Málaga: Los trabajadores de Limasa, la empresa municipal de limpieza, acuerdan en asamblea iniciar nuevas movilizaciones

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La plantilla de Limasa, la empresa mixta municipal de limpieza malagueña, se ha reunido este domingo en asamblea donde no ha planteado que haya una huelga pero si que llevarán a cabo movilizaciones, tras el anuncio del equipo de gobierno del PP sobre la futura empresa, que pasará por una solución “híbrida” en la que una empresa privada asumirá las tareas de limpieza viaria y en manos municipales estará la parte de recogida de residuos.

Este cambio, no obstante, no será inmediato y tardará en ponerse en marcha. Según las estimaciones, el sector que pase a ser privado tendrá un procedimiento que tardará más de un año mientras que el del sector público no tardará tanto, aunque no será inmediato.

“No estamos de acuerdo con la decisión del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre y, por ello, vamos a empezar movilizaciones para defender nuestro derecho”, según ha indicado el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte.

La asamblea faculta al comité de empresa para programar, a partir de la próxima semana, acciones de protesta contra la decisión de dividir en dos la empresa. El acuerdo adoptado fija un plan de movilizaciones, sin hablar de huelga “pues no es el momento”.

“Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para defender nuestros derechos, pero lo que los compañeros quieren es que la ciudadanía sepa el ahorro que habría con la municipalización y demostrarles que la decisión es perjudicial no solo para nosotros, sino también para los barrios porque van a estar desiertos», apuntó el presidente del comité.

La situación y el escenario propiciaban una concurrencia importante de trabajadores a la asamblea de ayer que se acomodó además a una hora que fuese la más factible para la mayoría.  La sala donde se celebró la reunión tiene, según datos del comité, 900 asientos, todos ocupados, más gente de pie, por lo  que calculan que la asistencia fue “cercana a los mil”.

Varias decenas de ellos fueron abandonando la sala antes de que la reunión acabase. La mayoría de estos expreso su “decepción” por la “falta de información del comité” y porque éste no hiciera alusión en la asamblea a los “problemas que tenemos a diario”. Se referían especialmente a la falta de vehículos para trabajar por estar averiados y “lo que es peor, que algunos salen así y un día puede ocurrir algo malo en la calle”.

Con la vista puesta en la larga batalla que se vislumbra, la asamblea de trabajadores de Limasa, con el comité de empresa al frente, desplegó ayer sus primeras baterías de combate. La asamblea de ayer sirvió para tensar a la plantilla ante la dura y larga batalla que se presenta y que tiene como último objetivo, según resaltó ayer el presidente del comité, Manuel Belmonte, “hacer cambiar la decisión tomada por el PP y Cs de dividir la empresa”.

Así las cosas, una asamblea de unos 1.000 trabajadores, según el comité de empresa, reunida a partir de la 4 de la tarde en un salón del hotel NH, y a puerta cerrada, acordó mandatar al comité de empresa para empezar un proceso de movilizaciones, como concentraciones, manifestaciones o actos de protesta, para conseguir tumbar la decisión del alcalde de dividir a Limasa en dos.

De momento solo movilizaciones. Ese es el acuerdo adoptado. “No hemos hablado de huelga”, dejó claro el presidente del comité, tras la asamblea, aunque añadió que es “un derecho que tenemos y está ahí en un momento determinado”. Pero insistió en que “frente a las provocaciones” del concejal responsable de Limasa, Raúl Jiménez, “somos responsables y sabemos que no es el momento para ir a la huelga, pero con el apoyo que tenemos de los compañeros estamos dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguir nuestros derechos”.

“Vamos a iniciar en las próximas semanas un calendario de movilizaciones, para hacer ver a los malagueños que nosotros no estamos de acuerdo con la decisión del alcalde, porque es mala para los trabajadores y para los barrios de la ciudad, ya que va a seguir habiendo suciedad en ellos”, ha anunciado Belmonte.

Con las movilizaciones, la plantilla de Limasa llevará una campaña de difusión, dirigida a los ciudadanos de la capital para hacerles llegar “el ahorro que se produce con una empresa municipal”. El objetivo, explicó Belmonte, “es darle la vuelta a lo que dice el Ayuntamiento para demostrarle a la ciudadanía que la decisión que ha tomado el alcalde es perjudicial no solo para nosotros sino para los barrios que van a seguir desiertos por la falta de personal”. “Nosotros vamos a defendernos a muerte pues no entendemos como se empeñan en dárselo a los privados”.

La problemática laboral

Durante la asamblea también se abordó otra cuestión que afecta a la plantilla a corto plazo y que también puede contribuir a elevar o rebajar la tensión. Se trata de sus condiciones sociolaborales, que además serían las que mantendrían todos los empleados independientemente de que unos pasen a una empresa privada y otros dependan de una sociedad municipal.

Paralelamente hay otra cuestión, que es la puramente laboral, que mantiene en una dura batalla a la plantilla frente a la dirección de Limasa. La pelea, que se dirime en los tribunales, puede temer repercusiones y consecuencias mucho más trascendentes que la decisión municipal de dividir la empresa en dos.

En las próximas semanas, el Tribunal Supremo deberá tomar una decisión que puede afectar al futuro de Limasa de manera trascendente. El Supremo tiene en sus manos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acordó en julio pasado que se reponga a la plantilla las condiciones de trabajo que tenían fijadas en el convenio 2010/12 y que se anulen los recortes pactados en los años siguientes.

La empresa ha recurrido la sentencia, pero si finalmente el Supremo no admite a trámite ese recurso, dará firmeza total a la sentencia del TSJA que deberá cumplirse.

Sería este un varapalo descomunal para la empresa y para el Ayuntamiento que es quien aporta el dinero ya que obligaría a cumplir todo lo fijado en el último convenio vigente, el de 2010, que implica la aplicación de derechos laborales que tendrían un coste de millones de euros, algo inasumible ahora mismo por el Ayuntamiento y la dirección de la empresa.

“Tenemos un convenio colectivo que está judicializado”, explicaba ayer el presidente del comité, Manuel Belmonte. “Nosotros hemos cumplido los acuerdos de 2017 y a partir de 2018 pedimos lo que dice el convenio colectivo. Hasta ahora nos lo están dando (vacaciones) pero sobre la paga de productividad, de 1.650 euros, la decisión la tiene el Ayuntamiento”. Belmonte se refiere a que los acuerdos parciales que pusieron fin a la huelga de marzo de 2015, tenían el límite de diciembre de 2017, pues se esperaba que para antes de esa fecha hubiese ya una decisión judicial en firme que fijase que es de aplicación. Al no ser así, la plantilla está reclamando que se vuelva al convenio vigente, único que sería de aplicación.

Según se planteó en la asamblea, del devenir de estas condiciones laborales también dependerá el nivel de las movilizaciones a adoptar. En cualquier caso, todo apunta a que será una carrera de fondo hasta que se tramite el nuevo modelo de gestión.

(Fuentes: La Opinión de Málaga / diario Sur / Málaga Hoy / Andalucía Información)

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