Catalunya: Junqueras y los ex consellers de ERC encarcelados acatan el 155 y renuncian la DUI a cambio de su puesta en libertad
El exvicepresidente de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros de ERC encarcelados desde el pasado 2 de noviembre han remitido un escrito al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que reclaman hacer campaña electoral en libertad e invocan su derecho fundamental a la participación política ya que son candidatos de dicho partido.
Los políticos de ERC piden su puesta en libertad al magistrado en el que aducen que son candidatos a las elecciones del 21 de diciembre y tienen derecho a participar en la campaña sin que su encarcelamiento “estigmatice de forma indebida su programa político”. Este “nuevo elemento” —exponen— no pudo valorar la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cuando los envió a prisión preventiva el pasado 2 de noviembre.
Además de esgrimir el derecho fundamental a la participación política, también reclaman su garantía para ejercer el derecho de defensa.
Los exconsejeros republicanos expresan en su escrito su acatamiento a la aplicación del artículo 155 de la Constitución “desde la más profunda discrepancia política y jurídica”. Si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas, sostienen que las defenderán por “las vías del diálogo y la negociación” y dentro de una “lectura amplia, progresista y extensiva” de la Constitución con el objetivo “de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro político de Catalunya”.
El escrito ha sido presentado ante el Tribunal Supremo, donde Llarena acumuló el viernes pasado las causas abiertas por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos contra los miembros del Govern cesado de Carles Puigdemont a la causa abierta contra la Mesa del Parlament que aprobó la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre.
Los abogados de los exconsellers de ERC, del PDeCAT —Jordi Turull y Josep Rull—, y de los líderes de las entidades de ANC y Òmnium —Jordi Sànchez y Jordi Cuixart— han solicitado volver a declarar debido a esta acumulación y solicitan su puesta en libertad. En su decisión ha pesado que Llarena dejó en libertad a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, después de que ésta renunciara a la vía unilateral a la independencia.
La defensa de Junqueras, Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa rechaza las causas por las cuales ingresaron en prisión por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, como son el riesgo de que vuelvan a delinquir o que se den a la fuga.
Ante el riesgo de reiteración delictiva, los exconsejeros de ERC replican: “lo relevante es reconocer que pese a ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Catalunya, acudieron a la citación del Juzgado Central de Instrucción ya como exconsejeros o exmiembros del Gobierno”.
Eso sí, los exconsejeros recuerdan que “ninguno ocupa actualmente posiciones de poder institucional que les permitan tomar decisiones susceptibles de generar un riesgo de reiteración delictiva”, y en el caso de que “en el futuro” volvieran a ostentar algún cargo público “están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación”.
En cuanto al riesgo de fuga, exponen que ninguno de ellos ocupa posiciones de poder institucional, “y en el caso que en el futuro volvieran a ocuparlas, están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación”, lo que conlleva de facto la renuncia a la DUI.
A este respecto, recuerdan que acudieron al llamamiento urgente de la juez Lamela, “y ello pese al altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional”, como apuntaban los medios de comunicación aquel 2 de noviembre, debido al momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría.
Explican que el riesgo de fuga desaparece por haber sufrido ya prisión provisional y por tener arraigo familiar. El escrito expone aquí otra carga de profundidad: la urgencia de la citación judicial ordenada por Lamela no permitió a los investigados recabar las pruebas para demostrar “su profundo arraigo en el territorio nacional”.
Además, reiteran también que hayan incurrido en los delitos de rebelión o sedición por las protestas, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, tipos penales que exigen violencia. Y “no hay constancia de los elementos típicos del alzamiento violento o tumultuario”.
La defensa de los exconsejeros de ERC denuncia “el esfuerzo de la Fiscalía para convertir en delitos de rebelión y sedición los actos que, analizados detalladamente, no son más que el legítimo ejercicio de derechos fundamentales” que deberían ser protegidos en lugar de perseguidos.
(Fuente Público / Autora: Julia Pérez)
Junqueras y los exconsellers se suman con su escrito la “vía Forcadell”
El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los cuatro exconsellers de ERC en prisión desde el pasado 2 de noviembre han ido acercándose en diversos escritos remitidos a los dos jueces que investigan su participación en el procés –primero en la Audiencia Nacional y actualmente en el Tribunal Supremo–, aunque sin llegar a calcarla, a la denominada por los periodistas vía Forcadell que facilitó la puesta en libertad de la presidenta de la Mesa del Parlament de Cataluña. Ésta consiste básicamente en un acatamiento expreso de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, darle un valor simbólico a la DUI a la renuncia a la unilateralidad en el proceso independentista.
Así, la posición de Junqueras y de los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa ha evolucionado desde un tímido reconocimiento inicial del artículo 155 en el primer recurso que presentaron contra su prisión –señalando que habían sido cesados y ello impedía que hubiera reiteración delictiva–, hasta un escrito mucho más concreto y clarificador que han presentado este martes ante el magistrado del alto tribunal Pablo LLarena.
En este documento, los cuatro exmiembros del Govern piden su puesta en libertad y dicen acatar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, si bien afirman que no renuncian a sus convicciones políticas aunque prometen defenderlas por “las vías del diálogo y la negociación”.
También acataron en su día la aplicación del 155 -que supuso la disolución del Govern y la convocatoria de elecciones los exconsellers del PEdCAT Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, que ya el pasado día 20 aludieron expresamente en sus escrito a que habían obedecido las medidas aplicadas por el Gobierno central tras producirse la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).
Este martes los dos primeros también pidieron su libertad a Llarena –Forn tiene previsto hacerlo mañana, según han señalado a Europa Press fuentes de su defensa– si bien no quisieron hacer públicas sus argumentaciones. Por lo que respecta a Junqueras, al igual que el resto de exconsellers –Santiago Vila, quien dimitió antes de la DUI y ya se encuentra en libertad–, no quiso responder a las preguntas de los fiscales cuando declaró ante la jueza Lamela el pasado dos de noviembre, tras lo cual se decretó su ingreso en prisión.
No obstante, ya el pasado 21 de noviembre defendió –en un nuevo escrito dirigido a la Audiencia Nacional– que tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución el Govern cesado no había vuelto a actuar, lo que podía ser interpretado como un acatamiento, aunque no expreso, de la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy. Añadía que la declaración independentista del 27 de octubre en el Parlament tenía valor “estrictamente político” y que, después de haberla proclamado, no parecía existir ningún escenario por el que los investigados por un delito de rebelión pudieran ejecutar acciones de reiteración de las conductas objeto de la querella.
Este martes, y en lo que supone un paso más de acercamiento a la posición ya adoptada el pasado 9 de noviembre por Forcadell ante el Supremo, la defensa Junqueras y los otros tres exconsellers de ERC afirma expresamente que el cese de sus responsabilidades de gobierno “no se planteó como una estrategia defensiva, sino como una decisión personal, ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155, (…) de abandonar dichas responsabilidades políticas y asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España”.
Además, los exmiembros republicanos del Govern también se acercan a la estrategia de Forcadell y descartan implicitamente el camino de la unilateralidad al afirmar en su recurso que, en el caso de que “en el futuro” volvieran a ostentar algún cargo público, “están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación”.
De este modo, y a pesar de no conocerse las expresiones concretas incluidas en sus recursos de este martes por los exconsellers del PEdCAT, puede concluirse que los exmiembros del Govern que no han huido a Bruselas con el expresident Carles Puigdemont han ido acercándose poco a poco en las últimas semanas a la postura de Forcadell, con el objetivo de lograr que Llarena dicte para ellos igualmente la libertad aunque sea bajo fianza.
A diferencia de los exconsellers, tanto Forcadell como los cinco exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria sí respondieron a las preguntas de la Fiscalía el pasado 9 de noviembre cuando les citó a declarar el magistrado Llarena. Esto supuso romper con la estrategia que siguieron los exconsellers del Govern, que una semana antes se negaron a contestar al Ministerio Público durante el interrogatorio al que les sometió la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.
Durante su declaración, Forcadell asumió la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que conllevó a la disolución de la cámara y a la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre, y se refirió a la declaración unilateral de independencia (DUI), aprobada el 27 de octubre, como “declarativa” y “simbólica”. Asimismo, indicó la DUI no tenía valor jurídico.
En un momento posterior, cuando se estaba celebrando la vistilla de medidas cautelares, el magistrado ofreció a los seis investigados un turno de última palabra. En ella, Forcadell, y al menos tres exmiembros de la Mesa del Parlamento catalán, renunciaron también a la vía unilateral de independencia.
Todo ello lo tuvo muy presente el juez instructor del Supremo quien, pese considerar a Forcadell como la persona que tuvo un “liderazgo” y una “actuación principal” en el proceso independentista, subrayó en su auto que los investigados “han asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155 de la Constitución”. Es más, resaltó que “o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”.
(Fuente: InfoLibre)
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