Rueda de prensa de Puigdemont en Bruselas (vídeo). No declarará en la AN. Si el 21-D gana el independentismo se volverá al 155

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El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado ayer al mediodía en rueda de prensa en Bruselas que no está en la capital belga para pedir asilo político y que no pretende escapar de la Justicia, y ha exigido a los partidos que forman parte del “bloque del 155”, en referencia a PP, PSOE y Cs, que dejen claro si aceptarán los resultados de las elecciones del 21 de diciembre. Puigdemont ha comparecido en medio de una gran expectación mediática en el Centro Internacional de Prensa de Bruselas donde ha protagonizado la primera aparición pública desde que se supo que se había marchado a Bélgica.

El jefe del ejecutivo catalán ha explicado que el viernes por la noche después de la votación de la declaración de la República en el Parlament, el Govern reunido en el Palau de la Generalitat decidió unánimemente priorizar la “prudencia, seguridad y moderación” en su estrategia. Ha relatado que se decidió esta manera de actuar ante las noticias que recibían sobre una “ofensiva altamente agresiva y sin precedentes” por parte del gobierno español contra funcionarios que se mantuvieran fieles al Govern legítimo y contra el mismo ejecutivo, y ha avalado sus palabras recordando la querella que ayer presentó al fiscal general del Estado con penas que podrían sumar 500 años de prisión contra los miembros del Consell Executiu y del Parlament.

Con el president han comparecido en Bruselas las conselleres Clara Ponsatí, Meritxell Borràs y Meritxell Serret, y los consellers Joaquim Forn y Toni Comín. El resto del Govern con el vicepresident, Oriol Junqueras, al frente seguían la comparecencia desde el Parlament.

“Este Govern ha preferido garantizar que no habrá violencia. Si el Estado español quiere alzar su proyecto sobre la violencia será su decisión pero no nos puede arrastrar a nosotros a un escenario que todo el movimiento independentista ha rechazado de forma consistente”, ha advertido.

En una comparecencia de poco más de media hora en que ha ido intercalando el catalán, castellano y francés, ha asegurado que el ejecutivo no ha querido poner en una situación de riesgo a los funcionarios, aunque eso modere el despliegue de la República. Se trata de un acto de coherencia, ha asegurado, que demuestra que la república catalana “será un Estado diferente”: “No hemos llegado hasta aquí para comportarnos como tantas veces hemos criticado que se ha comportado el Estado español”, ha añadido.

Ha ilustrado sus palabras recordando que la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, confirma la “extrema agresividad y máxima beligerancia” del Estado español, que, según su opinión, no se sustenta jurídicamente, y donde se pide 30 años de prisión para cada uno, con acusaciones que pueden incluir prisión preventiva y fianzas abusivas.

Ante esta situación, ha explicado que “el Govern legítimo de Catalunya ha adaptado su plan de trabajo priorizando cuatro ámbitos de trabajo”. A partir de aquí ha detallado, en primer lugar, que una parte del Govern se ha desplazado a Bruselas, el corazón institucional de Europa, para “denunciar la politización de la justicia española, la ausencia de imparcialidad y la voluntad de perseguir las ideas” del Estado español.

La segunda decisión es que el resto del Govern, entre ellos el vicepresidente, Oriol Junqueras, y el cabeza de candidatura de JxSí, Raül Romeva, continuará en Catalunya llevando a cabo actividad política como miembros legítimos del ejecutivo. Tanto los unos como los otros continuarán con su trabajo, dentro de la estrategia de no confrontación. “No queremos escapar a la acción de la Justicia. No queremos descuidar nuestra responsabilidad ante la Justicia. Nos enfrentaremos políticamente”, ha añadido en tercer lugar.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a evitar que la aplicación del artículo 155 provoque una “demolición del sistema institucional catalán” y ha asegurado que los independentistas cogerán las elecciones “como un reto democrático”. “Estamos totalmente de acuerdo que es votando como se resuelven los problemas, no encarcelando políticos, o violentando funcionarios. Es un reto que cogemos con todas nuestras fuerzas”, ha asegurado.

Desafío a PP y PSOE. No pedirá asilo

En este punto, el president ha lanzado un desafío directo al Estado y a las principales fuerzas políticas. “Respetaremos el resultado de las elecciones del 21 de diciembre como hemos hecho siempre, sea cuál sea el resultado, ¿hará el mismo el bloque del 155? ¿Respetará el resultado? Quiero un compromiso claro, que el Estado respetará los resultados. Si no hay un claro compromiso por parte del Estado quiere decir que habrá dos tipos de votantes en Catalunya, de primera clase y de segunda clase,” ha advertido.

El President ha recordado que las fuerzas independentistas ya se presentaron el 27-S con un programa en qué exponían claramente su hoja de ruta que acababa con una declaración de independencia, que fue registrada y aceptada por las autoridades electorales sin problema y que, posteriormente, obtuvo un apoyo electoral sin precedentes.

A preguntas de los periodistas no ha aclarado cuánto tiempo piensa quedarse en Bruselas y lo ha condicionado a la garantía de un juicio justo, pero ha insistido en diferentes ocasiones que se ha desplazado a Bélgica para seguir trabajando con “libertad y seguridad” y no para pedir asilo político.

“Al pueblo de Catalunya le pido que se prepare para un camino largo, tenemos delante un Estado que sólo entiende la razón de la fuerza, y que ha decidido utilizar la violencia, la represión para conseguir que abandonemos nuestro proyecto político y no lo conseguirán”, ha advertido por lo cual ha apelado a la unidad, el pacifismo y la democracia como herramienta que “hace invencible” el independentismo. Asimismo, el president ha pedido el máximo reconocimiento y apoyo para los miembros del Govern por el esfuerzo y sacrificio personal que están protagonizado (ver vídeo).

Puigdemont continúa en Bruselas y no acudirá a declarar a la AN

El president, Carles Puigdemont, sigue en Bruselas, según ha podido saber El Nacional. Esta tarde han vuelto de la capital belga los consellers Joaquim Forn y Lluís Puig y la consellera Dolors Bassa, que al mediodía habían comparecido con el president a la comparecencia informativa que ha protagonizado en el centro internacional de prensa.

El retorno de los consellers se produce después de que la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha citado a todos los miembros del Govern a declarar el jueves y viernes por los delitos de sedición, rebelión y malversación.

El jefe del ejecutivo ha asegurado durante la rueda de prensa que no tenía intención de pedir asilo en Bruselas y que volvería cuando tuviera la garantía de un juicio justo, pero el President no se presentará mañana jueves a declarar en la Audiencia Nacional, ha asegurado este miércoles su abogado en Bruselas, a Paul Bekaert a medios belgas, según ha adelantado 324.

De hecho, el abogado en Bruselas ya avanzó ayer martes a la televisión flamenca VRT la intención de luchar contra cualquier petición de extradición en España. “Hemos decidido no hacer una petición de asilo, pero luchar contra cualquier extradición en los tribunales”, ha asegurado Bekaert, que ha dicho que los procesos están “completamente separados” y que lo que está haciendo Puigdemont es “perfectamente legal”.

Fuentes próximas a los miembros del Govern que se han quedado en Barcelona aseguran que tienen intención de comparecer a declarar tal como los ha citado la jueza. En caso de que no se presenten Puigdemont o los miembros del Gobern el jueves en el tribunal, la Fiscalía podría pedir a la jueza que lleva el caso, Carmen Lamela, que entregue las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y, en caso de aprobarlas la magistrada, las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigmont y de sus consellers.

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) al procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica a España desde el 2004, después de que se antepusiera a nuestro ordenamiento una directiva europea del 2002. El procedimiento del OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.

La regulación europea reduce los motivos de denegación de la extradición y suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias, concretamente en una lista de delitos en la cual no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por eso estaría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, que está imputado por malversación. En caso contrario, los delitos que se atribuyen al president catalán tienen que estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.

Según el ordenamiento jurídico belga, los seis ex altos cargos catalanes serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en la prisión hasta que se resolviera sobre la ejecución del orden. Si los reclamados aceptaran su entrega en España, esta se haría sin más complicaciones, pero, de otra manera, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días.

Su decisión es recurrible en apelación (de manera que se abriría un nuevo plazo de quince días) y en último caso delante de la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver. Pero además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria.

La ley belga establece una serie de motivos por los cuales la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea. En cualquier caso, si las personas afectadas aceptan la entrega, esta tiene que realizarse en los diez días siguientes; si no lo aceptan, la decisión se tiene que tomar en un plazo de sesenta días a partir de la detención.

La CUP ve un “acto de dignidad” en la intervención de Puigdemont

La CUP ve en la comparecencia del president Carles Puigdemont un “acto de dignidad”. Así lo ha asegurado en un comunicado hecho público este martes, después de la rueda de prensa que ha ofrecido el jefe del ejecutivo desde Bruselas, donde se quedará hasta que se le garantice un “juicio justo”. No obstante, el partido de la izquierda independentista ha reiterado su llamamiento a hacer efectiva la declaración de independencia.

“Insistimos en que la mejor acción para consolidar la República es empezar a hacer acción de gobierno en clave republicana, lo que quiere decir aprobar los primeros decretos republicanos y declarar el inicio y la apertura del proceso constituyente”, instan los anticapitalistas. A pesar de todo, denuncian que hasta ahora se ha demostrado que “durante este dos últimos años no se ha hecho el trabajo en la creación y consolidación de estructuras de Estado”. Lamentan un “exceso de improvisación” durante los últimos meses.

Desde la CUP hacen suya la denuncia de Puigdemont sobre “la actuación antidemocrática de la justicia española y la impunidad con la que actúa la extrema derecha españolista”. También comparten el llamamiento a oponer resistencia a las medidas “antidemocráticas” del 155, y expresan su solidaridad con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tendrán que declarar ante el Tribunal Supremo. Lo tildan de “revancha política”.

Por otro lado, los anticapitalistas también han convocado una asamblea nacional extraordinaria para el domingo 12 de noviembre. El encuentro servirá para debatir el escenario político desde la declaración de independencia, incluyendo las elecciones del 21-D convocadas por Mariano Rajoy. Este sábado hay convocada también una reunión del Consejo Político en Perpinyà, para concretar la organización y debate de la asamblea.

Pide al Govern que apruebe decretos republicanos

La declaración de independencia tiene que ir seguida de medidas que desarrollen la República. Así lo ha exigido la diputada de la CUP, Mireia Boya, en una rueda de prensa este lunes en el Parlament. En este sentido, ha recordado que los martes se reúne el Govern, y que mañana lo tendría que hacer para aprobar los primeros decretos. “Queremos que haga acción republicana, ya sea desde aquí o desde Bruselas”, ha asegurado.

Por otra parte, Mireia Boya también ha querido dejar claro que, desde la izquierda independentista, no acatan ni acatarán la aplicación del artículo 155, y ha pedido “el máximo de desobediencia posible”. Las elecciones convocadas por Mariano Rajoy el 21-D, ha denunciado, “son ilegítimas, se producen en un contexto de represión y no se hacen en un marco de normalidad democrática”. Es por eso que ha pedido a los partidos soberanistas que no “avalen” la convocatoria electoral.

“Es muy importante que ningún partido las avale”, ha sostenido la diputada cupera, que ha dicho que desde la CUP no sólo no las avalarán, sino que las “confrontarán”. No ha precisado qué quiere decir “confrontar”. En todo caso, la decisión quedará en manos de las bases del partido anticapitalista, que debatirá este escenario cuando toque. Ha querido lanzar un mensaje directamente a los comuns, a quienes también les ha pedido que no las avale: “Han ido demasiado rápido avalándolas. Si lo hacen por electoralismo, están haciendo un flaco favor al país”.

La presidenta del grupo parlamentario de la CUP ha reclamado al Govern que actúe con “transparencia” y “determinación”. También ha pedido a trabajadores públicos y ayuntamientos que, en la medida de sus posibilidades, desobedezcan las medidas del 155. Boya ha anunciado que están trabajando en un escenario de movilización para “defender la República” e iniciar el proceso constituyente.

(Fuente: El Nacional.cat)

Vicepresidente del Senado: “Si ganan los independentistas volveremos a aplicar el art. 155”

De acuerdo con un último análisis demoscópico realizado por el Centro de Estudios de Opinión, que se hizo público  este mismo martes, indica que  “Juntos por el Sí” y la CUP  en Catalunya podrían mantener los 72 diputados de los que ha dispuesto hasta ahora.

“Juntos por Sí” pasaría de los 62 escaños actuales a 63, o podría llegar a perder dos, mientras que la CUP retendría 8 o 9 los 10 de que dispone actualmente. De manera que, por la franja baja, el independentismo sumaría 68 diputados – el tope que marca la mayoría absoluta – y, por la alta, podría mantener los 72 que tiene ahora.

El sondeo se realizó teniendo en cuenta sólo a los grupos parlamentarios actuales. No obstante, es preciso tener en cuenta  que  el próximo mes de diciembre, fecha en la que se celebrarán las elecciones impuestas por el gobierno de Rajoy, el PDECat y ERC podrían  no ir coalición o, incluso,  se podría constituir una coalición  que aglutinara también a la CUP . Esta última formación no acaba, en cualqier caso, de confirmar si aceptará presentarse o no a esta “nueva versión” electoral.

De todas formas, dada la gravedad de la situación en Cataluña, cualquier  tipo de pronostico formulado a dos meses vista,   puede resultar un  frívolo “brindis al sol”.

La realidad catalana atraviesa por una situación crítica, en la que cada dia se producen renovadas  sorpresas. Es previsible que en el curso  de los próximos 45 dias, los medios de comunicación, tanto del Estado como los privados, vayan a dirigir todo el peso de  su artillería mediática contra la posibilidad de que se reproduzcan  las mayorias institucionales del clausurado Parlament. Nada dentro de este terreno debe ser descartado. Se tratan de  de unas elecciones cuyos mecanismos van a ser dirigidos y controlados por  los mismos  que no han dudado un segundo en entrar a saco en Catalunya, haciendo añicos toda su estructura autonómica . Es esperable, pues, que la verosimilitud de los resultados puedan llegar a ser más que dudosos.

Por si hubieran dudas, ha sido una  máxima autoridad institucional, el mismísimo vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, el que se ha encargado depespejar incognitas al respecto. En unas declaraciones al periódico ultraderechista “La Razón” se atrevió a  augurar lo que  podria suceder  si en las elecciones de diciembre volvieran a ocupar la mayoría absoluta los partidos independentistas:

LA RAZÓN: Si en las elecciones vuelven a salir elegidos los independentistas, ¿se volvería a activar (el 155)?

VICEPRESIDENTE DEL SENADO: Si no se cumple la legalidad se le requerirá al nuevo Gobierno para que la cumpla y volveremos a hacer lo mismo y eso es lo que hay que aplicar.

Diríase que las clases hegemónicas – esas mismas clases sociales   que con brevisimas interrupciones han  gobernado   España  desde siglo XIX – han perdido el pudor.  Durante las últimas cuatro décadas, contando con la anuencia de los partidos de “izquierda” y  la “neutralidad” de los sindicatos institucionales comprados por el mejor postor a cambio de suculentas canonjias,  se han llegado a sentir muy seguras.  Pero hoy, despues de una crisis economica y politica sin precedentes,  los resortes que ensamblaban el edificio institucional creado con la Constitución del 78, han dejado ante la visión de todos las enormes fisuras que lo cuartean.

Interin, poco a poco, la sociedad ha empezado a prescindir  de las parihuelas  en las que se había visto obligada  a apoyarse. Las clases dominantes, que poseen la intuición y el olfato que proporcionan casi dos siglos de gobernanza, se han apercibido de ello. Y de ahí la diligencia  con la que han acudido a sofocar el incendio  que ellas mismas han terminado provocando por su contumaz cerrazón histórica en Catalunya.

Es cierto que el conjunto de los pueblos que forman este Estado  no han sido capaces todavía de articular una respuesta organizada, tal y como ha sucedido en otros momentos de nuestra historia. Que ello pueda o no reproducirse en el futuro dependerá de muchos factores, que no es esta  la  oportunidad  apropiada  para tratar. Pero en cualquier caso, la suerte no está echada. Dependerá de la  voluntad, la organización y del ingenio político de los hombres y mujeres de estos territorios que habitamos, y cuya definición precisa sigue pendiente desde hace 500 años. El camino está abierto. Y no es corto.

Fuente: Canarias Semanal / Autor: Aday Quesada)

 

Vídeo de la rueda de prensa íntegra de Puigdemont:

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