47 ocupas de las corralas de Sanlúcar encausados

Casi medio centenar de sanluqueños y sanluqueñas han desfilado, entre el lunes y el martes, por los juzgados de Sanlúcar de Barrameda para responder ante el juez por los presuntos delitos de usurpación tras haber ocupado, en 2014, hasta 47 viviendas. Son los ocupantes de las denominadas Corralas de Bonanza, Martín Miguel y el Carril de los Ángeles, que se integran en las denominadas ‘Corralas de la Dignidad’, compuesta por 16 comunidades de viviendas que vienen ocupándose en Sanlúcar desde hace dos años. Casi 300 familias viven en Sanlúcar en este ‘régimen’, en una localidad en la que el paro hace más estragos que en ningún lugar de España, y que lleva aparejada la dificultad para acceder a una vivienda.

El lunes tuvieron lugar las vistas contra los ocupantes de la Corrala de Bonanza, la pionera en el fenómeno de la ocupación de viviendas en Sanlúcar de Barrameda. Un edificio ocupado por once familias, de las cuales solo pudieron ser juzgadas seis. Las otras cinco solicitaron abogado de oficio, que les fue asignado con tiempo insuficiente para poder preparar la causa, por lo que el juez estimó la suspensión solicitada. Para los que sí pudieron ser juzgados, y al tratarse de un delito con carácter leve, estipulado en el artículo 245 apartado 2 del Código Penal, el fiscal estimó pedir una multa de seis euros diarios durante seis meses, una cantidad que es una «desfachatez» para las familias, estima Hugo Gómez, abogado del SAT, y asesor jurídico de la Coordinadora de Apoyo a las Corralas de la Dignidad.

«El objetivo de las corralas es dar respuesta a un estado de necesidad, al que los poderes públicos deben dar respuesta. Un fiscal no puede pedir más de 500 euros de multa porque no tiene en cuenta ni los alegatos ni la situación social de las familias», subraya, además de criticar que el citado artículo del Código Penal «data de 1995, y está hecho a la medida de los bancos». Precisamente uno de los testigos citados, el administrador de la empresa SAECON, la constructora de las viviendas de la Corrala de Bonanza, acreditó en el juicio que la propiedad ya ha sido transferida a Caixa Catalunya.

El martes ha sido el turno para las familias que viven en las Corralas de Los Ángeles y Martín Miguel. Al igual que con los ocupantes de la Corrala de Bonanza, se enfrentan al desalojo y a presuntos delitos de usurpación. En el caso de la primera, el juicio se ha suspendido igualmente por la «tardanza en la designación de los abogados de oficio», según subraya Hugo Gómez, que ejerce de abogado y de portavoz de parte de los imputados de esta corrala. Esta misma circunstancia es la que ha motivado la suspensión de los juicios a la Corrala de Martín Miguel, un edificio que al parecer es propiedad de un consorcio de entidades bancarias de Valencia. En cualquier caso, se trata de aplazamientos meramente temporales, ya que las citaciones para nuevas fechas se han estado entregando en el juzgado.

Carmen Álvarez, concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sanlúcar y citada judicialmente como testigo el lunes, aportó al juez documentación audiovisual que reflejaba el estado de las viviendas cuando fueron ocupadas. «Obras inacabadas en edificios abandonados, todos ellos propiedad de los bancos» y vacíos tras cuatro o cinco años desde que culminase su construcción. Incide en que «la gente no ocupa por quedarse con la casa, porque ellos son conscientes de que lo que hacen no está bien, ocupan porque necesitan un lugar para vivir, y lo que quieren es un alquiler social». Eso mismo fue lo que le manifestaron al juez los ocupantes de la Corrala de Bonanza el lunes.

Esto ocurrió ya en junio de 2015, cuando el desahucio previsto en la Corrala de Trasbolsa quedó en suspenso después de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ofreciera a las 13 personas ocupantes un alquiler social.

La concejal de IU, Carmen Álvarez, al igual que Hugo Gómez, abogado de una parte de los ocupantes, no dudan en señalar al Ayuntamiento de Sanlúcar (PSOE) como parte del problema «porque no ha hecho nada». Álvarez recuerda que debido a los altos índices de ocupación de viviendas en Sanlúcar, elevaron a pleno el pasado año una moción que se aprobó para crear la Oficina de la Vivienda Digna. Esta oficina, compuesta por una abogada y asistentes sociales, se creó hace unos meses y posibilita que en el Ayuntamiento de Sanlúcar medie con los bancos o promotoras propietarias de las corralas para que ofrezcan un alquiler social a las familias que residen en ellas, una vez que los técnicos municipales hayan determinado que son vecinos en riesgo de exclusión social. «Pero la realidad es que el alcalde, Víctor Mora, no ha hecho nada, al menos en el sentido estricto de negociar alquileres sociales. A día de hoy nadie tiene negociado un alquiler social».

Por su parte, desde la Oficina de Vivienda Digna del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda se ha detallado que en la Corrala de los Ángeles, sólo ocho personas de las catorce que están ocupando las viviendas están inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda. Esta corrala y la de Bonanza «están a la espera de adjudicación a SAREB, que acepta nuestra propuesta de estudiar un alquiler social cuando se les adjudiquen». En la Corrala de Martín Miguel solo figura una persona inscrita en el Registro de Demandantes de Vivienda. «Nos consta que muchos de sus ocupantes no son de Sanlúcar», apostillan.

Esta promoción también sigue siendo, según el Ayuntamiento, de su promotor, si bien «la promoción puede acabar en una ejecución hipotecaria promovida por una entidad bancaria, que accede a la propuesta de que sean realojados en otras viviendas del grupo bancario una vez se hagan con la promoción». Igualmente destaca que los servicios sociales no pueden asegurar que los integrantes de las corralas estén en riesgo de exclusión social «porque no disponemos de información suficiente, ya que en las visitas realizadas a las viviendas nos encontramos con que o cambian los ocupantes o no se facilita la documentación que se les requiere».

La edil de IU, Carmen Álvarez, indica que el pasado 6 de marzo, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que pertenece a la Consejería de Fomento y Vivienda, anunció que ofertaba la venta de 23.582 metros cuadrados para edificar viviendas protegidas en Jerez y otros 1.964 en Chiclana. En total, 409 viviendas protegidas de nueva construcción en Jerez de la Frontera y 43 en Chiclana. «En Sanlúcar, con el problema real que tenemos, no hay inversiones en materia de VPO, y el alcalde ni hace ni tampoco pide».

Las concentraciones ante las puertas del ayuntamiento sanluqueño se han sucedido en los días previos a los juicios, así como en estos días en la misma puerta de los juzgados para pedir al gobierno municipal que evite nuevos desahucios. Tanto los ediles de IU como el parlamentario andaluz de Podemos, Jesús Rodríguez, han mostrado su solidaridad con las corralas, habiendo acudido éste último a la segunda jornada de los juicios en señal de apoyo.

(Fuente: El Mundo – Andalucía / Autora: Laura Garófano)

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