El Comisario europeo de DD.HH. critica la política española sobre desaparecidos

El Comisario de Derechos Humanos (DD. HH.) del Consejo de Europa ha reprochado a España que deje los procesos de búsqueda, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en manos de las propias familias, quienes se enfrentan a “obstáculos” como el hecho de que sea “prácticamente imposible” acceder a los archivos, especialmente los militares.

En un informe el comisario de DD. HH.,Nils Muižnieks (foto adjunta), lamenta que el alcance de la Ley de Memoria Histórica siga siendo “limitado” y su aplicación deficiente, debido a la “falta de presupuesto” que se destina para cumplir los objetivos de reparar a las víctimas y sus familiares, así como a luchar contra la exaltación de la represión, en particular, a través de la retirada de símbolos y monumentos franquistas.

“En cuando a la investigación y la sanción de los responsables, muy poco se ha hecho, debido, entre otros factores, a la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977”, prosigue el documento, que pone de relieve la ausencia de una “cifra oficial” sobre el número de desaparecidos y víctimas de la desaparición forzada a falta de una “base de datos centralizada”.

Por ello, el comisario de Derechos Humanos se remite a la investigación que llevó a cabo el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que calculó que fueron 114.226 personas entre el 17 de julio 1936 y diciembre 1951, una cifra que “no pudo ser confirmada de forma fiable porque se bloqueó la investigación”.

Apunta que cerca de 30.960 hijos de detenidos republicanos fueron “presuntamente” entregados a familias que apoyaban al régimen y otros fueron enviados a centros del Auxilio Social. “Muchos de estos niños fueron adoptados sin el conocimiento o consentimiento de sus familias biológicas que, hasta la fecha, no saben de su suerte y paradero”, añade.

“La Ley de Memoria Histórica sigue el modelo de Franco”

El jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, que denunció por primera vez ante la ONU la pasividad de España en la búsqueda de los desaparecidos, ha subrayado que Naciones Unidas, el tribunal de Estrasburgo o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han coincidido en que el “Estado en ningún caso puede cargar sobre los hombros de los familiares la iniciativa de buscar a los afectados”.

Rodríguez Arias, autor del  libro ‘El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad’, ha denunciado además que la Ley de Memoria Histórica de 2007 “siguió el modelo de la orden de Franco del 1 de mayo de 1940, que establecía que los familiares debían pedir permiso al gobernador civil para ser ellos quienes buscaran a los ejecutados a cambio de desgravarse fiscalmente”.

“El Gobierno de Zapatero estableció que las familias pidieran permiso administrativo, emprendieran las búsquedas y a cambio se daban subvenciones, en lugar de seguir el modelo internacional de que el Estado busque a los desaparecidos”, ha proseguido el jurista, para entender que su norma vulnera los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Piden el acceso a los archivos militares para las víctimas del franquismo

Por otro lado, coincidiendo con el 150 aniversario del Archivo Histórico Nacional, el pasado 29 de marzo el abogado Eduardo Ranz y el periodista José María Calleja presentaron una petición al Ministerio de Defensa para el “pleno acceso” a archivos militares referidos a la memoria histórica, por “su interés público”. Igualmente serán presentadas un total de 30 peticiones ante instituciones militares, así como en embajadas españolas. Según los promotores de la iniciativa, lo que se pretende “es el camino a la verdad de las propias familias, además de facilitar el trabajo de exhumación, es decir, reparación”.

En los escritos se solicita el acceso a los archivos relacionados con la instrucción de expedientes, con especial tratamiento de lo juzgado en el Tribunal de Orden Público (TOP), así como la publicación de los archivos referidos a Memoria Histórica, superiores a 25 años de antigüedad, de conformidad con lo establecido en la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

También se solicita el acceso de todos los archivos pertenecientes a defensa, comandancia de la Guardia Civil, y Cuerpos de Seguridad del Estado comprendidos entre 1929 y 1977; la suscripción de convenios de colaboración con universidades, de los que el Ministerio de Defensa siempre fuera parte, bajo el esclarecimiento de la Verdad y las Garantías de No Repetición; y el requerimiento de remisión de archivos de Guerra Civil y Dictadura, custodiados en México, Argentina, Cuba y Rusia.

Asimismo se solicita la digitalización y acceso público de los archivos pertenecientes a Falange Española de las JONS, así como de los archivos pertenecientes a la Fundación Nacional Francisco Franco.

Y todo ello conforme a la aplicación del art. 22.1 de la Ley de Memoria histórica, por el cual se garantiza el derecho de acceso a los fondos documentales depositados en los archivos públicos, y la aplicación del  Principio general de libre acceso a los documentos conservados en archivos militares, recogido en el Reglamento de Archivos Militares 1998, y al Principio general de Libre Acceso a los documentos conservados en archivos militares (art. 64 Reglamento de Archivos Militares).

“Los archivos y su tratamiento se realizan gracias a los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas, entre ellos, las víctimas del franquismo que aún hoy buscan su reparación. El acceso a archivos es básico para esclarecer el concepto de la verdad”, señalan los firmantes.

(Fuente: Nueva Tribuna)

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