La Junta de Andalucía inicia acciones legales para paralizar el proyecto gasístico de Gas Natural en el entorno de Doñana

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha firmado una orden para que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía inicie las acciones legales pertinentes contra la negativa del Gobierno central a evaluar de forma conjunta el proyecto de almacenamiento de gas promovido por la firma Gas Natural en el entorno del Espacio Natural de Doñana, así como para paralizar cautelarmente el subproyecto ya en marcha, denominado Marismas Occidental.

La decisión se adopta al no haber obtenido respuesta del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente al requerimiento realizado el pasado mes de diciembre que solicitaba una evaluación conjunta y pedía instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la paralización cautelar del subproyecto Marismas Occidental.

El titular de Medio Ambiente ha subrayado que los argumentos de esta iniciativa se recogen en sendos informes del Defensor del Pueblo de España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a este último del delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Extremadura y Andalucía, que considera que el riesgo sísmico que presenta el proyecto es suficiente para suspender su ejecución.

Fiscal se ha referido también a un informe del Instituto Geológico Minero de España del que se desprende que la empresa promotora habría rebajado el nivel de riesgo por inundaciones en el caso del subproyecto Marismas Occidental.

Los cuatro proyectos de instalaciones de almacenamiento de gas en la zona (denominados Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) cuentan con otras tantas declaraciones de impacto ambiental favorables emitidas por la Administración central en el ejercicio de sus atribuciones. No obstante, la Junta considera que estas evaluaciones por separado no han abordado adecuadamente los efectos acumulativos del proyecto en su conjunto, por lo que reitera su exigencia de un trabajo único.

En el ámbito competencial autonómico, y de acuerdo con las normas de planificación, uso y gestión del Espacio Natural de Doñana, la Junta denegó la Autorización Ambiental Unificada (AAU) a uno de los subproyectos (Marismas Oriental) por su afección negativa, lo que hace inviable el de Aznalcázar, con el que está estrechamente conectado.

El de Saladillo carece de la autorización de la Ley andaluza de Espacios Naturales Protegidos para actuar en suelo no urbanizable, mientras que el único que dispone de permiso de explotación (Marismas Occidental) está localizado fuera del territorio protegido. La paralización de este último se solicita como medida preventiva en tanto se lleva a cabo la evaluación conjunta.

Por otra parte, los nuevos instrumentos de planificación de Doñana aprobados en agosto de 2016 extreman la conservación de esta zona en toda su extensión y prohíben expresamente la acumulación y el enterramiento de materias primas, productos y residuos sólidos, líquidos y gaseosos.

(Fuente: Huelva Hoy)

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El ministerio evaluó “cuatro años tarde” el riesgo sísmico en Doñana

El Consejo de Gobierno andaluz autorizó en su reunión habitual de los martes elevar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente por su negativa a evaluar de forma conjunta los cuatro proyectos de almacenamiento y extracción de gas previstos por Gas Natural en el Parque Nacional de Doñana.

Esta demanda discurrirá en paralelo a la querella que interpuso Gas Natural contra la Junta de Andalucía, en la que reclama un total de 358 millones de euros por daño patrimonial, al haberse paralizado ‘de facto’ su proyecto, pese a contar con la autorización del ministerio.

El informe jurídico sobre este recurso, al que ha tenido acceso El Confidencial, deja claros los argumentos de la Junta para elevar este recurso a los tribunales. Fue en julio de 2017 cuando el Gobierno andaluz se dirigió por primera vez al Ejecutivo de la nación para solicitarle que no evaluara de forma separada los cuatro proyectos para almacenamiento y extracción de gas en Doñana. En su informe, la Junta subraya que insiste en esa petición desde 2013 sin que hubiese sido atendida en ningún momento.

El ministerio replicó en noviembre de 2017, rechazando modificar las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental ya aprobadas. Un mes después, el 28 de diciembre de 2017, el consejero de Medio Ambiente formuló el requerimiento previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo dirigido contra el ministerio. Al no haber respuesta, se interpone el recurso.

Contaminación del acuífero

La Junta de Andalucía, que hasta 2008 mantuvo una actitud bastante favorable al almacenamiento de gas en Doñana y después viró, se muestra ahora muy beligerante. Exige que el procedimiento vuelva a instruirse desde el principio y que contemple cuestiones que no se incluyen y que “a juicio de la consejería sí deben aparecer”. “Tras estudiar adecuadamente los efectos de la inyección de gas de los cuatro subproyectos, sus efectos sinérgicos, y la posible contaminación del acuífero que tal actividad es susceptible de producir, se solicita el inicio del procedimiento, y por supuesto no se prejuzga su resultado final”, recoge el informe jurídico.

Esta es la posición que desde el primer momento mantuvieron los ecologistas en su rechazo frontal al proyecto de Gas Natural en el parque nacional. El Gobierno andaluz insiste en que las declaraciones de impacto ambiental favorables al proyecto “no recogen ninguna medida preventiva, correctora o compensatoria sobre la sismicidad” de estos proyectos. La Junta señala como “el supuesto más evidente” lo ocurrido con la declaración de impacto ambiental de Marismas Occidental, “donde la información complementaria al promotor se solicita (…) cuatro años después de emitir la declaración de impacto ambiental”. La autorización favorable es de 2010, tanto del ministerio como en este caso de la Consejería de Medio Ambiente.

“Incluso tras solicitar la información complementaria, no se despeja la incertidumbre científica sobre la repercusión de la inyección de gas en la conservación y funcionamiento del acuífero que da vida a Doñana”, insiste el informe jurídico que sustenta el contencioso de Andalucía contra el Gobierno central. La Junta se agarra a los informes del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), que alertó de riesgo sísmico del proyecto. También alude a jurisprudencia del Tribunal Supremo para defender que cualquier evaluación medioambiental “no puede presentar lagunas” y debe “disipar cualquier duda científicamente razonable sobre los efectos de las obras previstas”. “El proceso debe estudiarse hasta que tal incertidumbre científica desaparezca”, alega el Gobierno andaluz.

Ascó y Canarias

“Las declaraciones de impacto dejaron para la fase de ejecución del proyecto los estudios sobre la sismicidad inducida”, reseña la Junta, es decir, para cuatro años después de emitir la Declaración de Impacto Ambiental favorable (DIA), que es de 2010. El Gobierno andaluz insiste en que hubiera sido necesario evaluar la peligrosidad sísmica del proyecto. De hecho, pone como ejemplos otros casos en los que el Gobierno sí lo hizo. En concreto, alude a la declaración de impacto ambiental del proyecto Almacén Temporal Individualizado de la central nuclear de Ascó (Tarragona), “a pesar de que la zona pueda calificarse de baja sismicidad”. También se refiere a la perforación de sondeos exploratorios para hidrocarburos denominada “Canarias de 1 a 9”.

La Junta también se nutre de directivas del Parlamento Europeo para defender que era necesario contemplar desde el principio el estudio de sismicidad. Es el propio ministerio, subraya el Gobierno andaluz, el que pone de manifiesto “la fragilidad del espacio de Doñana” y la importancia del acuífero Almonte-Marisma para la supervivencia del parque.

En resumen, concluye la Junta, los informes del Instituto Geológico y Minero “no permiten despejar adecuadamente las dudas existentes sobre la viabilidad de los proyectos”, “la evaluación no es adecuada porque no hay conclusiones precisas y definitivas sobre el riesgo sísmico”, ni siquiera en la autorización del proyecto Marismas Occidental “se disipan dudas”, y esa “evaluación insuficiente” puede dar lugar a “daños medioambientales irreversibles o no asumibles”. La Junta rechaza que sea esta Administración autonómica la que pueda anular los proyectos, como al parecer alega el ministerio, y recurre a los tribunales un mes después de elevar su requerimiento. En juego está también la posible indemnización a Gas Natural por estos años de incertidumbre.

Misión de la UE

Esta nueva batalla judicial llega después de que también el Defensor del Pueblo Andaluz se haya hecho eco de informes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que alertan del peligro sísmico del proyecto. Una misión de la Unión Europea visitará Doñana en septiembre u octubre y los eurodiputados pedirán a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, que evalúe los riesgos sísmicos. Bruselas anunció este viaje tras la comparecencia en el Parlamento Europeo del coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, y el defensor del pueblo, Jesús Maeztu, el pasado 21 de marzo.

El proyecto de Gas Natural prevé una red de gasoductos de 72 kilómetros. De esta cifra, 13 kilómetros corresponden a gasoductos que ya existen y que se mantendrán sin cambios. De los 59 restantes, 37 son renovación de la infraestructura actual y solo 22 kilómetros son trazado nuevo.

Gas Natural lo dividió en cuatro subproyectos: Marismas Occidental, que está fuera del parque y cuenta con todos los permisos de ministerio y Junta, aunque quedó paralizado en diciembre de 2016; Saladillo, que tiene evaluación de impacto medioambiental aprobada por el ministerio pero que requiere de más permisos, no autorizados, por estar dentro del parque natural; Aznalcázar, también fuera del parque y con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, y Marismas Oriental, descartado totalmente por estar dentro del espacio natural pero que también recibió declaración favorable del ministerio en 2013, aunque le fueron denegados los permisos de la consejería en 2016.

(Fuente: El Confidencial / Autora: Isabel Morillo)

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