Catalunya: El TS procesa por “rebelión” a Puigdemont, 9 consellers, los Jordis y Rovira. 5 encarcelados más. Marta Rovira (ERC) se exilia

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El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena ha declarado hoy procesados por un delito de rebelión en 13 investigados en la causa que investiga el proceso del referéndum: el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras, siete consellers del Gobierno catalán – -Joaquim Horno, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Antoni Comín y Dolors Bassa–, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, el expresidente del Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, ia la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En el acto de procesamiento, el juez procesa además a los otros 5 miembros del Gobierno cuando sucedieron los hechos, Meritxell Borràs, Lluís Puig, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Serret, por delitos de malversación de caudales públicos, y de desobediencia. En Puigdemont, Junqueras y los siete consellers procesados por delito de rebelión también los procesa por malversación, sin perjuicio que su calificación pueda incardinarse en el delito específico de malversación (artículo 432 del Código Penal) o quedar absorbida en el delito agravado de rebelión con descuido de caudales públicos de su legítima inversión en que prevé el artículo 473.2 del Código Penal.

Asimismo, el juez procesa por el delito de desobediencia a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Catalunya –Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet–, así como en la Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, ia Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo.

El juez fija una fianza de responsabilidad civil por un importe de 2,1 millones de euros que tendrá que ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del Gobierno catalán procesados, es decir, Puigdemont, Junqueras, Horno, Turull, Romeva, Ponsatí, Rull, Comin, Bassa, Borràs, Monte, Mundó, Vila y Serret. La cuantía se ha establecido sumando a 1,6 millones de euros, que el magistrado señala que fue el montante que tuvo que utilizarse para sufragar el referéndum del 1-0, de acuerdo a las investigaciones practicadas, más el tercio de esta cuantía que tiene que añadir de acuerdo a la ley para este tipo de fianzas para asegurar responsabilidades pecuniarias.

La estrategia que define Llarena

Paralelamente a que el Gobierno de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña desarrollaran el contenido del Libro Blanco, en marzo de 2015 se amplió el concierto de actuación ilegal “a otras agrupaciones distintas de los partidos políticos que conformaban la mayoría política que prestaba soporte al Gobierno de la Generalidad y que habían firmado el pacto de legislatura”. De este modo, añade el juez, se acordó una hoja de ruta respecto del proceso independentista entre los partidos políticos CDC y Esquerra con las entidades soberanistas Omnium, ANC y la Asociación de Municipios para la Independencia.

El juez recoge en su auto el listado de sentencias del Tribunal Constitucional que fueron anulando las resoluciones del Parlamento de Cataluña dirigidas a la secesión, y cómo el Parlamento, cuya acción se atuvo a la hoja de ruta previamente establecida, desobedeció al Tribunal Constitucional de manera tozuda e incansable durante dos legislaturas y cinco años. Expresa también el juez cómo esta actuación del Parlamento culminó en septiembre de 2017 con las leyes de convocatoria del referéndum de autodeterminación del 1-O y de transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Ambas fueron declaradas nulas e inconstitucionales por el TC en octubre y noviembre del mismo año.

Ya en noviembre de 2015, al inicio de la legislatura en la que sería nombrado presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el Parlamento catalán aprobó como primera resolución del nuevo ciclo parlamentario una en la que anunciaba “el inicio de un proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República”, resolución declarada inconstitucional en sentencia del TC de 2 de diciembre de 2015. El juez recuerda que en dicha sentencia ya se subrayó que el Parlamento catalán se había atribuido una soberanía superior a la que deriva de la autonomía que le reconoce la Constitución, remarcando que no podría erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política arrogándose la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustentaba su propia autoridad.

En relación con la actuación del gobierno de la Generalitat en este contexto, el juez destaca que los ex consellers procesados “pese a las reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad de las distintas iniciativas parlamentarias anteriormente referidas ( a cuya observancia habían sido personalmente requeridos los distintos Consejeros del Gobierno de la Generalidad) y pese a la suspensión y nulidad de los Decretos para la celebración del Referéndum, los órganos ejecutivos de la Generalidad de Cataluña continuaron con la permanente y obsesiva actividad para crear las denominadas estructuras de estado ( que permitirían una efectiva independencia conforme a las previsiones del Libro Blanco) así como para divulgar su proyecto e impulsar el mayor apoyo que pudiera obtenerse de la comunidad internacional y de la ciudadanía, tal y como ya habían hecho a lo largo de toda la legislatura, además de desplegar la actuación que consideraron precisa para llevar a término la votación de autodeterminación a la que se ha hecho referencia”.

En relación con la celebración del referéndum del 1 de Octubre, el juez detalla la actuación de consejeros como los de Sanidad, Educación y Trabajo y Asuntos Sociales que, mediante determinadas decisiones administrativas, asumieron la responsabilidad propia de los directores de los locales dependientes de esas consejerías para asumir de manera directa la responsabilidad de las decisiones relativas a su ubicación y garantizar de esa manera su disponibilidad como centros de votación, así como la reunión previa que mantuvieron el 28 de septiembre de 2017, tres días antes del 1-O, los Mossos d’Esquadra con el Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el Consejero de Interior Joaquim Forn donde los máximos responsables policiales alertaron de la escalada de violencia y del riesgo que conllevaba la celebración del referéndum y “ pese a ello – señala LLarena- la decisión de los miembros del Gobierno fue de que la votación había de celebrarse”.

El magistrado recoge en su auto todo el operativo llevado a cabo por los Mossos d’ esquadra ante el 1 de Octubre, “ para boicotear el cumplimiento de la orden judicial por inacción”, con un despliegue de 7000 agentes, cuando en jornadas electorales normales pasaban de 12.000. En ese reparto de roles, Llarena explica la actuación de los miembros de la Mesa del Parlament, así como el papel desarrollado por las entidades ANC y Omnium que asumieron, según el juez “ la responsabilidad de impulsar la mayor aceptación social de las iniciativas secesionistas, así como favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable, buscando, por último, una intensa movilización ciudadana que favoreciera que el Estado terminara por aceptar la independencia de Cataluña, ante las vías de hecho que se desplegaron”. Según el juez, han sido permanentes los actos y manifestaciones convocados por estas entidades en estos años.

Marta Rovira se marcha al exilio

Catalunya suma una nueva política en el exilio. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha decidido marcharse del Estado español y no se ha presentado hoy a la cita ante el Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado la misma política republicana a través de una carta, en la que asegura que toma un “duro camino” desde una “profunda tristeza”.

La mano derecha de Oriol Junqueras ha tomado esta decisión justo después de que ayer renunciara al acta de diputada, junto con otras diputadas de ERC, la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y la consellera de Benestar Social, Dolors Bassa. Hoy la diputada republicana tenía que acudir a las 10.30 horas, con otros cinco imputados, en la vista de medidas cautelares de la causa del 1-O, cita a la que no se ha presentado.

Rovira declaró ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena el pasado 19 de febrero y salió de la cita en libertad provisional con una fianza de 60.000 euros. El juez no decretó la retirada de su pasaporte ni la prohibición de que saliera del Estado español, un hecho que ha permitido que la número 2 de ERC se haya podido refugiar.

En la carta Rovira asegura “con una profunda tristeza” que ha decidido huir, pero apunta que “mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente”.

Y es que la republicana ve en el exilio la única manera de no quedar anulada políticamente. Considera que desde el extranjero podrá “recuperar” su “voz política”, dejando entrever que contribuirá a la estrategia de internacionalización del procés, tal como ya han hecho hasta ahora el president Puigdemont y los consellers en Bélgica y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, refugiada en Suiza.

La republicana se marcha de camino al exilio, con un destino que todavía se desconoce, junto con su hija, Agnès, tal como apunta ella misma en el escrito. “Las madres sabéis cómo la amo”, expone sobre su hija, sobre quien asegura que quiere “darle todo lo que le pueda dar”. “El exilio me permitirá hacerle de madre, y se lo merece. Mucho”, expone.

Rovira asegura que no tenía ninguna otra opción que marcharse al exilio ante una situación de involución democrática en el Estado español, impulsada desde el Gobierno de Mariano Rajoy, del que asegura que está “dispuesto a saltarse el estado de derecho y las libertades civiles” con el fin de conseguir sus objetivos políticos.

Ante esta compleja situación de reducción de derechos, que ha golpeado Rovira de lleno, la secretaria general de ERC hace un llamamiento a actuar desde la serenidad y no dejarse llevar por el “rencor” y el “resentimiento”, todo haciendo un nuevo llamamiento al independentismo a mantenerse unido ante un contexto adverso. “Solo desde el trabajo conjunto conseguiremos una República para todos”, señala unas líneas antes de recordar unas palabras de su compañero de partido y presidente de ERC, Oriol Junqueras.

Texto íntegro de la carta de Rovira:

“Hoy tomo un duro camino, un camino que, desgraciadamente, tantos otros que nos preceden han tenido que tomar. El camino del exilio.

No puedo esconder la profunda tristeza que siento al alejarme de tanta gente que amo —y que amo mucho. De tantas luchas compartidas durante tantos años con personas que les mueve un único objetivo: cambiar la sociedad donde viven. Hacerla más justa. Personas dignas. Dejar de ver los paisajes que me rodean desde mi infancia, de pasear por las ciudades donde he vivido…

Siento tristeza, pero mucho más triste habría sido vivir silenciada interiormente. Sentir mi libertad de expresión censurada por unos tribunales que intimidan y que aplican —descaradamente— criterios políticos. Todos los días, a todas horas, sentía limitada mi libertad por amenazas judiciales arbitrarias. No me sentía libre. No me reconocía. Estas últimas semanas he vivido dentro de una prisión interna.

El exilio será un camino duro, pero es la única forma que tengo de recuperar mi voz política. Es la única forma que tengo de alzarme contra el Gobierno del PP, que persigue a todos los que están a favor de votar y que castiga a cualquiera que intente cambiar lo preestablecido y lo establecido. Un Gobierno que está dispuesto a saltarse el estado de derecho y las libertades civiles para conseguir sus fines políticos.

Tengo una hija, Agnès. Las madres sabéis cómo la quiero. Y lo fuerte que es el sentimiento de darle todo lo que le pueda dar. El exilio me permitirá hacerle de madre, y se lo merece. Mucho.

Os quiero decir una última cosa. No dejéis que el rencor se apodere de vosotros. El análisis de una realidad antidemocrática y profundamente injusta no tiene que dar paso al resentimiento. Contra nadie. Contra nada. Solo desde el respeto y desde el amor hacia todos los ciudadanos y todas las opiniones construiremos cambios radicales y profundos. Solo desde el trabajo conjunto conseguiremos una República para todos.

Tal como dice Oriol, “en estos días que vendrán, manteneos fuertes y unidos. Transformad la indignación en coraje y perseverancia. La rabia, en amor. Pensad siempre en los otros. En lo que tenemos que rehacer. Persistid, porque yo persistiré. Gracias por todo vuestro apoyo. Os quiero”. Y eso es el que haremos, Oriol.

Os escribo, ahora sí, con sinceridad y libertad. Y es tal y como lo podré hacer a partir de ahora como secretaria general de ERC, un partido que quiero, que ha dado tanto al país y que todavía tiene que dar mucho más.

Viva la libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad. ¡Viva una República catalana para todo el mundo!”

Marta Rovira

Secretaria general de Esquerra Republicana

Declaración conjunta de independentistas y comunes en apoyo a procesados y exiliados

Los independentistas y los comunes han acordado este viernes por la mañana una declaración conjunta de la Junta de Portavoces. El texto, que han firmado JxCat, ERC, la CUP y CatECP, da apoyo a los políticos que se encuentran en el exilio o que han sido procesados por el Tribunal Supremo. Esta decisión se ha tomado después de que el juez Pablo Llarena haya procesado hasta 13 dirigentes independentistas por rebelión.

Esta noticia, como la del exilio de la secretaria general de ERC Marta Rovira, han marcado la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlament. Al presidente Roger Torrent se le ha visto con un rostro muy serio. La declaración se ha hecho de la Junta de Portavoces porque para llevarla al pleno haría falta el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Ha sido presentada en una comparecencia conjunta de los cuatro grupos.

Este es el texto de la declaración:

“La Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya constata que durante su sesión tenida hoy viernes 23 de marzo, representantes electos del pueblo de Catalunya así como de organizaciones civiles han sido citados a declarar y procesados en el Tribunal Supremo por su actividad política e institucional. Algunos de ellos permanecen desde hace meses en las prisiones de Estremera y Soto del Real así como en el exilio, y otros se han visto obligados a renunciar a su escaño por presiones judiciales.

Defendemos la dignidad y la soberanía de nuestra institución y denunciamos la intolerable situación de judicialización de la política que afecta a toda la sociedad civil, las instituciones y los debates parlamentarios. Asimismo insistimos en la defensa del derecho político de todos los diputados y diputadas escogidos democráticamente a las últimas elecciones, y denunciamos otra vez la vulneración de derechos civiles, fundamentales y políticos que afecta a toda la ciudadanía de Catalunya”.

Retroceso de libertades

En nombre los comunes, la portavoz Elisenda Alamany ha querido denunciar la “involución democrática” y la “regresión de derechos”, que consideran que tiene una explicación: el PP. “Esta involución sólo la podemos combatir desde una amplia mayoría”, ha asegurado Alamany. El primer paso, ha añadido, es “recuperar las instituciones y sacarlas de las garras del PP”.

La cupera Maria Sirvent ha lamentado la “nueva injerencia” de la justicia en el Parlament. “Esta situación no sólo afecta a cargos electos, sino que afecta a toda la sociedad civil”, ha avisado. Ha llamado a combatir “el aumento del fascismo y los abusos de poder”.

La republicana Anna Caula ha denunciado que vivimos en un constante embate judicial”, poniendo como ejemplo la decisión de Marta Rovira de irse al exilio. “Es un derecho civil básico de cualquier país democrático poder expresarse libremente”, ha reivindicado Caula.

Finalmente, el diputado de JxCat Josep Maria Forné ha señalado que “se constata la obligación de algunos diputados de renunciar a su acta por presiones del Estado”. Ha alertado sobre los riesgos de la judicialización de la política y la “degradación de las libertades”.

Llarena envía a la prisión a Turull, Rull, Romeva, Forcadell y Bassa

El magistrado Pablo Llarena ha decidido dictar la orden de prisión provisional sin fianza para Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa. Varios furgones de la policía española les han llevado a las prisiones de Estremera, ellos, y Alcalá Meco, ellas. Todos ya han estado.

La fiscalía ha pedido la medida cautelar. VOX también. Si ayer el ministerio público tenía dudas sobre si pedir prisión o no, y estaban valorando el riesgo de huida, que Marta Rovira hoy no haya comparecido y que haya anunciado vía carta que se marchaba al exilio, les ha hecho decidir de golpe.

Las acusaciones han pedido la prisión ante el riesgo de reiteración delictiva y riesgo grave de huida. Y Pablo Llarena argumenta lo mismo en el auto de prisión. El juez aprecia un grave riesgo de fuga y de reiteración delictiva en los procesados “derivado de la grave punición a la cual se enfrentan por su eventual responsabilidad penal por rebelión, en un momento en que las sospechas que se plasmaban al inicio del proceso son hoy indicios racionales y firmes de la posible perpetración de unos hechos que presentan una determinada consideración delictiva y de la participación que en ellos han podido tener los procesados”.

Los cinco procesados más Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, ya no saldrán hasta que se haga el juicio. Y lo más probable es que estén años en la prisión, si los condenan por rebelión, como ha fijado el magistrado en su escrito de procesamiento.

Llarena, con un escrito de escasas 10 páginas, encierra, por lo tanto, en la prisión a todos los procesados por rebelión a excepción de los cuatro que están en el exilio: Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín y Clara Ponsatí. Dice que no se los cree y aprovecha para decir que Jordi Turull no puede asistir mañana a la segunda vuelta de la votación del pleno de su propia investidura.

Miles de personas en la calle y 29 heridos ante la delegación del Gobierno español

Decenas de miles de personas han llenado las calles de Barcelona este viernes por la noche, unas pocas horas después de que el juez Pablo Llarena haya decidido enviar a prisión incondicional a cinco nuevos dirigentes independentistas: el candidato Jordi Turull, la expresidenta del Parlament y los consellers Carme Forcadell, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva. También ha dictado una orden de detención internacional contra la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha decidido marcharse al exilio.

A las ocho de la noche ha tenido lugar un acto unitario del Ayuntamiento de Barcelona, ANC, Òmnium, el AMI, el ACM y otros partidos y organizaciones en la plaza de Catalunya. Allí se ha leído un manifiesto de condena de los hechos. Después, a convocatoria de la ANC, miles de personas han iniciado una marcha hasta la delegación del Gobierno español en Catalunya, donde confluyen con otras marchas, como las convocadas por los CDR desde los Jardines Pequeños de Gracia.

“Hoy volvemos a vivir un viernes negro. Otra vez, nuestros representantes políticos, hombres y mujeres integras, honrados, pacíficos y de profundas convicciones democráticas han sido encarcelados”, arranca el manifiesto unitario. Y añade: “Seguiremos defendiendo nuestras ideas políticas porque estas no tienen barrotes que las hagan callar”.

“El estado, en lugar de actuar como una democracia madura, donde el diálogo y el acuerdo son el motor de la cohesión de la sociedad, han decidido ofrecer golpes de porra, menosprecio, humillación, amenazas y, finalmente, prisión”, denuncian las entidades. Lo describen como “una causa general contra el independentismo, una auténtica caza de brujas, feroz y salvaje, sin medida”. Ha acabado con “tres minutos de indignación”, durante los cuales los manifestantes han gritado “libertad”.

En el turno de las intervenciones, el portavoz de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha denunciado que un Gobierno español “corrupto” utiliza todos los instrumentos del Estado “contra un país que no se comporta como ellos querrían que se comportara”. Ante esta “asfixia”, Mauri ha reclamado “recuperar las calles y nuestras instituciones”. Es por eso que ha exigido la unidad de la mayoría independentista: “Dejamos los reproches y construyamos la unidad imprescindible”.

Por su parte, el vicepresidente del ANC, Agustí Alcoberro, ha pedido “no caer en provocaciones”. Lo ha hecho ya junto a la delegación del Gobierno español, desde donde ha lamentado que “hoy compartamos una durísima indignación y una amarga tristeza”. No obstante, ha prometido convertirlo en una victoria. “La causa por la cual tienen encarcelados, exiliados y procesados nuestros representantes es que el 1 de octubre ganamos”.

Cargas policiales y escenas de fuerte tensión se han vivido esta noche ante la delegación del Gobierno español en Barcelona, entre los Mossos d’Esquadra que han blindado la calle y manifestantes que protestaban por el encarcelamiento de 5 consellers. 29 personas han resultado heridas por contusiones: 2 de caràcter menos grave y el resto leves.

La tensión ha sido explícita especialmente en la esquina entre Llúria y Provença. Algunos manifestantes han resultado heridos y han tenido que ser atendidas personas con lesiones de carácter leve. Los Mossos han efectuado también disparos de salvas al aire.

Los manifestantes estaban convocados por los CDR, que también habían hecho llamamientos a reunirse ante las subdelegaciones. Centenares de personas se han concentrado de entrada en los Jardinets de Gràcia, y después de cortar la Diagonal, han bajado en manifestación hacia la delegación del Gobierno español.

Algunos grupos de independentistas han intentado exceder la línea policial, en la confluencia de las calles Mallorca y Bruc. En medio de escenas de tensión, los concentrados, algunos de los cuales han quemado fotografías del Rey, han coreado consignas como “Llibertat presos polítics” y “Fora les forces d’ocupació”. Algunas ambulancias han aparcado en los alrededores de la delegación.

En un mensaje en las redes sociales, los Mossos d’Esquadra han pedido a los participantes en la protesta que sigan las instrucciones policiales y no intenten traspasar las líneas policiales del dispositivo de seguridad que han establecido entre las calles Mallorca, Roger de Llúria, Pau Claris y València.

(Fuente: El Nacional.cat)

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