Una manifestación contra la represión y pro derechos sociopolíticos recorre el centro de Sevilla bajo el lema: “Frente al miedo, nuestra solidaridad”

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La solidaridad hacia los ‘Seis de la Macarena’, las seis personas que pasaron desde febrero casi dos meses en prisión preventiva tras el desalojo de un edificio recién ocupado en ese barrio sevillano, fue el catalizador que reunió a organizaciones de defensa de derechos humanos, sindicales, políticas y culturales para exigir su libertad.

Pasado ya ese episodio, aunque sin haberse resuelto aún la situación judicial de las personas encausadas, 38 colectivos y entidades de la ciudad mantienen el nexo con un carácter más amplio, cristalizado en ‘Sevilla sin Miedo – Stop Represión’.

La marcha celebrada el jueves ha sido un paso más para denunciar “la gravedad de los niveles de pobreza del pueblo andaluz, su carácter ya tristemente endémico y la más grave aún solución carcelaria que desde las Administraciones se da a la conflictividad derivada de la desigualdad e injusticia económica”, como denunciaban en una rueda de prensa conjunta días antes.

La defensa de la libertad de expresión ha sido un elemento relevante en esta marcha. La ha acompañado un camión, que ha servido como escenario improvisado para que MCs pudiesen rapear ante la sede del Partido Popular, pocos metros después de iniciarse el recorrido o para que, más avanzado, mujeres recitasen poemas feministas junto a las puertas de la catedral.

El lugar de inicio de la marcha ha sido los juzgados del Prado, un sitio que se está convirtiendo en habitual espacio de solidaridad hacia personas encausadas, debido precisamente a la persecución penal que han tenido algunas formas de protesta pacífica: además del caso citado, el del ‘Coño Insumiso’, por el que tres mujeres eran denunciadas por sacar en procesión un coño gigante el 1 de mayo de 2014. Denunciadas por “ofensa a los sentimientos religiosos”, la jueza Pilar Ordoñez archivó el caso en junio de 2016 pero la Audiencia de Sevilla reabrió el caso un año después tras un recurso presentado por la vallisoletana Asociación de Abogados Cristianos. El 3 de marzo de 2019 es la fecha fijada para su juicio.

Pastora Filigrana, activista por los Derechos Humanos y “lamentablemente especializada en represión política a lo largo de mi carrera”, es la abogada defensora de las tres encausadas por el Coño Insumiso y también ha participado en la manifestación. Considera que “la represión política a la disidencia siempre ha existido porque el concepto del Estado siempre conlleva cierta homogeneización”.

En este sentido, indica que la dinámica es creciente: “A partir de la Huelga General de 2010 y con el 15M, al haber mayor contestación social hay un mayor repunte de la represión política”, reflejada en el endurecimiento de las leyes penales, un aumento de las multas, la Ley Mordaza o “el aumento de los presupuestos del Ministerio del Interior para la compra de material antidisturbios”. También advierte de los informes de Amnistía Internacional o la relatoría de Derechos Humanos de la ONU que advierten de este repunte.

Isaac es un “joven de 26 años que intentó tener un futuro en este país, volví después de un tiempo y me encontré con la misma situación. Quería tener un techo y entré en un proyecto llamado Corrala Dignidad”. Este edificio ocupado en el barrio de La Macarena se define como una herramienta contra el sinhogarismo, precisamente en el barrio donde se concentra la mayor parte de la oferta de plazas de albergues municipales. Además del apoyo a las personas sin hogar, la corrala también realiza acciones reivindicativas.

Isaac recuerda que “en uno de los actos, sufrimos la represión”. Seis personas fueron a prisión preventiva, mantenida durante casi dos meses “con la excusa de desarraigo, siendo cuatro de Sevilla”. El integrante de la Corrala Dignidad y también encausado, aunque sin tener que haber sufrido esa medida cautelar, recrimina que “todavía nadie nos ha explicado por qué a un chico de 18 años que vive en una residencia universitaria se le mete en prisión preventiva de desarraigo”.

Con la reciente sentencia firme a Valtonyc aún reciente, a la campaña Sevilla Sin Miedo también se han unido grupos y colectivos artísticos. Uno de ellos es el grupo de rap feminista ‘V de Bragas’. Algunas de sus integrantes acompañaban la marcha, como Carmen: “Precisamente, porque una de las cosas que se reivindican aquí es la libertad de expresión. Un rapero va entrar en la cárcel simplemente por unas letras. Estamos contra la Ley Mordaza y por la Libertad de Expresión”.

Sin restar importancia a la movilización social, Pastora Filigrana recalca que la organización política es prioritaria como herramienta para confrontar la represión porque “busca el miedo: aislarte socialmente y machacarte económicamente”.

(Fuente: El Salto / Autor: Paco Aguaza)

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Presentación del manifiesto “Frente al Miedo, Nuestra Solidaridad” y de la manifestación

Con anterioridad, el  martes, 15 de mayo, se presentó en rueda de prensa el Manifiesto “Frente al Miedo, Nuestra Solidaridad”  y la manifestación contra la represión y los derechos civiles y políticos del jueves 17 de mayo, convocada por decenas de colectivos sociales (agrupados bajo la Plataforma Sevilla Sin Miedo – Stop Represión), entre ellos la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

Texto íntegro del Manifiesto

“Frente al Miedo, Nuestra Solidaridad” 

Pobres y excluidas, trabajadoras, migrantes, prostitutas, feministas, ecologistas, sindicalistas, artistas, músicos, periodistas, activistas LGTBIQ+ y por la vivienda, o por cualquiera de las causas necesarias para enfrentar la crisis derivada de un modelo depredador de personas y de la vida…, todas ellas constituyen el objeto de la estrategia represiva contra todo lo que se mueva. Prohibido moverse en defensa de nuestros bienes comunes naturales y culturales, de nuestros derechos sociales y económicos y de la propia vida.

La represión es definida como la acción discriminatoria del Estado contra las personas o colectivos que considera que presentan un desafío a las relaciones de poder existentes o a sus políticas clave.

– Andalucía, un pueblo condenado a la pobreza y la exclusión

No por más cotidiana deja de ser menos alarmante la criminalización de la pobreza y su solución carcelaria, la cual es específicamente grave en Andalucía, un país que a pesar de sus riquezas humanas, naturales y culturales, sus personas y bienes han sido sometidos históricamente a una economía de dependencia y extractivismo, hasta tal punto que en el siglo XXI contamos con más de un 40% de la población en riesgo de pobreza y exclusión (y más del 33% de las niñas y niños). Más grave aún resulta constatar que estos datos seguirán creciendo y, en consecuencia, también el uso de la cárcel para esconder la conflictividad de esa injusticia económica. Esta es la situación de Andalucía, ante la que, en lugar de adopción de medidas por las Administraciones responsables de la misma, encontramos una doble política encubierta: por una parte, criminalización de los sectores más vulnerables y de las que luchan por cambiar la situación y, por otra, dejar hacer a la mafia financiera capitaneada por los bancos del IBEX35. Desde aquí declaramos que las andaluzas no aceptamos ni la imposición, ni mucho menos la criminalización de la pobreza.

– Colapso, reafirmación neoliberal y represión de la disidencia

Hoy resulta ya incuestionable que la crisis a nivel mundial se caracteriza por su especial profundidad, atravesando el conjunto de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales hasta alcanzar al propio entendimiento y concepción de la vida. En lo concreto, el colapso del modelo socioeconómico se evidencia en un desmantelamiento del escaso Estado del bienestar, en la pérdida de derechos sociales y económicos y en la mercantilización de cada vez más parcelas de la vida. Ante este panorama emergen y/o se consolidan múltiples movimientos que junto a la búsqueda de propuestas y nuevas formas de prefigurar el proceso de transición no dejan de identificar las causas y las culpables de las desigualdades y las injusticias. En este contexto se materializa la posición del Estado español que, abandonando su ya escasa tradición democrática, opta por enrocarse en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones y, distanciándose de la sociedad, no tiene reparo en atropellar para ello y de manera decidida nuestros derechos humanos más básicos, las libertades civiles y políticas.

– Deriva autoritaria y escalada represiva del Estado

De tal manera, asistimos a una deliberada e integral dinámica estatal de represión. En ese sentido, abarca desde reformas legislativas profundas (Código Penal, Ley Mordaza, Ley de tasas judiciales o reforma del Tribunal Constitucional) hasta el incremento progresivo de los gastos policiales. En cuanto a las formas, en el terreno judicial, encontramos múltiples casos de flagrante violación de la tutela judicial efectiva y de la libertad y seguridad personales, precisamente por quien debiera ser su principal garante, el poder judicial, poniendo así de manifiesto una absoluta falta de escrúpulos hacia las garantías procesales, a pesar no obstante de las condenas dictadas por el Tribunal

Europeo de Derechos Humanos y las recomendaciones internacionales de organismos como las Naciones Unidas. Todo ello, por un lado, se acompaña de un discurso vertebrado en torno al concepto de “enemigo”, sirviéndose de los medios de comunicación creadores del mismo, y, por otro lado, se retroalimenta con la cultura y la psicología del miedo.

Nos encontramos ante lo que se llama “Derecho Penal del Enemigo”, es decir, el uso de recursos públicos (leyes, policías y jueces) para perseguir a las personas y colectivos más vulnerables o a aquellas que hacen frente a las políticas que precarizan aún más nuestras vidas. En lugar de perseguir y reprender conductas y hechos, se persigue, ante todo y de forma discriminatoria, a ciertos y determinados individuos y colectivos con independencia de sus conductas y saltándose, si hace falta, las más básicas garantías judiciales.

Todo ello pone de manifiesto la intención del Estado español, y sus diversas Administraciones, desmovilizar a las personas que se organizan para que las cosas cambien, como lo prueba la existencia de decenas de personas presas, o a la espera de ser juzgadas, únicamente por su posición política. A su vez, en Sevilla hemos vivido como recientemente seis personas han permanecido dos meses en prisión provisional por su lucha por una vivienda digna, o que haya tres sevillanas acusadas por sacar en procesión el Coño Insumiso el 1º. Mayo de 2014 y aún pendientes de juicio. A la represión penal, se suma la económica por via administrativa bajo la Ley Mordaza, como las sanciones contra las libertades sufridas en Sevilla por las trabajadoras de Lipasam, por las periodistas, por las defensoras de derechos humanos o por las trabajadoras del sexo, víctimas, además, de Ordenanzas municipales que dan vía libre a los clubes y su proxenetismo. No siendo suficiente, nos usan como escenario de sus espectáculos mediáticos de propaganda policial, pues no otro fin tuvieron las “macrorredadas”, mediante el sitio durante horas de los barrios de El Vacie, Torreblanca y Polígono Sur, con el doble fin de criminalizar públicamente y de extender el miedo y el odio hacia los sectores más pobres de nuestra población.

– Frente al miedo, nuestra solidaridad

Ante esta situación, es fundamental la respuesta colectiva y el cuidarnos unas de otras, toda vez que la estrategia represiva se sostiene en el aislamiento de quienes la sufren. No aceptamos que nos criminalicen, ni por pobres, ni por disidentes. No aceptamos los recortes impuestos en nuestros derechos económicos y sociales, ni mucho menos vamos a aceptar que normalicen la negación de nuestras libertades civiles y políticas más básicas recogidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, y todo ello para conservar su modelo de acumulación y concentración en manos de la elite dueña de las grandes corporaciones a costa de nuestras vidas y nuestros bienes comunes, materiales e inmateriales.

En la defensa de nuestros derechos y libertades, hoy resulta imprescindible que los diversos movimientos sociales, así como el conjunto de la población sevillana, se impliquen y luchen con un mismo objetivo: NO CALLAR, perder el miedo a hablar cuando ellos pretenden vaciar nuestras libertades.

Contra la criminalización de la pobreza y de la disidencia,

¡¡SIN MIEDO Y JUNTAS POR NUESTROS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS!!

(Fuente: Web de APDHA – Sevilla)

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