos se imponen?
Los empresarios lo que hacen es dirigir una solicitud al Ministerio de Trabajo de Marruecos. En esa solicitud explican la cantidad de personas que necesitan y las condiciones que se requieren. La selección la forman mujeres de hasta 45 años, con experiencia en el mundo rural y que tengan cargas familiares en Marruecos, para garantizar que vuelven a su país. Eso se exige en Marruecos porque se ha detallado previamente con los empresarios de Huelva.
No podemos acceder a las solicitudes donde se recogen estos requisitos porque no están publicadas, pero el Gobierno de España no desmiente que sea así. Hay una investigadora marroquí que ha demostrado que es cierto, esos son los documentos que tienen que presentar las mujeres en el Ministerio de Trabajo y todas las que vienen cumplen exactamente ese perfil. Son o casadas, viudas o divorciadas pero con hijos menores a su cargo.
¿Es legal establecer requisitos que pertenecen a la vida personal de las personas contratadas?
Pensamos que no debería ser legal, pero hasta ahora es como se viene practicando. Creemos que es inconstitucional atender a la condición de la persona para contratarla, y no únicamente a su actitud laboral.
¿Se puede acceder a los contratos de estas temporeras?
Esa es una de las cuestiones que teníamos solicitada a la inspección de trabajo. A las mujeres no se les da ni una copia de su contrato.
¿Se les informa en algún momento de las condiciones de vida que van a tener?
Se supone que el Ministerio de Marruecos les informa. Ellas sí saben que van a trabajar unas siete horas al día, que las jornadas son 40 euros, que no tienen que pagar alojamiento y que las horas extraordinarias se las tienen que pagar un 75% más. Lo que pasa es que luego se frustran porque no se cumplen. Les piden dinero por alquilarles las casas donde viven, cuando eso debía estar incluido dentro del contrato, trabajan mucho más de lo que les dicen, les pagan menos de lo que les dicen… Eso es lo que se está denunciando
¿Cómo son los asentamientos en los que viven? ¿En qué condiciones están?
Las ONG publicaron el año pasado un informe sobre los asentamientos de Huelva en el que se afirmaba que al menos un 30% de las fincas que se han podido visitar no cumplen las condiciones de habitabilidad. No tienen agua, no tienen luz, son casas prefabricadas o viven entre 8 o 10 mujeres en un espacio muy pequeño.
¿Cuántas mujeres han denunciado abusos sexuales hasta el momento?
Han denunciado 9 mujeres en concreto, las que pudieron ponerse en contacto con los sindicatos. Fue el SAT el que las sacó de allí y las llevó a la Guardia Civil para que pusieran la denuncia.
En ese momento, el empresario se pone nervioso y comunica al resto de las mujeres que se ha terminado su contrato. Las intentaron llevar de vuelta a su país metiéndolas en un autobús, pero la Guardia Civil actuó a tiempo y consiguió que ese autobús no saliera.
Estas mujeres relatan que tienen muchísimo miedo y que han abusado de ellas. Son cuestiones tremendamente difíciles porque les ocurre dentro de una finca alejada, ¿qué mecanismos articulan para poder denunciar? Tendrían que escaparse, caminar un montón de kilómetros hasta un puesto de la Guardia Civil y denunciar, sin conocer el idioma.
Ahora, la empresa ha presentado una denuncia firmada por 131 mujeres marroquíes que niegan los abusos denunciados por esas 9 trabajadoras. Esto es algo insólito porque, si se produce un abuso, ¿cómo saben todos tus vecinos que eso es falso? No han estado presentes todo el tiempo.
Yo creo que esto no va a prosperar porque no tiene ningún sentido, no son personas que hayan sido testigos de los hechos. Pensamos que han sido coaccionadas por la empresa para que firmen. Puede ser una maniobra de la empresa para limpiar su nombre, propaganda. Estas mujeres dependen de ese trabajo para subsistir, y para volver el año que viene.
Las mujeres casadas necesitan el permiso de sus maridos para venir a la recogida de la fresa. ¿Temían que no se lo concedieran por las noticias que se están publicando?
Claro, aquí hay muchos intereses. La situación es muy compleja y muy peligrosa. Estas mujeres se han atrevido a hablar pero si hay más casos como estos va a ser muy difícil que las mujeres denuncien. No quieren que los escándalos salgan a la luz porque temen no volver a ser contratadas, bien porque su familias no les dejen, bien porque la empresa no quiera. Con lo que ganan aquí por tres meses viven gran parte del año sus familias en Marruecos.
Las 9 denunciantes se encuentran escondidas en un pueblo andaluz, protegidas por el SAT. ¿Hasta cuándo tendrán que seguir en esta situación?
La denuncia está en la Guardia Civil, ahora tiene que pasar al juzgado y tendrán que ir a declarar para ratificarla. La Fiscalía ya está investigando este asunto y no sé si algunos más. Ahora tienen que esperar a que se admitan en el juzgado las denuncias y tenga lugar el juicio.
¿Qué harán mientras llega ese momento?
No lo sé. A esas mujeres les vence su tiempo de residencia y trabajo. Quizá puedan volver a Marruecos, pero de alguna forma tenemos que garantizar que puedan regresar a España para su juicio, porque si no pasará como en muchas otras ocasiones, que se pone la denuncia pero después no prospera porque las mujeres no vuelven al país. Tienen mucho miedo, porque la situación en Huelva realmente es peligrosa, hay muchos intereses económicos ahí.
En 2014 hubo una sentencia por este tipo de abusos, ¿qué se necesita para que prospere una denuncia así?
Se requiere que el testimonio de las víctimas sea contundente, que haya testigos de los hechos, y que haya valentía por parte del juzgado. En 2014 hubo tres condenas por unos hechos muy crudos. La sentencia fue por acoso sexual y contra la integridad moral, insultos, acoso y amenazas.
¿De qué forma se puede controlar a los capataces? ¿Qué medidas son necesarias para que esto no vuelva a repetirse?
No tenemos ninguna garantía de que no esté pasando en otros lugares, porque no existen protocolos para que las mujeres puedan saber dónde pueden ir si esto está sucediendo.
Lo que pedimos son más inspecciones de trabajo, que vean los sitios donde viven, si hacen horas extra, si se cumple el salario prometido, si ellas tienen copia de su contrato… También que las mujeres tengan relación con algún dispositivo, ya sean ONG o entidades a las que ellas sepan que pueden acudir si tienen problemas. Reclamamos que existan fórmulas para que su voz se escuche.
La patronal fresera debería ser la primera interesa en que se hicieran inspecciones. Eso sería mostrar transparencia y repercute en su propia imagen. Ahora mismo en las empresas de Huelva hay un agujero negro de oscuridad.
En varios reportajes de medios españoles las administraciones públicas de la zona no reconocían que existiera un problema en estas plantaciones. Ni el Instituto Andaluz de la Mujer, ni el Servicio de Salud de Huelva… ¿Por qué este desconocimiento?
Porque son zonas de oscuridad absoluta. Se les está pidiendo heroísmo a las mujeres. ¿Cómo consiguen denunciar abusos sin protocolos establecidos? No explican cuáles son porque no existen. ¿Dónde están los mediadores interculturales o los trabajadores sociales? No tienen la información porque no se han preocupado de ir a buscarla.
(Fuente: Nueva Tribuna / AmecoPress)
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