El Defensor del Pueblo dice sobre Doñana que “no parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno”

Doñana

El informe en el que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, instó hace unas semanas a evaluar conjuntamente los cuatro subproyectos en los que Gas Natural Fenosa ha troceado su almacén subterráneo de gas en Doñana contiene varias advertencias de calado, más allá de la  descafeinada nota con la que el organismo despachó el asunto el pasado 10 de noviembre.

El  dictamen que la institución acaba de publicar en su web no es vinculante, pero da munición a los detractores de la infraestructura. Avisa de que “el emplazamiento de los proyectos podría no ser el idóneo”; señala que “no parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno” y agita, sin citarlo, el fantasma del almacén de gas Castor.

El dictamen señala que la información que le ha remitido el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) “no permite despejar adecuadamente las dudas existentes sobre la viabilidad de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas en Doñana”. Entre otros motivos, por “la complejidad del modelo geodinámico de la zona” y porque dado el carácter “altamente complejo” del riesgo sísmico, en el que “influyen variables difícilmente controlables”, “no parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno”.

“En todo caso, su viabilidad debería estar acreditada tras una correcta evaluación ambiental que ofreciera resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos, lo que no ocurre en este caso”, apunta. Y es que la evaluación ambiental, “exhaustiva”, según Gas Natural, debe repetirse, según el defensor.

Dice que el IGME no se ha pronunciado “concluyentemente sobre los últimos estudios aportados por el promotor y resulta imprecisa su valoración de estos”, y que las declaraciones de impacto ambiental “resultan insuficientes”: “Se formula una declaración favorable sin disponer de todos los datos necesarios para valorar un determinado impacto o riesgo, pero se da el visto bueno para que se ejecuten instalaciones y sondeos de las que pueden derivarse dichos impactos (inyección de gas en el subsuelo, sobre el acuífero)”.

“Con cargo a los presupuestos”

La institución que desde julio (tras la dimisión de Soledad Becerril) dirige el socialista Marugán advierte de que “los impactos que puedan ponerse de manifiesto en la fase de ejecución y explotación del proyecto por una evaluación insuficiente pueden dar lugar a daños ambientales irreversibles o de reparación costosa, lenta y compleja, además de activar también costosos mecanismos de compensación al titular de la explotación, si finalmente esta no resultara viable”.

Es una velada alusión al desastroso precedente del Castor, por el que, en virtud de una cláusula que reconocía a la concesionaria el derecho a recuperar “el valor residual de las instalaciones” aun en caso de “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”, los consumidores de gas han tenido que pagar a un consorcio liderado por la constructora ACS, su promotor, más de 1.700 millones de euros. Esa indemnización la pagarán en treinta años, más intereses, tras los centenares de microseísmos detectados en septiembre de 2013, que precipitaron la hibernación de la instalación ubicada frente a las costas de Castellón.

Aunque no consta que en el caso de Doñana exista esa cláusula, el Defensor recuerda que la evaluación del impacto ambiental corresponde “ante todo” al promotor, pero la Administración también debe “exigirle el máximo rigor en la documentación que presente, contrastarla a través de los órganos competentes y dictar resoluciones que no se limiten a proporcionar una mera cobertura jurídico-formal al desarrollo de una actividad que si después resulta tener graves impactos y resulta inviable, puede generar, además del daño ecológico, una indemnización con cargo a los presupuestos públicos a favor de su promotor”.

El defensor redactó su informe con motivo de la queja presentada por Greenpeace en relación con el riesgo sísmico del proyecto y tras un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) remitido por el Defensor del Pueblo Andaluz que también cuestionaba la insuficiente evaluación de los riesgos sísmicos de la inyección y almacenamiento de gas y su impacto sobre el acuífero.

El Defensor del Pueblo recomendó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente “evaluar individual y conjuntamente los impactos acumulativos de los cuatro proyectos de explotación”, incluyendo “la valoración de las distintas alternativas al almacenamiento”, dado que “las declaraciones de impacto ambiental adolecen de defectos invalidantes” y deben ser “revisadas de oficio” por el departamento de Isabel García Tejerina.

Al Ministerio de Energía le sugirió suspender la ejecución del proyecto Marismas Occidental, el único que tiene autorización de este departamento y cuyos trabajos se han iniciado ya (funciona como almacenamiento desde 2012), “en tanto se completa la evaluación ambiental de los cuatro proyectos de la infraestructura”. Sus sugerencias, por ahora, no han tenido respuesta de esos ministerios.

El proyecto ha sido  declarado de utilidad pública por el Gobierno central y desde 2015 cuenta con el rechazo de la Junta de Andalucía. Consiste en la construcción de un depósito de almacenamiento y 50 nuevos kilómetros de gasoducto a 200 metros del Parque Natural de Doñana y a dos kilómetros del Parque Nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera.

Gas Natural  quiere invertir unos 200 millones de euros en la infraestructura,  que pretende aprovechar un antiguo yacimiento de gas  en desuso desde hace 30 años, como lo fue el fallido Castor. Preguntada por las advertencias del informe del Defensor del Pueblo, la empresa no hace comentarios. Dice que todavía está analizando su contenido.

Juan José Carmona, portavoz de la organización ecologista WWF en Doñana, cree que el dictamen “puede venir muy bien” a la vía que su organización tiene abierta en Europa contra el almacén, una queja que WWF presentó en febrero de 2013 ante la Comisión Europea y que, tras cerrarse “en falso” en 2014, se ha reactivado recientemente. “Es una vía interesante para hacer fuerza; aquí yo creo que el Estado va a seguir ignorando el asunto mientras pueda, sobre todo por parte del Gobierno español”, resume el portavoz de WWF.

(Fuente: el diario.es / Autor: Antonio M. Vélez)

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