Sevilla: La Subdelegación incoa expedientes sancionadores a ex trabajadores del Lipasam desalojados del Ayuntamiento (vídeo)

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La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha incoado expedientes sancionadores contra dos de los ex trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), quienes celebraron una protesta dentro del Ayuntamiento hispalense el pasado 7 de junio, siendo desalojados del edificio mediante una controvertida actuación policial, calificada como violenta.

Según uno de los expedientes sancionadores, recogido por Europa Press, la incoación de estos procedimientos punitivos deriva de una “ocupación no autorizada de la sede del Ayuntamiento de Sevilla”, donde estas personas “ocuparon y se sentaron en la escalera principal impidiendo el paso de las personas, con pancartas y gritando consignas”. “El jefe del dispositivo (de la Policía Local) les comunicó en tres ocasiones que debían desalojar las instalaciones municipales, sin que atendieran el requerimiento”, abunda el expediente, según el cual estas personas fueron “informadas de que la desobediencia o resistencia podría constituir un ilícito penal”.

Dado el caso, los expedientes parten de una “infracción administrativa grave” de la Ley 2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, criticada como la “ley mordaza” por diferentes fuerzas y colectivos. Así, habilitan un plazo de 15 días para formular alegaciones y en caso de no haberlas, los procedimientos serán resueltos con sanciones de 601 euros, la multa de menor cuantía que determina la citada Ley para este tipo de infracciones, “ya sin reducción”. Los procedimientos ofrecen también que en ese plazo de 15 días, las sanciones sean directamente abonadas con una reducción del 50 por ciento.

Este colectivo de trabajadores fue objeto de contrataciones temporales por parte de Lipasam entre 2013 y 2016, para servicios especiales como los de Semana Santa o Feria, debido al conflicto que pesaba sobre la entonces naciente nueva bolsa de empleo. Y es que el comité de empresa de Lipasam había impugnado la nueva bolsa de empleo, en demanda de que los miembros de la antigua bolsa de empleo, que habrían accedido a la misma sin proceso selectivo previo, fuesen declarados como empleados indefinidos no fijos a cuenta de sus años de relación con la sociedad.

Este conflicto fue resuelto en 2016, cuando por acuerdo entre Lipasam y su comité de empresa, 330 miembros de la antigua bolsa de empleo de 2005 fueron declarados como trabajadores “indefinidos no fijos por tiempo discontinuo”, consolidando así su relación con la empresa, y era constituida definitivamente la nueva bolsa de empleo temporal de peones, formada por 600 personas.

Aquella solución llevó a Lipasam a prescindir de las personas contratadas intermitentemente entre 2013 y 2016, dado que las contrataciones temporales se canalizan ahora mediante los indefinidos no fijos por tiempo discontinuo y la bolsa de empleo. Estas personas, en ese sentido, reclaman que se les declare también como trabajadores indefinidos no fijos por tiempo discontinuo, merced al “precedente” de los miembros de la antigua bolsa de empleo.

La “ocupación” del Ayuntamiento

El grupo de los trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam), quienes denunciaban su “exclusión” de la solución adoptada para las contrataciones temporales, fue aquel miércoles 7 de junio expulsado del Ayuntamiento de Sevilla, socio único de la empresa, junto con concejales de Participa e IU y otros miembros de dichos partidos, por una “melé” de policías locales, según denuncian.

Este colectivo, recordémoslo, celebraba concentraciones diarias frente al Ayuntamiento en demanda de que se les apliquase la misma solución que a los miembros de la antigua bolsa de empleo de 2005 de Lipasam, quienes fueron declarados como trabajadores indefinidos no fijos por tiempo discontinuo y consolidaron su relación con la empresa y sus contrataciones, sin concurrir a la convocatoria de empleo promovida en 2013 para crear una nueva bolsa de empleo de peones, basada en un proceso selectivo previo.

Pero ese miércoles la protesta fue trasladada al interior del Ayuntamiento, según declaraba una de las personas que formaba parte de este colectivo, “excluido” de las contrataciones eventuales de Lipasam, al ser canalizadas las mismas a través de los empleados declarados como indefinidos no fijos tras haber formado parte de la bolsa de empleo de 2005, que no habría contado con proceso selectivo, y la nueva bolsa de empleo de 2013.

Según esta portavoz del colectivo, aproximadamente sobre las 09.15 horas, unos 14 o 15 miembros del colectivo accedieron al interior del Ayuntamiento, repartiéndose entre las dependencias de los Grupos municipales de Participa Sevilla e IU-CA, que habían dado “cobijo” a estas personas dentro de la Casa Consistorial.  Tras las reuniones celebradas con ambos partidos, sobre las 11.30 horas, los miembros del colectivo se reunieron en las escalinatas del vestíbulo del Ayuntamiento, según esta portavoz, y allí comenzaron a celebrar un acto sorpresa de protesta, coreando sus consignas reivindicativas. La idea del colectivo, en ese sentido, era emprender un “encierro” dentro del Consistorio.

A partir de ese momento, según narra esta portavoz y ha señalado igualmente a Europa Press la portavoz municipal de Participa, Susana Serrano, la Policía Local habría reclamado a los protagonistas de la protesta que disolviesen la misma, aspecto al que no habrían accedido. Después de solicitar nuevamente los agentes que los manifestantes depusiesen su actitud, según el relato de esta extrabajadora eventual de Lipasam y de Susana Serrano, el colectivo habría acordado con Participa Sevilla (Podemos) e Izquierda Unida (IU) regresar a los despachos de dichos grupos municipales. Y es que la idea inicial de la movilización, según los protagonistas de la misma, era comenzar un encierro dentro del Ayuntamiento.

Alguno de los agentes de la Policía Local, según su relato, habría puesto objeciones a la opción de que los manifestantes regresasen a las dependencias de los grupos municipales de IU-CA y Participa, toda vez que los agentes habrían ido agrupándose en torno a los manifestantes y los representantes de Participa e IU, entre los que figuraban los concejales Susana Serrano, Julián Moreno, Daniel González Rojas y Eva Oliva, así como otros miembros de ambas formaciones. Finalmente, y tras no mediar un acuerdo entre la Policía y los manifestantes respecto a cómo resolver la situación, los agentes habrían “rodeado” al grupo de ex trabajadores eventuales de Lipasam y miembros de Participa e IU, empujándoles hacia la puerta de salida a través de una “melé” que habría contado con “empujones, patadas y pisotones”. “A mí me han roto la uña de un dedo del pié”, se ha quejado Susana Serrano.

 “Caso claro de pura represión”

Tanto el colectivo de manifestantes como Participa e IU criticaron este desalojo, calificándolo como violento, del propio Ayuntamiento, reclamando ambas formaciones políticas la “dimisión” del concejal de Seguridad y responsable de la Policía Local, el socialista Juan Carlos Cabrera.

El coordinador local de Izquierda Unida en Sevilla, Ismael Sánchez, ha mostrado este viernes el apoyo de su formación a los ex trabajadores eventuales de Lipasam. Ismael Sánchez atisba un “caso claro de pura represión“, mostrándose convencido de que estas sanciones obedecen a “intereses políticos” y apuntando directamente al alcalde de la ciudad. Y es que, según ha denunciado, el Alcalde, Juan Espadas (PSOE), “vota en contra de la Ley Mordaza en el Pleno del Ayuntamiento pero, cuando le interesa, no duda en ampararse en esta siniestra norma con el objetivo de meter miedo a los trabajadores y colectivos que se movilizan para defender sus derechos”.

A su juicio, resulta inexplicable que a estos trabajadores, “que fueron agredidos y expulsados con violencia del Ayuntamiento por exigir sus derechos, se les acuse ahora de cometer una infracción grave y se les amenace con multas que van desde 601 a 30.000 euros”. Por ello ha exigido, una vez más, la dimisión del delegado municipal de Seguridad, Juan Carlos Cabrera, por su responsabilidad en este “atropello democrático”.

Desde Izquierda Unida recuerdan además que, tres meses después de aquellos hechos, “seguimos esperando los registros gráficos de las cámaras de seguridad de la Casa Consistorial, donde se comprobará el “brutal desalojo” que ese día sufrieron tanto estos trabajadores de Lipasam como varios concejales y personal técnico de los grupos municipales de IU y Participa Sevilla”.

(Fuente: Sevilla Directo)

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