Juicio y petición de cárcel para los okupas que rehabilitaron Fraguas, un pueblo abandonado de la provincia de Ciudad Real

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Este viernes comienza el juicio en que la Junta de Castilla-La Mancha solicita cuatro años y medio de prisión para seis personas que ocuparon y reconstruyeron un pueblo abandonado en mitad de la Sierra Norte de Guadalajara. La Junta pide para cada acusado dos años de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio y dos años y cuatro meses más por usurpación de monte público. A esto se añaden 26.779 euros para sufragar la demolición de las casas que han rehabilitado. Los seis okupas asisten atónitos al órdago del Gobierno autonómico. No entienden por qué no se les demanda por vía administrativa, como se hace con cualquier otro okupa, y suspiran ante la posibilidad de ingresar en prisión por el simple hecho de devolver la vida a un pueblo abandonado.

“El jueves pasado recibimos la citación, solo nos han dado una semana, cuando lo normal es tener mucho más tiempo para preparar el juicio”, protesta Jaime Merino, uno de los seis acusados. El juzgado de lo penal número 1 de Guadalajara les ha denegado tambien la defensa testifical. “Intuimos que es para no tener que notificar a los testigos la asistencia y poder proceder con el jucio de esta manera tan rápida”, denuncia el acusado. La Junta de Castilla-La Mancha inició medidas judiciales en 2014 y hace poco más de un año confirmó la petición de cárcel. Los okupas (o moradores, como ellos se definen) dicen que eso, en lugar de amedrentarles, les dio un impulso aún mayor.

Hace un año, el proyecto de repoblación de Fraguas se encontraba aún en pañales. Había tres casas reconstruidas, unos huertos y un cercado. Hoy hay seis casas, un taller, paneles solares, caminos transitables y un proyecto de reforestación que sirve como escuela para grupos de jóvenes ‘scouts’ procedentes de Guadalajara, Madrid o Barcelona. También grupos de estudiantes de Ciencias Ambientales y Geología de la Universidad Autónoma de Madrid han hecho de Fraguas su particular campo de investigaciones.

Todo ello no exime del delito a los moradores: han usurpado monte público y urbanizado una pequeña aldea en mitad de un parque natural. “Cuando llegamos a Fraguas, nunca pensamos que la Junta de Castilla-La Mancha pediría prisión para nosotros. Sabíamos que podrían pedir a un juez que ordenase el desalojo, pero nunca esto. Todos los vecinos de los pueblos de alrededor nos apoyan, saben que trabajamos sin descanso, aquí no nos dedicamos a montar fiestas”, afirma Merino. El pasado fin de semana, unas 200 personas se manifestaron ante la delegación de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural en Guadalajara para protestar por la denuncia.

Unas 15 personas residen hoy en Fraguas. Hay arquitectos, sociólogos, profesores y estudiantes universitarios. La media de edad no supera los 30 años, lo que convierte a este pueblo, paradójicamente, en el más joven y con mayor crecimiento demográfico de toda la Sierra Norte de Guadalajara, uno de los puntos más castigados por la despoblación en toda España. En Monasterio, municipio al que pertenece Fraguas, solo hay 16 empadronados, y el resto de municipios cuenta con cifras similares.

“Lo primero que hay que reseñar es que Fraguas no es un pueblo”, subraya la delegación de la Junta en Guadalajara. “Dejó de ser considerado así administrativa y jurídicamente a finales de los sesenta, y no se puede levantar un núcleo de población aislado en un espacio que no está catalogado para ello. Por tanto, Fraguas es un asentamiento en un monte de utilidad pública que, además, está en un espacio natural protegido”.

Y puntualiza: “En el ordenamiento jurídico, cada delito lleva aparejado unas posibles penas. Lo que hicimos desde la Administración regional fue poner nombre a lo que allí se estaba produciendo y a partir de ahí dejamos que la Justicia actúe. Es totalmente inviable tener informes y denuncias que dejan constancia de que se está vulnerando la legalidad y mirar para otro lado. Somos totalmente favorables a iniciativas de repoblación. Ojalá el asentamiento no estuviera en Fraguas, si no en cualquiera de los más de 400 núcleos de población con que cuenta esta provincia”.

Fraguas, en realidad, era un pueblo relativamente próspero hasta el año 1968, cuando sus cerca de 100 habitantes, que vivían de los pastos y la ganadería, fueron obligados a abandonar sus tierras por la dictadura, previo pago de una magra indemnización. Las excavadoras demolieron la aldea para dejar en su lugar un extenso pinar, aunque todavía se conservan el cementerio y algunas paredes de la iglesia y la plaza mayor. Desde entonces, ha sido coto de caza y hasta los años noventa, también tablero de prácticas militares. Los terrenos pertenecen hoy a Monasterio, pero son gestionados por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha. En los últimos 20 años, Fraguas ha servido para poco más que albergar una balsa de agua para uso forestal y distraer en su recorrido a ciclistas y senderistas.

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Diálogo roto

“La Junta tiene potestad para desalojar un terreno de su propiedad si así lo considera, o de establecer un diálogo con los moradores. Porque aquí no hablamos de que estas personas estén perjudicando el parque natural, de hecho su proyecto se basa en el respeto al medio ambiente. Por eso parece desproporcionado, casi diría un ensañamiento, que la Junta vaya por la vía penal en lugar de la administrativa. Los habitantes de Fraguas no niegan que sus construcciones se han hecho sin permiso, solo reivindican que es su manera de ayudar a las poblaciones rurales a dotarse de medios para sobrevivir”, indica Erlantz Ibarrondo, abogado de los seis acusados. “Cuatro años de cárcel es una petición muy dura. La Fiscalía, por ejemplo, solo pide dos”.

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, acusación en este juicio, ha afirmado en otras ocasiones que además de ser inviable permitir un asentamiento en Fraguas porque se encuentra en mitad de un parque natural, hay un alto riesgo de incendio. Los moradores señalan que Fraguas ya existía siglos antes de que la zona fuera declarada monte protegido y se prestan a aceptar y colaborar en el diseño de un plan contra incendios en el pueblo.

“Solo pedimos una pequeña concesión de terreno, y si en unos años la Junta cree que nuestro proyecto de repoblación no es interesante, que la cancele”, solicita Merino. Ningún representante de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural ha visitado el pueblo en estos 12 meses, según indican los acusados. Sí han recibido, sin embargo, visitas procedentes de varios países europeos. “Hemos recibido muchas donaciones desde que nuestro caso saltó a la prensa internacional, lo que nos está ayudando a pagar el proceso judicial. Antes teníamos planes muy básicos y ahora contamos con asesoramiento en bioconstrucción, en orientación de las casas, en los revestimientos para conservar la arquitectura tradicional. Hemos reforestado con especies autóctonas. Estamos consiguiendo que Fraguas sea una plataforma de contacto de las gente con el medio rural”, indica el portavoz de los okupas.

El viernes se celebra la primera vista oral de un juicio que se prevé largo. Frente a frente, el cumplimiento estricto de la legalidad en suelo público contra un novedoso proyecto de repoblación en una zona catalogada como desierto demográfico.

(Fuente: El Confidencial / Autor: David Brunat)

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Piden cuatro años de cárcel a un grupo de okupas por rehabilitar un pueblo abandonado

Si atendemos a las estadísticas, Fraguas es el pueblo milagro de la España vacía. Se encuentra en mitad de la Sierra Norte de Guadalajara, uno de los puntos más deshabitados de España, pero su población se ha multiplicado por 10 en los últimos cuatro años y su media de edad roza, si es que llega, los 30 años. Allí se produce cerveza artesanal, proliferan las huertas, se construyen casas al estilo tradicional y los vecinos se abastecen de energía solar. Un hermoso ejemplo para el resto de pueblos al borde de la extinción si no fuera por un pequeño detalle: Fraguas es, en realidad, un pueblo muerto hace casi 50 años, y sus pobladores son okupas que en 2013 decidieron desarrollar allí su proyecto comunitario. Ahora, se enfrentan a una pena acumulada de 24 años de prisión (cuatro años para los seis imputados) y 30.000 euros entre sanciones y gastos relacionados.

En la Sierra Norte de Guadalajara hay un debate acalorado desde hace días: partidarios de alentar cualquier proyecto que reviva el mundo rural contra defensores de los títulos de propiedad. Los mismos okupas y colectivos afines han iniciado una campaña solidaria en redes sociales que ya ha cristalizado en Change.org, donde más de 5.400 personas solicitan a la Junta de Castilla-La Mancha que retire la denuncia contra los ‘repobladores’ de esta aldea abandonada, bajo el argumento de que su expulsión lo único que consigue es ahogar más si cabe la España rural.

Incluso antiguos vecinos del municipio, oficialmente desaparecido en 1968, apoyan públicamente a los okupas. No entienden por qué el Gobierno autonómico persigue a unas personas que están logrando devolver la vida a un pueblo derruido en mitad de un espeso pinar, cuyas tierras no son de ningún propietario privado sino monte de titularidad pública. De hecho, los okupas de Fraguas nunca se han escondido, y en estos años han mostrado con orgullo sus avances a los lugareños y turistas que se acercaban por allí. Si la denuncia en su contra prospera en el juzgado número 4 de Guadalajara, las máquinas demolerán las tres casas reconstruidas, las otras tres en proceso de construcción y los cercados levantados con sus propios medios desde 2013.

“Nos solicitan una multa de 600 euros por la usurpación de monte público, dos años de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio, otros dos años de prisión por el delito de daños y un total de 26.677 euros en concepto de responsabilidad civil por el mencionado delito de daños (que vienen justificados por los costes de la demolición y gestión de los residuos de la misma)”, detalla uno de los seis okupas denunciados en una entrevista en el portal Regeneración. Los nuevos habitantes de Fraguas recibieron días atrás los escritos de acusación y están a la espera de recibir fecha y hora para el juicio oral.

En conversación con El Confidencial, Lalo, uno de los okupas, se reconoce “abrumado” por la repercusión que está alcanzando su caso. “Espero que todo esto sirva para que la gente nos conozca mejor y nos ayude en la persecución que estamos sufriendo por parte de la Junta de Castilla-La Mancha. Ojalá no se olviden de nosotros cuando salga la sentencia y vengan a por nosotros”. Los ‘repobladores’ son conscientes de que enfrente tienen nada menos que al Gobierno autonómico, aunque basan sus esperanzas de ganar el caso en “la incongruencia que supone fomentar la despoblación rural hoy en día”.

“La presión viene casi desde antes de okupar Fraguas, ya nos avisaron técnicos y forestales de cuál iba a ser su respuesta. En junio de 2015 nos llamaron a declarar, acusados de usurpación de monte público; [ahora] se añaden delitos contra la ordenación del territorio y daños. El interés que pueden tener es el control y el poder sobre las tierras, el mantenimiento de la propiedad y la destrucción de alternativas prácticas a su modelo de sociedad”, denuncian en la citada entrevista. Y advierten: “Nuestra estrategia a corto plazo va a ser la difusión del proyecto y la problemática legal enfrentando al poder con una carga moral de la que ellos carecen. A largo plazo, nuestra firme convicción de defender el proyecto”.

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Fraguas fue un pequeño municipio montañoso cuyas primeras referencias datan del siglo XVI. Osciló entre los 100 y 200 habitantes y vivió principalmente de los pastos y la ganadería. Sus habitantes, previo pago de una magra indemnización, fueron obligados a abandonar sus tierras en los años sesenta, bajo la dictadura franquista. Las excavadoras demolieron la aldea para dejar en su lugar un extenso pinar, aunque todavía se conservan el cementerio y algunas paredes de la iglesia y la plaza mayor. Desde entonces ha sido coto de caza y hasta los años noventa también tablero de prácticas militares. Los terrenos pertenecen al aledaño Ayuntamiento de Monasterio (16 habitantes) y son gestionados por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha. En los últimos 20 años, Fraguas ha servido para poco más que albergar una balsa de agua para uso forestal y distraer en su recorrido a ciclistas y senderistas.

“Descubrimos Fraguas en el año 2012. A nivel colectivo, además de las individuales, nuestras motivaciones principales para okupar, habitar y reconstruir Fraguas fueron y son a través de la comunidad, la autosuficiencia, el autogobierno y la autogestión económica. Una ansiada vuelta al campo”, resumen los ‘repobladores’. El juicio y posterior sentencia del juzgado número 4 de Guadalajara determinará hasta qué extremo los pueblos agonizantes de la España vacía pueden llegar a ser un objetivo viable para el movimiento okupa, además de abrir el debate de si es o no positivo permitir a un grupo de personas asentarse ilegalmente en aldeas y pedanías abandonadas.

(Fuente: El Confidencial* / Autor: David Bruat)

*Este segundo artículo fue publicado el 18 – 04 – 2017)

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