El PP impide una declaración de condena del Congreso a las agresiones ultraderechistas en el Día Nacional de València

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El PP ha vetado este martes en el Congreso de los Diputados una declaración institucional de condena a las agresiones de ultraderechistas a participantes en la manifestación del nou d’octubre, en Valencia, este lunes.

Fuentes de Compromís, la formación que ha impulsado y negociado esta iniciativa, que debía contar con el visto bueno de todos los grupos de la cámara para salir adelante, explican a Público que el Partido Popular ha rechazado que el escrito incluyera alusiones explícitas a los símbolos nazis que lucían algunos de los violentos, o al carácter fascista de estos ataques, para en su lugar aludir al genérico “todo tipo de violencias”.

Según estas fuentes, el PP quería seguir la línea del PPCV (Partido Popular de la Comunitat Valenciana), que expresó en un comunicado su “rotunda y enérgica condena a todo acto de violencia, venga de donde venga”, obviando la vinculación con organizaciones de la extrema derecha de una parte de los agresores.

En esta línea, desde Compromís han reconocido que hubieran estado de acuerdo con incluir el reconocimiento a la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que quería incluir el PP, pero han recordado que la eliminación de las referencias a la extrema derecha no habría logrado el visto bueno de todas las fuerzas de la cámara. Afirman también que Ciudadanos ha participado en la negociación, ofreciéndose para intentar que el PP respaldase este escrito.

Este mismo martes, los diputados de Compromís y el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea han pedido explicaciones al Gobierno por estas agresiones. Compromís ha formulado preguntas escritas al Ejecutivo en las que se interesa por saber cuántos efectivos policiales fueron destinados a garantizar la seguridad en la manifestación, o por qué estos no desarmaron a los violentos, que portaban palos y otros objetos. También han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Moragues.

“El Congreso, en representación de la ciudadanía, manifiesta su firme condena a los actos de violencia fascista, tanto verbal como física, que se sucedieron ayer durante la procesión cívica y la manifestación con motivo del nou d’octubre, día festivo en el País Valencià que conmemora la entrada a la ciudad del Rey Jaume I”, reza el escrito al que ha tenido acceso este diario.

“Las agresiones, insultos y exhibición de simbología nazi, por parte de simpatizantes de partidos de ultraderecha, han empañado un día de celebración para todo el pueblo valenciano y han intentado interrumpir el normal ejercicio de expresión de las valencianas y los valencianos que han querido sumarse a la marcha dentro del marco de la reivindicación democrática en un entorno de respeto y convivencia”, apunta el texto.

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Los ultras reventaron la manifestación del 9 d’octubre en el País Valenciá

Un importante número de personas, aún sin determinar, han resultado heridas tras ser agredidas por miembros de grupos de la extrema derecha valenciana armados con palos y barras de hierro, cuando participaban en la tradicional manifestación reivindicativa del 9 d’octubre que se celebra cada año en Valencia.

De momento se desconoce el número total de heridos y el grado de las lesiones sufridas, aunque si se sabe que entre los atacados se encuentra un periodista valenciano, Miquel Ramos, al que una mujer arrojó té hirviendo a la cara cuando grababa imágenes de la cola de la manifestación.

Sin duda alguna estas agresiones han podido tener lugar gracias a la impunidad de la que habitualmente disfruta la extrema derecha en València, ante la” falta de efectivos” según señaló la Policía a requerimiento de los organizadores.

Los actos hostiles se iniciaron poco antes de las cinco de la tarde en la cabecera de la manifestación, en la plaza de Sant Agustín de la capital valenciana, lugar tradicional de inicio de todas las manifestaciones de la izquierda valenciana.

En ese punto de salida, ya se habían congregado decenas de individuos convocados por grupos ultras que aguardaron la llegada de los manifestantes convocados por la “Comissió 9 d’Octubre”, integrada por Acció Cultural del País Valencià, PSPV-PSOE, Compromís, Podemos, Esquerra Unida del País Valencià, Intersindical Valenciana, UGT, CCOO, entre otras entidades, sindicatos y partidos. A ella se unió este año la izquierda independentista de los Països Catalans con una marcha aparte tras la oficial.

Unas exiguas unidades de la UIP han hecho acto de presencia en el lugar para separar a los dos grupos, aunque con mucha parsimonia y permitiendo situaciones de tensión que han derivado en las primeras agresiones, aun con la manifestación detenida.

Los agresores, vinculados a organizaciones anti catalanistas y radicales ultras del Valencia CF portaban banderas valencianas, españolas y otras con símbolos nazis, con gruesos palos que, en ningún momento fueron requisados por la Policía.

De nada sirvieron las quejas de los organizadores a los mandos de la Policía para separar a la ultraderecha y permitir que la manifestación autorizada pudiera discurrir con normalidad. Lejos de eso la Policía permitió que la ultraderecha formara una manifestación que discurrió en paralelo, a la autorizada, a escasa distancia entre los provocadores y los convocantes.

Tanto es así que el final la marcha discurrió rodeada de contra manifestantes por ambos flancos y por la cola, donde tuvieron lugar las agresiones más duras, y donde no había presencia policial.

No sólo eso, sino que en ya cerca del destino final de la marcha legal la Policía Nacional decidió cortar en dos la manifestación, desviando a un grupo por una calle adyacente, debilitando la seguridad de los manifestantes, mientras los ultras siguieron en todo momento con sus agresiones y amenazas, ante la pasividad policial.

Ante esta situación la manifestación no pudo finalizar su recorrido tradicional hasta el Parterre, a los pies de la figura ecuestre del Rey Jaime I, y obligando a los manifestantes a acabar en la plaza de América, muy lejos del punto previsto. Tras acabar la manifestación se han producido persecuciones y agresiones aisladas en calles, a modo de cacería, que ha provocado nuevos heridos.

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La respuesta

En este sentido, los asesores legales de la organización han pedido que se recopile material gráfico de todo tipo para identificar a los atacantes y emprender acciones legales. Para ello se ha habilitado el hashtag #prouimpunitat, en Twitter, para aportar estas fotografías, videos y cualquier otro dato relevante.

Asimismo se ha pedido a los heridos que comparezcan en centros hospitalarios para que obtengan el correspondiente parte médico de lesiones. Entre los presentes en la marcha había numerosos diputados, alcaldes y concejales electos valencianos.

Arran, Endavant y Gatzara han organizado en Valencia una concentración de protesta por las agresiones de grupos ultras a manifestantes y periodistas durante la manifestación del 9 de octubre en Valencia. Cientos de personas se encuentran concentradas ante la delegación del Gobierno en Valencia, donde los asistentes piden la dimisión del delegado, Juan Carlos Moragues.

Después de los ataques a los asistentes a la manifestación, Compromiso, Podemos, EUPV e Intersindical pidieron la dimisión inmediata de Moragues por la falta de seguridad en la marcha, y condenaron los actos de violencia fascista que interrumpieron el ejercicio de la libertad de expresión de los valencianos con agresiones físicas e insultos.

También la Comisión 9 de Octubre, formada por entidades, sindicatos y partidos políticas de la izquierda y el valencianismo, pidieron a la delegación del gobierno español en Valencia que asuma su responsabilidad en las agresiones de grupos de ultraderecha por la pasividad policial.

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La impunidad histórica de la ultraderecha valenciana

La ultraderecha valenciana modela actualmente su discurso y su estrategia política hacia folclorismo regionalista y el anti catalanismo, sabedores que para ampliar su público resulta más movilizador la pasión emocional que una reivindicación materialista extremista.

Nostálgicos del franquismo, pequeña burguesía, conservadores diversos, y sectores de la sociedad valenciana gremialista y folclórica de la ciudad de Valencia, que alcanzan a ciertos colectivos del mundo fallero, conforman la realidad social de una capital que ha mantenido durante un cuarto de siglo a la derecha en las instituciones.

Pero la ultraderecha valenciana más peligrosa une a fascistas, falangistas y neonazis que “cultivan su radicalización” en las gradas de los campos de fútbol, que son en esencia la escuela que apenas han pisado en la vida real. El conflicto con las banderas, la denominación de la lengua y del territorio son elementos claves que la extrema derecha valenciana ha sabido explotar, apelando a sentimientos culturales y a ciertos comportamientos identitarios desde hace décadas.

Por ello tan importante es tener una ideología propia, con sus símbolos, como construir un enemigo al que combatir y que sea movilizador. Eso explica que en la actualidad la caída de militancia de un partido ultra típicamente valenciano, autodenominado “social patriota”, como es España 2000 y liderados por el empresario José Luís Roberto, vaya de la mano desde hace algunos años con sectores del regionalismo valenciano más pacato.

Son precisamente ellos quienes cada año organizan el “paseíllo” al que anualmente someten a la corporación municipal de Valencia todos los 9 d’Octubre, no escatimando en la exhibición de simbología fascistas, banderas preconstitucionales e insultos habituales. Hace tiempo que este acto institucional, consistente en pasear la Senyera de la ciudad de Valencia hasta el Parterre, para ser homenajeada, se ha convertido en un “vía crucis” que no siempre es posible controlar.

El pasado año, el alcalde de Valencia Joan Ribó fue objeto de la violencia callejera de los ultras valencianos, e incluso de amenazas muy graves por cambiar las tradiciones que había impuesto Rita Barberá 25 años atrás. Ribó y el pleno mayoritario del Ayuntamiento, con Compromís, PSOE y Podemos, decidió devolver el tradicional traslado al acto civil que siempre fue y que la ex alcaldesa había convertido en una exaltación de fe católica, al obligar a los ediles a llevar la bandera hasta la catedral, con misa incluida.

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Historial peligroso

La ultraderecha valenciana tiene un largo historial de crímenes y delitos graves que la mayoría de veces, en los último 30 años, le han salido gratis.

La transición fue muy dura y represiva, pero desde luego hubo un crimen que conmocionó a los valencianos. Fue el asesinato en 1993 del activista antifascista valenciano Guillem Agulló, cuando contaba con tan solo 18 años. Aquí se demostró que la violencia de la ultraderecha en el País Valenciano había dado un preocupante paso al frente.

Aquel crimen en el que participaron cinco neonazis acabó con la condena de solo uno de ellos, Pedro José Cuevas, alias “El Ventosa”, a 14 años de prisión, de los que apenas cumplió 8 y el resto los vivió en libertad. Muy barato era asesinar.

Era evidente que se trató de un crimen político. Un grupo ultra extraordinariamente peligroso llamado Acción Radical, había alertado a los agresores de que Guillem se encontraba de vacaciones en Montanejos (Castellón) y fueron a por él. Lo asesinaron a cuchilladas mientras lo sujetaban. Después, según testigos del municipio, alzaron sus brazos y cantaron el Cara al Sol ante su víctima.

La justicia dictó sentencia, dijo que aquello fue una pelea de chavales, y acabó absolviendo al resto de los acusados. Pocos días después, uno de los absueltos, Juan Manuel Sánchez, era detenido por otra agresión en el centro de la ciudad de Valencia.

En aquel entonces no existían las redes sociales y la extrema derecha, fascistas, neonazis y falangistas, se comunicaban vía teléfono y compartían hazañas en los bares, en las peñas de fútbol, las gradas de los estadios y en algún que otro casal fallero.

En el País Valenciano y, especialmente en la ciudad de Valencia, la benevolencia de las penas por palizas y agresiones diversas contra el diferente, cuando no la impunidad de sus acciones, están a la orden del día. Y es precisamente esta “gratuidad en la agresión” lo que gestado el caldo de cultivo para el fortalecimiento de la impunidad protagonizadas por manadas de agresores ultras.

Según diversos documentos estadísticos, entre ellos el Informe Raxen, se apunta a que se produce una media de 600 agresiones ultras en el País Valenciano al año desde 2007. La mayoría de ellas recogidas de los medios de comunicación, lo que cabe pensar cuántas de ellas no denunciadas se han producido. Muy pocas detenciones e irrelevantes causas judiciales abiertas, bien por la poca precisión en las denuncias policiales o bien por miedo.

En todo caso, sí se notó un crecimiento en las denuncias con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal de 2015, en relación con los delitos de odio. Aunque, no obstante, no son pocos los instructores y fiscales que ponen reparos a aplicar el Artículo 22.4 del Código Penal, en lo referente a odio ideológico, a la hora de agravar los delitos de agresiones, según exponen abogados bregados en estas lides.

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El perfil de los ultras valencianos

Tras los incidentes y agresiones sufridos por los participantes en la manifestación de ayer en Valencia con motivo del 9’ d’Octubre, día nacional del País Valencià, a manos de elementos violentos de ultraderecha, muchos de ellos neonazis fichados, se pone de manifiesto que poco o nada ha cambiado en los último 25 años.

El anti catalanismo, los nostálgicos franquistas, fascistas, social patriotas, neonazis y diversos sectores folclóricos que han vivido gracias a los privilegios concedidos por los gobiernos del PP, tanto en el Ayuntamiento de Valencia como de la Generalitat, son, en su conjunto, quienes se movilizaron contra la manifestación reivindicativa que convoca la izquierda política y cultural valenciana cada año, con motivo del aniversario de la conquista del antiguo Reino de Valencia por el Rey Jaime I de Aragón en 1.238. En esta ocasión bajo el lema “Sí al valencià” (Sí al valenciano).

Las acciones más violentas las llevaron a cabo miembros de los ultras del Valencia CF, los autodenominados Yomus, envalentonados, a los que no les importó ser grabados por teléfonos móviles y cámaras de televisión a cara descubierta. Solo se actúa así quien tiene el convencimiento que sus acciones violentas van a salirle gratis.

De hecho, la Delegación del Gobierno de Valencia no ha hecho sino que confirmar las sospechas. Decenas de agresiones y la Policía Nacional no ha practicado ninguna detención ni tampoco ha identificado y tomado filiación de nadie. A veces parece que la ley y la justicia no se aplican por igual a todos. Por eso ya hay presentadas quejas en el Congreso de los Diputados por la actuación policial.

No obstante, lo que no ha hecho la policía lo están haciendo los ciudadanos a través de las redes sociales. Varios agresores ya han sido identificados por el equipo de abogados que asesora a las víctimas. Uno de ellos es el líder de los Yomus, Vicente Estruch, conocido con el alias de El Alfarrasí, al que se observa en varios videos golpeando a un manifestante. Otro de los identificados es también un líder de extrema derecha. Se trata de Néstor Franco alias Néstor Gandía, líder de Gandiblues, los ultras del Gandía CF, que sería detenido en 2014 por agredir brutalmente a cinco chicos, cuatro menores de edad, que acudían a unas jornadas por el uso del valenciano. Néstor es uno de los agresores al fotógrafo del diario El País. Y otros muchos más.

Entre los asistentes a la contramanifestación se encontraba el líder fallero Jesús Hernández Motes, flamante presidente de “InterAgrupación Fallas”; así como conocidos militantes de España 2000 y del GAV, grupo de acción valencianistas.

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La impunidad

Bien, pues los casos más graves sufridos en el País Valenciano protagonizados por la extrema derecha han acabado siempre de la misma manera. Los dos procesos más importantes abiertos a entramados violentos neonazis como el Caso Armagedón o Frente Antisistema (FAS), más conocido como Operación Pánzer, acabaron en absolución de todos los imputados a pesar de los intensos trabajos de investigación de unidades de Policía y Guardia Civil implicados durante años y la ingente cantidad de pruebas obtenidas.

En el caso Pánzer, bien conocido, tras cuatro años de investigación y capturados sus integrantes, entre ellos varios militantes y un concejal de España 2000, tuvo que pasar una década para que se celebrara el juicio, sin duda muy mediático por su organización y arsenal ocupado. A pesar de la presión mediática el tribunal zanjó el caso anulando de un plumazo las grabaciones que había autorizado el juzgado de instrucción, absolviendo a todos los acusados.

Exactamente lo mismo ocurrió años antes había con la operación Armagedón, también con armas por medio. La misma sala de la Audiencia Provincial de Valencia y el mismo magistrado ponente Se volvió a aplicar la misma receta.

Son precisamente estos ejemplos los que da alas a la ultraderecha valenciana y les permite seguir actuando impunentemente, sabedores que poco o nada les va a pasar si les cogen.

Al principio del texto citaba del asesino de Guillem Agulló, Pedro José Cuevas Silvestre. Su leve condena por el asesinato del joven antifascista valenciano le sirvió para reincorporarse de nuevo a la faena tras su salida de prisión. Volvió a contactar con viejos camaradas y se integró de nuevo en grupos nazis.

Cuevas se convirtió en un héroe y le colocaron de candidato electoral de Alianza Nacional, volviendo a las andadas. Se integró de nuevo en los “Yomus”, los ultras de Valencia CF, precisamente el mismo grupo ultra que protagonizó la jornada de violencia ayer en Valencia.

Poco tiempo después Cuevas Silvestre dio un paso más y también se integró en la organización criminal FAS, en la que había varios militares del Ejército español, en la citada “Operación Pánzer”. “El ventosa” se encargaba de fabricar los puños americanos que posteriormente la organización comercializaba para financiarse. Este es el precio que paga la sociedad cuando sus poderes miran para otro lado.

(Fuente: Público / Autores: Alejandro López de Miguel y Joan Cantarero)

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