Heuskal Herria: El informe sobre torturas recibe el aval de Amnistía Internacional y el Comité Europeo de Prevención de la Tortura

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Amnistía Internacional ha celebrado la publicación del informe sobre torturas encargado por el Gobierno vasco, ya que este tipo de investigaciones sirven “para avanzar en el derecho a la verdad”. La organización no gubernamental expresó además que el documento confirma una de sus principales preocupaciones, que “la inmensa mayoría de los casos” de malos tratos y abusos policiales en Euskadi “siguen impunes”. Así, considera que son necesarias más investigaciones exhaustivas para no perpetuar “la impunidad en este tipo de violaciones de derechos humanos”, y reclama al Gobierno español que reconozca el daño causado por estos hechos.

“Mientras que el Estado español ni tan siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura”, desde el Ejecutivo autonómico se han impulsado iniciativas para “avanzar en el derecho a la verdad, tanto individual como colectiva, de las víctimas estas violaciones de derechos humanos”, apunta AI.

Esta organización ha denunciado que “la inmensa mayoría de los casos de tortura y malos tratos en el País Vasco siguen impunes”, ya que pese al número de denuncias por tortura durante 50 años “tan solo se han dictado 20 sentencias por 31 personas torturadas en régimen de incomunicación contra 49 funcionarios, 27 de los cuales habrían sido indultados”. También alerta de que la mayoría de los culpables no han sido juzgados: “Tal y como muestra este informe, la impunidad en los casos de tortura está perpetuada mediante un círculo vicioso”.

La investigación documenta 4.113 denuncias de torturas en Euskadi entre 1960 y 2014, pero señala que el total de casos podría ser aún mayor. Esteban Beltrán hace hincapié en este aspecto: “A pesar de la magnitud de estas cifras, la dimensión real de las personas afectadas podría ser mayor, especialmente en lo que se refiere a denuncias por hechos producidos durante el franquismo y los primeros años de democracia”.

Los responsables de Amnistía Internacional afirman que, aunque la tortura es una práctica “atenuada” en los últimos años en Euskadi, “no puede considerarse superada, ni esporádica”. Además, la ONG lamenta la invisibilización de las víctimas de estas violaciones en el Estado español que, según recuerda, ha sido condenado hasta en siete ocasiones desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber emprendido investigaciones efectivas sobre denuncias de tortura formuladas por personas en régimen de incomunicación. En esta tesitura, la organización reclama al Gobierno de España que haga un reconocimiento público del daño causado por estos abusos policiales.

También el CPT

Por su parte, el secretario ejecutivo del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), Jeroen Schokkenbroek, visitó el psado miércoles Euskadi y se reunió con varios dirigentes vascos, entre ellos el lehendakari, Iñigo Urkullu. Schokkenbroek avaló la elaboración de estudios de este tipo porque “sirven para que la verdad salga a la luz”, y calificó de “muy interesante” la aportación del Instituto Vasco de Criminología, aunque reconoció que tampoco la conoce en su literalidad.

El principal representante del CPT estuvo ayer en Vitoria invitado por el Ararteko, Manuel Lezertua, que participó en la reunión que mantuvo con Urkullu en Lehendakaritza, a la que se sumó asimismo el secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández. Schokkenbroek también visitó el Parlamento Vasco, donde mantuvo un encuentro con su presidenta, Bakartxo Tejeria, y presentó las conclusiones del informe que el CPT elaboró el año pasado sobre España. En dicho trabajo, este comité dependiente del Consejo de Europa califica de “avance positivo” que el régimen de detención incomunicada no se haya aplicado en España en 2015 y 2016, pero propone que “debería eliminarse por completo de la legislación española”.

A preguntas de los periodistas, Schokkenbroek se refirió al estudio sobre la tortura encargado por el Gobierno Vasco, que fue presentado el pasado lunes. Señaló que, aunque el CPT no ha participado directamente en su elaboración, le parece “muy interesante” que este tipo de iniciativas se lleven adelante. El secretario ejecutivo del comité europeo contra la tortura defendió todos los trabajos que sirvan para que la «verdad salga a la luz» y evitar que se produzcan casos de torturas y malos tratos en el futuro.

En este sentido, recalcó la importancia de la labor “preventiva” del CPT y explicó que tiene un “efecto preventivo importante” que cualquier cuerpo del Estado, policías o ejércitos, sepa que va a haber una «investigación seria» si se produce una denuncia de torturas. Al ser preguntado sobre si da “credibilidad” al informe encargado por el Gobierno Vasco, reconoció que no conoce su contenido, pero señaló que el comité “acoge y respeta cualquier esfuerzo serio” que se realice en esta materia.

4.113 casos de tortura

El Instituto vasco de Criminología (IVAC-KREI) de la Universidad del País Vasco y el Gobierno vasco han presentado este lunes el informe final sobre el Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, que censa 4.113 denuncias registradas por 3.417 personas en Euskadi por malos tratos y torturas, una cifra “inferior a la real porque no han podido rescatarse muchas de las correspondientes a los años 60, 70 y 80”.

En rueda de prensa celebrada en San Sebastián recogida por Europa Press, el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, el presidente del IVAC-KREI, el profesor y doctor en Medicina Francisco Etxeberria y la doctora en Derecho Laura Pego, que han dirigido esta investigación, junto al doctor en Psicología Carlos María Beristain, han informado del contenido de este documento de 500 páginas encargado por el Ejecutivo vasco al IVAC, en el marco de su Plan de Paz y Convivencia 2013-2016 y del Plan de Convivencia y Derechos Humanos 2017-2020.

El médico especialista en medicina legal y forense ha explicado que este trabajo, sobre “un asunto delicado, sensible y complicado”, ha sido “el más difícil” que ha afrontado, y ha consistido en “acercarse a los afectados, en nombre del Gobierno vasco, mirarles a los ojos, preguntarles, y ponerlo en este texto de 500 páginas y muchos anexos”, algo que, ha explicado a “todo el mundo le ha parecido pertinente”.

4.113 denuncias registradas por 3.415 personas en Euskadi por malos tratos y torturas, Es el dato revelado por el informe publicado por el Instituto Vasco de Criminología (IVAC) y el Gobierno vasco elaborado por el reconocido médico forense Francisco Etxeberria, la especialista en Criminología Laura Pego y el doctor en Psicología de la Salud Carlos María Beristain. La Guardia Civil y la Policía española están detrás de la gran mayoría de las denuncias y todas las condenas por tortura, según recoge este proyecto de investigación sobre la tortura y los malos tratos en Euskadi entre 1960 y 2014 publicado el pasado lunes. Entre ambos cuerpos de seguridad suman 3.600 casos denunciados, a partes iguales.

También de la Ertzaintza

El estudio también recoge algunas denuncias en contra de la Ertzaintza, aunque en número inferior (310 casos) y “cualitativamente” diferente con respecto al resto de policías. El Gobierno vasco sostiene que la diferencia radica en que la Policía vasca “ha promovido estructuralmente un modelo preventivo valorado positivamente por todas las instituciones supervisoras y de derechos humanos que lo han analizado”. Además, la inexistencia de condenas judiciales por tortura contra ningún ertzaina confirmaría ese comportamiento, aunque desde Lakua precisan que no debe hacerse una lectura “autocomplaciente” de los datos por “respeto y consideración” hacia las víctimas.

Los dos principales sindicatos de la Ertzaintza valoraron de manera desigual los datos del informe. Erne mostró su “total desacuerdo” por incluir 314 casos relacionados con la Ertzain-tza (310) y las policías locales (4) sin que exista ninguna sentencia. En un comunicado, señala que “solo se puede entender desde un punto de vista de equidistancia del Gobierno vasco entre una organización terrorista y los que verdaderamente han sufrido las torturas y malos tratos por una organización terrorista que ha asesinado y perseguido a dichos agentes”.

Desde Esan, el segundo sindicato más votado, valoran positivamente el informe ya que constata que “nunca ha quedado acreditado ningún caso de tortura y malos tratos” en la Er-tzaintza. A juicio de la central, “esto es debido a la profesionalidad y la defensa de los derechos humanos” de todos los miembros de la Policía vasca y destaca que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ha validado” todas las actuaciones investigadas sobre la Ertzaintza.

La investigación, cuyos resultados fueron presentados ayer por el propio Etxeberria y el secretario de Memoria y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, arroja luz sobre uno de los aspectos más sórdidos y ocultos de la lucha antiterrorista por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ya entrada la democracia, aunque también recoge denuncias de torturados en las décadas de los 60 y los 70. Uno de cada cuatro casos corresponderían al periodo de dictadura franquista y el 71% durante la democracia.

El número real mayor que el constatado

El informe llega a la conclusión de que la tortura ha sido más que esporádica en Euskadi, y añade que la incomunicación durante las detenciones “ha favorecido y permitido los abusos”. Además, el estudio subraya que unas 20.000 personas han sido arrestadas por “los mismos hechos” que los casos de malos tratos documentados en el informe, por lo que considera que no está medido suficientemente el alcance de las torturas.

Por todo ello estima que el número de casos es sensiblemente superior al constatado en el informe. En este sentido, precisa que en el periodo de la dictadura y primeros años de la transición hasta 1978 solohan podido registrar 1.081 casos (el 26,4% del total), pese a que en aquellos años la tortura fue una práctica generalizada en las comisarías policiales. Además, los investigadores indican que la autoridad judicial “no ha hecho lo suficiente y los procesos han sido tan largos en el tiempo” en los casos que se han presentado denuncias judiciales por torturas, que, a juicio de Francisco Etxeberria, “las víctimas han quedado doblemente victimizadas”, al tener que recordar sus experiencias muchos años más tarde.

Además, ha indicado que la autoridad judicial “no ha hecho lo suficiente” y los procesos han sido “tan largos en el tiempo” en los casos que se han presentado denuncias judiciales por torturas, que “las víctimas han quedado doblemente victimizadas”, al tener que recordar sus experiencias muchos años más tarde. También ha criticado “los indultos y ventajas” para quienes han quedado “acreditado que eran torturadores”, que “han sido solemnes”, y la ausencia de “reparación” para las víctimas de torturas y malos tratos. En este sentido, ha indicado que la Ley Vasca de Abusos Policiales 12/2016, recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, “podría servir para atender” a este colectivo.

Informe exhaustivo

Se trata del informe más exhaustivo jamás realizado sobre la tortura en Euskadi. Los investigadores han analizado y archivado más de 26.113 documentos y han recogido 500 testimonios directos de víctimas de torturas y malos tratos que Etxeberria y sus compañeros han grabado y anotado en encuentros directos con los denunciantes. Etxeberria relató ayer que ha sido el trabajo “más difícil” que ha afrontado en su extensa y profusa trayectoria profesional. Su manera de proceder ha consistido en “acercarse a los afectados, en nombre del Gobierno vasco, mirarles a los ojos, preguntarles, y ponerlo en este texto de 500 páginas y muchos anexos”.

Este material se ha sumado a las entrevistas recogidas anteriormente y recopiladas también en audio y vídeo y eleva el número de testimonios a 1.027. Otros 202 casos se han analizado a la luz del Protocolo de Estambul, la principal referencia internacional para diagnosticar casos de tortura. Además, se han analizado 20 sentencias ratificadas por el Tribunal Supremo que acreditan torturas sufridas por 31 personas, cuatro de ellas mujeres, y en uno de los casos con resultado de muerte (el del militante de ETA Joxe Arregi en 1981), por las que se condena a 49 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de ellos 28 çguardias civiles y 21 policías españoles.

Jonan Fernández incidió en que “el encargo de esta investigación constituye una muestra del compromiso con la clarificación de las vulneraciones de derechos humanos y especialmente con el derecho a la verdad de las víctimas”. Según señaló, todas las víctimas de la tortura y de los malos tratos deben saber que la sociedad vasca y el Gobierno vasco “conocen su padecimiento, y reconocen que el daño que sufrieron fue injusto”.

Tras constatar que en los últimos doce años la trayectoria de los casos de tortura ha sido descendente (desde 2014 no ha habido ninguna denuncia), Fernández subrayó que el informe quedará depositado en Gogora.

(Fuentes: Deia / naiz / Diario Vasco / eitb / InfoLibre)

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1 respuesta

  1. icabalor dice:

    A continuación adjunto el texto publicado por el Movimiento Pro Amnistia y contra la Represión sobre este informe elaborado bajos los auspicios del gobierno vasco:

    Destrozar la personalidad de lxs detenidxs, conseguir autoinculpaciones, aplicar el castigo físico, causar cicatrices psicológicas, humillación, miedo… Eso logra la tortura, eso y mucho más. Cuando un estado utiliza la tortura no es hacer sufrir a lxs detenidxs lo único que busca. Un estado que utiliza la tortura quiere hacer llegar un mensaje claro a la disidencia política, la quiere atemorizar y condicionar, quiere advertir a quien se involucra en la lucha de lo que le va a ocurrir si no vuelve al rebaño: podrá pasar 5 días sin comer ni beber, podrá pasar 5 días sin dormir, podrá ser golpeado con un listín telefónico en la cabeza hasta que esta esté a punto de estallar, podrá ser mojado con agua helada, le podrán meter la cabeza en una bolsa de plástico hasta que pierda el conocimiento, podrá sufrir una sesión de electrodos, cuando vomite le obligaran a limpiarlo con la lengua, tendrá que realizar ejercicios físicos hasta caer al suelo agotadx, estará en riesgo de sufrir agresiones sexuales. Y le pedirán nombres, y recibirá amenazas de que harán lo mismo con las personas a las que quiere… hasta que firme lo que al torturador le dé la gana.

    El Estado español y los partidos que lo sustentan en Euskal Herria (PP, PSOE y PNV) han hecho un uso absolutamente político de la tortura con el objetivo de someter a la resistencia vasca, ocultándola a ojos de la mayoría del pueblo y al mismo tiempo haciéndola visible para quienes luchaban, tratando así de condicionar su militancia.

    Por medio de la tortura, además de lograr autoinculpaciones que aún hoy siguen sirviendo para mantener a cientos de personas en la cárcel, el Estado ha expandido el miedo en toda Euskal Herria en busca de la desactivación política de los sectores luchadores, habiendo generado en muchas ocasiones, que se tema más a los cinco días de incomunicación que a las largas condenas de cárcel. Para ello tienen organizada una maquinaria tan fina como brutal, desde los responsables políticos hasta quienes aplican la tortura directa, pasando por jueces, abogados de oficio, médicos forenses y medios de comunicación.

    En esta ocasión es un estudio del Gobierno Vascongado el que ha dado credibilidad a más de 4.000 casos de tortura tras aplicar el Protocolo de Estambul. Hay que destacar que en este estudio no entran los casos de Nafarroa y que son muchas las prsonas que no han participado en el estudio por distintas razones (haber fallecido, estar en la cárcel o en el exilio, no haber querido tomar parte en este proyecto, no querer recordar aquellos días…). Es por eso, que los casos de tortura son muchos más. Según Torturaren Aurkako Taldea, más de 10.000.

    En cambio, no es casual que esta investigación no haya sido encargada hasta terminada la lucha armada de ETA, como tampoco es casual que en dicho informe se haga una limpieza de cara de los cipayos. En el dosier se añaden varios matices que no son correctos. Por ejemplo, se subraya el porcentaje de torturados por la Ertzaintza en comparación con la Guardia Civil y la Policía Española, obviando que el periodo analizado va desde 1960 hasta 2014 y que esta fuerza represiva fue creada en 1982. En cualquier caso, lo más importante no es el cómputo global, sino que los cipayos han utilizado la tortura cada vez que han aplicado la incomunicación.

    El dosier también menciona el que se conociera como “Protocolo Balza” como muestra de las garantías hacia los derechos humanos de lxs detenidxs. No explica, sin embargo, que después de poner en marcha el dichoso protocolo que solo buscaba blanquear y facilitar la tortura, la policía del PNV (y también la del PSE durante el mandato de Patxi López y Rodolfo Ares) la siguió practicando.

    No podemos pasar sin mencionar la crítica que el sindicato ErNE ha hecho sobre el informe, dejando al descubierto que el corporativismo entre cipayos ha sido una herramienta imprescindible para ocultar y apoyar la tortura. Aunque se supone que su deber es perseguir delitos, han dado cobertura a un delito tan repugnante como la tortura, mientras además de en las comisarías, apaleaban al pueblo. La denominada Ertzaintza no es más que otra fuerza de ocupación española en contra de Euskal Herria, a pesar de que sus miembros sean de esta tierra. De ahí el nombre que les ha impuesto el pueblo: cipayos.

    Para terminar con esta policía autonómica española, también nos queremos dirigir al resto de agentes que de una manera u otra han facilitado esta práctica, como por ejemplo Eusko Alkartasuna y el ex Consejero de Justicia Joseba Azkarraga, ya que mientras ellos fueron partícipes del Gobierno Vascongado se produjeron una buena parte de los casos de tortura. Hasta ahora han dado cobertura a las torturas de aquella época. Ya es hora de que acepten su responsabilidad.

    ¿Y qué decir de la Policía española, la Guardia Civil y de todas las clases de Gobierno Español? Han violado, destrozado, asesinado, secuestrado y enterrado en cal viva a gente. No admitirán que han torturado, es más, también han perseguido a quienes denunciaban la tortura bajo el argumento de que esa práctica le daba legitimidad a ETA. Siguiendo esa lógica y ahora que queda demostrado que han pasado décadas torturando a vascxs, nadie más que ellos le han dado legitimidad a la lucha armada.

    Nuestro último mensaje va dirigido a todas aquellas personas que dicen que en Euskal Herria no se ha torturado. Reconoced de una vez que vuestra negación son en realidad los aplausos dirigidos a los torturadores, reconoced que cuando decís que la tortura no ha existido queréis decir que la tortura era necesaria. Tal vez entonces podamos situar el debate sobre la violencia en otro plano.

    En Euskal Herria, a 22 de diciembre de 2017.

    Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión.

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