Cádiz: Jornadas sobre el derecho humano al agua, algo incompatible con la privatización del ciclo integral del agua

noticias cadiz palacio congresos agua

“La privatización del agua no se realiza para mejorar el servicio a los ciudadanos sino porque es un gran negocio para los privados”. Así de contundente es el secretario general de la Asociación de Operadoras de Agua Pública (AEOPAS), Jaime Morell que aclara que “es así, entre otras cosas porque no se mide esa calidad: son las mismas empresas concesionarias de los servicios los que se examinan: cada empresa privada se hace de sus propios indicadores para que siempre les salga bien; es como si yo me pusiera siempre el mismo examen para sacar siempre notable o sobresaliente”.

Al igual que Morell piensan gran parte de la ciudadanía que se ha dado cita este fin de semana en Cádiz en las Jornadas sobre Derecho Humano al Agua, a la que ha acudido desde el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jose Fiscal, hasta lo más granado de las empresas públicas de agua como Aguas de Cádiz o Aguas de Córdoba, dos instituciones que han puesto en marcha campañas para dotar a la ciudadanía de nuevas herramientas de participación y promoción de su agua de grifo. Y junto a ellos, las principales organizaciones ciudadanas que han plantado batalla a las grandes multinacionales que se están haciendo con los servicios de agua para hacer negocio.

Todos han confluido en la Marea Azul del Sur, una nueva organización que se ha marcado como objetivo que el agua sea un derecho humano, algo incompatible con la privatización del ciclo integral del agua, ya que cuando esto sucede “se da un servicio bajo los prismas de los intereses orientados a una cuenta de resultados e incluso bajo el paraguas de la legislación de la empresa privada que es el derecho mercantil”, explica Ángela Lara, de la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua y miembro de la Marea Azul del Sur.

La conversión de ciudadano en cliente es lo más perverso de estas privatizaciones del agua, según indican los defensores del agua pública. Ello permite, por ejemplo, que cuando alguien no paga el recibo del agua se le corte el grifo, pese a que la propia ONU declaró en el año 2010 que el agua es un derecho humano.

Al otro lado de esta guerra del agua se sitúan las empresas privadas que aseguran que su interés no es cortarle el agua a nadie, sino garantizar un servicio de calidad. Sin embargo, la ausencia de control público de su gestión hace casi imposible determinar si se cumplen los requisitos establecidos en los contratos de concesión del servicio municipal. Con una crítica cada vez mejor organizada que sobrevuela sobre su negocio, las grandes multinacionales que controlan este negocio se han afanado en tratar de mostrar que su presencia en el mapa es casi anecdótica. Pero en la Universidad de Granada han desmontado también ese mantra.

El estudio más riguroso e independiente que se ha elaborado hasta la fecha sobre la gestión del agua en Andalucía se ha hecho en la Universidad de Granada dirigido por los profesores Miguel Ángel García-Rubio y Francisco González Gómez. Tras recopilar y analizar los servicios urbanos de agua de cada uno de los 778 municipios andaluces, los expertos del Instituto del Agua perteneciente al departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada han hecho un mapa real de la situación del agua en Andalucía.

El estudio de estos expertos de la Universidad de Granada es revelador: el 74,8% de los municipios andaluces mantienen una gestión pública del agua, frente al 13,5% que han privatizado el servicio y otro 11,7% mantiene una gestión mixta. Pero cuando se pone la lupa en la población a la que asisten estos servicios, la situación es muy diferente: El 44,6% del agua que abastece a la población andaluza está en manos privadas. Casi la mitad de la población depende de la gestión privada.

En España el panorama es muy parecido: el 55% de la gestión del agua está controlada por grandes empresas privadas. Además, el 87% de la gestión privada se concentra en sólo dos empresas: Aguas de Barcelona (AGBAR), perteneciente al grupo Suez Environment, y Aqualia, perteneciente al grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de manera que se puede decir que se gestiona un derecho humano en un régimen de auténtico oligopolio, donde no hay competencia. En Andalucía, Aqualia, AGBAR y Acciona son, por ese orden, las tres grandes empresas que hacen negocio con el agua urbana.

Ahora la Marea Azul del Sur pretende romper ese mapa y mostrar una gran unión entre los colectivos ciudadanos que han plantado cara a las grandes multinacionales. El ejemplo más emblemático es tal vez el del municipio catalán de Tarrassa, cuya plataforma por el agua pública también estuvo presente en las jornadas de Cádiz para explicar la que ha sido una hoja de ruta marcada por la ciudadanía que ha desembocado en la remunicipalización de un servicio de agua que estaba privatizado desde tiempo de la dictadura de Francisco Franco. “Sí se puede”, aseguraba uno de sus portavoces, Emilio Díaz, pero para ello “hubo que poner en el debate público la necesidad de que se hablase de políticas de agua y por supuesto un gran movimiento ciudadano que ha arrastrado a los políticos a la remunicipalización”, explica.

Es en casos como el de Tarrasa en los que los ciudadanos piden a sus responsables rendición de cuentas y el agua vuelve a recuperar una virtud que aparece también en la definición de sus características: la transparencia, en este caso aplicada a la gestión.

(Fuente: El Correo de Andalucía / Autor: Ricardo Gamaza)

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *