Honduras: Golpe de Estado institucional para imponer al presidente. Estado de excepción y represión policial. Van 8 muertos (videos)

Honduras amanece una vez más al borde del abismo creado por los intereses de la actual cúpula del partido nacional, la que después de varios días de lenta espera, optó por consolidar el aparente fraude que venían fraguando desde hace años, para así poder perpetuarse en el poder, como en diversas ocasiones señalaron de forma pública.

El pueblo se encuentra enardecido, ante las argucias utilizadas por el grupúsculo de políticos de la actual administración. los que emprendieron a toda costa una manipulación del conteo de actas, con una caída histórica de cinco horas de los servidores del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para lograr evitar que miembros de su clan fueran deportados a los Estados Unidos, donde enfrentan acusaciones relacionados con narcotráfico.

El declive brutal en materia de derechos humanos y gobernabilidad se inició con el golpe de estado de 2009, cuando fue defenestrado Manuel Zelaya, dando lugar desde ese momento al colapso de la incipiente democracia hondureña, la cual siempre ha estado supeditada al poder militar y por supuesto a las órdenes de la embajada estadounidense.

Con el apoyo irrestricto de la comunidad internacional, las elecciones espurias realizadas en noviembre de 2009, con la participación casi exclusiva del partido Nacional, fue coronado por el TSE el Sr. Porfirio Lobo, el que dio rienda suelta al laboratorio político social en que se convirtió Honduras, además de centro de operaciones de los carteles de narcotráfico en Centroamérica. La costa norte de Honduras pasó a ser controlada por el crimen organizado que se apropió además del aparato político del sistema judicial y de seguridad. Los hechos son descritos de forma detallada en los prontuarios de la Corte Sur de Nueva York, donde fue condenado el hijo del ex presidente Lobo y otros funcionarios más afiliados al partido de gobierno.

Al mismo tiempo que se entrega Honduras a los carteles de la droga, apareció el profeta de la macroeconomía Paul Romer con la receta del siglo XXI, denominada ciudades modelo, una variante de las zonas económicas especiales con el aditamento de la tercerización de la justicia y seguridad. La receta de Romer causó un golpe de estado en Madagasrcar como rechazo de la entrega de la isla a la empresa DAEWOO filial de la metalúrgica coreana POSCO.

Las ciudades modelo fueron declaradas inconstitucionales en octubre de 2012 por la Corte Constitucional, dando lugar a un golpe a dicha corte en diciembre del mismo año, dirigido desde el Congreso Nacional, el que en ese momento era feudo del actual mandatario Juan Orlando Hernández.

La defenestración de la Corte se prestó para incrustar nuevos magistrados personajes afines al régimen, los que posteriormente permitieron deshacerse de los artículos pétreos que prohibían la reelección presidencial. La ilegalidad tanto del golpe a la Corte Constitucional y la derogación de los artículos de la constitución que impedían la reelección, forman parte de la distorsión jurídica que empaña el mandato del actual régimen y del proceso de reelección emprendido por Hernández.

Honduras alcanzó en el 2012 una cifra de más de 90 homicidios por cada cien mil habitantes. En las urbes superó el promedio de asesinatos a los de países en guerra. El aumento de la violencia se relacionó directamente con la entrega de la costa norte y el occidente del país al crimen organizado, el que para ese entonces aparentemente controlaba la decrépita policía nacional.

La actual administración gubernamental de la mano de la mano de Consultora Mckinsey, comenzó a delinear desde el 2015 un plan de acción de gobierno, que incluye la resurrección de las fracasadas Ciudades Modelo, conocidas también como Zonas de Empleo y Desarrollo Ecónómico (ZEDE) además de impulsar el turismo como uno de los ejes económicos del país, el cual ante la terrible violencia y corrupción es eludido por los turistas.

Mckensey viene dando las pautas en materia de publicidad y propaganda, convirtiendo lo que debería ser normal en extraordinaria. Un supuesto descenso en la cifra de homicidios se ha convertido en un enorme logro para la actual administración, mientras de forma tardía la justicia estadounidense presionó a la actual administración para la entrega de algunos capos relacionados al deterioro de la gobernabilidad en Honduras.

El golpe electoral perpetrado el día de ayer, después de más de 72 horas de haber concluido las elecciones, demuestra la ausencia de espíritu democrático de la actual administración la que aparentemente cuenta con la venia de la OEA, los Estados Unidos y la Unión Europea, los que ante el evidente fraude, han preferido permanecer en el silencio.

La amenaza de la represión se cierne sobre el pueblo hondureño, y la ilegalidad del régimen se agudiza a pesar de su mascarada electoral. La pesadilla que vive el pueblo hondureño es instigada en cierta medida por los países padrinos de la narcodemocracia, y es hora que asuman su responsabilidad en los hechos.

Policías militares asesinan a ocho manifestante contra el fraude electoral

Honduras arde. Miles de personas en todo el país se toman carreteras, puentes, calles y avenidas. Protestan contra las incongruencias de un proceso electoral viciado. Delincuentes infiltrados para generar caos saquean tiendas y bancos. Gobierno decreta ‘toque de queda’ durante 10 días.

Se produce la primera víctima de la represión policial. La víctima del accionar policial es Kimberly Dayana Fonseca, quien participaa en la manifestación de protesta por el fraude que permitiría la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández.

El grave incidente ocurrió en el límite de las colonias Villanueva y Residencial Honduras, en Tegucigalpa, según informaron vecinos de la zona. La joven recibió varios impactos de bala por parte de los militares, que terminaron con su vida en forma inmediata. También resultó herido en la ocasión el joven Denis Mauricio Oceguerra, quien fue trasladado de urgencia a un hospital. Junto al cuerpo de Fonseca, se pudo ver a varios de sus compañeros llorando desconsoladamente. En el suelo había varios casquillos de bala.

Este es el primer crimen de Estado desde que en la noche del viernes, el gobierno impuso el toque de queda para acallar a miles de personas que protestan en las calles de todo el país. Pero no ha parado la protesta ciudadana ante las anomalías que han caracterizado un proceso electoral que, según la Alianza de Oposición contra la Dictadura, está a punto de desconocer la victoria de Salvador Nasralla, favoreciendo el candidato oficialista Juan Orlando Hernández.

La protesta se ha extendido a más zonas del país y en la capital se ha trasladado a barrios y colonias. Tomas de carreteras están impidiendo la movilización entre departamentos. En San Pedro Sula y Tegucigalpa, vándalos infiltrados barrieron negocios comerciales y hasta bancos, generando terror entre la ciudadanía.

Aumenta a ocho el número de asesinatos

De acuerdo con datos no oficiales serían no menos de ocho las personas que han perdido la vida durante las protestas a manos de los cuerpos represivos del Estado. Cinco de ellas en San Pedro Sula. También hay decenas de heridos y más de cien detenidos.

De acuerdo con la versión brindada por la Alianza, la presencia de delincuentes infiltrados sería parte de una estrategia orquestada desde el Ejecutivo y los altos mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, para generar el caos y justificar la suspensión de garantías constitucionales.

Un pueblo imposibilitado de movilizarse y protestar sería el mejor escenario posible para el partido de gobierno cuando el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declarará ganador al actual mandatario Juan Orlando Hernández.

Una estrategia maquiavélica que también tendría el objetivo de desprestigiar nacional e internacionalmente, y al mismo tiempo atemorizar, a los simpatizantes de la Alianza. La misma técnica se usó durante el golpe de Estado de 2009 para desmovilizar la resistencia y la protesta popular.

Dicho y hecho

Suspenden garantías constitucionales. A las 10 de la noche de este viernes, el presidente y candidato oficialista decidió restringir por un plazo de diez días las garantías constitucionales contenidas en el artículo 81 de la Constitución.

En este sentido se prohíbe la libre circulación de las personas entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, y se ordena detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido. También se ordena proceder al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras instalaciones públicas y privadas que hayan sido tomadas por manifestantes.

Desde su cuenta de Twitter, Salvador Nasralla condenó la violencia de Estado. “Condeno la represión y los asesinatos que está sufriendo el pueblo hondureño por el golpe de estado dado por el presidente, candidato ilegal a la reelección y jefe de las Fuerzas Armadas, Juan Orlando Hernández, quien perdió las elecciones en Honduras el domingo”, escribió.

Se atrasa proceso de escrutinio Alianza pide transparencia. La Alianza de Oposición se rehusó a presenciar el inicio de las operaciones de escrutinio especial de más de mil actas que provienen de territorios donde Nasralla gana ampliamente, y que fueron retenidas por supuestas anomalías.

Esta decisión se debe al hecho que el TSE decidió no aceptar 5 de las 11 peticiones presentadas por la Alianza para garantizar la transparencia del proceso. Entre otras, se pide la entrega del listado de las más de 5 mil actas que fueron introducidas al sistema de cómputo sin la presencia de las fuerzas políticas, ni de los observadores y el reconteo, voto por voto, de los tres departamentos donde, sospechosamente, la participación al voto fue exageradamente elevada favoreciendo al candidato oficialista.

(Fuente: Resumen Latinoamericano)

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