Estado Español: Nuevo engaño y más opacidad del gasto militar, además de escaso interés social, en los PGE del PP de 2018

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Las malas prácticas en el gobierno del PP se continúan año tras año. Un claro ejemplo es el Gasto Militar en el que confluyen dos prácticas desde siempre, por un lado, el engaño continuado y por otro la opacidad.

El engaño: nos están hablando de que Defensa gastará sólo 8.455’96 millones de €. Sin embargo, nuestras cuentas hablan de un Gasto Militar para 2018 de 22.678’62 millones de €.  Como se ve, se gasta 2’68 veces más de lo que se publicita, un engaño mayúsculo que no tiene parangón en ningún otro ministerio o concepto de gasto y que indica bien a las claras cuál es la apuesta del gobierno de Rajoy: fomentar el militarismo, aún a pesar de las necesidades sociales.

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Las necesidades en educación, vivienda, medioambiente, protección social, fuga de cerebros, lucha contra el maltrato, etc., todas ellas graves y que necesitan mucho dinero para desarrollarse ya saben que dinero lo hay, si se quisiera. El dinero para gasto social, existir, existe. Sólo es necesaria una decisión política para que esos 14.222’66 millones de € de Gasto Militar escondidos para los militares pasasen a formar parte de la luchas que reivindica desde hace años la sociedad. Entonces el gobierno dejaría de privilegiar descaradamente al militarismo y se podría considerar que los presupuestos tomaban un cariz social tan reclamado.

La opacidad: 10 ministerios, las clases pasivas militares, los Organismos Autónomos Militares, la Casa Real, las Cortes Generales y Otros Organismos como los Centros Universitarios de Defensa, entre otros que hemos podido descubrir, engañan a los ciudadanos porque parte de sus gastos son Gasto Militar según el concepto de la OTAN.

Financian cuerpos militares como la Guardia Civil, espías militares como el CNI, parte de la planificación de la política de Defensa, gastos en organismos militares internacionales, las intervenciones militares en el extranjero (17 actualmente), gastos en investigación y desarrollo (altamente militarizados), e incluso, aunque resulte sorprendente, parte de la financiación de la AEMET (Agencia Española de Meteorología), etc.

El militarismo en 2018 en España está siendo la única política transversal del Gobierno de Rajoy. En él se basan nuestra política de investigación, nuestras relaciones internacionales, nuestra marca como nación en el mundo… Pero también, como consecuencia, esta opacidad sobre el gasto militar intenta ocultar la dejadez del gobierno con respecto, por ejemplo, al paro apostando por la política militar aunque genere mucho menos empleo que cualquier otra política social.

Todo ello se basa en la falta total de transparencia en la que existen en los presupuestos de 2018, al menos, 89 partidas en las que se oculta el Gasto Militar (según el criterio OTAN).

La falta de transparencia militar no es sólo cuestión de sus presupuestos.  Por ejemplo, entre 2002 y 2015 se gastaron 19.298’63 millones de € más en lo militar que lo que previamente se había presupuestado (+ 19’96 %), lo cual deja claro que la práctica no es puntual sino una de las características de la política presupuestaria española del milenio, y como puede verse en el siguiente gráfico este sobregasto militar se ha acelerado desde la llegada del PP al poder.

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El escaso compromiso del Gobierno con las necesidades sociales

Los PGE 2018 reflejan el escaso compromiso del Gobierno con las necesidades sociales. Las Cuentas reflejan que la dependencia sigue sin ser su prioridad. Se destina menos dinero en 2018 que en 2011, y se encuentran en lista de espera casi 300.000 personas, a las que se reconoce este derecho, pero todavía no han recibido ningún tipo de prestación.

El Proyecto de Ley de los PGE 2018 en materia de Servicios Sociales, no aporta ninguna novedad importante, es imagen de las políticas de restricción en gasto social del actual Gobierno. A pesar de la recuperación económica, no se destina el dinero necesario para suplir los recortes realizados durante la crisis, y desde luego no se alcanzan los niveles de recursos previos a la crisis, lo que afecta a la cobertura que se ofrece a los ciudadanos.

El presupuesto destinado al IMSERSO se incrementa en un 3,2% para el año 2018, pero está subida responde fundamentalmente al incremento del nivel mínimo destinado a la atención a la dependencia y a una asignación económica (20 millones de euros) para las personas afectadas por la Talidomina.

Dependencia: se destina menos que en 2011

Hay que aclarar que, aunque se incrementa el dinero destinado al Programa de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (un 3,42%, esto es en cerca de 46 millones) esta subida no va a suponer una mejora en la protección a las personas dependientes, ni en la gestión de este sistema de protección. El aumento responde, únicamente, a financiar el nivel mínimo de protección establecido por la propia Ley de Dependencia. Además, hay que destacar que esta cifra es el remanente del ejercicio anterior, cuya cuantía no se llegó a utilizar al aprobarse ya avanzado el año 2017.

La protección a las personas con dependencia no es algo imprevisto, a 28 de febrero de 2018 las personas beneficiarias con derecho a prestación llegaron a ser 1.258.006, de las cuales están atendidas 959.492 y se encuentran en la lista de espera 298.514, que por el momento no reciben ningún tipo de prestación.

Otra cifra contundente sobre la despreocupación del Gobierno en materia de atención a las personas dependientes es que en el año 2011, los presupuestos consignados para este sistema eran superiores a los que se dedican en 2018 (1.498.422 miles de euros, frente a 1.307.972 miles de euros). Entonces los beneficiarios estimados eran 1.092.872 personas. Por otra parte, resulta sorprendente que en 2016 y 2017 no se estimen cuántos van a ser los beneficiarios globales del sistema.

Más allá del IMSERSO, el resto de los recursos presupuestados se engloban en “Otros servicios sociales del Estado”, donde se engloban la atención a las necesidades sociales de determinados colectivos y las situaciones de pobreza y exclusión social.

El Ministerio vuelca muchas de sus responsabilidades en el Tercer Sector, en detrimento del diálogo social

La intención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tal y como aparece en la descripción de sus futuras líneas de actuación, es el fortalecimiento de las entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado.

Está supliendo la participación y el papel de los interlocutores sociales, a través del diálogo social (quizás porque los sindicatos seamos más críticos y vigilantes ante determinadas actuaciones del Gobierno) por el diálogo civil, a través de la participación del Tercer Sector y de las plataformas en las que se agrupan. Además, el Ministerio vuelca en ellas la responsabilidad que le compete, es decir externaliza, en masa, las acciones de igualdad y políticas públicas que son responsabilidad de las administraciones (esto ocurre, por ejemplo, en la promoción de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, la atención a la infancia y las familias o en la promoción de programas sociales en materia de discapacidad)

Otras dos cuestiones que destacan es que se destina el mismo presupuesto que desde el año 2013 a las actividades de lucha contra el SIDA y que en los Presupuestos de 2018 se continuarán los trabajos para avanzar en la implantación de la nueva Tarjeta Social Universal (que contendrá información acerca de las prestaciones económicas que perciben los ciudadanos, a cargo de las administraciones públicas).

(Fuente: Nueva Tribuna)

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El presupuesto oculto de Defensa: 32.000 millones para gasto militar y control social en 2018

El Gobierno camufla 15.122 millones atribuibles a Defensa en partidas de otros ministerios, según los cálculos del Grup Antimilitarista Tortuga. Los fondos destinados a fines militares y a control social supondrán en 2018 el equivalente al 2,75% del PIB.

Más de 32.000 millones destinados al gasto militar y al control social, el 2,75% del PIB en España. Es la cifra que el Grup Antimilitarista Tortuga, histórico colectivo auditor de los presupuestos dedicados al Ejército y a las Fuerzas de Seguridad del Estado integrado en la red Alternativa Antimilitarista-Moc, calcula que el Gobierno estatal y las comunidades autónomas gastarán en 2018.

El cálculo sale a la luz en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), unos presupuestos a los que se han presentado 6.900 enmiendas y que se prevé que se aprueben a finales de junio.

En la presentación de los Presupuestos 2018 el Ministerio de Defensa ya anunció un incremento del 10,7% de la partida dedicada a este área. De los 7.638 millones de euros de 2017 se pasa ahora a 8.455. Sin embargo, el grupo antimilitarista aumenta la partida dedicada al gasto militar a 23.577 millones de euros. “lo que supone 15.122 millones de euros de gasto militar que el Gobierno oculta fuera del presupuesto que reconoce”, señalan desde el colectivo.

Según estas cifras, de cada diez euros destinados a gastos militares 6,42 estarían ocultos e integrados en otras partidas. Desde el Grupo Tortuga achacan la opacidad del Gobierno a “lo inasumible socialmente que es el tremendo gasto militar y a la estrategia permanente de desinformación y de militarización social”.

Partidas ocultas

Para obtener la cifra total de gasto militar que predice, el colectivo añade toda una serie de partidas. La más cuantiosa corresponde al “gasto oculto en otros ministerios y departamentos fuera de Defensa”, que calculan en 10.769 millones. Estos se reparten principalmente en tres epígrafes: el de clases pasivas militares, con 3.491 millones a cargo del Ministerio de Hacienda y correspondientes a pensiones y prestaciones a familiares de militares, no funcionarios y pensiones de guerra; los Organismos Autónomos Militares, como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) o el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que se llevan 1.828 millones, y las partidas correspondientes a Interior, destinadas principalmente a la Guardia Civil, con 2.707 millones.

Además, otras carteras como Exteriores, Fomento, Empleo, Agricultura, Sanidad o Empleo también cuentan con gastos que desde el Grup Tortuga achacan al gasto militar. Es el caso, por ejemplo, de los fondos de apoyo a la innovación tecnológica del sector de Defensa (Economía), el Instituto Social de la Marina y el buque medicalizado Esperanza del Mar (Empleo y Seguridad Social), los aviones de la Agencia Tributaria operados por Defensa (Hacienda) o los barcos de apoyo en el Océano Índico (Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).

La suma de gasto militar incluye además 2.875 millones destinados a lo que desde el colectivo señalan como ‘sobregasto’, “el gasto que deliberadamente minimiza el Ministerio de Defensa en sus presupuestos y en los de los organismos autónomos y otros ministerios pero que luego, mediante autorizaciones de ampliación de crédito, gasta de más de forma sistemática todos los años”.

Asimismo, los intereses de la deuda obtenida de la financiación del gasto militar sumarían otros 1.365 millones y, por último, las 14 operaciones en el exterior que Defensa tiene vigentes irán a cargo del Fondo de Contingencia estatal, lo que añade otros 1.100 millones.

Control social

El colectivo antimilitarista suma además los gastos achacados al control social excluidos de las cuentas del Ministerio de Defensa. En concreto, señala 6.011 millones que se gastarán en este concepto por parte del Estado, a los que añade 2.554 millones para el mismo epígrafe a cargo de las comunidades autónomas y que se integran principalmente en partidas relacionadas con políticas de Interior.

“Cada vez más, las diversas políticas de interior han pasado a convertirse en mecanismos militarizados de control social, en una estrategia amplia de expansión de la seguridad como enfoque y obsesión que ha convertido la política de interior en una verdadera obsesión”, denuncian desde el grupo. Tal como remarcan, “esto incorpora el aparato punitivo y carcelario, así como las misiones y equipamientos de la policía, las políticas de protección civil, coordinadas desde lo militar y con sus propios modelos, e incluso la política de seguridad vial, con amplias dependencias del enfoque de vigilancia y control militar”.

En el caso los presupuestos de las comunidades autónomas, el colectivo cita tanto a las que tienen policía propia (Catalunya, País Vasco y Navarra), como a las que poseen competencias en materia de prisiones (Catalunya) o las que transfieren cantidades de política de seguridad, en gran parte para incentivar intervenciones policiales, como es el caso de las Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid (Bescam).

Por último, el grupo indica que, aunque el gasto del Ministerio de Defensa aumenta un 10,74% respecto a 2017, el gasto militar total se incrementa este año en un porcentaje menor: un 5,65% (6,59% si se contabilizan los gastos dedicados a control social). “Esto es debido a la política que actualmente aplica el Gobierno de aflorar gasto militar oculto”, señalan. “En este caso parte del gasto para operaciones en el exterior que antes escondía casi en su totalidad en créditos desde el Fondo de Contingencia y que no contaban como presupuesto de Defensa, y el subidón de los Programas Especiales de Armamento (PEA) que se pagan desde un programa de Defensa desde el año pasado y antes se pagaban mediante créditos extraordinarios que se aprobaban en verano y prohibió el Tribunal Constitucional, así como la I+D militar”.

(Fuente: El Salto)

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