¿Nueva Operación Cóndor?: Chile y Argentina quieren justificar la militarización presentando como enemigo a los Mapuche
Las dictaduras del Cono Sur precisaron justificar las políticas represivas por la invención de un enemigo interno. Para coordinar la represión en la región, organizaron la “Operación Cóndor”. Los gobiernos civiles de Chile y Argentina también quieren justificar la militarización presentando un nuevo enemigo: los Mapuche. La escalada represiva es hoy una providencia para desarticular preventivamente la resistencia a la integración de nuestra región a las cadenas productivo/extractivas, que pretenden controlar el uso de la tierra. En el caso del territorio del Wallmapu, la tierra ancestral a ambos lados de la cordillera de los Andes, las grandes operadoras del sector forestal y de la minería encuentran en los Mapuche una barrera material e ideológica para la utilización de los recursos.
Por otro lado, la militarización de la región es laboratorio y funciona también como amenaza para los argentinos y chilenos que por ventura se opongan al nuevo marco regulatorio ambiental y de las relaciones de trabajo. Las grandes cadenas del agronegocio y de la mineración precisan esas reformas para operar con velocidad, fluidez y sin riesgos. Ese es el marco de la aritculación entre los Estados chileno y argentino.
El gobierno argentino defiende un “cambio de doctrina” represiva de manera espectaculosa, liberando las fuerzas policiales de los límites de la ley. Dos semanas atrás, el presidente Mauricio Macri recibió en el palacio de gobierno a un policía que está siendo investigado por haber matado por la espalda a un ladrón en fuga. Los policías están siendo oficialmente estimulados a esas prácticas. De los 1.064 represores de la dicatadura condenados por delitos de lesa humanidad, 533 fueron beneficiados con prisión domiciliaria. Por el ablandamiento de las penas, se señaliza a los represores de hoy que el Estado no se olvida de “los servicios prestados” a la defensa del orden, más allá de la ley. Por esos gestos, el Estado argentino se está aproximando a las políticas represivas del Estado chileno, modelo a ser seguido para adecuarse a las “nuevas exigenias” mundiales.
El ensayo de articulación represiva entre los dos gobiernos tiene como base el combate a las “nuevas amenazas” regionales. El peligro presentado por el relato oficial chileno es el de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y el cuco argentino es la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Si la primera tiene presencia en la organización comunitaria en el centro sur de Chile, la segunda es una sigla de escasa y fantasmagórica aparición. Desde la década de 1990, las comunidades Mapuche al oeste de la cordillera de los Andes han resistido al avance de las grandes transnacionales de la cadena de la celulosa, de la minería y del sector salmonero, así como a las obras de infraestructura que destruyen el territorio para atender los intereses de esas empresas. Ellos vienen recuperando tierras, defendiendo sus biomas nativos y practicando una economía que reproduce la abundancia. En la Patagonia argentina, los Mapuche vienen resistiendo al avance del extractivismo petrolero, mineral y forestal.
Las sucesivas prisiones del joven longko Facundo Jones Huala han sido ocasión para la coordinación entre los Estados chileno y argentino. Miembro del Pu Lof de Resistencia Cushamen, Jones Huala había sido imputado en Chile, en 2013, junto a otros cinco líderes Mapuche que combatían contra la construcción de una hidroeléctrica, bajo la ley antiterrorista. Él pasó en 2014 para Argentina y no llegó a ser juzgado junto a los otros cinco, de los cuales cuatro fueron absueltos y una joven machi fue condenada a sólo 61 días de prisión “por encubrimiento”, sin que se sepa hasta hoy a quién habría encubierto. El Estado chileno emitió un pedido de extradicción de Jones Huala para el Estado argentino. Él fue detenido en mayo de 2016 y el juicio fue declarado nulo por haberse basado en procedimientos ilegales.
Sin embargo, el 27 de junio de 2017, y unos escasos minutos después de un encuentro diplomático entre el presidente argentino Mauricio Macri y la presidenta chilena Michelle Bachelet, una vez más el longko fue preso. Los cargos que se le imputaron eran los mismos por los cuales ya había sido juzgado y absuelto el año anterior.
En agosto de 2017, y después de una manifestación junto al Pu Lof de Resistencia Cushamen por la libertad de Jones Huala, la Gendarmería argentina ingresó al área de la comunidad sin orden judicial. El gobierno quería hacer un test con la figura legal de la “flagrancia”, cuyo mentor es el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Noceti, presente en la región y seguramente supervisando el test. El delito “flagrado” consistía en una decena de personas defendiéndose con palos y hondas de revoleo. El ingreso y persecusión dentro del territorio resultó en la desaparición del joven Santiago Maldonado, acorralado por los gendarmes en las poco profundas aguas del río Chubut. A los 77 días, el cadáver de Maldonado fue encontrado a 500 m de ese lugar, río arriba, donde ya había sido buscado sin éxito.
El otro pivot de la articulación entre los dos Estados fue la “Operación Huracán” que resultó en allanamientos simultáneos en varios municipios para detener ocho líderes Mapuche, entre los cuales el vocero de la CAM Héctor Llaitul. La investigación a cargo de los Carabineros presentó un informe con mesajes de celulares que comprometían a los ocho Mapuche en la preparación de quema de camiones de las empresas forestales, con financiamiento extranjero y receptación de armas provenientes de Argentina. La detención e incautación de los celulares ocurrió en setiembre de 2017 y, supuestamente, la interceptación previa mensajes fue realizada por el sofware “Antorcha”, creado por Alex Smith, un ingeniero forestal que trabaja para Carabineros como asesor en informática. Inmediatamente, el subsecretario del Interior de Chile se reunió con la ministra de Seguridad de Argentina para coordinar el combate a la violencia Mapuche. Por su parte, la ministra argentina convocó a los gobernadores de las provincias de la Patagonia para aritcular una acción represiva conjunta contra la RAM.
Sólo que en diciembre, en medio de un peloteo de acusaciones mutuas entre la Fiscalía chilena y Carabineros, la primera puso bajo sospecha las pruebas presentadas por los segundos. Después de tres pericias, se descubrió que los mensajes fueron implantados en los celulares incautados y toda la operación fue un montaje. Las conversaciones entre los Mapuche, todas en castellano, seguían la dramaturgia trazada por Carabineros. La gira del papa, que pretendía la “reconciliación”, pasó lejos de denunciar estos desmanes. Los Mapuche, ya declarados inocentes, iniciaron un proceso judicial contra siete funcionarios de Carabineros por obstruir la investigación, falsificar instrumentos públicos y delitos informáticos. Héctor Llaitul apunta como responsables de la “Operación Huracán” al subsecretario del Interior Mahmud Aleuy y a la Agencia Nacional de Inteligencia.
Hoy salta el escándalo de otra operación de Carabineros: la “Operación Andes”. Y son los mismos operadores que están involucrados. Con el ya mencionado sofware “Antorcha” y otra supuesta creación del profesor Smith: el sofware “Tubicación”. El guión de esta pieza teatral supone que hay desplazamientos de “terroristas” y armas en la frontera chileno-argentina.
En un contexto en que se realizará un nuevo juicio de extradicción del longko Facundo Jones Huala para Chile, inconsistente del punto de vista de los procedimientos legales, hay un blindaje de la prensa argentina con relación a los escandalosos montajes en el país vecino.
Esos montajes teatrales del “enemigo mapuche” se suceden con la ayuda de los medios de comunicación comprometidos en el esfuerzo dramatúrgico. Interesa la producción de capítulos de alta intensidad dramática y no si la máscara cae al final de cada episodio.
(Fuente: La Haine – Canarias Semanal / Autora: Silvia Beatriz Adoue)
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