Almería: La AN ha rechaza la nulidad del contencioso contra el CSN por la gestión de los residuos radioactivos de Palomares

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Parece la historia de David contra Goliat, y algo de ello hay. La persistencia de un abogado jubilado que lucha desinteresadamente, como un quijote contemporáneo, por aquellas causas que considera justas, bien podría acabar con más de medio siglo de afrenta que lleva sufriendo la pedanía cuevana de Palomares, en particular, y todos los ciudadanos de España en general.

La última noticia al respecto, ha insuflado energía a José Ignacio Domínguez, el letrado que representa a Ecologistas en Acción en el procedimiento contencioso-administrativo abierto contra el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) por la gestión de los residuos radioactivos que aún quedan en Palomares desde que el 17 de enero de 1966 colisionara un bombardero norteamericano con un avión cisterna durante una maniobra de repostaje ilegal sobre territorio habitado.

Sin embargo, Domínguez se resta importancia. Cree en la Justicia, y asegura que es ella la que «pondrá al Gobierno de España contra las cuerdas».

La novedad es que, ahora, la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado, en un auto de 18 de enero, la nulidad solicitada por la Abogacía del Estado y, además, ha acordado continuar la causa dándole 20 días para contestar a la demanda.

La Abogacía del Estado presentó un incidente de nulidad de las actuaciones emprendidas por el representante de los ecologistas argumentando que existía una «indebida constitución de la relación jurídico procesal» por «falta de legitimación pasiva» del CSN al que la Audiencia Nacional solicitó el expediente administrativo, apuntando que debía emplazarse al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para que lo remitiese, pues apuntaba que el CSN “no es competente” y que lo que se pedía con respecto a los mencionados residuos corresponde al Ministerio citado.

Sin embargo, para José Ignacio Domínguez, defensor de Ecologistas en Acción, «la abogada del Estado se limitó, siguiendo las consigna del Gobierno de España, a presentar ‘pegas’ en la forma para evitar entrar en el fondo de la cuestión».

El fondo de la cuestión, para Domínguez, es que «los gobiernos de España están exponiendo a parte de su población a los efectos de la radiación. Todo el que pase por la acera de los números impares de la calle Diseminado de Palomares está sufriendo el mismo efecto que si se hubiera hecho una radiografía».

«Ahora —continúa el letrado—, el Consejo de Seguridad Nuclear tendrá que explicar de manera razonable por qué mantiene nueve kilos de plutonio al aire libre en varios descampados. Si no convence al tribunal, perderá el juicio y tendrá que fijar una fecha para emprender la descontaminación».

«En cualquier caso, esto no ha terminado —augura Domínguez—. Si la AN nos da la razón, estoy seguro de que el CSN recurrirá la sentencia. Nosotros también acudiremos al Tribunal Supremo (TS) y a Estrasburgo si es necesario, y exigiremos que se cumpla el convenio de 2010, que prevé la retirada de 50.000 m3, no los 20.000 del protocolo suscrito por Margallo y Kerry».

Cabe recordar que el CSN indicó en febrero de 2017 que no había lugar a la solución provisional propuesta por el colectivo conservacionista, que pasaba por el acopio temporal de la tierra radioactiva a la espera de encontrar almacenamiento definitivo a los residuos que aún perduran como consecuencia de la caída accidental en 1966 de cuatro bombas termonucleares procedentes de la colisión de un bombardero estadounidense con un avión cisterna.

Fijación de plazo

Además de acordar que continúe el procedimiento contencioso-administrativo, el auto revela que Ecologistas en Acción desiste de su petición de considerar a los residuos radioactivos almacenados en Palomares como una instalación nuclear y limita el súplico de la demanda «exclusivamente» a la «fijación de un plazo para llevar a efecto el tratamiento de los 50.000 metros cuadrados previstos en el Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado por el CSN el 5 de mayo de 2010».

«Nosotros hemos desistido en llamar ‘instalación radiactiva’ a las zonas contaminadas, aunque en realidad lo son» —explica José Ignacio Domínguez—. Una de las acepciones de ‘instalación radiactiva’ es, según el abogado la de un «lugar donde se entierran residuos que no tienen actividad, y allí existe una zanja en la que los norteamericanos sepultaron un número importante de bidones con desechos contaminados con la intención de que permanecieran allí para siempre, pero nosotros lo que queremos es que se los lleven de una vez. Siendo así, que lo llamen como quieran».

En ese sentido, Ecologistas en Acción había pedido inicialmente al CSN que ordenase la clausura de la instalación nuclear y el área contaminada de Palomares con fijación de plazo para llevarla a efecto, y que, a la espera de encontrarles un almacenamiento definitivo en ejecución del acuerdo entre España y EEUU, procediese al almacenamiento provisional de los 6.000 metros cúbicos de tierra contaminada obtenidos tras el tratamiento de los 50.000 metros cúbicos previstos en el citado plan.

Por su parte, el regulador atómico argumentó en su respuesta que el de Palomares es un caso de «exposición perdurable», por lo que sería de aplicación el artículo 58 del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, que dispone que, en caso de intervención en este tipo de situaciones, y en función de los riesgos que entrañe la exposición, la autoridad competente, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, deberá delimitar la zona afectada; aplicar un sistema de vigilancia de las exposiciones; realizar las intervenciones oportunas teniendo en cuenta las características de la situación y regular el acceso y el uso de los terrenos o edificios situados dentro de la zona delimitada.

El CSN remarcaba, en esta línea, que los estudios radiológicos y los programas de vigilancia establecidos para la zona de Palomares afectada «son adecuados y eficientes» de acuerdo al informe que realizó en 2010 un equipo de inspectores de la UE, y subrayaba que la «solución definitiva al problema» pasa por la ayuda de Estados Unidos a España.

«La ayuda de EEUU a España para gestionar los residuos radioactivos generados por las medidas de restauración de los terrenos contaminados se consideran primordiales para aportar una solución definitiva a este problema ya que España no tiene instalaciones para almacenar de forma definitiva estos materiales contaminados por plutonio», apuntaba citando el mencionado informe.

«¿Quién compra adosados radiactivos?»

«En Vera también existen terrenos con plutonio y están calificados como urbanizables, pero no se puede construir en ellos porque existe sobre ellos una suerte de expropiación temporal como consecuencia de haber sido alquilados por el Centro para la investigación energética, tecnológica y medio ambiental (CIEMAT)», asegura José Ignacio Domínguez.

«En cualquier caso, la normativa andaluza prohíbe expresamente la construcción de viviendas en suelo contaminado. La burbuja inmobiliaria fue el origen de que se acotaran las zonas donde se diseminó el plutonio. Sirvió para mover la conciencia de los políticos. Una empresa británica pretendía levantar chalecitos en una zona afectada de Sierra Almagrera pero, afortunadamente, estalló la crisis del sector, aunque habría que preguntarse ¿quién compra adosados radiactivos?».

(Fuente: Almería Hoy)

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