Argentina: Excombatientes de Malvinas rechazan el diálogo del gobierno con el británico. Se investigan torturas a soldados durante la guerra

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Ex combatientes de Malvinas expresaron su rechazo a las reuniones del 14 y 15 de mayo entre la Cancillería argentina y funcionarios de Reino Unido, para “retomar las actividades de cooperación científica bilateral por la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sur”.

Según informó la Cancillería argentina estos encuentros buscan “profundizar un diálogo constructivo con el Reino Unido en temas de interés común”. Sin embargo, un comunicado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) asume el diálogo como una prolongación de un acuerdo que “menoscaba y consuma vulneraciones flagrantes a la Constitución Nacional”.

Se refieren al acuerdo del 13 de septiembre de 2016 anunciado por el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina como un “comunicado conjunto”, firmado por el ex vicecanciller argentino Carlos Mario Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Commonwealth británica, Alan Duncan.

Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas dijo a Sputnik que “lamentablemente el Gobierno argentino avanza en este acuerdo bochornoso e ilegítimo”.

Según Alonso, “lo que en 2012 se conoció como la declaración de Ushuaia, donde hubo una reunión de partidos políticos con representación parlamentaria que describieron una política de Estado para avanzar en el reclamo de soberanía de los territorios usurpados, se ve vulnerada con este diálogo”.

Un mes después de que el presidente argentino firmara este acuerdo con la primera ministra británica, Theresa May, el CECIM presentó una denuncia penal contra la excanciller Susana Malcorra y el exvicecanciller Carlos Foradori “por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos”, comentó Alonso.

“Una reunión hoy entre funcionarios británicos y argentinos para avanzar nuevamente en el control de la pesca ilegal, representa sentarse a dialogar con aquellos que nos están robando estos recursos ictícolas para hacer más autosustentable su presencia en su enclave militar en nuestra Islas Malvinas”, afirmó Alonso.

El representante aseguró que esta estrategia de priorizar la relación bilateral con la promesa de la llegada de inversiones a Argentina, “resulta una torpeza política que desconoce los apoyos regionales y globales que la causa Malvinas ha cosechado en los últimos años en la región y en foros multilaterales”.

El llamado “paraguas de soberanía”  fue creado por los británicos, según Alonso, para avanzar en el sector diplomático y con la estrategia de hablar de todo, excepto de soberanía. Según el representante de los excombatientes de Malvinas, este acuerdo tenía que haber sido aprobado por el Congreso de la Nación, “pero no pasa por falta de ‘quórum’ para sostener nuevamente este tipo de avance”.

“Mientras, los británicos siguen avanzando en el Atlántico Sur, con la ampliación de la militarización, la explotación pesquera y ya se prevé la explotación de hidrocarburos, así como otros recursos naturales de la plataforma continental”, indicó Alonso. “Lamentablemente estamos asistiendo a un plan sistemático de entrega del Gobierno”, expresó el representante.

El CECIM insiste ante el Congreso de la Nación en la conformación de una sesión especial para rechazar dicho acuerdo que según los excombatientes pone en riesgo el futuro de los argentinos.

“El Gobierno del presidente Macri no está teniendo en cuenta estos riesgos (…) estamos permitiendo nuevamente el fortalecimiento de la presencia de los británicos en el Atlántico Sur para militarizar la zona y quedarse con los recursos naturales que pertenecen a los 40 millones de argentinos”, insistió el entrevistado.

Según Alonso, “otra de las barbaridades es acordar con la fuerza militar de ocupación el patrullaje conjunto para controlar la pesca ilegal, cuando cientos de licencias se venden desde las Islas Malvinas que reportan unos 20 y 40 millones de dólares, sin sumar la captura de las distintas especies marinas”.

Los diálogos incitaron al reclamo de la gobernación de la provincia Tierra del fuego, ya que  muchos de estos recursos usurpados corresponden a este territorio a partir de los acuerdos de pesca. “Ya esto lo vivimos en los años 90, y los británicos jamás cumplieron con ninguno de esos acuerdos”, alertó Alonso.

(Fuente: Sputnik – Mundo)

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Torturas a soldados argentinos por la Dictadura en la Guerra de Malvinas: Una historia negada

Esta semana el fiscal federal de la ciudad argentina de Río Grande, Marcelo Rapoport, pidió la detención y declaración indagatoria de 26 militares acusados de presuntas torturas durante la Guerra de las Islas Malvinas (1982). De acuerdo al diario Página/12, se investigan 22 hechos ocurridos en la isla Gran Malvina donde se asentaban las Fuerzas de Tareas Yapeyú, el Regimiento de Infantería Nº 5, que dependía a su vez de la III Brigada de Infantería a la que estaban subordinadas cinco compañías militares.

Entre las torturas denunciadas aparecen estaqueos, golpizas y congelamientos, entre otras. En su escrito, el fiscal planteó que “los hechos del caso constituyen crímenes contra la humanidad y, por esa razón, están alcanzados por una norma del derecho internacional (‘ius cogens’) que desde tiempo antes de su comisión, establece la imprescriptibilidad de este tipo de delitos”.

La causa judicial tiene ya 11 años y en este tiempo ha habido pocos avances. Cuando se presentó por primera vez recogió 23 testimonios de excombatientes del conflicto bélico que enfrentó a Gran Bretaña y Argentina. A lo largo de estos años se sumaron otros 120 que fueron añadidos a la causa original.

Asimismo, en 2015 también se incorporaron como prueba documentos oficiales, a partir del decreto 503/2015 que permitió desclasificar informes militares y fue sancionado por la entonces presidenta Cristina Kirchner.

Desde Corrientes a Tierra del Fuego

En abril de 2007, cuando se presentó la denuncia por torturas a excombatientes de la Guerra de Malvinas, el abogado Pablo Vassel era secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, al noreste de Argentina. Decidió iniciar la causa “luego de dos años de investigación de campo”.

“Tomando contacto con los excombatientes muchos me hablaban de las torturas que habían sufrido y yo las empecé a recopilar”, dijo Vassel en entrevista a este medio. En ese proceso supo también de un soldado que había resultado muerto por un cabo en una pelea o de dos soldados correntinos que murieron de hambre.

Corrientes es una provincia que envió “más de 1.800 soldados” a la guerra con lo cual “en proporción al número de habitantes es una de las que más dio”, explicó Vassel. No obstante, relató que decidió ir al Juzgado de la ciudad de Río Grande, al sur del país, “porque las Islas Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego”. “Me parecía un acto de reivindicación de la soberanía que un juez argentino aplique el ordenamiento legal argentino en territorio argentino de las Malvinas por crímenes cometidos contra argentinos”, enfatizó.

Sin embargo, a pesar de la iniciativa, la investigación avanzó muy poco en todo este tiempo. De hecho, a comienzos de mayo de 2018 un grupo de exsoldados del conflicto bélico se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una denuncia por falta de Justicia contra el Estado argentino.

Allí, tal como reseña el diario Perfil, se acordaron 12 puntos, entre los que se destacan un pedido de “disculpas públicas” por parte del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante la guerra; el apoyo económico a la querella mientras dure el proceso judicial; acceso de exsoldados a las indemnizaciones para víctimas de terrorismo de Estado; y desclasificación total de los archivos militares sobre la guerra de Malvinas.

“La causa tuvo muchas dificultades”, recordó Vassel, y subrayó que el hecho de haber sido el único que denunció estos hechos “demuestra que no había una mirada que uniera Malvinas con derechos humanos”. También detalló que hubo “parátes judiciales por recursos diversos”, pero ahora “realmente se pudo investigar” a partir de que la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal “tomara el tema y profundizara la investigación”.

Los torturadores del continente viajaron a las islas

Si bien Argentina vivía por aquellos años una dictadura cívico-militar que secuestró, torturó y desapareció a miles de personas, no deja de ser llamativo que en el marco de una guerra los oficiales aplicaran tormentos a sus propios compañeros de armas.

“Las Fuerzas Armadas que secuestraban y torturaban antes de la Guerra de Malvinas, y que secuestraron y desaparecieron a 218 colimbas [conscriptos], son las mismas que después fueron a Malvinas”, analizó el periodista Ricardo Righi en conversación telefónica. El conductor del programa radial ‘La voz de los colimbas’ apuntó que no se podía esperar que hicieran “cosas contrarias a las que venían haciendo”. “Para ellos era normal torturar”, sentenció.

Vassel coincidió y explicó que “la matriz de los oficiales y suboficiales es la que toma la experiencia francesa en Indochina y Argelia, cruzada por la formación anticomunista de la Escuela de las Américas”. Esto convierte a “todos los habitantes en posibles y potenciales enemigos”. Fue eso lo que llevó a que el gobierno dictatorial tomara como enemigos a “dirigentes gremiales, políticos, periodistas, sacerdotes, religiosos, abogados, grupos de derechos humanos y a quien se opusiera a sus designios”.

En ese aspecto, el exsecretario de Derechos Humanos de Corrientes aclaró que las torturas aplicadas a los soldados en las islas “fueron cuestiones disciplinarias”. La mayoría provocadas por “la desesperación por el hambre” que los llevaba a matar ovejas o robar comida de los almacenes.

Finalmente Vassel historizó que en el momento que presentó la denuncia en 2007 la Argentina “estaba viviendo el inicio del proceso de Memoria, Verdad y Justicia”. Desde su punto de vista, los excombatientes de Malvinas “no podían quedar al margen de esta gran iniciativa nacional que puso a nuestro país como modelo en el mundo en el juzgamiento de delitos de lesa humanidad”.

“Cumplí una misión que tiene todo funcionario público que es que en conocimiento de un hecho delictivo tiene que denunciarlo”, argumentó y recordó que el padre de la independencia argentina, José de San Martín, decía que “cuando uno está en la función pública no tiene que hacer lo que quiere, ni lo que se puede, sino lo que se debe”. “En mi caso a estos ejes de Memoria, Verdad y Justicia le agregué el de Soberanía”, concluyó.

(Fuente: Russia Today – RT / Autor: Santiago Mayor)

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