Euskal Herria: Escandalosa petición fiscal para castigar la solidaridad con los presos y la búsqueda de soluciones (videos)
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 590 años de prisión contra las 48 personas acusadas de participar en organismos como Herrira, Etxerat o Jaiki Hadi en defensa de los derechos de los y las presas. También están imputadas en este sumario abogadas y mediadores externos del EPPK. De estas 48 personas, 11 son navarras.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha vuelto a demostrar cuál es la apuesta del Estado español en el actual escenario político vasco. Lejos de sumarse al carro de las soluciones, ha dado una vuelta de tuerca más con una petición de altas penas de cárcel para las 48 personas acusadas de participar en las actividades de Etxerat, Herrira, Jaiki Hadi o de ser abogadas o mediadores externos del Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas (EPPK). Así lo han hecho saber en una rueda de prensa que hoy se ha ofrecido en Donostia y en la que han participado los secretarios generales de ELA y LAB Txiki Muñoz y Garbiñe Aranburu, representates de diferentes movimientos sociales y algunas de las personas imputadas.
En otoño de 2013, la Guardia Civil detuvo a numerosos miembros del movimiento Herrira. Posteriormente, llegaron más detenciones: Llas de los y las abogadas que se encargaban de la defensa de las y los presos del EPPK, los mediadores externos de dicho colectivo, de integrantes de la asociación de familiares Etxerat o de miembros de Jaiki Hadi, entidad que trabaja en el ámbito sanitario. En total, 48 personas. 11 de ellas, además, fueron encarceladas de manera preventiva.
Hace escasas fechas han conocido los escritos y las peticiones penales de la Fiscalía y las acusaciones particulares contra estas personas: la suma de todas ellas alcanza los 590 años de prisión. Entre estas personas hay 11 navarras: Asier Aranguren Urroz (12 años), Mikel Almandoz (12 años), Jon Garay Vales (más de 13 años), Sergio Labayen Alonso (más de 13 años), Imanol Karrera Turrillo (más de 14 años), Eneko Villegas Amezketa (más de 13 años), Amaia Izko Aramendia (11 años), Jaione Carrera Ciriza (11 años), Francisco Balda Araña (más de 20 años), Nagore San Martín Monton (17 años), Oihana Barrios Salinas (11 años). Además, solicitan contra ellas penas de inahibilitación para empleo o cargo público durante 12 años para la mayoría de ellas, multas por un total de 117.600€ y entre 6 y 8 años de libertad vigilada para la mayoría de ellas.
Preocupación e inquietud
Las personas imputadas en este sumario han recibido “con mucha preocupación” esta noticia y quieren alertar “de la gravedad de la situación”. Afirman que se trata de “un evidente agravio judicial y policial” y sienten una “gran inquietud” por los efectos que macrosumarios como este puedan acarrear en el actual contexto político y social vasco. “Nos disgusta profundamente que ante problemas políticos, el Estado español únicamente opte por la vía represiva. A las peticiones de mayor democracia, el Estado responde con la aplicación de medidas legislativas absolutamente excepcionales. Por desgracia, durante las últimas semanas estamos siendo testigos de ello de forma repetida”. “La ciudadanía, desde su pluralidad, quiere hacer frente a los problemas desde parámetros democráticos y pacíficos”, aseguran.
Hay que recordar que a estas personas se les acusa de un delito de “terrorismo” por actividades referidas a los años 2012, 2013 y 2014. Es decir, tiempo después de que ETA dejase su actividad armada en octubre de 2011. Pese al calificativo de terrorismo que el Estado pretende dar a las actividades de organismos como Herrira, Jeiki Hadi o Herrira, su labor pública y transversal se centraba en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de una solución al conflicto para traer la paz a Euskal Herria. “Y así lo pueden y podrán atestiguar otros muchos grupos, organismos o agentes de diferentes sectores de la sociedad. Creemos que trabajar en favor de la paz nunca puede ser un delito. Es más, se trata de algo necesario y que cuenta tanto con al aval de la sociedad vasca como de diferentes organismos internacionales”, han dicho hoy en la rueda de prensa ofrecida en Donostia.
Hoy han afirmado que los pasos efectuados en pro de la normalización y la paz en los últimos meses, como el desarme definitivo de ETA, las conclusiones del EPPK de su debate interno y las numerosas actividades por el reconocimiento de las diferentes víctimas y los pasos dados en favor de la convivencia demuestran que “el deseo de este pueblo es profundizar en la paz y la democracia”.
“Es increíble que, en este contexto, la situación de las personas presas y exiliadas no cambie en positivo. En pro de una solución política, debemos el vaciado de las cárceles y el retorno del exilio. Partiendo de una exigencia urgente, el respeto a los de los derechos humanos de las presas y presos y de sus familiares. Algo que la política penitenciaria vigente, basada en la excepcionalidad, incumple de manera flagrante. No queremos más vulneraciones de derechos, ni hacia las y los presos ni hacia nadie. Creemos que en este pueblo ya se ha sufrido demasiado. Este país quiere y necesita un futuro mejor”, han dicho.
Movilización social
Subrayan que la sociedad vasca “no puede aceptar atropellos de este tipo” y que este proceso judicial deja en evidencia “la necesidad de seguir comprometidos con la búsqueda de soluciones proactivas y trabajar por una paz definitiva”, por lo que hacen un llamamiento a la ciudadanía a ejercer “un protagonismo principal, por encima de las siglas o las diferentes ideológicas”, y anuncian que trabajarán “de forma decidida con la mayor cantidad de personas y organismos posible, incluidas las personas procesadas en este proceso judicial”. También han hecho un llamamiento a los agentes institucionales, políticos, sociales y sindicales, “a seguir trabajando en el marco de una agenda compartida por la construcción de la paz”.
(Fuente: ahötsa.info)
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