Málaga: Los documentos desclasificados por el Congreso revelan que 32 policías fueron expedientados tras el asesinato de Caparrós

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Todavía no hay nombres, pero las circunstancias del asesinato de Manuel José García Caparrós empiezan a aclarase cuando se van a cumplir cuatro décadas de su muerte en las manifestaciones por la autonomía del 4 de diciembre de 1977 en Málaga. “Al principio no podía decirse que había sido la Policía”, recordó ayer Loli García Caparrós, hermana del joven malagueño, durante un encuentro organizado por IU donde su diputada nacional Eva García Sempere contó sus primeras conclusiones tras acceder a las actas de la comisión de investigación que se puso en marcha en el Congreso para aclarar los sucesos de Málaga en aquel trágico día.

Las actas de dicha comisión parlamentaria -constituida en enero de 1978- han sido inaccesibles durante casi cuatro décadas. Pero el pasado miércoles García Sempere pudo consultar los 675 folios que quedaron registrados y que abordaron los sucesos de Málaga, pero también los de La Laguna, en Tenerife, donde murió el estudiante Javier Fernández Quesada por disparos de la Guardia Civil. La misma suerte corrió García Caparrós, aunque su bala salió de una pistola de la Policía Armada. Concretamente de una sección de 32 agentes que realizaron unos 30 disparos al aire, uno de los cuales impactó en el joven malagueño de 17 años, trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria y afiliado a CCOO.

“Hubo policías expedientados y arrestados”, apuntó ayer García Sempere, que explicó que esos datos aparecen en un informe oficial de la Comandancia de la Policía Armada que estuvo a disposición de los miembros de la comisión de investigación. De ese informe no hay ni rastro en las conclusiones finales del órgano parlamentario, que según la diputada de Unidos Podemos fueron tres. Las dos primeras pretenden explicar las razones que provocaron los disturbios del 4 de diciembre en Málaga. Aluden a la difícil situación socioeconómica de la ciudad como detonante de la contestación social y, además, “culpan” a los partidos y organizaciones que promovieron las protestas por llamar a los participantes a llevar banderas verdiblancas. Según García Sempere, el dictamen afirma que las enseñas andaluzas provocaron un enardecimiento en las fuerzas de extrema derecha, que tuvieron enfrentamientos con los manifestantes.

Uno de esos choques se produjo frente a la antigua sede de la Diputación de Málaga, en la acera de La Marina. Era la única de las entidades provinciales de la región donde por orden del presidente Francisco Cabeza, no ondeaba la blanquiverde, que todavía no era una bandera institucional. Hasta el balcón se subió un joven y colgó la enseña, provocando la reacción de la Policía Armada. Al respecto, García Sempere reveló ayer que, según las actas de la comisión de investigación, es el gobernador civil de Málaga quien ordena “despejar la plaza”, pero nada se dice quién ordenó las cargas que desembocaron en la muerte de Manuel José García Caparrós.

La tercera de las conclusiones de la investigación parlamentaria exime todas las responsabilidades políticas de la actuación policial de aquel 4 de diciembre. “Tenían la convicción moral de que lo habían hecho bien”, afirmó ayer García Sempere, que cree que hubo un “pacto de silencio” para excluir del dictamen final el mencionado informe del Ministerio de la Gobernación que confirma que la Policía Armada acabó con la vida del joven malagueño. Con esta omisión, según la diputada de Unidos Podemos, “nada podía romper el relato idílico de la Transición”. Pese a todo, no todos los participantes en aquella comisión de investigación estuvieron de acuerdo al eximir las responsabilidades políticas. Los diez socialistas y los dos comunistas presentes pidieron emitir un voto particular.

La intención de IU -y sus socios de Podemos- es que García Sempere vaya a la comisión de Presidencia de la Cámara andaluza a explicar sus conclusiones cuando acabe de revisar los documentos. El objetivo último es discernir cuáles fueron las responsabilidades políticas por el asesinato de García Caparrós. Y García Sempere tiene claro quién podría explicar cómo fue aquella investigación: el actual alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El veterano regidor era por aquel entonces diputado de UCD por Málaga y fue uno de los portavoces del órgano parlamentario, aunque la diputada de Unidos Podemos aún no ha descubierto su papel concreto. No le piden su dimisión, aclaró el líder de IU, Antonio Maíllo, pero sí quieren que explique la razón por la cual se decidió obviar un informe que pudo arrojar luz sobre la muerte de un joven que salió a pedir autonomía y no volvió a casa aquel domingo.

(Fuente: El Correo de Andalucía / Autor: Carlos Rocha)

32 policías, que fueron “detenidos, expedientados o trasladados” por la treintena de “disparos al aire”, uno de los cuales acabó con la vida de Caparrós

Tras el asesinato Manuel García Caparrós, durante la manifestación del 4 de diciembre de 1977 en Málaga, se tomaron medidas disciplinarias contra 32 policías, que fueron “detenidos, expedientados o trasladados” por la treintena de “disparos al aire” aquella jornada, uno de los cuales acabó con la vida del joven de 18 años, dejando abierta una herida que no se ha cerrado cuatro décadas después.

Es la principal novedad que ha revelado el acceso a las actas de la comisión de encuesta -el equivalente a una de investigación- que siguió en el Congreso de los Diputados a esta muerte en Málaga y a la ocurrida el mismo día en La Laguna. Las está consultando -todavía va por la mitad- la diputada de IU por Málaga, Eva García Sempere, una vez que se ha levantado parcialmente -los nombres que hay están tachados- el secreto de las mismas. Este viernes ha ofrecido una rueda de prensa en compañía  las tres hermanas de la víctima -Puri, Paqui y Loli- en la que ha incidido en la relevancia de que se pueda conocer que “un documento oficial”, en este caso del entonces Ministerio de Gobernación, reconozca esta implicación de la policía, si bien los nombres de los agentes y las sanciones en cada caso no figuran.

La Ley de Patrimonio permitirá, si acaso, que esa información sea pública pasados 50 años de los hechos, o sea, dentro de 10, pero de momento, Eva García Sempere ha podido hacer un resumen de cómo se “tapó” el asunto para evitar cualquier responsabilidad no ya penal, sino siquiera política. De hecho, en los informes preliminares con los que trabajó esa comisión de investigación (integrada por 17 diputados de UCD, 10 del PSOE, dos del PC, otros tantos de Alianza Popular, y uno por Minoría Catalana, 1 PNV, PSC y Grupo Mixto, respectivamente) se “habla de responsables”.

Tres conclusiones “indignantes”

La diputada ha podido transcribir -dado que no tiene permiso para fotocopiar o fotografiar la documentación- párrafos de los informes policial y del Ministerio de Gobernación donde se habla de esos 32 policías con medidas disciplinarias, “lo que deja claro que fue del todo injustificada la actuación en Málaga”. Pero pese a que la comisión de investigación tenía esos informes, su principal conclusión es que no hubo responsabilidades políticas.

Las otras dos conclusiones, igualmente “indignantes” para la familia, fueron que Málaga vivía una situación socioeconómica muy complicada que crispó a la gente y desviar la culpa de los disturbios a los organizadores de la movilización por instar a llevar la bandera de Andalucía propiciando el enfrentamiento con la de España, porque eso soliviantó a la extrema derecha obligando a la policía a cargar hasta en tres ocasiones, una de las cuales fue fatal para Manuel García Caparrós, que entonces trabajaba en Cervecería Victoria y era afiliado a CCOO pero sobre todo, un entusiasta en la reclamación de derechos para su tierra, y por eso “salió cargado de ilusión” a la manifestación.

“¿Por qué si los informes hablan de policías con medidas disciplinarias no hay ningún responsable político? ¿dispararon al aire todos los a la vez sin que nadie diera la orden?”, se pregunta Eva García Sempere, quien continúa: “Hablamos del asesinato de un joven y la primera conclusión es que hay problemas socioeconómicos y que hace falta un plan de inversión. Estamos comprando el silencio del pueblo de Málaga”.

Lo que esperan del alcalde de Málaga

Por otro lado, pese a que ha podido leer los nombres de todos los integrantes de esa comisión de investigación, sólo ha reconocido el nombre de los dos del PC -Fernando Soto y Jaime Ballesteros- y del popular Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Por eso, tanto IU como Podemos, cuyo parlamentario Jesús de Manuel ha estado también en la rueda de prensa, han apuntado a su responsabilidad política, que no quiere decir que estén pidiendo su dimisión, sino las “oportunas explicaciones de por qué se calló lo que se sabía o por qué se llegaron a esas conclusiones”.

En este sentido, tras recordar que a la hora del dictamen de la comisión de investigación tanto el PSOE como el PC emitieron un voto particular rechazando que no hubiera responsabilidades políticas, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, también presente en la rueda de prensa, ha expresado que Francisco de la Torre “tiene una oportunidad histórica de explicar por qué”, incluso si la conclusión a la que llegaron fue que, “con una democracia incipiente, era mejor taparlo por el bien de la paz social”.

El líder de IU en Andalucía interpreta que ese “pacto de silencio” obedece a que “no se quieren tocar estos casos porque rompen el mito de la transición”. Con ello se persigue “no romper ese relato”, pero él cree que tras el acceso a estas actas ha comenzado a escribirse otro. “Es el principio de un relato, que llega tarde, para vergüenza de nuestro país. Y ese relato empieza con un número, los 32 policías. […] El silencio que ha habido durante 40 años se ha socavado por un hilo de dignidad para hacer justicia”, ha expuesto, para recordar que la Ley de Memoria Democrática de Andalucía obliga a ello.

Por ello, más allá de pedir acceso a documentación adicional que puede no estar incluida en las actas, IU y Podemos pedirán la comparecencia de Eva García Sempere, cuando termine este trabajo, en la comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática. Será el primer paso para solicitar luego otras comparecencias si es necesario e incluso explorar la vía jurídica “para determinar si el Gobierno de España es responsable subsidiario”, de lo que están convencidos y por eso le instan, como primer paso, “a sacar esas actas a la luz pública”.

Jesús de Manuel ha subrayado que Podemos “no renuncia a la vía penal”. De momento, ha instado a cumplir la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y poner en marcha “la comisión de la verdad en la que éste debe ser uno de los primeros casos en intentar esclarecer”. Por eso lamenta que lleven “meses esperando a que se ponga en marcha el Consejo Andaluz de la Memoria Democrática”.

“Nadie nos ha explicado nunca nada”

Éste es el relato político de la cuestión. El personal es todavía, 40 años después, escalofriante, y lo hacen las hermanas del malogrado sindicalista. Tomaron el testigo de sus padres, ella muerta con 45 y él cinco años después con 55, en esta lucha por buscar a los culpables del crimen.

Lo primero que lamentan es que ese “pacto de silencio” haya continuado. Su hermano no fue reconocido con el título de Hijo Predilecto de Andalucía hasta 2013, porque IU estaba en el Gobierno de Andalucía, y “Diego Valderas consiguió lo que llevaban años demandando y siempre se guardaba en un cajón”. Fue la noche antes de este reconocimiento, en la cena a los homenajeados que brinda la Junta de Andalucía, cuando el entonces presidente, José Antonio Griñán, coincidió con ellas. “Porque nunca nos ha recibido ningún presidente. La primera ha sido la de Navarra, Uxue Barcos.  Vamos a intentar que Susana Díaz nos reciba también”, dice Loli, si bien desde presidencia recuerdan que se ha reunido en varias ocasiones con ellas.

Tras haber conocido esta nueva información sobre el caso, Loli cuenta: “Te indigna más cuando te enteras de que sabían perfectamente quiénes eran, pero no interesaba que saliera a la luz. Es más, los primeros años no podíamos ni decir que a mi hermano lo había matado un policía. Nunca nos dieron versión oficial de lo que había pasado”. Es más, la visita de las autoridades a Málaga después de los hechos “fue para ver los destrozos en los escaparates, porque lo importante era que Málaga estuviera bonita, a costa de su sangre”.

Paqui intenta también hacer memoria, porque ella era una cría: “Ese día nos dijeron que mi hermano había tenido un accidente de tráfico. Mi padre fue al hospital y quiso reconocer el cadáver y hasta le dijeron que no podía entrar. Cuando lo dejaron y lo destaparon, no había signo de accidente de tráfico y ya le dijeron qué había pasado. Desde el momento cero están intentando tapar lo que pasó. La ropa de mi hermano, que era la prueba del delito, se la entregaron a mi padre. Ni siquiera hicieron por guardarla porque no tenían intención de averiguar qué había pasado. 40 años después estamos esperando a que alguien se ponga en contacto con nosotros y nos lo explique”.

Rememora las últimas horas de su hermano: “El día antes era sábado. Se puso a pintar su dormitorio y por tanto esa noche durmió con nosotras porque olía mucho a pintura. El domingo por la mañana no terminó el trabajo porque quería ir a la manifestación. Salió lleno de alegría. Fue él solo de la familia. Ya nunca más regresó”.

La hermana más mayor, Puri, trabajaba entonces en Las Salinas y no estaba en Málaga cuando ocurrió. “Me enteré por la televisión, donde dijeron el nombre de mi hermano. Entonces no tenía posibilidad de llamar por teléfono ni mis padres me habían avisado. Imagínense cómo fue mi regreso a casa”.

(Fuente: el diario.es / Autora: Olga Granado)

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