El Gobierno de Susana Díaz boicotea el proyecto de climatización de colegios aprobado por el Parlamento de Andalucía

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La nueva “hoja de ruta” que ha marcado por abrumadora mayoría el Parlamento de Andalucía para la climatización sostenible de los edificios educativos públicos de la comunidad no ha sentado nada bien en el inconcreto proyecto sin calendario de “actuaciones urgentes” de la Consejería de Educación de la Junta, que apenas una semana después de la aprobación por la Cámara autonómica de la propuesta del grupo parlamentario Podemos ha vuelto a prometer nuevas obras “urgentes” en 140 colegios hasta junio.

Los diez millones presupuestados por el ejecutivo de Susana Díaz para cubrir bioclimáticamente este 2018 las necesidades de la comunidad apenas darán cobertura al 3% de los centros escolares andaluces.
Estas obras se sumarán a las ya ejecutadas en el verano de 2017, que cubrieron las deficiencias del 1% de los colegios públicos, apenas 51 colegios en total.

Las asociaciones de madres y padres (ampas) agrupadas en el movimiento Escuelas de Calor, principal impulsor de la proposición de ley aprobada por el Parlamento andaluz, estiman que a este ritmo de ejecución de actuaciones no se cubrirán en décadas las necesidades bioclimáticas de los 6.000 centros educativos públicos existentes en Andalucía.

La consejera de Educación, Sonia Gaya, ha explicado hace unos días a los padres de alumnos agrupados en la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la Educación Pública (Codapa) que la Ley de Bioclimatización, que ha comenzado su trámite parlamentario gracias a la iniciativa de Podemos y el apoyo del resto de formaciones, todas excepto el PSOE, no cuenta con memoria económica.

Esta afirmación de la consejera choca frontalmente con las previsiones de la iniciativa aprobada en la Cámara autonómica la semana pasada, ya que cuando Podemos registró el pasado agosto el proyecto en la Mesa del Parlamento subrayó que “la aprobación de esta proposición de ley no supondría ningún coste económico añadido para la Administración autonómica andaluza”.

La proposición aprobada mayoritariamente por la Cámara autonómica intenta dar respuesta a los problemas de temperaturas extremas que durante meses sufren los escolares andaluces en unos edificios no acondicionados para ello, siendo los únicos centros públicos que no cuentan con sistemas de refrigeración. Se aplicarán técnicas bioclimáticas, energías renovables e intervenciones de eficiencia energética.
Este texto legislativo impulsado por Podemos y respaldado por PP, Ciudadanos e IU, establece un plazo máximo de seis meses para la elaboración de auditorías energéticas en todos los centros educativos públicos, que servirán para pulsar las necesidades bioclimáticas reales de la red educativa pública andaluza.

Con este estudio como punto de partida, el Ejecutivo de Susana Díaz deberá establecer un plan de inversiones a razón de 66 millones de euros anuales, con los que se prevé poner punto y final a estas deficiencias estructurales del sistema educativo andaluz. Sirva como detalle decisivo que los Presupuestos de la comunidad aprobados por el PSOE con el apoyo de Ciudadanos para este 2018 solo ha destinado un total de diez millones de euros para cubrir este problema, una cantidad muy lejana a la acordada por la mayoría del Parlamento.

La ejecución de la futura Ley de Bioclimatización tendrá efectos positivos no solo en el bienestar de la población estudiante de Andalucía, tal como reivindicaban las ampas andaluzas. Está previsto que repercuta directamente en la dinamización económica del sector de las energías renovables y las empresas andaluzas de servicios energéticos, al tiempo que favorecerá la creación de empleo. La portavoz de Educación de Podemos Andalucía, Libertad Benítez, apunta que la ley supondrá un “cuantioso” ahorro económico en la factura energética de los centros escolares y reducirá la huella de carbono como resultado de la aplicación de técnicas no contaminantes.

La Ley de Bioclimatización registrada el pasado agosto, después de que se visibilizara el problema con las protestas de miles de escolares por las calles de las principales ciudades andaluzas, cuenta con las aportaciones de la comunidad educativa, representada por la iniciativa ‘Escuelas de Calor’, así como de sindicatos y expertos en edificación bioclimática, energías renovables y eficiencia energética. Los letrados del Parlamento destacaron el carácter vanguardista de la norma, de la que subrayaron que no existen precedentes en todo el país.

Tanto es así que otras comunidades como Extremadura y Castilla-La Mancha (ambas gobernadas por el PSOE, que en Andalucía se ha quedado solo en el rechazo a la propuesta) ya se han interesado por esta iniciativa para adaptarla a las necesidades de climatización en su territorios.

(Fuente: Diario 16 / Autor: Natalio Blanco)

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