Se cumplen seis meses de la destrucción de Puerto Rico por el huracán María y continúa abandonado por la administración de EEUU

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A seis meses de la destrucción ocasionada por el huracán María, que se cumplieron este pasado 20 de marzo, Puerto Rico no ha conseguido hoy recuperarse, pese a los visos de aparente normalidad en la zona metropolitana de San Juan.

Todavía mucha de la infraestructura del país no ha sido reparada, luego del meteoro que causó pérdidas estimadas en 100 mil millones de dólares y que echó abajo el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por lo que cientos de familias están sin servicio desde el 20 de septiembre del año pasado y otras desde dos semanas antes, cuando afectó el huracán Irma.

La realidad es que la respuesta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló, que en principio parecía organizada, se transformó en un desastre y quedó manchada por la concesión de un contrato de hasta 300 millones de dólares a la pequeña empresa estadounidense Whitefish Energy, cuyo propietario contribuyó a la campaña del presidente Donald J. Trump.

La realidad es que transcurrido medio año de la catástrofe, Puerto Rico parece seguir sin rumbo en medio de la bancarrota fiscal que enfrenta su gobierno y de la deuda pública de más de 73 mil millones de dólares, para lo que Estados Unidos ha aportado el establecimiento de una legislación, Promesa, que a la vez ha impuesto una junta de control fiscal que cuesta a los puertorriqueños 80 millones de dólares al año.

Muchos pequeños negocios no han tenido otra salida que permanecer cerrados desde el paso del ciclón ante la falta de energía eléctrica y otros han operado a un alto coste mediante la adquisición de plantas y combustible.

La actuación de Washington, a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), no sólo resultó tardía, sino insuficiente, por lo que algunos funcionarios del gobierno insular, incluida su delegada electa ante el Congreso, Jenniffer González, han tenido que hacer esfuerzos mayúsculos para que se atiendan problemas puntuales, como la entrega de toldos para las viviendas destruidas.

Algunas, apenas ahora se han comenzado a reparar en un proceso que está manchado por denuncias de corrupción, debido a que, por ejemplo, las empresas estadounidenses que realizan la labor facturan 600 dólares por una taza de inodoro, que en realidad tiene un costo menor a los 100 dólares.

‘El diluvio de fondos federales anunciado no va a ser tal, no sabemos cómo se va a usar y tampoco sabemos la sincronización en el ritmo de esos desembolsos’, aseveró el economista Argeo Quiñones.

El catedrático de la Universidad de Puerto Rico UPR) expresó al diario El Vocero que la adaptación a la nueva realidad, en un marco crítico, es lo que permitirá lidiar con ‘una situación más deteriorada a lo que teníamos antes del huracán, después de 11 años de contracción económica y muchos ajustes’.

‘Hay mucho pasando, pero no es materia de optimismo; hay una nueva normalidad (en la que) miles de negocios salieron del mercado, hay menos competencia en algunos sectores y eso se traduce en mayores precios y otras prácticas de tendencia monopolística, y no todos lo están viendo’, destacó Quiñones.

(Fuente: Prensa Latina)

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“EE.UU. respondió con lentitud porque Puerto Rico no le importa”

“¿Puerto Rico se levanta?”, se pregunta con sarcasmo un joven que hace cola para alquilar un coche en las afueras del aeropuerto internacional Luis Muñoz Rivero de San Juan. Es de noche y la oficina y el barrio se han quedado por completo a oscuras, en uno de los apagones habituales en la capital del país desde la llegada, hace hoy seis meses, del huracán María, que arrasó la isla. Fuera del área metropolitana, quedan cientos de miles de personas sin acceso a electricidad y a agua, lo que convierte su vida en un infierno.

“Puerto Rico se levanta” es el lema que surgió en la respuesta a los destrozos del María, pero medio año después suena vacío. El Gobierno de Puerto Rico, comandado por Ricardo Rosselló, muestra una cara que no se corresponde con la realidad de amplias zonas de la isla. Según los datos oficiales, el 93% de los puertorriqueños tiene ya acceso a electricidad y el 98,5% del suministro de agua se ha restablecido. «Jamás de la vida me creo eso», reacciona desde un ayuntamiento temporal -el original sigue en ruinas- Rafael Surillo, alcalde de Yabucoa, por donde entró el huracán en Puerto Rico el 20 de septiembre del año pasado. “Es un embuste, juegan con los números”, dice antes de asegurar que el 75% de los 37.000 vecinos sigue sin luz (y, en muchos casos, sin agua, ya que el bombeo depende de la electricidad).

En Utuado, en el interior del país, la situación es similar. Su alcalde, Ernesto Irizarry, calcula que el 50% de la población no tiene electricidad, en especial en sectores en la montaña donde hubo gente que se pasó semanas de incomunicación tras el huracán. “Tengo nueve barrios con cero por ciento de electricidad”, dice Irizarry, que conoce el problema de primera mano: él sigue sin luz, sin agua y con su familia durmiendo en un solo cuarto y con un techo de lona azul provisional. “No hay materiales”, dice sobre la reconstrucción. “Yo le hablo al gobernador, pero no hay entendimiento”, señala.

La crítica va más allá de La Fortaleza, la sede del Gobierno de Puerto Rico en el Viejo San Juan, y vuela hasta Washington. Surillo reconoce que en su pueblo están “totalmente defraudados, porque la respuesta no fue como en Florida o en Texas”, en referencia a otras catástrofes naturales ocurridas en la misma época. Tanto en Yabucoa como en Utuado se han producido suicidios (tres y uno, respectivamente), algo poco habitual, y que relacionan con la desesperación de sus vecinos. También se ha disparado el índice de mortandad y la emigración a EE.UU., que se ha acentuado en los últimos años y disparado tras el huracán.

“Esto es producto de la situación colonial de Puerto Rico”, apunta sobre la reconstrucción Miguel Soto, presidente del Centro para una Nueva Economía, uno de los “think tank” más prestigiosos del país, que ni es estado de EE.UU., ni tiene plena soberanía. “Se esperaba mucho más y mucho más rápido”, dice sobre la respuesta al huracán, para el que Washington ha tardado en mostrar músculo financiero: “El préstamo del Tesoro no se ha desembolsado y la asignación de 16.000 millones de dólares solo se hizo hace unas semanas”.

Se ha explicado que la respuesta lenta y dubitativa del Gobierno federal tiene que ver con que Puerto Rico no ha sido eficiente en el uso de fondos y, de hecho, se encuentra en el medio de un grave problema de deuda que le llevó a la bancarrota. Aunque Soto no niega que eso sea un componente, «la razón principal es que Puerto Rico no es importante para Washington. Y no es una cuestión de demócratas o republicanos. Con Obama también se nos hizo difícil lograr la atención necesaria. Y con Trump aún más difícil».

“Tendríamos que remirarnos como país”, dice Lee Vanessa Feliciano, directora ejecutiva de Cruz Roja para Puerto Rico, «no solo el Gobierno, todos. No estábamos preparados para una catástrofe como esta, tenemos que aprender para la próxima temporada de huracanes». Para eso, apenas queda tiempo de reacción: arranca el 1 de junio, con un país todavía con las costuras abiertas por el María.

(Fuente: ABC / Autor: Javier Ansorena)

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