Se celebra el juicio al “grupo de los 10” de Puerto Real, los jóvenes trabajadores inculpados por los sucesos del Carranza

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Unas doscientas personas se han concentrado este lunes a las puertas de los juzgados de lo Penal ubicados en el Estadio para mostrar así su apoyo al conocido como “grupo de los 10”, los jóvenes trabajadores de Puerto Real (Cádiz) acusados de ocasionar graves destrozos en el puente Carranza durante una protesta de los trabajadores de Navantia. Los Astilleros de la Bahía de Cádiz.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, en los bajos del estadio Carranza, acogía este lunes el juicio al llamado ‘grupo de los 10’, los diez jóvenes de Puerto Real acusados de causar destrozos en el puente Carranza durante una manifestación en demanda de carga de trabajo para los astilleros en diciembre de 2013. Numerosas personas se concentraron a las puertas de los juzgados para mostrar su apoyo a estos trabajadores, que se enfrentaban a penas de prisión y multas.

Tanto a la entrada como a la salida del juicio estuvieron acompañados por familiares, compañeros, representantes sindicales y de algunos partidos e incluso miembros del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real, como su mismo alcalde, Antonio Romero.

El gobierno municipal de Puerto Real mostró ayer su apoyo a los 10 jóvenes de la ciudad. El gobierno local simbolizó este respaldo “en nombre de la ciudad en la que tanto se ha luchado por el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector industrial” mediante un comunicado de solidaridad  y asistiendo varios de sus miembros al juicio.

“Independientemente de la irregularidad de las pruebas con las que la Fiscalía acusa a estos diez jóvenes”, la situación por la que están atravesando “resulta una muestra más de que las leyes están redactadas y aprobadas por quienes se benefician de ellas, y que el arbitrario aparato judicial se inclina, como siempre en estos casos, por el más fuerte frente al más débil”, exponía en los días previos al juicio el bipartito puertorrealeño, formado por Sí se puede y Equo en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz; que apostillaba: “la defensa de los derechos básicos en este país por parte de quien debería hacerlo está de saldo, pues ante el atropello, la pobreza y la humillación de las personas trabajadoras ya no se puede ni siquiera protestar”.

El 12 de diciembre del 2013 el encierro de 24h de los trabajadores de Navantia Puerto Real en demanda de carga de trabajo para la factoría, acabó “por sorpresa” de una manera violenta con el corte del Puente Carranza y con numerosos destrozos. Así lo contaban a este medio: “Hoy no teníamos planificado terminar en la carretera y nos ha cogido por sorpresa”, renegaban de esta acción realizada por personas, supuestamente, ajenas a los trabajadores. Los trabajadores rechazaron esta acción violenta y no la asumieron como suya “no teníamos pensado salir a la carretera”.

Ramón Linares, presidente del Comité de empresa en aquel momento, explicaba a PRW “nos ha cogido por sorpresa, no teníamos planeado que esto acabara como ha acabado en la carretera. Totalmente por sorpresa, por eso hemos decidido abandonar la concentración aquí y continuar con el encierro y asamblea permanente dentro de Astilleros”.

Ahora este grupo de “los 10 de Puerto Real” acusados de ocasionar presuntamente graves destrozos y altercados en el puente Carranza durante dicha protesta de los trabajadores de Navantia, se sientan en el banquillo del juzgado de lo penal nº 4 de Cádiz, del Estadio Carranza.

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Peticiones de hasta dos años y nueve meses de cárcel

La Fiscalía solicitaba dos años y nueve meses de cárcel; un año y seis meses por un delito de desórdenes públicos, y un año y tres meses por los daños causados en el puente de acceso a Cádiz. Además de una indemnización al Estado de casi 3.000 euros. Representantes del Comité de Empresa de Navantia Puerto Real consideran desproporcionada esta petición. Antonio Noria, Presidente Comité de Empresa de Navantia Puerto Real, muestra su apoyo a los diez jóvenes, añadiendo que “todos nos sentimos culpables o inocentes de aquel día”.

En el escrito de acusación, el fiscal recoge como hechos probados que el 12 de diciembre de 2013, los procesados, aprovechando una protesta de los trabajadores de Navantia y el corte de tráfico que supuso, ocuparon el puente Carranza “con la intención de tomar parte en los incidentes que se desarrollasen”.

Así, en torno a las tres y media de la tarde “y previamente puestos de acuerdo” se dirigieron hasta el lugar con dos vehículos, un BMW y un Volswagen Golf, propiedad de dos de los acusados. En ellos, según el Ministerio Público, llevaban “un buen número de bragas, bufandas y prendar con las que ocultar sus rostros, además de un tirachinas y tornillos con tuerca como munición”.

Ya sobre las cinco y media de la tarde –continúa el relato el fiscal– varias personas “que procedían de la empresa Navantia” invadieron la calzada, como en otras ocasiones, lo que obligó a cortar la circulación. Fue entonces cuando se unieron a estos manifestantes los diez acusados. “Tomaron varias balizas tipo ‘new jersey’ arrojándolas a la vía pública y prendiéndoles fuego sobre la calzada”.

Además, rompieron la señalización vertical de la vía y una farola. Y también arrojaron sobre la calzada piedras de gran tamaño, “a sabiendas de que dicha acción inutilizaba la vía y alteraría de forma muy grave la circulación, por ser esta la principal vía de conexión de Cádiz con Puerto Real y con las restantes localidades de la Bahía de Cádiz, cuyas vías alternativas quedaron rápidamente colapsadas”.

Más tarde, sobre las 17.45 horas, los trabajadores y los ahora procesados se retiraron del puente volviendo a la factoría. Cogieron de nuevo sus coches para dirigirse a Puerto Real y en el trayecto, fueron detenidos.

Los incidentes provocados por los acusados generaron una gran polvareda en días sucesivos a los hechos. La Subdelegación abogó por que se respetara la ley y las decisiones del juez, y por otro, los familiares y amigos de los acusados criticaron las actuaciones. Para ellos fue “desproporcionado” que fueran enviados a prisión. Del mismo modo se pronunció el comité de Navantia Puerto Real que afirmó que habían cogido a los detenidos como cabezas de turco para que las movilizaciones se frenaran en seco.

Finalmente, los defensores de los trabajadores y la fiscalía han llegado a un acuerdo, tras el reconocimiento de los hechos, de nueve meses de prisión -seis por los daños ocasionados en el puente y tres por delitos de desorden público-, por lo que, en principio, no deberán entrar en la cárcel, siempre que los acusados no comentan ningún delito en un periodo de dos años, además del pago de 1.080 € cada uno a abonar en un máximo de 24 meses.

(Fuente: La Voz Digital de Cádiz / Puerto Real web / Puerto Real Hoy / Diario Bahía de Cádiz)

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