Catalunya: El gobierno del PP, a través de la fiscalía de la AN, denuncia las movilizaciones populares como “sedición”
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia ante el juzgado central de instrucción por un presunto delito de sedición (Según la RAE “alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar”) en relación con las manifestaciones y protestas del miércoles y jueves en Barcelona contra la macrooperación de la Guardia Civil por el 1-O. La denuncia no se dirige contra nadie en concreto pero apunta a los responsables de la ANC y Òmnium, Jordi Sàchez y Jordi Cuixart.
El delito de sedición castiga con penas de hasta 15 años de cárcel a aquellos que se alcen de manera “pública” y “tumultuaria” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”.
(Según el artículo 544 del Código Penal, al que se acoge la fiscalía,”son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”).
El fiscal relata cómo durante la intervención de la Guardia Civil en la Conselleria de Economia, entre la rambla de Catalunya y la Gran Via de Barcelona, el miércoles pasado, durante la cual fueron detenidos varios cargos del Departament, “una muchedumbre se concentró ante los los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales”.
La denuncia señala a “voluntarios de la ANC” que hicieron un cordón ante la puerta de la Conselleria “para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos”, lo que llevó a que se produjeran “situaciones de gran tensión”. Y añade que el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, manifestó ante los 40.000 concentrados: “El 1 de octubre votaremos, si nos quitan la urnas, las construiremos”. “Que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa”.
También se señala como a las 7 de la mañana dos agentes de la Guardia Civil intentaron salir del edificio por el Cinema Coliseum “pero los manifestantes se congregaron en las puertas del teatro e impidieron que se utilizara como tal vía de evacuación”.
El juzgado de instrucción número 13 se puso en contacto con el major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, para que activase un dispositivo de seguridad que permitiese salir del edificio a la comisión judicial, formada por los agentes y la letrada, que tuvo que salir de madrugada por la azotea del edificio “al impedir los manifestantes su salida por la puerta”.
También se señala al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que, junto a Jordi Sànchez, se subieron a un coche de la Guardia Civil para llamar “a la movilización permanente”. Mientras, añade la denuncia, “tres vehículos oficiales de la Guardia Civil fueron atacados por la muchedumbre, obligando a los agentes a refugiarse en el edificio”.
Tras una intervención de los Mossos, cinco agentes de paisano salieron escoltados por la policía catalana, a las 3.20 horas, pero no pudieron utilizar los vehículos oficiales al haber sido dañados. El resto abandonaron el edificio a las 7.00 horas.
La denuncia registra asimismo incidentes en la Conselleria de Governació, la sede de la CUP, el registro de la imprenta de Bigues i Riells donde se hallaron cerca de 10 millones de papeletas del referéndum y en Sabadell.
Por ello, la fiscalía entiende que todos estos hecho son constitutivos de un delito de sedición, “forma colectiva y tumultuaria de alzamiento” o “rebelión en pequeño” —señala el escrito— previsto en el artículo 544 y siguientes del Código Penal. Según el fiscal, “la finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales impidiendo la aplicación del ordenamiento jurídico en su conjunto, y en particular, de la norma fundamental de todos los españoles, la Constitución”.
Por ello, se pide que se abran diligencias para investigar los hechos denunciados “y el descubrimiento de los posibles responsables”.
(Jordi Cuixart y Jordi Sànchez)
Las entidades desafían a la fiscalía y llaman a la movilización permanente
“Nos acusan de incitar a la movilización permanente, pues mire, señor fiscal, tiene razón, movilización permanente!”. Así ha replicado el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, a la denuncia por un presunto delito de sedición que hoy ha presentado la fiscalía a raíz de las concentraciones del miércoles en Barcelona, posteriores a la operación policial contra el referéndum. Cuixart ha intervenido con el presidente de la Asamblea, Jordi Sànchez, ante los concentrados a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para dar por finalizada la protesta una vez han salido en libertad los detenidos el miércoles.
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado hoy una denuncia por un presunto delito de sedición en relación con las manifestaciones y protestas que se han registrado en Barcelona desde el miércoles. La denuncia no se dirige contra nadie en concreto pero apunta a los responsables del ANC y Òmnium.
No nos escondemos de nada, no tenemos miedo y no hemos tenido nunca. Que nadie lo dude, este fin de semana, saldremos a colgar pancartas y banderolas. Somos un pueblo libre que hacemos el que nos da la gana”, ha asegurado Cuixart al dirigirse a los concentrados.
Por su parte, el presidente del ANC ha asegurado que “hoy Barcelona es ejemplo de dignidad democrática en Europa”. “Eso no lo puede detener nadie, ni ningún fiscal ni ninguna Audiencia”, ha advertido.
Previamente, en unas declaraciones ante la prensa, Sànchez ha replicado a la denuncia de la fiscalía insistiendo que “todo el mundo ha visto que no había violencia” en las concentraciones de Barcelona, sino una concentración cívica y pacífica. “Ir contra esta realidad es estúpido”, ha asegurado antes de recomendar la lectura del escrito de la fiscalía a aquellos que tengan “ganas de reír” porque “encontrarán fragmentos impagables, propios de una novela de humor, que no suenan a lo que Barcelona ha vivido estos días”.
También Cuixart ha asegurado que, con el escrito de la fiscalía se está haciendo un “ridículo espantoso, utilizando una terminología que no es adecuada para la época ni está de acuerdo con lo que pasa en las calles de Catalunya. El presidente de Òmnium ha asegurado que no tienen miedo porque lo que están haciendo es “en legítima defensa” y a partir de entidades democráticas, con direcciones escogidas democráticamente.
Con todo, las caras de preocupación eran evidentes hoy entre los responsables de la entidad, conscientes que ahora la fiscalía les apunta, y no sólo a sus máximos responsables.
Sànchez ha admitido en sus declaraciones que la calificación de “hechos tumultuosos” con que desde el Gobierno español y la fiscalía se describen las concentraciones de Barcelona tiene como objetivo abrir la puerta a la aplicación del Código Penal para acusar por sedición determinadas entidades y personas.
Tanto en las declaraciones previas como en la intervención delante de los concentrados, Cuixart ha asegurado que no tienen “ningún tipo de vocación de martirio” y que detrás de ellos hay “centenares de miles de personas” dispuestas a relevarlos. “Que todo el mundo tenga bien claro, y sobre todo la fiscalía y el gobierno español, que cuando nos atacan a uno de nosotros, atacan todo el pueblo de Catalunya, ha advertido.
“Pase lo que pase, coraje, organización, serenidad, estamos ganando”, ha reclamado. En el paseo Lluís Companys, al finalizar el acto, los barceloneses que se preparan para participar en la fiesta de la ciudad empezaban ya a llenar el espacio que esta noche ocupaban los concentrados. Muchos se han limitado a guardar, de momento, la estelada para sumarse a la fiesta mayor.
El ex inspector franquista y ahora juez que investigará a los “sediciosos” del 1-O
La denuncia por sedición de la fiscalía de la Audiencia Nacional ha caído en manos del juez más veterano de este tribunal. Ismael Moreno (1955), titular del Juzgado Central de Instrucción número dos de la AN, dio el salto a la magistratura desde la policía. Durante aquellos nueve años como inspector, en los últimos años de la dictadura franquista, decidió estudiar Derecho. En 1985, a la edad de 30 años, llegó a la Audiencia Nacional, el heredero del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista. Desde entonces, no se ha movido de allí.
Ahora tendrá que investigar la denuncia presentada por el Ministerio Público por un presunto delito de sedición por las protestas del miércoles y jueves en Barcelona contra los operativos de la Guardia Civil en distintos departamentos de la Generalitat. Aunque el fiscal de la Audiencia Nacional no responsabiliza a nadie en concreto, sí apunta hacia los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Como explica el diario Público, su ascenso, que coincidió con los años más sanguinarios de ETA, fue muy rápido. Además de casos de terrorismo, también ha juzgado casos de narcotráfico, como el intento de un policía español para implicar al gobierno sandinista de Nicaragua en una red de tráfico de drogas. Su currículum, sin embargo, no es impecable. Sin ir más lejos, en 1988 tuvo que declarar por presuntas irregularidades cometidas en un atestado que realizó cuando era inspector de policía. Este atestado sirvió para condenar a un hombre a 12 años de prisión por asesinato frustrado. Este fallo fue después revocado por el Tribunal Supremo.
El caso de las protestas contra la macrooperación de la Guardia Civil ha recaído en Ismael Moreno, el más veterano de los seis jueces del tribunal, de marcada ideología conservadora. Por sus manos han pasado casos muy mediáticos, como el caso Nóos o la investigación de Emperador, la operación contra la mafia china en Madrid. Ha sido protagonista de más de una polémica, alguna relacionada con la libertad de expresión.
Romper huevos
Justamente Moreno fue quien instruyó el caso del concejal de la CUP en Vic, Joan Coma, a quien también se le acusaba de un delito de incitación a la sedición por haber dicho en un pleno, de forma metafórica, que para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Después de un juicio surrealista, con la fiscalía preguntándole “qué quiere decir romper huevos”, primero la Audiencia Nacional y después los juzgados de Vic archivaron el caso. Concluyeron que “no reúne los caracteres de tipo penal” para imputarle el delito de sedición.
Declaración de ruptura
En febrero del 2016, Ismael Moreno también ordenó investigar la Assemblea Nacional Catalana, la Associació de Municipis per la Independència y la Associació Catalana de Municipis para determinar si estas entidades impulsaron o promovieron las mociones de adhesión de 280 ayuntamientos catalanes a la declaración de ruptura aprobada por el Parlament de Catalunya el 9 de noviembre del 2015. El origen del caso estaba en las denuncias interpuestas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por delitos de sedición y rebelión contra varios de estos consistorios.
Titiriteros
Por aquellas mismas fechas, también fue este juez quien decidió encarcelar preventivamente y sin fianza a dos titiriteros madrileños acusados de enaltecimiento del terrorismo. Todo vino porque, durante un espectáculo infantil durante las fiestas de Carnaval, uno de los muñecos exhibió un cartel con el lema “Gora ALKA-ETA”. Los titiriteros pasaron cinco días en la prisión en febrero de 2016. En septiembre de aquel mismo año, la Audiencia Nacional archivó definitivamente la causa. Curiosamente la obra La bruja y don Cristóbal se representó en el mismo teatro donde finalmente tuvo lugar el acto en favor del derecho a decidir en Madrid el pasado domingo.
Falange y Tradición
Uno de los pocos casos en que Ismael Moreno llevó la contraria a la Fiscalía fue cuando se negó a investigar Falange y Tradición, un grupo de extrema derecha franquista, entre los años 2008 y 2009, atacó varios monumentos en memoria de víctimas de la dictadura y realizó amenazas de muerte. Los tres miembros acusados, que finalmente fueron condenados a dos años y un año y medio de prisión, evitaron la cárcel.
En 2004, el magistrado de la Audiencia Nacional también decidió archivar el caso Naparra, que investigaba el secuestro y muerte de José Miguel Etxeberria, reivindicado por el Batallón Vasco Español, una organización terrorista parapolicial. En contra del informe de la Fiscalía, Moreno alegó que se trataba de una “supuesta desaparición”.
(Fuente: El Nacional.cat)
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