Un informe de CEAR documenta la falta de acceso al asilo y a la asistencia jurídica de quienes llegan a costas peninsulares en patera

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Llegan a las costas españolas tras ser rescatados en alta mar. Algunos de ellos acaban de vivir situaciones traumáticas. Entre ellos hay niños, mujeres víctimas de trata, potenciales refugiados, pero, al desembarcar en España, la inexistencia de un protocolo de recepción a quienes llegan en pateras se refleja en una respuesta de las autoridades “improvisada y arbitraria”, según ha documentado en una nueva investigación la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

El resultado: un abogado para cada 12 personas, entrevistas colectivas que impiden una asistencia letrada con garantías, menores encerrados en calabozos, envíos sistemáticos a los centros de internamiento, falta de información sobre la posibilidad de pedir asilo… Son algunas de las situaciones detectadas en el estudio ‘Los muros invisibles tras la Frontera Sur’, que describe las consecuencias de la falta de respuesta unificada ante el fuerte incremento de las llegadas en patera a las costas españolas en 2017, triplicadas con respecto al año anterior.

En función del lugar en el que desembarquen, el abogado de oficio que les corresponda, el juzgado de instrucción de turno que reciba las órdenes de internamiento en los CIE correspondientes o la ocupación en estos centros, las personas recién llegadas tendrán o no posibilidad de solicitar asilo o acceso a una asistencia letrada especializada en Extranjería, denuncia el informe de la organización.

“Hemos detectado una falta de coordinación y homogeneidad en la recepción de estas personas, que deriva en la toma de decisiones diferentes en cada momento”, ha afirmado Paloma Favieres, directora de departamento jurídico de CEAR. A pesar de la arbitrariedad, la ONG sí ha observado una “lógica generalizada” de dificultad de acceso al procedimiento de asilo de quienes llegan a España en patera. “Queda evidenciado en el bajo número de personas que han pedido protección tras ser rescatadas”, apunta la letrada.

Así, los migrantes se chocan con “grandes obstáculos para recibir un servicio jurídico de calidad, detectándose trabas constantes al acceso de los abogados del turno de oficio”, detalla Favieres.

Por lo general, tras vivir la experiencia de atravesar el Mediterráneo, los recién llegados a las costas andaluzas son retenidos en comisaría durante un máximo de 72 horas. Algunos de estos lugares son “insalubres, con colchones en el suelo y sus correspondientes barrotes”. La Policía avisa a los abogados del turno de oficio, pero “no a la llegada” de los migrantes, “sino para la notificación del acuerdo de devolución”.

Según denuncia CEAR, este hecho provoca que “no se garantice el derecho de los letrados a entrevistarse con sus defendidos con anterioridad a su declaración ante Policía Nacional”. La ONG insiste que “debería garantizarse este derecho, así como el de realizar entrevistas de forma individualizada”.

De esta manera, describen los investigadores, cuando la asistencia letrada llega, prácticamente todo está decidido. “La policía, en muchos casos, ya ha tomado declaración a las personas y ha dictado las correspondientes órdenes de devolución y solicitud de internamiento (en los CIE) dirigida a la autoridad judicial”.

Los internamientos en los CIE son prácticamente sistemáticos, a pesar de que la mayoría de las personas encerradas en los centros de la costa andaluza acaba en libertad. Esta tendencia se produce, asegura CEAR, hasta el punto de establecer “modelos de auto” iguales para prácticamente todos los migrantes, reflejando la falta de individualización en el proceso: “Ello evidencia la necesidad de contar con una judicatura más especializada en materia de migración y asilo”.

Una vez que el juzgado autoriza el encierro de los migrantes en el CIE, los abogados sí se entrevistan con sus defendidos, pero de forma colectiva, en presencia policial y sin “ninguna privacidad”, denuncia la ONG.

Todo ello se traduce en que, aunque algunos de los recién llegados hayan mostrado su voluntad de querer pedir asilo antes de ser internados en el CIE, la solicitud se acaba tramitando una vez se encuentren en el centro de internamiento.

Esta forma de actuar, cuestiona CEAR, “es menos garantista” para el solicitante de protección, pues “una vez es admitida a trámite la petición, se aplica el procedimiento de urgencia, en el que los plazos se reducen a la mitad que los previstos en el procedimiento ordinario”.

La organización, sin embargo, encuentra la excepción en Málaga. Si los migrantes alcanzan la costa malagueña, estos suelen tener acceso a mayores garantías jurídicas, debido a la existencia de un turno de oficio especializado en Extranjería que se refleja en un mayor número de peticiones de asilo registradas. Según el Colegio de Abogados de Málaga, se formalizaron 246 solicitudes de protección, mientras que durante 2016 se realizaron 16.

“Los abogados acuden a las instalaciones del puerto y se entrevistas de manera individualizada con los recién llegados”, a los que explican sus derechos, como el de solicitar asilo, así como los procedimientos que se van a llevar a cabo, algo que no ocurre en el caso de Almería. No obstante, también se presentan trabas como la falta de intimidad, la presencia policial y las carencias en el acceso a intérprete, pues solo cuentan con francés, inglés y árabe, denuncia CEAR.

Para acabar con la “improvisación” denunciada, la ONG solicita al Gobierno que “elabore de forma urgente un plan de acción a nivel estatal” que incluya un protocolo para “unificar la actuación” ante la llegada de personas migrantes a las costas españolas. “La posibilidad de solicitar asilo para las personas que huyen no puede depender del puerto al que se llegue”, ha resumido la secretaria general de CEAR, Estrella Galán.

(Fuente: el diario.es / Autora: Gabriela Sánchez)

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