APDHA denuncia ante la ONU un caso de tortura en Córdoba

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (CAT) el caso de una ciudadana cordobesa que durante su detención por parte de agentes de la Policía Nacional en el año 2013, fue víctima de malos tratos. Asimismo pide al organismo internacional que recomiende a España una “investigación exhaustiva” de las circunstancias en las que se produjeron las lesiones para que se tomen las medidas adecuadas contra los responsables de estos actos.

En el transcurso de la detención y sin identificación previa de los agentes, que iban de paisano, la mujer fue “abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz y llevada a comisaría sufriendo durante la conducción frenazos violentos que le produjeron continuos golpes en la cara contra la mampara de plástico, mientras los agentes se reían”, figura en la denuncia.

La mujer no recibió en ningún momento en Comisaría la asistencia médica obligatoria -pese a haberla solicitado-, ni asistencia letrada, ni se le informaron de sus derechos y, además, se les retiraron sus pertenencias que no le fueron devueltas en ningún momento. Una vez puesta en libertad con una fractura en la nariz, pidió una ambulancia “con su propio móvil” en la puerta de las dependencias policiales.

Como consecuencia de las lesiones recibidas, la mujer tuvo que ser operada con anestesia general (foto adjunta), hecho que sumado a la experiencia traumática sufrida durante su detención, le produjo secuelas psicológicas.

Los tribunales españoles consideraron superior la declaración de los policías nacionales y archivaron la denuncia, a pesar de que queda constatado y reconocido por el propio Estado que la ciudadana sufrió las lesiones durante la detención, hecho que a juicio de la APDHA “debió servir para condenar o al menos abrir juicio contra los denunciados e investigar debidamente el caso”.

La tortura en el Estado Español

Numerosos organismos internacionales han mostrado su preocupación sobre la tortura en España. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), que integra a cerca de 50 colectivos, entre ellos el Consejo General de la Abogacía Española, ha puesto de manifiesto en un informe que, al menos,7.582 personas denunciaron torturas en España entre 2004 y 2014. Durante 2014, un total 961 personas presentaron denuncia de malos tratos bajo custodia. A la cabeza, Cataluña, seguida de Andalucía y Madrid. Asimismo, 50 personas fallecieron por la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según los datos registrados por CPDT.

El Estado ha reconocido al Comité contra la Tortura en el año 2014 que, entre el año 2009 y el 2012, se registraron a la apertura de procedimientos penales contra 4.211 funcionarios de los que únicamente 29 acabaron finalmente condenados. En cuanto a los expedientes disciplinarios, y según la misma fuente, se incoaron durante dicho periodo un total de 442, de los que 28 se resolvieron con una sanción al agente implicado.

El Estado español, ante el número de casos tan elevados de tortura, así como por su impunidad, derivados de falta de investigación, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales focos de atención tanto de Naciones Unidas** como del Consejo de Europa, que han mostrado además su preocupación por la falta de respeto del Estado a sus recomendaciones.

Ya en su informe para el CAT de 2015 sobre España, Amnistía Internacional señalaba la “investigación interna inexistente o inadecuada”, la “inacción de los agentes de policía que no impiden o no denuncian los malos tratos infligidos por compañeros y el corporativismo que lleva a encubrir la conducta ilegal de otros agentes”.

(Fuente: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía – APDHA)

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