Sevilla: Campaña de criminalización del gobierno local y los medios de comunicación contra la Corrala Dignidad (videos)

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“Con los rostros blancos y el miedo metido en el cuerpo. Así se quedaron la mayoría de los concejales del Ayuntamiento tras la irrupción en el Salón Colón de los integrantes de una Corrala”, “La tensión y el miedo se adueñaron por unos momentos del Salón Colón” así, de esta manera tan sensacionalista, describe un medio local la protesta realizada por miembros de la Corrala Dignidad en el plano municipal del ayuntamiento de Sevilla del pasado miércoles. No es el único, el tono general en el resto es semejante. Otros hablan de “asalto al pleno”, de “maniobra planificada” para “acceder con violencia” hasta el lugar de los concejales, etc.

¿En que había consistido esa actuación tan dramáticamente descrita? Pues en que alrededor de una veintena de miembros de la Corrala, que se encontraban sentados en la zona reservada al público en el Salón Colón del  Ayuntamiento, sala donde se realizan los plenos, cuando se debatía la problemática de la vivienda y los incumplimientos municipales, se pusieron en pie con cartulinas y gritando eslóganes al respecto tan “radicales” como “Espadas (el Alcalde) no cumple”, “queremos hechos” o “derecho a techo”,  intentando colocarse en la primera fila, junto a un cordón que separa simbólicamente dicha zona pública con la reservada a los políticos.

Esta tipología de actuación es una tradición en los plenos municipales sevillanos. Desde hace años, cada semana diversos colectivos hacen pública sus problemáticas y reivindicaciones protestando de idéntica forma durante los mismos, mientras sus compañeros los apoyan concentrados en el exterior del edificio, tras lo que son expulsados y desalojados. De hecho, en éste último, además de representantes de la Corrala, los había de otros colectivos, incluidos a representantes de los propios trabajadores municipales.

No hay por tanto nada  novedoso en la reivindicación realizada por los miembros de la Corrala. La única novedad fue la sobreactuación de los concejales, la dureza represiva de la policía local y el tratamiento dada a su protesta por los medios locales.  “Nos hemos quedado con el cuerpo cortado”, llega a manifestar uno de los concejales a uno de esos medios. “La intención era ocupar la bancada a toda costa”, “alguno lo consiguió”. declara otro. Lo cierto es que, además de situarse en primera fila, lo más “violento” que llegarán a hacer  los okupas será  un intento de sentada y algunas increpaciones al Alcalde y los concejales  llamándoles “sinvergüenzas” mientras abandonaban el salón de actos en estampida, como se puede apreciar en los vídeos que los medios añaden a sus desiformaciones, a modo de “prueba” de lo ocurrido, y que se vuelven en su contra pues las imágenes les desmienten. En ellos no se observa más violencia que la policial.

Al día siguiente, el jueves, el  Ayuntamiento informaba oficialmente que la Policía Local ha abierto una investigación en torno a los incidentes acontecidos. Además, el asunto ha sido elevado a los servicios jurídicos municipales, “para tomar medidas legales correspondientes en su caso” porque “se intentó ocupar con ánimo agresivo y entre insultos y amenazas el salón de plenos, saltándose los controles para alcanzar la zona ocupada por los concejales”.

El concejal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que fue el que ordeno la intervención policial, ha manifestado en un comunicado que “el intento de saltarse los controles y acceder a la bancada de concejales del pleno por parte de un colectivo es un hecho injustificable, lamentable y que no debe repetirse”. “Una cosa es una legítima protesta o reivindicación, y otra muy distinta intentar un asalto o una ocupación al pleno”, que clasifica como “acción organizada, agresiva y violenta, realizada por parte de un grupo de personas que ocupa un edificio en la Macarena y que contó con el apoyo de un grupo político”.

El grupo político al que referencia sin mencionarlo es Participa Sevilla (Podemos), al que se acusa de estar detrás de la protesta, junto a IU. Pera ello los medios aportan “pruebas” tan sólidas como el que la acción comenzó mientras Participa realizaba una propuesta sobre la problemática de la vivienda o que uno de los concejales de su grupo recriminó a la policía lo desmedido de la intervención. A este respecto, el concejal de Seguridad defiende dicha actuación de los agentes, afirmando que “la Policía Local realizó su función de proteger y defender la Casa Consistorial”. Por su parte la dirigente de Podemos Cristina Honorato respondió acusando al alcalde de gobernar “con la porra, el palo y la represión policial”.

Ayer viernes los portavoces de la Corrala motivaron la acción “por la falta de alternativa ocupacional”. Los okupas, que negaron con rotundidad haber actuado violentamente o mantener vínculos con Participa Sevilla o Izquierda Unida, defendieron su irrupción en el Pleno “porque en Sevilla hay tres desahucios diarios y no se hace nada”. “Sacamos las pancartas y la Policía entró con los codos por delante. En ningún momento quisimos atacar a los políticos porque todos los meses vamos al Pleno y no pasamos la valla”. También acusaron al gobierno municipal: “Quieren cargarse la Corrala a través de la manipulación. Se puede ver en los muchos vídeos que hay. Somos un colectivo que ayuda a las personas, que queremos una casa y nos quieren tratar de banda organizada”.

Los okupas denunciaron la privatización de las ayudas a los sin techo y cómo ellos, en cambio, “pese a no tener recursos” dan cobijo en la Corrala a 37 personas, “gracias a la solidaridad de los vecinos”, unas personas “que de otra forma estarían en la calle, porque en los albergues dicen que no dan el perfil por ser jóvenes y no los aceptan”.  En este sentido, denunciaron y condenaron la última muerte de una persona sin hogar en Sevilla, ocurrida hace la pasada semana. Un indigente de 37 años que falleció de embolia pulmonar en el albergue Virgen de los Reyes, ubicado a escasos metros de la Corrala Dignidad.

Igualmente informaron que sólo  unos días después de la okupación, realizada el pasado 14 de noviembre, la policía entró desde el techo intentando el desalojo, que no consiguieron “porque opusimos resistencia y no nos pueden echar sin una orden judicial”. Para el 19 de enero está previsto el juicio. La Corrala ocupa sólo una parte del edificio, que se encontraba deshabitado. En la otra viven varios ancianos de edad avanzada. Los okupas acusan a los dueños de que éstos “recurren a prácticas de asustaviejas para que se vayan, porque el objetivo es la especulación, y a nosotros nos han ofrecido dinero para salir de aquí”.

La Otra Andalucía

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