Albert Pont (Cercle Català de Negocis, empresariado pro indepedentista): “España tiene un problemón y no se entera”

foto

“España tiene un problemón y no se entera”, afirma Albert Pont,  presidente de la organización Cercle Català de Negocis, una asociación que agrupa a cerca de mil empresarios y directivos favorables a la independencia. “En España se está hablando mucho de una supuesta fuga de empresas de Cataluña que no es tal, pero no se comenta el riesgo de impago de la deuda española ni lo mal que lo van a pasar las empresas del Ibex 35 si la incertidumbre se prolonga. Hay gente con poder supranacional que se está frotando las manos porque, si no hay acuerdo cuando Cataluña se independice, van a comprar España a precio de saldo”.

Con la fuga de más de mil empresas de Cataluña, que a raíz del 1-O empezaron a trasladar su sede social a otras comunidades autónomas, ha cundido la idea en el resto de España de que el empresariado catalán independentista está reculando y ahora presiona para que la Generalitat no proclame la independencia de forma unilateral. No es el caso del presidente del Cercle Català de Negocis, que no cree que los empresarios catalanes tengan nada que temer por el procés, muestra entusiasmo sin fisuras por la economía en una hipotética República Catalana y sostiene que romper con España resultará rentable pese a la incertidumbre inicial.

“Es el Ibex 35 el que en un caso de secesión no pactada puede pasarlo fatal”, dice Pont, que participó en la elaboración de Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña, la hoja de ruta separatista de la Generalitat, elaborada por el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional. “Yo soy independentista pero no por ello quiero mal a España”, añade. “Por eso os decimos ‘cuidado’, porque en el mundo de las altas finanzas hay países e inversores esperando a que se devalúan empresas españolas para venir a comprarlas a precio de saldo”. Y añade: “No sé cómo quedará España cuando se independice Cataluña, pero la volatilidad de empresas puede perjudicar mucho a España y la única forma de esta estabilidad es que empiece cuanto antes una negociación”.

Niega Pont que esto sea ningún tipo de chantaje, “es la realidad de la situación”, argumenta. La organización que preside lleva desde 2013 asesorando a empresarios para lo que denomina “la transición de las empresas en el proceso de independencia” y, según cuenta en su libro Interés d’Etat (Viena Edicions, 2017), una de sus ocupaciones principales ha sido buscar “inversores internacionales institucionales y privados, con el fin de abrir vías de acceso al crédito para los primeros meses de independencia, en los que la Generalitat necesitará 5.500 millones de euros para hacer funcionar la maquinaria del nuevo Estado y asegurar el pago de la deuda a fecha de vencimiento y las nóminas de los funcionarios, así como la continuidad de las prestaciones sociales y las pensiones”.

Pese a que la deuda de Cataluña tiene la consideración de bono basura entre los inversores internacionales y desde el referendum del 1-O no ha hecho más que empeorar (según Moody’s, tendría cerrado el acceso a la financiación internacional si se independizara), Pont es muy optimista con la solvencia que tendría una hipotética Cataluña independiente: “Hemos visto una buenísima disposición entre determinados inversores internacionales que obviamente no han hecho público su apoyo todavía por razones políticas”, confiesa. “Me quedé sorprendido la facilidad con la que se puede acceder a inversores internacionales cuando a finales de 2012 empezamos a buscarlos para encontrar apoyos al proceso”.

No da cifras concretas, pero sí  mensajes de tranquilidad para los creyentes del procés: “Y me consta que hay algún país con el que la Generalitat tiene un preacuerdo dispuesto a financiar a Cataluña tras la independencia”. Estos inversores, de quienes Pont rehúsa dar más detalles “porque me matarían”, bromea haciendo referencia al secretismo de la operación, “estarían dispuestos a correr el riesgo a cambio de la rentabilidad que ven en el potencial económico de la Cataluña independiente”.

“Al principio va a ser duro”, afirma Pont. “Pero somos un pueblo emprendedor y sabemos que el proceso va a ser igual que cuando montas una empresa, tienes que tener paciencia hasta que lleguen los beneficios”. Según sus cálculos, éstos no tardarán en llegar: “Al principio me parecían exagerado los cálculos de la Generalitat de que en solo 10 años después de la independencia tendríamos el doble de PIB, pero ya no me parece en absoluto exagerado”, sentencia.

Entre las múltiples ventajas económicas que ve en la independencia destaca que “tuviéramos un estado que vele por los intereses económicos de Cataluña y favoreciera las inversiones en servicios públicos catalanes”, asegura. No teme, sin embargo, los riesgos asociados a la incertidumbre. “Era previsible que en estos meses los grandes bancos trasladaran su sede social. Pero no tiene que ver con que se marchen de Cataluña con su confianza en la economía de la República, porque no están cerrando tiendas, ni fábricas ni direcciones generales. Solo van al notario, ponen un domicilio y es una operación que cuesta 80 euros. Los bancos lo hacen para buscar el aval del Banco de España hasta que Cataluña construya sus estructuras de estado. Y ante eso no tengo nada que objetar”.

Otros economistas alertan que el proceso podría costarle a la economía catalana más de un 3,78% del PIB, es decir, pérdidas de más de 6.700 millones de euros anuales. Pons no cree en estos datos “del discurso del miedo”. Tampoco se cree los datos de Exceltur, la patronal del sector turístico, que estima que la caída de las reservas en este cuarto trimestre en Cataluña en más del  20%. Con más tensión en la calle y desplomes de hasta el 30% en la actividad, el impacto negativo rozaría los 1.800 millones en la economía catalana. Pero cree Pons que eso son solo “presiones para frenar el proceso y, además, los procesos de cambio siempre traen incertidumbres que son solo transitorias”, alega.

El traslado de la sede social de más de mil empresas, sin embargo, está por ver que sea transitorio. En Canadá, durante las tensiones independentistas de los referendos de Quebec, la capital francófona perdió también más de 700 compañías que nunca regresaron y dejó de ser el motor económico del país. No cree el líder de los empresarios independentistas que el llamado “efecto Montreal  se pueda aplicar a Cataluña”, porque a diferencia de aquella esta sí que se va a independizar. Según sus cálculos, en los que basa la asesoría que reciben las cuatro mil empresas asociadas a Cercle de Negocis, “un efecto Montreal en Cataluña sólo se daría en el caso en el que la independencia no prosperara. Pero como Cataluña se va a independizar, podrá atraer a más empresas que España si es más competitiva, que lo será”.

Su optimismo, insiste, “se basa en número”, en los suyos: “Hace siete años las inversiones extranjeras en Cataluña eran de 1000 euros y ahora estamos en 5000 millones y empresas como Amazon han establecido aquí su base de operaciones”. ¿No era eso antes de que empezaran los mercados a tomarse en serio las tensiones separatistas? “En absoluto”, responde. “Los empresarios catalanes que estamos valorando este riesgo además de por ideología hemos hecho números y hemos visto que sale a cuenta. Es como construir una empresa: asumes un riesgo y sabes que los primeros meses van a ser duros pero luego serán rentables”. ¿Y cómo explica entonces la fuga de empresas si tan rentable va a ser? “Las empresas catalanas que operan en España necesitan abrir delegaciones”.

¿Y una Cataluña fuera de la UE?

“La independencia ya es irreversible. La puedes dilatar y la puedes perjudicar, pero cuanto más la compliques para Cataluña peor lo va a pasar España. Y si las cosas van a mayores y la UE no nos ayuda, los que no vamos a querer estar en la UE somos nosotros”, sentencia. Aunque Pont reconoce que lo mejor para Cataluña sería quedarse dentro de la UE, algo que pese a las repetidas advertencias de los líderes comunitarios, no duda de que pasaría. “Están jugando un doble juego diplomático, pero tendrían que reconocernos”, asegura.

“En cualquier caso, si se diera el caso de que Cataluña quedara fuera de la UE, el gran perjudicado sería la propia UE: Si países como Francia y Reino Unido quieren seguir teniendo los privilegios que tienen de inversión en Cataluña tiene que reconocernos”.

“Mi ámbito de especialización en el ámbito internacional es la sucesión de estados”, explica, y sobre ello ha asesorado a la Generalitat en los últimos años. “Primero, el comercio exterior no depende de la UE sino de los tratados multilaterales que conforman el espacio económico europeo. Y lo único que tiene que hacer el estado sucesor es enviar una notificación al país que es depositario del texto original del tratado. Es un trabajo muy laborioso y lleva un tiempo, pero esto ya se lleva años preparando. Eso Juncker no lo dice porque no les interesa reconocerlo públicamente”. Y añade: “Según la convención de Viena, cuando una región de un estado miembro se separa el nuevo estado independiente tiene que ser considerado una tercera parte y es un estado miembro de facto. Y como en la UE no se especifica una norma específica que regule las causas de sucesión de estados, no hay argumento jurídico que obligue a que Cataluña tenga que solicitar ingreso”.

Este argumento, sin embargo, ha sido repetidamente desmentido por la UE y por varios de sus estados miembros, incluidos Francia, Alemania y Reino Unido, que en las últimas semanas han asegurado repetidamente que no reconocerían una Cataluña independiente. Eso no desmoraliza a Pons: “Hay una intoxicación por cuestiones meramente políticas y la diplomacia internacional está jugando a varias bandas. Públicamente dicen una cosa pero en privado a nosotros hay países que nos dicen que sí que nos reconocerían. Cuando surge un nuevo estado no vaga por el estado sideral, asume la legislación internacional”.

Niega que sea chantajista decir que “España es la primera interesada en que no haya una secesión no pactada, porque es la única forma de que Cataluña asumiera una parte de la deuda sobre el PIB del estado español, pero si España no nos reconoce a ver cómo paga la deuda a los acreedores y a los pensionistas. Una secesión no pactada no le interesa al estado español porque quebraría”.

Llegado el caso de que la UE realmente no reconociera Cataluña, hipótesis que Pons se resiste a creer, “tampoco sería un drama”, apunta. “Si hubiera una ocupación militar de Cataluña y la UE callara, sería a nosotros a los que no nos interesaría pertenecer a ella. Hay otros países dispuestos a financiarnos. Nos estamos dando cuenta de que con el advenimiento de la ultraderecha en Francia y Alemania y con la gran cantidad de deuda española que tiene el BCE, podría ser que la UE no sea un marco de estabilidad que nos habían vendido. El temor no es quedar fuera de la UE, sino los pies de barro que tiene esta UE”.

Los agravios históricos

“Cataluña tiene el mismo peso sobre España que Alemania sobre la Unión Europea, pero en la política de Estado y sus prioridades de políticas públicas no hemos tenido esa influencia”, argumenta Pont, que además es autor de otros libros sobre el soberanismo como España delenda est (Viena, 2012), un bestseller en catalán que se remonta a Cartago para explicar las bonanzas del espíritu comerciante y emprendedor de la cultura catalana que según su narración contrasta con la cultura recaudadora de impuestos del estado centralista que reside en Madrid. Así lo explica Pont: “La visión de España y la construcción del Estado se ha hecho desde la España castellana porque son los que han tenido el poder de la corona y de las armas. Y el centralismo forma parte de su ADN de la concepción del Estado. Es cultural”.

Lo que llama “la desidia del Estado con el Corredor Mediterraneo”, es uno de los puntos fundamentales de su queja: “Más del 70% Del flujo de mercancías entre España y Francia atraviesa Cartaluña. En cualquier país con una concepción más racional se hubiera priorizado esa infraestructura”. Y se remonta a los tiempos del dictador Franco para reforzar su argumento: “Para financiar la primera autopista en España, Franco la quería hacer de Madrid a Aranjuez por la concepción radial. La élite española siempre ha querido que Madrid sea una capital con 15 millones de habitantes”. ¿En qué basa esa cifra? “Es una aproximación, una forma de hablar”.

“Aquí tenemos una cosmovisión distinta”, explica Pont. “Aquí”, claro, es Cataluña. “Si Cataluña y País Vasco son industriales es por haber tenido una clase media y un espíritu emprendedor”, afirma. Y niega que este espíritu tenga que ver con ningún favor gubernamental para industrializar estos territorios ni que sucesivos pactos desde el Gobierno de España en favor de partidos nacionalistas haya compensado esos supuestos agravios.

“No somos radicalmente distintos al resto de los españoles, pero hay diferencias culturales esenciales”, añade. “Los que defendemos la independencia de Cataluña no somos contrarios a la transferencia de rentas entre territorios. Si España tiene regiones que parten de desigualdad económica tenemos el compromiso de aportar para ayudar a su desarrollo. El problema es que Cataluña ha hecho un esfuerzo enorme para que otras comunidades autónomas puedan converger en lo económico y puedan disfrutar en la igualdad económica sacrificando mucho en servicios sociales e infraestructuras. Y este trasvase de rentas ha llegado un punto en que es insostenible por las tasas con economía sumergida que hay. En algunas regiones están por encima del 30%, y eso es incompatible con la solidaridad interterritorial”, sentencia.

Lo curioso es que la media de economía sumergida en porcentaje del PIB que se calcula en Cataluña ronda el 22% del PIB, es decir, la misma que la media española. Pons no le da importancia al dato: “El problema no es la solidaridad y la transferencia de rentas, sino que haya transferencia de rentas a lugares que superan con creces esa media”. Y traza una línea para señalar como parte del problema la mitad de la Península Ibérica: “Si se estableciese una linea recta entre Lugo y Castellón todas las provincias, menos Madrid, Valladolid y Valencia, serían el problema. Porque son las menos industrializadas y más dependientes con el empleo público”. Por lo demás, se considera solidario.

(Fuente: El Independiente / Autor: Marta García Aller)

También te podría gustar...

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *