La Justicia mexicana sospecha que se pagaron sobornos en el concurso de concesión de explotación de la mina de Aznalcóllar

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La Justicia mexicana sospecha que la multinacional de ese país que se ha quedado con la mina de Aznalcóllar (Sevilla), Grupo México, pudo haber recurrido a los sobornos para garantizarse el éxito en el concurso organizado por la Junta de Andalucía. Por eso ha abierto una investigación paralela a la que lleva a cabo la Justicia española a través del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla y por la que está imputada una ex viceconsejera del gobierno de Susana Díaz y otros seis cargos y técnicos de la Junta de Andalucía directamente vinculados al procedimiento de adjudicación.

En el marco de esa investigación, y según ha podido saber EL MUNDO, las autoridades mexicanas han pedido la colaboración de las españolas a través de una comisión rogatoria que ha recibido la Fiscalía General del Estado. México ha requerido la colaboración de la Justicia española al amparo del Tratado de Asistencia Mutua que ambos países firmaron en septiembre de 2006 y ha solicitado conocer el estado en el que se encuentran las actuaciones que instruye la juez Patricia Fernández.

Las autoridades de México investigan tanto a la multinacional Grupo México -dueña mayoritaria de Minera Los Frailes, la empresa que finalmente se ha quedado con el yacimiento sevillano- como al grupo cordobés Magtel y a su filial Minorbis, que fue la que inicialmente se presentó al concurso y que cobró una comisión de más de un millón de euros de la compañía mexicana en pago por sus “servicios”.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso este periódico, la Justicia mexicana tuvo conocimiento el pasado 6 de enero de hechos que pudieran ser constitutivos de un soborno en relación a los contratos adjudicados por Grupo México en relación a la explotación de la mina. En concreto, se refiere a los pagos que ha hecho Grupo México y sus filiales a Magtel y a su filial, como “intermediaria”.

De todo ello da cuenta la Fiscalía Anticorrupción en un escrito, en poder de este periódico, que remitió el pasado día 3 al Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla para que informe de la situación del caso y sobre las personas investigadas.

En respuesta a esta petición, la juez Fernández ya ha respondido a la petición internacional mediante un oficio en el que expone que las diligencias abiertas están pendientes de un informe de la Intervención General del Estado -un dictamen sobre la valoración de las partidas económicas del concurso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar- y de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acerca de los pleitos que sobre el yacimiento están abierto en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Siete imputados

Igualmente, detalla que ya se ha tomado declaración, en calidad de investigados, a la ex viceconsejera de Empleo -y ex directora general de Minas-, María José Asensio; y a los siguientes funcionarios y cargos públicos: Pastora Sánchez de la Cuesta, José Marcos Acosta, María Del Pilar Orche, Alberto Fernández, Juan José García y Julio Ramos, todos ellos miembros de la mesa del concurso que valoró y adjudicó los derechos de explotación de Aznalcóllar.

La investigación abierta en México se centra, pues, en la clave de las diligencias que ordenó la Audiencia de Sevilla cuando reabrió la causa -tras un archivo inicial por parte de la juez- en octubre de 2016 en virtud de un auto del que fue ponente la juez Mercedes Alaya y en el que vio “ilegalidades severas” en el procedimiento administrativo por el que la Administración andaluza otorgó en 2015 la mina.

Las sospechas, el cúmulo de irregularidades que Alaya vio en el concurso, se extendían igualmente a la adjudicación, ya que los derechos de explotación de Aznalcóllar no fueron, en última instancia, otorgados ni a Minorbis ni a Grupo México, sino a una tercera empresa, Minera Los Frailes, que Grupo México había comprado poco antes y que no participó en el concurso.

Sin embargo, en el pliego de condiciones se establecía explícitamente que la aceptación de los derechos mineros la tenía que llevar a cabo el adjudicatario, lo que significa que se habría producido un «torcimiento del derecho» en el concurso a beneficio, «injusto», de Minera Los Frailes.Todo lo anterior condujo a los magistrados a pensar que Magtel y su filial Minorbis no actuaron sino como mero «intermediario» en el concurso para que la mina acabara en manos de Grupo México. Un intermediario al que, según investiga la Justicia mexicana, Grupo México pudo haber pagado un soborno.

Grupo México y el desastre de Sonora

Esta investigación se suma a la abierta ya en relación a la catástrofe ambiental de Sonora, el mayor desastre medioambiental registrado en México, con el vertido de más de 40.000 litros de sulfato de cobre en la cuenca del río Sonora, en el estado del mismo nombre. Pero éste no es el único episodio de contaminación en el que se ha visto envuelto el Grupo México. El 6 de agosto de 2014, una presa de residuos del yacimiento de Buenavista del Cobre reventó y derramó miles de litros de sustancias tan nocivas como arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo.

Siete municipios del estado mexicano de Guerrero, 22.000 personas, se vieron afectados por la riada tóxica que envenenó cauces, pozos y la flora y la fauna que encontró a su paso. La investigación abierta por las autoridades determinó que el origen estuvo en la falta de seguridad del yacimiento.

Grupo Méxido, además, protagonizó la más grave tragedia minera de la historia mexicana, ocurrida en febrero de 2006 en el yacimiento de Pasta de Conchos. Murieron 65 mineros y siete años después las familias de 63 de ellos aún peleaban por que rescataran los cuerpos.

(Fuente: El Mundo – Andalucía / Autor: Chema Rodríguez)

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