La “patriótica” gran burguesía española oculta 140.000 millones de euros en paraísos fiscales, equivalente a más del 12% del PIB estatal

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Alrededor de 140.000 millones de euros permanecen depositados en paraísos fiscales, ocultos al fisco español, lo que equivale a más del 12% de nuestro Producto Interior Bruto (PIB), según datos del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos recogidos por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Estas cifras -que el colectivo saca a la luz con motivo de la filtración de los denominados Paradise Papers (Papeles del Paraíso) en los que, hasta el momento, se incluirían los nombres de 600 españoles entre los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas, de las que nueve aparecen en el listado de paraísos fiscales para España y cinco ya lo han abandonado-, ponen de manifiesto que los listados nacionales de paraísos son incompletos e inconexos, por lo que Gestha reclama que se agilice la armonización europea que califique como paraíso cualquier país, territorio o centro offshore que permita una baja o nula tributación para los no residentes y exista el secreto bancario, registral y mercantil.

Mientras tanto, no debe extrañar que entre el 30% y el 40% del dinero de los mayores patrimonios españoles esté camuflado en territorios con baja o nula tributación, incluso en países con los que España ha suscrito un Acuerdo de intercambio individualizado de información fiscal, porque España no puede pedir información que no conoce.

En este contexto, Gestha indica que, según el último informe de Oxfam, la inversión española en paraísos fiscales se ha multiplicado por cuatro en el último año. Así, uno de cada cuatro euros de inversión española va dirigida hacia un paraíso fiscal y más de la mitad (54%) de la inversión extranjera que entra en España proviene de territorios opacos.

De esta forma, disponer de una cuenta, una empresa o una propiedad en un paraíso fiscal no es ilegal si se declara en España su tenencia. No obstante, la mayoría de estos titulares pretende ocultar parte de su patrimonio a través de testaferros en estos países de escasa o nula tributación y gran opacidad. Por ello, los técnicos instan a la Agencia Tributaria (AEAT) a que abra una investigación a los residentes en España que aparezcan en los Paradise Papers por posible fraude fiscal. Y en este sentido recuerdan que desde 2013 la ley española considera imprescriptibles las consecuencias tributarias y las infracciones relacionadas con los bienes en el extranjero no declarados, de forma que su valor tributa como ganancia patrimonial no justificada al tipo marginal del Impuesto sobre la Renta o al tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades del último año no prescrito.

Así, la propiedad de títulos o acciones en sociedades opacas determinaría la comisión de un posible delito fiscal si la cuota defraudada excede los 120.000 euros. Por el contrario, cuando la cuota descubierta no supere esta cantidad, se impondría una multa del 150% del importe por la comisión de una infracción tributaria catalogada como muy grave. De estas consecuencias se librarían los contribuyentes que hayan declarado correctamente el modelo 720 de bienes situados en el extranjero, así como los autónomos y personas jurídicas residentes que tengan contabilizadas e identificadas estas propiedades.

Los técnicos también reclaman a la AEAT que las inspecciones se inicien con carácter inmediato para evitar que se presenten declaraciones complementarias con las que esquivar las sanciones y condenas respectivas por las infracciones tributarias o los delitos fiscales que habrían podido cometer. Además, piden que aumente las competencias de los 8.500 Técnicos del Ministerio de Hacienda para la asunción de mayores responsabilidades, lo que mejoraría la eficacia para prevenir y reducir el fraude, al dedicar más esfuerzos a perseguir la evasión de las bolsas de fraude en multinacionales y grandes patrimonios.

Y es que, en la actualidad, el 80% de los recursos de la Agencia Tributaria se dedica a investigar a autónomos, microempresas, pymes y trabajadores. Esto deja muy poco margen de actuación en la lucha contra el gran fraude, en un momento en el que las empresas del IBEX 35 disponen de 1.285 filiales domiciliadas en paraísos y centros financieros offshore y la presencia de estas filiales en territorios opacos no deja de crecer.

(Fuente: Nueva Tribuna)

España multiplica por cuatro su inversión en paraísos fiscales

La inversión internacional hacia paraísos fiscales crece año tras año a un ritmo mucho mayor al que lo hace la economía productiva. El dinero que viajó a estos territorios ha aumentado un 45 por ciento entre 2008 y 2016, más del doble del crecimiento de la economía mundial en el mismo período. Desde 2001 se ha multiplicado por cuatro.

Según denuncia Oxfam Intermón en su informe El dinero que no ves. Paraísos fiscales y desigualdad, estos territorios son un claro aliado a la actual crisis de desigualdad, porque son una vía de escape para que grandes empresas y fortunas reduzcan su aportación fiscal al mínimo.

A pesar de que en los últimos años los beneficios de las empresas internacionales se han triplicado, este incremento no se ha visto reflejado en su contribución tributaria. Según datos de la OCDE, entre 2007 y 2014 los ingresos fiscales sobre los beneficios empresariales cayeron del 3,6% del PIB al 2,8%.  En ello juegan un papel fundamental los paraísos fiscales. El director general de Oxfam Intermón, José Manuel Vera, lo deja muy claro: “Esta caída en la recaudación se debe en gran medida a su juego perverso, que les permite reducir al mínimo su contribución a las arcas públicas, lo que supone inmensas pérdidas de recursos fiscales esenciales para poner en marcha políticas públicas que permitan el desarrollo de millones de personas y aviva así la actual crisis de desigualdad”.

Oxfam calcula que los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos que se escapan de grandes empresas a través de paraísos fiscales. Con ese dinero se podría dar asistencia sanitaria esencial para salvar 6 millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niños y niñas.

“Las consecuencias que tienen estas dinámicas en los países en desarrollo son todavía más graves, ya que cuestan vidas y cercenan oportunidades de desarrollo, impidiendo luchar de forma efectiva contra la desigualdad”, señala José Manuel Vera. Solamente en América Latina, si se gravaran los dividendos de capital de las grandes fortunas latinoamericanas, se podría sacar de la pobreza a 32 millones de personas, equivalente a la población pobre de Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú.

España, líder en desigualdad

La inversión española hacia paraísos fiscales entre 2015 y 2016 se ha multiplicado por cuatro. En la actualidad, uno de cada cuatro euros de inversión española va hacia un paraíso fiscal. Eso supone que la contribución de las empresas multinacionales al total de recaudación es cada vez menor, por lo que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, las rentas del trabajo y el consumo.

Según el informe de Oxfam, paraísos fiscales, fraude fiscal y reforma del Impuesto de Sociedades son tres de las causas que lastran la recaudación y trasladan el peso desde las grandes empresas hacia los trabajadores y las trabajadoras. La bajada del Impuesto de Sociedades ha supuesto la pérdida de 23.000 millones de euros desde 2007. Harían falta tan sólo 12.000 millones de euros para pagar la renta mínima a todas las familias que en la actualidad no tienen ingresos.

“En España —explica el José Manuel Vera— tenemos una brecha de recaudación de 6 puntos frente a los países de la zona euro. No podemos renunciar a recaudar lo que en justicia corresponde pagar a las grandes empresas, porque eso supone dejar en la cuneta la lucha contra la desigualdad y, con ello, a millones de personas. Hay que recordar que España es el país de la UE en el que más ha crecido la desigualdad, después de Chipre”.

Oxfam Intermón califica como necesaria en España una ley de evasión fiscal que ponga fin a la evasión y elusión fiscal de grandes empresas y grandes fortunas. Por ello, pide al Gobierno, al Parlamento y a las Administraciones públicas estatales, autonómicas y locales que definan y aprueben de forma urgente esta norma.

Los objetivos de esa ley deben de ser, entre otros, adoptar una definición sobre paraísos fiscales vinculante y elaborar una lista en la que se establezca claramente cuáles son, reducir la evasión y elusión fiscales a la mitad en el plazo de 5 años. Asimismo, lograr que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal en vigor y supere la presión fiscal que soportan las Pymes.

Además, promover que la contratación pública penalice a grandes empresas que operan en paraísos fiscales, uniéndose a la propuesta de la organización sobre zonas libres de paraísos fiscales.

(Fuente: Diario 16)

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