Francia: La reforma constitucional suspendida

El hecho de que el mandatario francés, François Hollande, haya decidido renunciar al proyecto de reforma constitucional en medio de profundas divisiones, es considerado un exito de lasmovilizaciones populares y un revés político cuando falta poco más de un año para las elecciones presidenciales.

El plan, esbozado por Hollande a pocos días de los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, buscaba inscribir el estado de emergencia en la Carta Magna y retirar la nacionalidad gala a los binacionales nacidos franceses que fueran condenados por terrorismo. Durante una breve declaración desde el Palacio del Elíseo, anunció el 30 de marzo su decisión de cerrar el debate constitucional ante la falta de consenso en la Asamblea Nacional y el Senado sobre el texto.

El panorama se tornó especialmente complejo después de que el Senado aprobó el proyecto con una enmienda que abrió la puerta a que se pudiera despojar de la nacionalidad francesa solo a aquellos condenados por terrorismo que ya contaran con otra nacionalidad, para evitar la creación de apátridas.

El jefe de Estado subrayó además que la amenaza terrorista es más elevada que nunca. El terrorismo islamista declaró la guerra a Francia, a Europa y al mundo entero. Esa guerra será larga. Requiere coordinación y determinación en las acciones a nivel europeo y una respuesta nacional, enfatizó. También defendió la eficacia del estado de emergencia, decretado tras los atentados de noviembre pasado y cuya prolongación hasta fines de mayo fue aprobada por el Parlamento.

Para modificar la Constitución, un texto requiere ser adoptado en una versión idéntica por la Asamblea y por el Senado y luego por las dos Cámaras reunidas en Congreso por tres quintos de los votos.

Cuatro meses de intensos debates

Varias voces políticas se alzaron en los últimos meses para expresar su opinión sobre el proyecto de reforma constitucional, el cual provocó puntos de vista contrapuestos incluso en el seno del gubernamental Partido Socialista (PS). Sus detractores lo veían como una disposición discriminatoria.

El diputado Christian Paul, del PS, declaró a medios de prensa que sería irresponsable seguir defendiendo la propuesta, porque genera división en un país con aproximadamente dos millones de franceses binacionales. Su aprobación no tendrá ninguna eficacia en la lucha contra el terrorismo, pero sí cuestiona el pacto republicano, al instaurar la idea de que hay dos categorías de franceses y de que unos lo son menos que los otros, enfatizó.

La entonces ministra de Justicia, Christiane Taubira, opuesta al plan del gobierno de retirar la nacionalidad, presentó su dimisión el 27 de enero pasado. Desde su cuenta en Twitter, Taubira expresó que “en ocasiones, resistir es quedarse, en ocasiones resistir es irse. Por fidelidad con uno mismo, con nosotros. Por la última palabra a la ética y al derecho”.

Su oposición al mencionado plan incentivó durante varias semanas el debate sobre su permanencia en el gobierno. Taubira reiteró su desacuerdo con la propuesta, impulsada por la administración de la cual ella formaba parte. Se trata de una medida no deseable para los franceses binacionales y que resulta ineficaz, expresó a medios de prensa.

Estado de Emergencia, otro punto delicado de la reforma

El Parlamento aprobó a mediados de febrero último otra prolongación -hasta fines de mayo- del estado de emergencia, vigente en Francia desde los atentados de noviembre de 2015.

Amparados en el estado de emergencia, las fuerzas del orden pueden poner bajo arresto domiciliario a todo aquel cuya conducta consideren que constituye una amenaza, lo cual permite incluir a individuos sospechosos por sus comportamientos o sus compañías, palabras o proyectos.

También contempla prohibir a la persona bajo dicho tipo de detención, entrar en contacto directo o indirecto con otras sospechosas de preparar actos que atenten contra el orden público. Permite realizar registros a cualquier hora del día o de la noche sin orden judicial. Dicha medida continúa provocando inquietud por las consecuencias que podría acarrear para las libertades de las personas, opinan especialistas.

Estamos observando de cerca lo que está pasando en Francia, ya que existe un riesgo de que el sistema de control democrático sea socavado por estas medidas, declaró el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, durante una entrevista con la radio France Culture.

Muiznieks subrayó que desde la instauración de esas disposiciones después de los atentados reivindicados por el autodenominado Estado Islámico, las autoridades realizaron miles de registros, “pero solo unos pocos han conducido a procesos relacionados con actos terroristas”.

Estamos asistiendo a algunas desviaciones, hay prácticas de discriminación étnica por parte de agentes de la policía, de las fuerzas de represión, precisó. La cuestión del estado de emergencia, que el gobierno pretendía inscribir en la Constitución, genera criterios encontrados pues la población se debate entre la necesidad de sentirse seguros y la posibilidad de que con el alegado objetivo de garantizar la tan anhelada seguridad, se irrespeten sus libertades individuales.

Lo cierto es que lo que comenzó como un proyecto de reforma constitucional, presentado a las 72 horas de los atentados terroristas que provocaron la muerte de 130 personas, lejos de concretarse se volvió una especie de arma de doble filo al poner de relieve evidentes divergencias en torno a un plan impulsado por el gobierno.

A los cuatro meses de su presentación, Hollande a dado marcha atrás a dicha iniciativa y se “gana” un nuevo revés político en momentos en que la popularidad del Ejecutivo sigue en bajada en picado.

(Fuente: Prensa Latina / Autora: Masiel Fernández Bolaños)

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