La situación de las corralas de Cádiz

El fenómeno de las llamadas corralas, que pone rostro al problema de la vivienda, continúa extendiéndose en la provincia de Cádiz y amenaza con convertirse en crónico, debido a la incapacidad de las administraciones y de los políticos para solventarlo.

El ejemplo más claro está en La Corrala de la Bahía, un edificio ubicado en la Avenida de Portugal de Cádiz que fue abandonado hace ocho años por quiebra de la promotora y en el que se instalaron veintiocho familias de okupas, la mayor parte procedentes de otros desahucios, sin suministros básicos de agua o luz. Unas ochenta personas, alrededor de la treintena son menores de edad, se encuentran sin respuesta por parte del Ayuntamiento de Cádiz. Tras su toma de posesión como alcalde, José María González prometió dar «una solución» a los ocupantes de la Corrala.

En octubre, hartos de expectativas rotas, empezaron a movilizarse. Fue entonces cuando el regidor gaditano publicó en los medios una carta al banco Santander en la que decía que la entidad bancaria no «entiende de humanidad ni de derechos humanos» y que «una vivienda digna es también tener garantizados los suministros básicos de luz y de agua».

Seis meses después, todo sigue igual. No hay alquiler social, el juzgado anunció el pasado mes de enero el inminente desahucio; y el Ayuntamiento, gobernado por Podemos, los mismos que predican «ninguna casa sin luz ni agua», no han ofrecido aún ninguna alternativa. Los propios habitantes de la Corrala han sido los primeros en denunciar la actitud del Ayuntamiento y de Por Cádiz sí se puede ante los medios de comunicación locales.

Entretanto, estos vecinos sobreviven desde hace más de un año en viviendas sin luz ni agua. A esta cruda realidad se suman otras ocupaciones de viviendas que se extienden por la provincia: Sanlúcar de Barrameda, Puerto Real, y recientemente, en Chipiona, con la okupación de más de sesenta personas.

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La Corrala de Bonanza

En Sanlúcar, se constituyó la Corrala por la Dignidad, integrada por 86 familias que okuparon varios inmuebles: hay 11 en Bonanza, 20 en la plaza Luis Jaramillo Barrios, 15 en la Higuereta, 20 en el carril de los Ángeles, siete en el Almendral y nueve en la calle Pirrado. Tras dos años de incertidumbre, la semana pasada se celebró un juicio contra las familias que okuparon las viviendas, quedando a la espera de resolución a excepción de una parte de las familias que okupan la promoción de Martín Miguel, ya que el juicio ha quedado nulo, y se ha aplazado su fecha. Por su parte, el Ayuntamiento, gobernando por el partido socialista, señala que no puede avanzar más en las negociaciones «porque estas tres promociones no pertenecen aún a ninguna entidad bancaria, sino que lo único que existe es un derecho de crédito garantizado con las entidades».

En Puerto Real también se han producido estas okupaciones ilegales. Un edificio vacío de viviendas en la zona conocida como La Cruz de la Degollada sirve de hogar a ocho familias desde hace cuatro meses. La situación es exactamente la misma que en las corralas de Cádiz y de Sanlúcar, se encuentran en un bloque nuevo de pisos sin luz ni agua y el paro es el problema común de todos los inquilinos. «Somos la Corrala de Puerto Real Artículo 47, que es el del derecho a una vivienda digna de la Constitución», señalan. Aunque no han podido comprobar la titularidad de las viviendas del edificio, sí saben que no se trata de la promotora que aparece en el cartel de alquiler, cuyos números de teléfono además no dan señales de vida.

Corrala de regla

La nueva Corrala de Regla

«Hemos aprendido a vivir sin luz y a lavarnos en cubos», comenta Yolanda, una mujer de 40 años separada de su pareja, que vive con sus hijos, de 17, 12 y 3 años. Yolanda trabaja de barrendera en la Empresa Municipal Caepionis, cobra 600 euros al mes pero tiene su nómina embargada. «Mi exmarido se marchó a Suiza y me ha dejado una deuda de millones. Tengo tres hijos y no me pasa manutención».

Con rabia contenida reconoce que no le ha quedado otra. «Puede que esté bien o que esté mal, pero mis hijos se merecen un techo digno. Antes que dormir bajo un puente me meto en una casa vacía», detalla. Por eso decidió hace poco más de un mes okupar una de estas viviendas en Chipiona. «Era un día como cualquier otro, cuando me llamó mi hermana y me dijo que una pareja vecina del barrio se había metido de okupa y que había mas viviendas libres. No me lo pensé. Pedí un escrito para saber con certeza de que esas viviendas no tenían dueño. Y en ese mismo día, cogí lo poco que tenía y me vine con mis tres hijos», describe.

Esta mujer mira con mimo a sus hijos que juegan por el patio. Ellas mismas han transformado los muros grises, grietas y cuadros de luces arrancados en una auténtica residencia familiar. Su dedicación maternal queda patente en el cuidado de la casa, rehabilitada y amueblada con mesas, sofás y camas. «Siempre estamos pendientes de los contenedores, ante cualquier mueble abandonado, para recogerlos y ayudar al resto de vecinos», comenta Yolanda.

Por los pasillos de la corrala transitan cuatro generaciones diferentes, con edades comprendidas entre los siete meses de vida hasta los 89 años. A todas estas personas les une una historia marcada por el desempleo y la precariedad. 17 familias, casi todas con niños, okupan desde hace un mes unas viviendas unifamiliares de lujo sin terminar, en la céntrica avenida de Regla de Chipiona. La han denominado la Corrala de Regla y así lo exhiben en la pancarta que han colgado en la verja del inmueble. Piden al Ayuntamiento de Chipiona, gobernado por el Partido Popular, un acuerdo que permita establecer un alquiler social con los correspondiente suministros de agua y luz para esta urbanización, que, según aseguran, «está en manos de un banco».

En total suman más de sesenta personas, de las que una treintena son menores y una recién nacida. «Estoy guardándole la casa a mi hija mientras está en el hospital tras dar a luz ayer. La casa no se puede quedar vacía, si no viene otra familia y se la quita», relata esta abuela ilusionada por el nacimiento de su nieta a pesar de saber que la situación que le espera no es la deseada. «No tendrá luz ni agua pero, por lo menos, habrá un techo donde no pasar frío», añade emocionada.

Las viviendas en las que se han metido no tienen ni agua ni luz, ni muebles en las cocinas. Algunas de las familias han puesto sus propias cerraduras en las puertas y muestran las mantas y esterillas sobre las que han pasado estas noches, con velas para iluminarse. Relatan que, ante la falta de un techo propio, tuvieron conocimiento de que este inmueble se encontraba «vacío desde años porque la inmobiliaria que lo construía quebró» y ahora, según algunas fuentes, es propiedad de un banco. Por eso, explican, aún no han recibido ninguna denuncia: «Ha venido la Policía a cogernos los datos pero ya está».

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Si me echan, me meto en otra

La convivencia en la Corrala de Regla transcurre en torno a un patio interior que rodea a la viviendas, anunciadas en su día como casas de lujo, y que llevaban años abandonadas. La vida en su interior es lo más parecido a una de esas antiguas corralas populares de vecinos, caracterizadas por el trasiego constante de niños jugando. El aspecto exterior de las viviendas pasaría desapercibido si no fuera por que varias pancartas de grandes dimensiones anuncian al visitante que se encuentran ante viviendas okupadas, con lemas como «17 familias y 35 niños sin hogar, luchamos por una vida digna». Cada familia ha rehabilitado su inmueble debido al mal estado que presentaban cuando llegaron. Según afirman, «los patios estaban inundados de hierbas, aquí se metían personas para consumir drogas, estaba todo desvalijado».

Los vecinos de la corrala hacen hincapié en que han decido okupar después de llevar años esperando a que les adjudiquen una vivienda social. Este es el caso de Rocío Jiménez, de 38 años y con dos hijos a su cargo que, según indica, lleva diez años esperando a que les concedan una vivienda. «Cuando me echen de aquí, me meto en otra si la situación no mejora».

La misma situación vive Verónica Verdú con tres hijos de 16 y 12 años y una niña de siete meses. Sin empleo, y tras pasar un tiempo en casa de sus suegros, decidió trasladarse con su pareja-ambos en paro- a la corrala, donde afirma sentirse arropada. «No nos ha quedado otra», añade con resignación, al tiempo que critica que ha acudido en numerosas ocasiones a los servicios sociales de la localidad sin éxito.

Once años lleva en paro María del Mar Ruiz, una mujer separada de su pareja que vive con sus cuatro hijos de 17, 15, 12 y 7 años y su tía de 89 años. Su mayor miedo es quedarse sin un techo: «me puede hacer perder la custodia de mis niños y no quiero. CaixaBank me reclama una deuda de 25 millones de pesetas de un piso que yo entregué hace ocho años. Estoy embargada para toda mi vida», relata.

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Por su parte, Manuel Rodríguez, concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Chipiona, ha confirmado a este medio que se trata de viviendas privadas, propiedad de una entidad bancaria, así como que no se ha presentado denuncia tras la okupación. «El Ayuntamiento no puede hacer nada, se trata de un asunto entre particulares, en este caso los vecinos que han okupado las viviendas y la entidad bancaria».

Señala que esta okupación ha creado una alarma social entre los vecinos que temen dejar vacías sus segundas viviendas ante la posibilidad de que las ocupen como esta sucediendo en distintos puntos de la localidad. Además, Rodríguez añade que «esta okupación está ofreciendo una imagen lamentable en una de las avenidas más emblemáticas del municipio con respecto al turismo». Admite que desde las administraciones locales se sienten desbordados ante la situación y pide «que no se alienten las okupaciones», sobre todo en unos inmuebles que «en muchos casos no cuentan con licencia de habitabilidad porque no reúnen las condiciones adecuadas para ser habitadas con total garantía».

Desde que el pasado mes habitaron las unifamiliares, nunca la dejan vacía. Tienen «miedo de que vengan a echarnos y cambien las cerraduras» y candados que han puesto ellos mismos. Así que mientras a lo largo del día unos van a por provisiones, a asearse a casas de familiares o a recoger a los niños de la escuela, siempre hay varios de ellos que se quedan vigilantes en el inmueble.

(Fuente: La Voz del Sur)

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