Sevilla: Sánchez Gordillo tenía razón. La Junta da por prescrita parte de la deuda de 5,7 millones de las cooperativas de Marinaleda

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La Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía ha dado finalmente la razón al alcalde de Marinaleda, el líder jornalero Juan Manuel Sánchez Gordillo, al reconocer que ha prescrito parte de la deuda de los 5,7 millones de euros que las cooperativas de esa localidad deben por cánones de uso de la finca El Humoso. No obstante, Agricultura no aclara qué parte de la deuda está prescrita ni a qué años corresponde.

Actualmente, la Junta negocia con las ocho cooperativas de Marinaleda : “Los Moledores”, “Hierbabuena”, “El Ciervo”, “Camilo Cienfuegos”, “Los jornaleros”, “Los compañeros”, “Domingos rojos” y “Tierra, trabajo y libertad”, qué cantidad de dinero tendrán que pagar por las 1.200 hectáreas que explotan en régimen de concesión administrativa desde 1992. La operación no se ha cerrado aún, entre otras cosas, a que no se han puesto de acuerdo sobre la deuda prescrita.

Los hechos se remontan a 1992 y 1995, cuando las ocho cooperativas de esa localidad, integradas en la cooperativa de segundo grado Marinaleda, recibieron de la Junta 1.200 hectáreas expropiadas durante la Reforma Agraria. A cambio de cultivar las tierras, las cooperativas se comprometían al pago de un canon anual de uso, que no han pagado a la Administración autonómica, entre otras cosas, porque ésta no se lo reclamó.

Cuando ABC desveló en septiembre de 2016 que las cooperativas de Marinaleda adeudaban más de 5 millones de euros por cánones de arrendamiento del suelo, el líder jornalero Sánchez Gordillo se apresuró a decir que la Junta no les había enviado ningún requerimiento de pago hasta 2015 y que, de existir, parte de la deuda estaría prescrita.

A pesar de ello, la entonces consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, confirmó un mes después en el Parlamento que la deuda de las cooperativas alcanzaba los 5,7 millones de euros por impago de cánones de uso de la tierra.

En cuanto a la deuda por impagos de cánones entre 1992 y 2013, la Consejería de Agricultura admite que se hizo “un expediente de revisión y la asesoría jurídica vio efectivamente había ejercicios cuyos cánones habían prescrito”. ABC ha podido saber además que los servicios jurídicos plantearon que el derecho a cobro de esos cánones prescribió a los cuatro años de cada ejercicio.

No obstante, la Junta resta ahora importancia a ello al decir que esos cánones “tienen la consideración de pagos a cuenta del precio final de enajenación para acceder a la propiedad”. La Administración presidida por Susana Díaz asegura que se han producido dos procesos de regularización de los cánones impagados de las cooperativas de Marinaleda, uno en 2000 y otro en 2014.

En lo que respecta los cánones impagados desde 2013 a 2016, Juan Manuel Sánchez Gordillo afirma que en estos momentos las cooperativas están al día en el pago, algo que niega la Junta. Incluso, el Gobierno andaluz subraya que las cooperativas no han pagado los cánones aún en vía voluntaria del ejercicio 2016.

Desde el año 2000, las cooperativas han cobrado más de más de 9,5 millones de euros de la Unión Europea en concepto de ayudas de la Política Agraria Común (PAC). En mayo de 2017, cuando Junta y cooperativas ya llevaban cinco meses de negociaciones para la compra de esas fincas, la Consejería de Agricultura les advirtió de que si no adquirían el suelo no podrían cobrar 600.000 euros de la PAC que habían solicitado para 2017. Para de ese dinero estaba previsto que se entregara en octubre de 2017 y otra parte a principios de 2018. Pues bien, las cooperativas han seguido cobrando la PAC.

Sánchez Gordillo declaró a ABC que a pesar de las amenazas de la Junta “las cooperativas han cobrado puntualmente la PAC porque cumplimos con todas las condiciones y seguimos cultivando la tierra”.

La Junta ha terminado admitiendo también que «cobran la PAC como cultivadores que son de esas tierras con concesión prorrogada hasta que accedan a la propiedad en virtud de la disposición adicional 15 de la Ley de Presupuestos de 2015. Mientras siga el proceso administrativo de compra de la tierra, tienen la condición de cultivadores».

(Fuente: ABC de Sevilla / Autora: María Jesús Pereira)

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