El Estado Español desoye a la Junta y a los colectivos ecologistas y mantiene el dragado del Guadalquivir en el Plan Hidrológico

El Gobierno del estado Español en funciones (PP) aprobó ayer 16 planes hidrológicos, correspondientes al periodo 2016-2021, entre los que está el del Guadalquivir. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque dicho Plan incluye el proyecto del dragado de profundización del río que el Puerto de Sevilla promueve, con el apoyo de empresarios y los sindicatos CC.OO y UGT, para que puedan entrar barcos de mayor calado, una inclusión que rechazan la Junta de Andalucía y  colectivos  ecologistas.

Una sentencia de la sección 4 de lo contencioso del Tribunal Supremo, ante un recurso presentado por WWF, anuló la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico por no estar lo suficientemente justificado y por considerarse una medida compensatoria cuando, en vez de mejorar la calidad de las aguas, podría tener efectos negativos sobre ellas.

Ante este revés, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el propio Puerto, presidido por el socialista Manuel Gracia, anunciaron que justificarían ampliamente el proyecto en el Plan definitivo y que se subsanaría su consideración como medida complementaria.

¿Cómo? Incluyéndolo en el capítulo de “objetivos ambientales y exenciones”. Algo que no convenció ni a las organizaciones ecologistas ni al Gobierno andaluz. Ahora, en cambio, aparece en el texto como “medida destinada a otros usos del agua”, según informaron fuentes de la CHG. Modificación que tampoco contenta ni a la Junta ni a los ecologistas.

El coordinador técnico de la Oficina de WWF en Doñana, Juan José Carmona, anunció ayer en declaraciones a este periódico que “presentarán medidas legales contra la decisión de incluir el dragado” porque “no vale cambiarlo de título o epígrafe y ya está”.

La intención de WWF es “recurrir el Plan Hidrológico o acudir de nuevo al Tribunal Supremo para pedir la ejecución de su última sentencia», que dependerá «del análisis del nuevo texto del Plan”, añadió Carmona, que aboga por que el Ministerio de Fomento retire el proyecto del dragado de profundización del tramo navegable del río de forma “definitiva” hasta que no mejoren las condiciones del estuario. De hecho, los ecologistas recuerdan que el proyecto del Puerto no cuenta con el visto bueno de los tribunales, y tampoco de organismos internacionales como la Unesco ni del Consejo de Participación de Doñana.

El pasado octubre, el Consejo, que aunque no tiene competencias sí es un referente para Europa, rechazó su inclusión en el Plan Hidrológico. Sólo obtuvo dos votos a favor: uno de los empresarios de Sevilla y otro de Carolina González Vigo (PP), en representación del Estado. El resto de los miembros de este órgano de Doñana, más de 50 entre ecologistas, Junta, Estación Biológica, ayuntamientos y diputaciones, mostraron su rechazo.

Por otro lado, fuentes de la CHG afirmaron ayer a esta redacción que el hecho de que el proyecto del dragado esté en el Plan Hidrológico no significa que se vaya a acometer, si bien es necesario para que se puede llevar a cabo en el caso de que, en un futuro, logre el visto bueno del Ministerio y la Junta, para lo que se requiere el cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental y el respaldo científico.

Justificación económica sin respaldo científico

El pasado octubre, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, manifestó tras la reunión del Consejo Nacional del Agua que “la Junta no puede admitir la inclusión del dragado” en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, que el Supremo “lo deja claro” y que supondría “el incumplimiento de las recomendaciones de la Unesco”.

Unas tesis que, según fuentes de la Consejería, sigue manteniendo. De hecho, Fiscal ya indicó en septiembre que se oponía a que el dragado se mantuviera en el texto en contra de las recomendaciones de la Unesco, que tiene una queja abierta contra España porque las obras podrían afectar a Doñana.

El consejero consideró entonces que la justificación que hace el Estado sobre la inclusión del dragado, en función de la sentencia del Tribunal Supremo, «no es suficiente» –se basa en criterios económicos–, por lo que pidió su retirada para evitar que Doñana pueda llegar a estar inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro. De hecho, la Junta insiste en que el proyecto debe tener respaldo científico.

El pasado julio, la Autoridad Portuaria presentó a la CHG las alegaciones al Plan Hidrológico para la inclusión del dragado en dicho Plan, motivada en los beneficios tanto ambientales como para la competitividad del tejido productivo del entorno derivado del incremento del tamaño medio del buque que podrá acceder al puerto, lo que conllevaría una reducción del coste del flete en un 20 por ciento de media, “además de una reducción considerable de los costes ambientales y, por ejemplo, de congestión y accidentalidad”.

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