Almería: Greenpeace presenta una demanda ante el TSJA para agilizar el derribo del hotel ilegal del Algarrobico

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Greenpeace ha formulado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que obligue al Ayuntamiento de Carboneras (Almería) a calificar el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata en El Algarrobico como espacio protegido no urbanizable y a anular la licencia municipal de obras que se concedió en 2003 con el fin de agilizar la apertura de un expediente de demolición del inmueble.

La demanda, admitida a trámite, se suma a las presentadas ante diversas instancias por otros colectivos conservacionistas como “Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar”, que pide también la misma modificación de la normativa urbanística en lo que se refiere al paraje de “El Canillar” donde también estaba previsto por parte de Azata desarrollo urbanístico residencial o “Salvemos Mojácar”.

La demanda de Greenpeace, consultada por Europa Press, alega, entre otras cuestiones, que, si bien el Ayuntamiento carbonero anunció en diciembre de 2017 que clasificaría el Algarrobico como espacio protegido, con una servidumbre de protección de 100 metros, “no ha cumplido la promesa”. En concreto, y con anterioridad a la última sentencia evacuada en abril por el Tribunal Supremo (TS) que obliga en firme al consistorio a modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en este sentido, inició un expediente 348/2017 con objeto de adaptar el planeamiento municipal fallos.

No obstante, según remarca el colectivo ecologista, “han trascurrido cinco meses y el Ayuntamiento de Carboneras sigue clasificando a El Algarrobico como suelo urbanizable en el PGOU”. “Hasta la fecha el Ayuntamiento de Carboneras no ha cumplido ninguna de las sentencias enumeradas por lo que cabe la posibilidad de que tampoco cumpla la sentencia de abril de 2018 del Tribunal Supremo”, lamenta.

Al hilo de esto, argumenta que no está solicitando “la nulidad de una disposición de carácter general, el PGOU, mediante el procedimiento de revisión de oficio del artículo 106 de la Ley del Procedimiento Administrativo” sino que interesa que se obligue al Ayuntamiento “a modificar el PGOU de acuerdo con lo ordenado en sentencias firmes”.

Con respecto a la revisión de oficio de la licencia municipal de obras, avalada por una sentencia en firme del Alto Tribunal andaluz “que no entró en el fondo del asunto por un defecto de forma”, alega Greenpeace lo mismo que lo sostenido por otros colectivos conservacionistas en sus demandas encaminadas a agilizar el derribo del hotel.

Señala, así, que el inmueble no dispone de licencia municipal de obras ya que la que se le concedió en el año 2003 ha incurrido en causa de “caducidad insubsanable”, por lo que el Ayuntamiento estaría obligado a abrir expediente de demolición para que se proceda a su derribo. En concreto, indica que la cláusula quinta de la licencia de obras del Hotel Azata del Sol, concedida el 13 de enero de 2003 por la Comisión de Gobierno municipal, establece que la validez de la misma es de 30 meses, “por lo que caducó el 13 de julio de 2005”.

Recuerda que el establecimiento tiene las obras paralizadas por orden judicial desde el 21 de febrero de 2006 y que, si bien los 30 meses son prorrogables por otros 12 una sola vez, “en la actualidad la licencia de obras, de acuerdo con el artículo 173 de la LOUA, ha incurrido en causa de caducidad insubsanable”. “Ya no se pueden obtener más prórrogas, ni conceder una nueva licencia de obras a un inmueble ilegal e ilegalizable que invade la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terreste y está construido en terrenos protegidos dentro del parque natural Cabo de Gata-Níjar, lo que significa que es manifiestamente incompatible con la ordenación urbanística de acuerdo con el artículo 183.1 de la LOUA”, subraya.

Greenpeace concluye, de acuerdo a esto, que procede obligar al Ayuntamiento a iniciar un expediente de demolición del inmueble “sin necesidad de revisar la licencia de obras aunque sea nula de pleno derecho, por haberse concedido en espacio protegido e invadiendo la servidumbre de protección de costas, según se ha manifestado reiteradamente”.

“La discrecionalidad del Ayuntamiento de Carboneras para planificar urbanísticamente el municipio tiene los límites establecidos en las normas generales por las que se rige todo Estado de Derecho que es el respeto por las leyes y las resoluciones judiciales”, destaca para finalizar asegurando que la “discrecionalidad municipal no le permite haber concedido una licencia de obras a un inmueble que es manifiestamente ilegal por ser contrario a la normativa y a las sentencias firmes”.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha indicado que el objetivo es agilizar el derribo del hotel ante el no cumplimiento de sentencias por parte del consistorio y ha lamentado que “tengamos que hacer lo que no está haciendo la Junta de Andalucía”. “Desde que el Tribunal Supremo instó al Gobierno andaluz a acudir a la vía civil para hacerse con la propiedad efectiva del suelo sobre el que se levanta, no ha hecho nada. No tenemos constancia de que haya iniciado el procedimiento”, ha asegurado Marcos.

Por último, ha urgido a actuar para la retirada de las tres grúas de gran tonelaje que continúan en la playa desde que se paralizó la obra a más del 90 por ciento en el año 2005 “con el consiguiente peligro para los bañistas”. “Se retiró una que estaba sobre la garita del vigilante de seguridad pero con respecto a las otras tres no se ha hecho nada”, ha concluido.

(Fuente: TelePrensa)

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