CGT denuncia que la Junta elimina 600 plazas en educación
La errática política de la Junta de Andalucía conduce al desmantelamiento de la escuela pública en beneficio de la enseñanza privada. Para el próximo curso 2016/2017 la Consejería de Educación prevé cerrar numerosas aulas en la mayoría de las localidades andaluzas, que desde CGT calculamos pueden superar las seiscientas aulas en toda Andalucía.
Este hecho supone un ataque en toda regla a la escuela pública, que va retrocediendo frente a la privada debido a las erráticas políticas de la Junta de Andalucía desde hace ya más de treinta años pero que se han incrementado en los últimos cursos. Según datos de PADEI (Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil), del curso 2010- 2011 al 2014- 2015 el alumnado matriculado en el segundo ciclo de educación infantil en Andalucía ha disminuido en la enseñanza pública en 15.333 alumnos/as, lo que supone un descenso del 6,79 %. Frente a ello, la escuela privada concertada ha aumentado en 1.269 alumnos/as, es decir, en un 2,53 %. Esto ha supuesto que la escuela pública ha perdido 469 unidades en infantil, mientras que a la privada concertada la Junta le ha concedido 82 unidades más.
Estos datos son graves por sí mismos, pero lo son aún más si consideramos que estas supresiones conducen a otras en los niveles educativos posteriores (primaria y secundaria), por un efecto dominó. Cuando el alumnado de esos cursos vaya subiendo, se producirá un cierre progresivo de aulas. Esta tendencia no sólo se ha mantenido sino que ha aumentado durante el curso actual, ya que se han cerrado cientos de líneas públicas en Andalucía.
Las previsiones para el próximo curso son igualmente muy preocupantes, ya que la Junta prevé la supresión de unas seiscientas aulas en los centros públicos. Lo que provoca el cierre incluso de centros enteros como la Escuela Infantil Nuestra Señora del Carmen de San Fernando (Cádiz) a la que el próximo curso se le suprimen sus últimas tres unidades de cinco años, que sumadas a las 3 unidades de cuatro años suprimidas el curso pasado y a las 3 de tres años del curso anterior, suponen el cierre total del centro, que posee unas fabulosas instalaciones y una trayectoria de más de cuarenta años siempre con gran demanda y prestigio en la localidad.
Sirva de ejemplo las supresiones en algunas localidades gaditanas como Algeciras donde se prevé suprimir unidades en colegios públicos como el General Castaños, Nuestra Señora de Europa, o el Gloria Fuertes; San Fernando en el Camposoto, el Puente Zuazo, el Raimundo Rivero o el Eritheia; Sanlúcar en el Blas Infante, el Virgen de la Caridad, el Princesa Sofía, o el Maestra Rafaela Zárate; Chiclana en el Sancti Petri, en el Al Ándalus, en Las Albinas o en el Atlántida; en Jerez en el Alfonso X El Sabio, en el Andrés de Ribera, en el Torresoto, o en el Arana Beato.
Un caso significativo es el del centro Los Molinos, de Vejer: donde se suprime de 1 unidad de cuatro años, que se suma a otra de tres años del curso pasado, lo que puede suponer la pérdida del profesorado de apoyo. Es un caso paradigmático de esta nefasta política educativa del gobierno andaluz. En primer lugar porque se da un trato de favor a la escuela privada al mantener un concierto educativo con un colegio privado que apenas tiene demanda en la localidad. Esto refleja una pésima planificación de la Delegación de Educación ya que acaban de hacer definitivos a varios profesores/as en ese centro que ahora tienen que salir desplazados del mismo por falta de clases. Pero, sobre todo, supone un perjuicio para la atención educativa del alumnado y en especial del que tiene más necesidades de apoyo educativo, ya que el quedar solo con cuatro unidades se pierde un profesor de apoyo.
Otro caso esclarecedor es el del CEIP El Vaporcito, de El Puerto de Santa María al que se cierra 1 unidad de tres años. Con lo que en los últimos cursos ha pasado de tener tres líneas a tener únicamente una, curiosamente el mismo tiempo desde que le concedió al colegio privado de La Salle el concierto de la educación infantil. Es curioso el caso de La Salle entidad privada religiosa a la que le han concedido nuevas unidades en localidades en las que a la vez cierran las públicas: no solo en El Puerto, también en Chiclana o Puerto Real por ejemplo.
Otro ejemplo es el de la ciudad de Úbeda, donde se clausuró el colegio “Matemático Gallego Díaz”, hace unos años, y unidades escolares del “Virgen de Guadalupe”. Este centro educativo, en el curso escolar 2012/2013, contaba con nueve unidades de Educación Infantil y, en los tres cursos siguientes, perdieron tres, se encuentran con seis. Recordamos que, en 2014/2015, se quedaron con una línea menos de Segundo de Educación Primaria, y para 2016/2017, está prevista la eliminación de otra de ellas en quinto de primaria. Este centro ha pasado de 27 unidades a 18.
Esta política privatizadora de la Junta de Andalucía explica casos como el de Granada capital donde ya más del 60% del alumnado está escolarizado en la enseñanza privada concertada (lo mismo sucede en gran parte de las capitales provinciales y grandes ciudades andaluzas, por ejemplo en el caso de Cádiz ciudad este año se han ofertado 24 unidades de tres años en la privada concertada por tan solo 20 en la pública). En el caso de Granada año tras año se siguen suprimiendo unidades en la pública mientras se mantienen algunas unidades de la concertada sin ni siquiera tener demanda como en bachillerato con una ratio de 8 a 10 alumnos/as en ocasiones.
En barrios de clase trabajadora como es La Chana (Granada) se ofertan un total de 50 plazas en la pública para alumnado de 3 años frente a 150 plazas de 3 años en la concertada del barrio. Ello supone que algunos centros públicos se estén convirtiendo en guetos. En la zona Norte, barrio con grandes necesidades, muy tocado por el desempleo, la precariedad y la pobreza, los centros públicos no están ofreciendo plazas suficientes para el comedor escolar al alumnado, en consecuencia las familias eligen centros concertados donde no se limita el acceso al comedor escolar.
Otro ejemplo significativo es el de Motril localidad en la que se llevan suprimidas 5 unidades en la pública desde 2013, ninguna en la concertada. Parece que la natalidad solo afecta a la escuela pública. Ante las demandas de las familias (encerradas desde el lunes como medida de presión) del CEIP Garvayo Dinelli, la Delegación de Educación plantea que si no se suprime en este centro público”bilingüe” que entonces deberán suprimir en el otro centro público de la zona el CEIP Los Álamos que no es bilingüe. La concertada ni se plantea.
Aunque estos datos se intentan justificar atendiendo a la caída de la natalidad, no es cierto, puesto que como vemos a las escuelas privadas concertadas no se les quita ninguna unidad sino que al contrario se les aumenta. De tal forma que se oferta en las localidades demasiadas plazas para las necesidades reales, convirtiendo el proceso de matriculación en una especie de subasta y una verdadera competición de los centros por atraerse al alumnado.
En este contexto los centros privados tienen las de ganar pues no en vano son empresas privadas que buscan beneficios y que por tanto tienen “departamento de marketing dedicados a la captación de clientes” y saben vender bien su mercancía, basada básicamente en el clasismo (solo familias de clases medias ya que seleccionan al alumnado con su ideario y sus cuotas “voluntarias” al alumnado desfavorecido, a las minorías o a los que presentan problemas de aprendizaje), y en ofertar de todo tipo de servicios a gusto del consumidor.
Frente a esto la pública se ve lastrada por una falsa mala imagen potenciada por una prensa que suele sacar solo los problemas de los centros públicos y no sus logros, pero también por la nefasta política de la Consejería de Educación que no difunde bien los servicios que oferta la pública y no da las suficientes plazas de servicios necesarios para las familias. Un ejemplo práctico es la escandalosa insuficiente oferta de plazas de comedor en los centros públicos, de forma que podemos decir que todos los centros de Andalucía tienen lista de espera. Esto lleva a algunas de esas familias a tener que irse a un colegio privado concertado que sí le ofrece ese servicio.
Pero además esto tiene otro efecto perverso y que los propios centros públicos se ven abocados a competir entre sí para atraerse al escaso alumnado disponible, convirtiendo los programas educativos en reclamos en vez de surgir de un estudio riguroso de las necesidades educativas de dicho centro, véase por ejemplo el cuestionado bilingüismo.
Desde CGT consideramos que la educación como un derecho universal no debe tratarse como una mercancía sino que como derecho debe ser igual para todo el mundo, evitando los privilegios y las discriminaciones que produce el sistema actual.
La solución pasa necesariamente por una única red educativa pública que garantice por igual a todo el alumnado independientemente de donde vida una educación de máximo nivel. Es decir, pasa por eliminar de una vez por todas la anomalía de la existencia de la red privada concertada. Recordamos que este hecho de pagar con dinero público centros privados nació como algo coyuntural ante la insuficiencia de centros públicos al finalizar el franquismo y que además es una rareza en Europa.
Desde CGT defendemos la bajada de ratios y ninguna supresión más en la escuela pública. Y animamos a las familias a no entrar en el juego de confrontación entre los centros públicos. Los municipios y barrios deberían organizarse desde hoy para defender la enseñanza pública y que forcemos entre toda la ciudadanía a la Consejería para que no se renueven los conciertos educativos el próximo curso.
(Fuente: FASE – CGT – Andalucía)
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