Catalunya: La CUP llama a “materializar la República” frente a la represión y hace público el acuerdo de investidura con ERC y JxC

cup

Las nuevas citaciones del Tribunal Supremo a varios dirigentes del independentismo por febrero, como las exdiputadas de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel, no han pasado desapercibidas entre los anticapitalistas, que han iniciado una campaña en solidaridad con los encausados. “El español es un estado ‘demofòbic’, imputa personas por aquello que piensan y que dicen”, ha denunciado este viernes su portavoz, Núria Gibert (foto adjunta), que ha defendido que “el único que se puede hacer es, a nivel colectivo, la solidaridad sistemática y general y conseguir los objetivos políticos que combate este represión”, los cuales, en este caso, son “materializar la República”.

Sea como fuere, la campaña de la CUP y Alerta Solidaria “Ni una más!” no se centra en Boya y Gabriel, sino que pretende apoyar al “conjunto de personas investigadas”. Así, ha recordado que, según lo “informo Minotauro” elaborado por los anticapitalistas, hay 32 personas investigadas, sobre todo cargos municipales y autonómicos, y 1.066 lesionadas por la violencia del Estado. Por eso, Gibert ha denunciado el “posicionamiento unívoco del aparato estatal en contra del derecho a la autodeterminación y sus expresiones”, no sólo en cuanto a nivel de los ámbitos políticos, para frenar el ejercicio de este derecho, pero también otros, como “el de expresión”.

Igualmente, al portavoz de los anticapitalistas ha denunciado que “la represión no es un fenómeno aleatorio, tiene objetivos sistematizados, los cuales son desmovilizar la población y sacar el foco de la lucha política, destrozar a través del terror los objetivos de un movimiento, romper los vínculos de solidaridad, y generar miedo a los círculos más cercanos y, si hace falta, a toda la sociedad”. Conforma, en definitiva, un “marco autoritario que busca atacar los derechos individuales y colectivos”.

Reivindicación del trabajo hecho

Sea como fuere, Gibert ha dejado claro que “todas las acusadas tienen la voluntad de superar esta excepción judicial y reivindican todo el trabajo hecho como diputadas de la CUP, así como el referéndum y las movilizaciones sociales y políticas” y ha subrayado que “la forma de contestar a la represión no son ni renuncias ni acataments”, sino que “se tiene que responder con determinación y claridad a la estrategia represiva del Estado que quiere acallar la CUP y la voz del pueblo catalán”. En todo caso, a pesar de recordar que la formación ya denunció que “el Tribunal Supremo no era competente para juzgar los delitos de rebelión”, no ha aclarado si Boya y Gabriel irán a declarar voluntariamente.

En cuanto a la campaña, Gibert ha explicado que se harán movilizaciones y difusión de la represión al Estado y en todo el mundo, y se ha activado una caja de resistencia para hacer frente a los gastos -además de la ya creada hace meses por el ANC y Òmnium-, la cual no sólo servirá para la defensa de Boya y Gabriel, sino que dará “apoyo al conjunto de encausados”. Así mismo, los anticapitalistas han mostrado al inicio de la rueda de prensa un vídeo de la campaña que denuncia la represión del Estado, con música de Feliu Ventura.

La Cup hace público el acuerdo a firmar entre CUP, ERC y JxC antes de la investidura

La CUP ha hecho público este viernes el documento del acuerdo que preveía firmar con Junt per Catalunya y ERC antes de que se suspendiera la investidura de Carles Puigdemont. El texto, de cuatro páginas, no es una entente para el programa de Gobierno sino que recoge 14 puntos entre los cuales el fin de los conciertos para escuelas que segregan por sexo y la recuperación pública de la gestión de Aguas de Busot Ter-Llobregat, así como también el inicio de los mecanismos para arrancar el proceso constituyente.

El preámbulo del texto señala que el trabajo de esta legislatura es la “materialización” de la República, y recoge el testigo del referéndum del 1-O y de la declaración de la independencia del 27 de octubre. Según el acuerdo, desplegar este acuerdo tiene estas “dimensiones”: institucional, social, democrática y en su defensa. La CUP se afana a dejar claro que no se trata de un acuerdo para dotar de estabilidad presupuestaria el futuro Gobierno, que JxCat y ERC ya negocian, y deja claro que el candidato a la Generalitat tiene que no tiene que ser impuesto por el Estado y que, por lo tanto, el nombre es el de Carles Puigdemont.

El apartado en el cual los republicanos tenían que hacer una última aportación queda en blanco. Fuentes del partido puntualizan que el texto no se tenía que firmar, que era una propuesta de la CUP y que todavía se tenía que hablar. La candidatura presidencial deja claro que los objetivos de la legislatura son “restauración, rectificación y restauración”, como señalaron durante toda la campaña electoral. “La investidura de Puigdemont anticipa una forma de dialogar y de trabajar para hacer posible los retos republicanos que la sociedad catalana se panteja”, destacado la parte de las manifestaciones de Juntos por Cataluña.

El proceso constituyente

El primer punto del acuerdo es el impulso del proceso constituyente, la primera fase del cual es la creación de una Asamblea Constituyente provisional a partir del día siguiente de la puesta en marcha del Gobierno. Este organismo tiene que estar formato por todos los diputados en el Parlamento y una representación del mundo municipal, y se tiene que desarrollar la metodología del proceso constituyente. La primera fase, tal y cómo consta en la ley de transitoriedad jurídica, se articula alrededor del Foro Social Constituyente.

Además de los debates en los ayuntamientos, hará falta -según el documento- poner en marcha el Pacto Nacional por el Proceso Constituyente y hacer un “multirreferèndum” sobre las propuestas que se vayan abordando en la fase ciudadana.

Hacia la igualdad

El texto incluye un plan de choque contra la violencia machista que contempla la igualdad salarial entre hombres y mujeres -campaña institucional incluida-, la introducción de cláusulas sociales de género en la contratación pública y la modificación del reglamento del Parlamento y de la ley del Gobierno para establecer cuotas de paridad.

El documento señala que existe un acuerdo sobre un plan de choque contra la corrupción para fortalecer la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifrau, un endurecimiento del código penal e incrementar los recursos de la Agencia Tributaria de Cataluña para mejorar las herramientas y perseguir el fraude fiscal.

(Fuente: nació digital / Autores: Roger Tugas y Oriol March)

Para descargar el acuerdo:

https://es.scribd.com/document/370579379/Document-de-la-CUP-sobre-els-acords-amb-JxCat-i-ERC#from_embed

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *